La Contraloría Regional de Antofagasta estableció responsabilidades administrativas contra el exalcalde Jonathan Velásquez y parte de su equipo jurídico, tras detectar una gestión deficiente en la tramitación de sumarios al interior del municipio.

La resolución fue informada durante el Concejo Municipal N°10, instancia en la que se dio cuenta del resultado del sumario administrativo instruido por el ente contralor, junto con la eventual adopción de nuevas acciones.

El análisis del organismo concluyó que existieron retrasos reiterados en el envío de actos administrativos clave, requeridos para la toma de razón en procedimientos disciplinarios iniciados en 2019 y 2021.

Estas dilaciones, según el informe, se extendieron por años pese a múltiples requerimientos formales, afectando directamente el curso de las investigaciones internas.

En uno de los casos, el atraso derivó en la prescripción de la acción disciplinaria, lo que impidió sancionar a los funcionarios involucrados.

En ese contexto, la Contraloría determinó que el exjefe comunal no ejerció un control jerárquico efectivo, responsabilidad clave para garantizar la tramitación oportuna de los procesos administrativos.

Asimismo, el sumario estableció responsabilidad del exdirector de asesoría jurídica, Marcelo Pizarro, a quien se le propone una multa equivalente al 20% de su remuneración mensual, además de una anotación de demérito en su hoja funcionaria.

Desde el Concejo Municipal, las reacciones no se hicieron esperar. El concejal Patricio Aguirre enfatizó las consecuencias económicas de la gestión anterior.

“Hoy fuimos testigos todos los concejales de una nueva sanción contra el exalcalde Jonathan Velásquez. Nosotros como concejales y el alcalde también estamos expuestos a este tipo de sanciones, por eso tenemos que hacer las cosas bien, con transparencia y no cometer los errores que ya hemos visto anteriormente. Yo también pedí cuánta plata ha tenido que pagar el municipio por concepto de demanda y tutelas laborales de la ex administración y estamos hablando de más de 235 millones de pesos ¿y quién paga eso?”, afirmó.

Por su parte, la concejala Karina Guzmán advirtió que los antecedentes podrían escalar a otras instancias.

“Nosotros con seis concejales más fuimos al TER, fue sancionado ya por 5 años, obviamente tenemos más antecedentes que evaluaremos, causas que tenemos en Fiscalía con él, porque acá son materia algunas constitutiva de delito, entonces nosotros estamos obligados a seguir los procesos esté o no esté en el servicio público”, señaló.

El informe de Contraloría concluye que las irregularidades responden a dilataciones injustificadas, falta de seguimiento y deficiencias en la gestión administrativa, configurando un escenario que impidió el cumplimiento oportuno de los procedimientos disciplinarios dentro del municipio.

Velásquez, que no asistió a la primera audiencia, esta vez se presentó ante el tribunal, donde se le notificaron los cargos en su contra. La justicia decretó arraigo nacional como medida cautelar, prohibiéndole salir del país, y estableció un plazo de 60 días para la investigación.

La querella fue interpuesta por la familia de Yoma, que acusa a Velásquez de haber divulgado antecedentes médicos de la docente a través de redes sociales. El objetivo, según la acusación, habría sido desacreditar las denuncias de la profesora y eximir de responsabilidad a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) por los hechos que la afectaron. La profesora Yoma, antes de su deceso, había denunciado ser víctima de hostigamiento y daños por parte de un apoderado.

Tras la audiencia, Karina Yoma Valdivia, en representación de la familia, afirmó que «este es el primer paso de un debido proceso que esperemos marque precedentes y nunca más una autoridad pública vulnere derechos y cometa actos indolentes, menos hacia una persona que ya no está entre nosotros».

«Kathy, te creíamos, creemos y creeremos siempre, te amamos, honramos y te defenderemos por la eternidad», agregó.

Esta situación ha generado un importante perjuicio económico para las arcas municipales, comprometiendo recursos públicos que podrían haberse destinado a programas sociales, iniciativas de mejoramiento urbano y servicios comunitarios esenciales.

Frente a este escenario, el municipio evalúa la posibilidad de emprender acciones judiciales contra quienes, por acción u omisión durante la administración anterior, podrían haber contribuido a este detrimento financiero, en el marco de posibles responsabilidades administrativas o legales.

El alcalde Sacha Razmilic resaltó que estos hechos afectaron la integridad de diversas personas. “Hubo víctimas que sufrieron abusos, persecución y arbitrariedades de forma sistemática. Algunas de ellas ya no están trabajando con nosotros, otras sí y en el fondo les hace justicia también a ellos”, afirmó.

Por su parte, el concejal Patricio Aguirre comentó que solicitó el monto total de lo que se ha pagado en tutelas laborales hasta la fecha «para que la ciudadanía sepa que la ex gestión municipal le está costando al municipio más 223 millones de pesos”.

En tanto, el concejal Camilo Kong expresó que “muchas personas fuimos víctimas de los comentarios y de las ofensas, y si bien es cierto a algunas personas no nos afectan tanto, hay personas que sí y finalmente se deterioró el clima laboral, en ese periodo se amenazó a personas y se detuvieron procesos importantes al interior del municipio”.

Finalmente, el concejal Waldo Valderrama recordó que actualmente existe una condena en el Tribunal Electoral Regional “que reconoce todas estas falencias de la administración anterior y que lo hizo en función de su cargo”.

