Valencia aseguró que lo ocurrido afecta la imagen de la investigación y el peso de los argumentos de los fiscales en futuras diligencias. “Cuando la legalidad de una diligencia llega a la Corte Suprema, no tiene sentido restarle relevancia”, destacó.

Las escuchas, ordenadas por el exfiscal de Coquimbo Patricio Cooper, incluyeron conversaciones entre Josefina Huneeus y el presidente Gabriel Boric. Tras la intervención de sus comunicaciones, Huneeus presentó un recurso de amparo que derivó en un fallo que declaró ilegales las interceptaciones y que culminó con la remoción de Cooper del caso. Actualmente, la investigación está a cargo del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

El fiscal nacional Ángel Valencia señaló que, si bien las interceptaciones no son fundamentales para el desarrollo de la causa, su impacto público es significativo debido a la implicancia indirecta del presidente Boric. “No porque a él le hubiera sido interceptado su teléfono, sino que porque él se comunica con la persona que tenía el teléfono interceptado”, aclaró.

Cabe recordar que en su fallo, la Corte Suprema concluyó que el Ministerio Público no justificó adecuadamente la necesidad de una medida tan invasiva como la interceptación telefónica, y enfatizó que tanto fiscales como jueces deben fundamentar rigurosamente este tipo de diligencias, atendiendo a los altos estándares legales y constitucionales. En este caso, aquello no se cumplió, comprometiendo gravemente la legalidad de la actuación persecutora.

El fallo judicial estableció una multa de 224,46 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalente a más de $14 millones 955 mil, por almacenar recursos en veda, y otra de 3 UTM ($199 mil) por no presentar la información exigida sobre los recursos. Además, se ordenó la clausura de las instalaciones por tres días y la incautación del cargamento ilegal.

En el procedimiento de fiscalización realizado en la planta “Sociedad Comercializadora UDS”, ubicada en el sector sur de Antofagasta, se constató que el huiro negro presentaba cortes y marcas propias del uso de elementos contundentes para su extracción, técnica no autorizada en la región. El representante legal de la planta afirmó haber adquirido el recurso de recolectores del sector El Cobre, pero no pudo acreditar la información exigida sobre la procedencia del cargamento, lo que motivó la denuncia ante el tribunal.

El fallo quedó ejecutoriado el 20 de noviembre de 2024, y el 19 de diciembre se llevó a cabo la clausura del recinto, con apoyo de efectivos de la Subcomisaría de Carabineros de Playa Blanca.

Pilar Irribarren, directora regional de Sernapesca Antofagasta, destacó la importancia del trabajo de fiscalización: “Este fallo significa el constante respaldo a la labor fiscalizadora de Sernapesca respecto del cumplimiento de las medidas de administración y las normas de protección de recursos tan importantes como las algas pardas, en especial el huiro negro, cuya veda fue renovada en el mes de octubre por un período de 10 años. Aun así, seguiremos con nuestro trabajo en toda la región, para garantizar que nuestros usuarios y usuarias puedan desarrollar sus actividades con pleno respeto a la normativa vigente y puedan aportar al sustento de sus familias y sus comunidades, para el beneficio de los vecinos y vecinas de nuestra región”.

Según confirmó el municipio, la empresa en cuestión construyó la sala de máquinas de su planta desaladora en una zona no autorizada por el Plan Regulador Comunal, excediendo además el límite de construcción originalmente informado, que pasó de 150 a 400 metros.

Tras el lamentable fallecimiento de un buzo en estas instalaciones, el Departamento de Obras Municipales llevó a cabo dos inspecciones. Durante la segunda fiscalización, se cursó a la empresa una multa cercana a $4.500.000 por las irregularidades detectadas. La empresa se negó a pagar esta sanción y optó por judicializar el caso.

«Hoy, por instrucción del alcalde Marcelino Carvajal, y tras un exhaustivo análisis de los antecedentes, se procedió a emitir y entregar el decreto de demolición correspondiente a la sala de bombeo de la planta desaladora, al considerar que esta no cumple con los permisos establecidos por la normativa vigente», confirmaron desde la municipalidad de Mejillones.

Cabe recordar que estos hechos fueron revelados recientemente por un reportaje del diario electrónico El Mostrador que dio a conocer que esta planta desaladora, construida por el Grupo Cobra y operada por la firma Caitan SpA, carece de permisos de edificación y se emplaza en un terreno fiscal sin autorización.

Además, la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Angelique Araya, ordenó a la empresa regularizar la ocupación del terreno fiscal, en el contexto de las fiscalizaciones de ocupaciones irregulares.

En un comienzo, la empresa BHP afirmó que no tiene injerencia en la operación de la planta desaladora y se negó a emitir declaraciones. Sin embargo, tras conocerse la intención del municipio local de decretar la demolición de estas instalaciones irregulares, el presidente de Pampa Norte BHP, Cristian Sandoval, criticó al alcalde de Mejillones y bajó el perfil a estas irregularidades, mediante una columna publicada en un medio local.

Asimismo, Sandoval advirtió con efectos económicos en caso de que el municipio de Mejillones haga cumplir la normativa a la empresa cuestionada.

«Evidentemente, no se justifica que un particular no cumpla con las normas y regulaciones de las jurisdicciones donde opera. Sin embargo, en caso de haber discrepancias respecto de si ello ocurre o no, el llamado debería ser al diálogo y a eventuales medidas correctivas, que prevengan una afectación significativa a la economía de la Región y del país, así como también los puertos de Mejillones, donde Spence es uno de los principales clientes», afirmó el representante de BHP.

Por su parte, la Municipalidad de Mejillones aclaró que su administración «reafirma su compromiso con el diálogo, el respeto y la resolución pacífica de los conflictos. Asimismo, defendemos la igualdad ante la ley de todos los actores, ya sean públicos o privados».

«Hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales y reiteramos que nuestras decisiones se basan siempre en la protección del bien común y el respeto a la normativa», concluyeron.