El proyecto fue impulsado por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Evópoli) y Carlos Kuschel (RN). Durante el inicio de la discusión legislativa, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó el rechazo del Gobierno, advirtiendo que el texto presenta “falencias técnicas y jurídicas” que lo vuelven altamente cuestionable.

El secretario de Estado alertó que la propuesta podría entrar en conflicto con tratados internacionales suscritos por Chile, especialmente en materia de derechos humanos, y que abriría la puerta para que personas condenadas por delitos gravísimos accedan al beneficio de cumplir sus penas en sus propios hogares.

Según cifras expuestas durante el debate, los potenciales beneficiarios ascenderían a 735 personas. De ese total, 370 corresponden a condenados por crímenes de lesa humanidad y 365 a delitos comunes, entre ellos 192 por abusos sexuales, 155 por violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio. Un escenario que encendió las alarmas respecto de un eventual retroceso en materia de justicia, memoria y protección de las víctimas.

De acuerdo con el texto impulsado por los parlamentarios, el beneficio podría aplicarse a personas que padezcan enfermedades graves o terminales, presenten discapacidades o condiciones que hagan “indigna” su permanencia en prisión, o bien se encuentren en edad avanzada. La propuesta considera criterios combinados de edad y tiempo cumplido de condena, fijando el umbral en 70 años para hombres y 65 para mujeres, siempre que la suma de la edad y los años efectivamente cumplidos en cárcel alcance los 80 años.