La causa fue presentada por la familia de la profesora Katherine Yoma, quien falleció tras denunciar acoso, amenazas y agresiones en su lugar de trabajo. Velásquez está acusado de haber difundido ilegalmente antecedentes médicos y personales de la docente a través de redes sociales, luego de su muerte, con el objetivo de desacreditar sus denuncias y eximir de responsabilidad a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

Desde la parte querellante se señaló que el exalcalde ha estado plenamente informado del proceso, pero habría evitado ser notificado en su domicilio. Según el equipo jurídico de la familia Yoma, nada le impedía presentarse de manera voluntaria al tribunal, pero optó por ausentarse.

«Exigimos y esperamos que la justicia esté a la altura y actúe con firmeza y con todo el peso de la ley contra Velásquez. Durante su mediocre periodo de alcaldía, no asumió las responsabilidades sociales y de funcionario público que incluyen, por ley, la contribución al bienestar social y la promoción de prácticas éticas en su ámbito laboral y personal», afirmó Karina Yoma, hermana de la profesora fallecida.

«Hoy, 8 de julio, tal como preveíamos, este sujeto no se presentó a su formalización por filtrar a través de sus redes sociales información sensible y privada de nuestra Kathy», agregó Yoma, enfatizando que no sería de extrañar que la respuesta de Velásquez «sea detrás de una pantalla, cobardemente, victimizándose».

«Quien es inocente da la cara, y su ausencia ya es una señal de veredicto: Es decir, culpable», concluyó.

Por su parte, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, confirmó que Jonathan Velásquez no atendió los llamados en su domicilio en dos oportunidades, por lo cual no fue notificado formalmente. De esta manera, se fijó una nueva audiencia para el próximo 12 de agosto.

El requerimiento fue presentado el año 2024 por Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, todos concejales de la municipalidad de Antofagasta a esa fecha.

El TER acogió 10 de los 14 hechos a probar que se desarrollaron en el requerimiento, entre ellos que Jonathan Velásquez Ramírez, en su calidad de alcalde, ordenó modificar unilateralmente un contrato previamente aprobado por el concejo municipal.

La gestión jurídica de este requerimiento estuvo a cargo de los abogados Eladio Cuadra V., Rolando
Lorca S. y Axel Villar O.

Noticia en desarrollo…

Según consta en la resolución emitida el pasado 2 de mayo, el tribunal -integrado por el ministro suplente Juan Opazo Lagos y las integrantes Ana Karestinos Luna y Fabiola Rivero Rojas- concluyó la etapa de revisión del caso y dejó en acuerdo su resolución, lo que significa que el fallo ya está siendo redactado.

Aunque Velásquez ya perdió su intento de reelección en las elecciones municipales de 2024, una sentencia condenatoria podría inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos, impidiendo así una posible candidatura a diputado en los comicios parlamentarios de noviembre próximo.

En la última audiencia del proceso, realizada a fines de marzo, se expusieron quince hechos que, a juicio de los reclamantes, configuran incumplimientos graves. Entre ellos destacan las irregularidades en contratos por trato directo en los servicios de recolección de basura y barrido de calles, el caso del exvertedero La Chimba y el uso indebido de abogados municipales para defender una causa personal del exalcalde.

La acusación fue presentada el año pasado por los concejales Camilo Kong (CS), Luis Aguilera (ex RN), Ignacio Pozo (PR), Waldo Valderrama (PC), Norma Leiva (PS) y Karina Guzmán (FRVS). El requerimiento, de más de 100 páginas, fue declarado admisible por el TER en abril de 2024, dando paso a un proceso que podría tener repercusiones legales y políticas significativas para el futuro de Jonathan Velásquez.

Se espera que el fallo sea dado a conocer en las próximas semanas.

Sin embargo, las ambiciones políticas del ex jefe comunal podrían enfrentar un obstáculo infranqueable: un eventual fallo del Tribunal Electoral Regional (TER) que lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos, lo que le impediría formalizar su candidatura y truncaría sus planes de regresar a la arena política.

Cabe recordar que, en abril de este año, el Tribunal Electoral Regional (TER) admitió a trámite la solicitud presentada por seis concejales, quienes exigían el cese de funciones del entonces alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, acusándolo de notable abandono de deberes y de incurrir en una grave contravención al principio de probidad administrativa.

El documento con el que se sustenta la acusación contiene 100 páginas donde se detallan 15 casos, dentro de los cuales destaca la situación del ex vertedero «La Chimba», además de los contratos celebrados vía trato directo en relación a la concesión de servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles, entre otros puntos.

La presentación fue firmada por los concejales reelectos Camilo Kong (CS), Ignacio Pozo (P. Radical), Waldo Valderrama (PC), Norma Leiva (PS) y Karina Guzmán (FRVS), además del exconcejal Luis Aguilera (Ex RN).

Luego de la revisión de los antecedentes entregados y la presentación de los testigos de ambas partes (realizada en septiembre), se espera que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta emita una resolución en las próximas semanas o meses. En caso de que el requerimiento sea acogido, existe una alta probabilidad de que Jonathan Velásquez quede inhabilitado para postular a cargos públicos durante los próximos cinco años, lo que pondría fin a sus aspiraciones parlamentarias.