El senador Esteban Velásquez reaccionó a la remoción de la ministra de Seguridad y la ministra vocera de Gobierno, cuestionando la conducción política del Ejecutivo y la falta de respuestas concretas para las regiones del norte en materia de seguridad.

“Este cambio de gabinete exprés demuestra que el diseño del Presidente Kast nació desconectado de la realidad. Sus mensajes de campaña finalmente fueron sólo slogans”, afirmó el parlamentario.

“Mientras en las regiones del norte seguimos esperando planes concretos, recursos y el despliegue efectivo comprometido para frenar la delincuencia y el crimen organizado, en Santiago se preocupan de equilibrios políticos y de sacar ministras que claramente no dieron el ancho en poco más de sesenta días”, agregó.

Velásquez recordó además que la ministra Steinert había estado recientemente en el Senado participando de la discusión sobre la prórroga del Estado de Excepción, en medio de crecientes demandas por mayor presencia del Estado en las zonas fronterizas.

“Emplazamos a las nuevas autoridades a que dejen de mirar al país desde el sesgo centralista de la élite metropolitana. La seguridad de Chile se juega en las fronteras, en las comunas del norte y en los barrios postergados, no en el rediseño cosmético de las oficinas de La Moneda”, agregó.

El senador insistió en que la crisis de seguridad requiere decisiones estructurales, coordinación real con las regiones y recursos permanentes para enfrentar el avance del crimen organizado, especialmente en el norte del país.

Lo que debió ser una instalación fluida se ha transformado en un verdadero «papelón» político para el gobierno del Presidente José Antonio Kast en la zona. Esta semana se confirmó la renuncia de la Seremi de Justicia de la Región de Antofagasta, Karina Trujillo, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos a su trayectoria profesional.

Con este anuncio, el gabinete regional anota un récord negativo: tres bajas a un mes de asumir el gobierno y a pocas semanas de estos nombramientos. Trujillo sigue los pasos de la exseremi de Desarrollo Social, Lizet Tapia, y de la exseremi de la Mujer, Anggel Colque, quienes debieron abandonar sus cargos prematuramente tras el incumplimiento de requisitos legales.

La caída de Trujillo se produjo mientras el Ministerio de Justicia realizaba una revisión exhaustiva de sus antecedentes como abogada. Los cuestionamientos apuntaban a su defensa de un imputado por un procedimiento de drogas y también un caso del estallido social.

La ahora exautoridad argumentó en una declaración que su salida responde a “razones profesionales y personales” y al impacto de la “exposición mediática”. Diario Regionalista también pudo confirmar que hubo «fuego amigo», ya que los cuestionamientos habrían surgido desde el interior del propio Partido Republicano y otros sectores de derecha.

Este escenario ha vuelto a poner en la palestra los protocolos de selección del nuevo gobierno. La falta de un filtro riguroso de antecedentes ha quedado en evidencia, ya que los casos de las tres seremis «caídas» saltaron a la luz pública a través de la prensa y redes sociales, y no por una fiscalización interna previa al nombramiento.

Hasta horas antes del anuncio oficial del gabinete, Montt —CEO de la minera canadiense Los Andes Copper— figuraba como la principal carta para encabezar Minería. Sin embargo, el escenario cambió abruptamente luego de que la propia empresa informara públicamente su salida para asumir como ministro, adelantándose al Presidente electo. Lo anterior habría sepultando definitivamente su llegada al gabinete.

Finalmente, el gobierno entrante designó como biministro de Economía y Minería a Daniel Mas, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, exalumno del colegio inglés de La Serena y actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). El nombramiento no tardó en generar reparos, especialmente por la falta de experiencia directa del nuevo ministro en el sector minero.

Uno de los cuestionamientos provino desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Su presidente, Jorge Riesco, expresó abiertamente su desacuerdo con la fórmula adoptada por el Ejecutivo entrante. “No compartimos la decisión de que el Ministerio de Minería quede a cargo de un biministro, dada la magnitud de los temas prioritarios pendientes”, señaló, advirtiendo que el sector requiere una conducción exclusiva para enfrentar desafíos regulatorios, ambientales y de inversión.

Riesco agregó que la minería necesita con urgencia “una política clara y ejecutable”, que entregue mayor certeza jurídica a los proyectos, agilice su tramitación y fortalezca a la pequeña y mediana minería, aspectos que —a su juicio— podrían verse debilitados con una cartera subordinada a Economía.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, lamentó que se desaprovechara la oportunidad de nombrar a un profesional con trayectoria directa en minería. “Era el momento de designar a alguien del sector, y nos encontramos con un experto en agronomía”, criticó. Aunque aclaró que no cuestiona las capacidades personales de Daniel Mas, Viera sostuvo que “la minería está siendo tratada como una actividad de segunda categoría”, pese a ser el principal motor productivo y fiscal del país.

El episodio dejó en evidencia tensiones entre el mundo político y el sector minero, además de cuestionamientos sobre la forma en que se toman decisiones estratégicas en el gobierno entrante. La caída de Montt, tras un anuncio prematuro desde el sector privado, y la posterior designación de un biministro sin trayectoria minera directa, abren un debate sobre gobernanza, prioridades y el peso real que tendrá la minería en la administración de José Antonio Kast.

Según informó la empresa, Montt continuará ejerciendo como CEO hasta el próximo 19 de febrero, con el objetivo de asegurar una “transición ordenada”, mientras que Antony Amberg, actual jefe de Geología de la minera, asumirá de manera interina la gerencia general. Paralelamente, el directorio de Los Andes Copper iniciará la búsqueda de un nuevo ejecutivo para el cargo, manteniendo a Montt vinculado a la compañía hasta semanas antes de asumir funciones ministeriales.

El anuncio reavivó las críticas sobre la estrecha relación entre el futuro gobierno y los grandes grupos económicos, particularmente en un sector estratégico como la minería. Santiago Montt es abogado de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Yale y Princeton, y cuenta con una extensa trayectoria en la industria minera privada, incluyendo 11 años en BHP, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de Asuntos Corporativos para las Américas.

Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El diputado Daniel Manouchehri cuestionó duramente el nombramiento, señalando que “de republicanos, nada”, y acusó que “los anuncios de nombramientos de ministros son dados por los grupos económicos antes que el Presidente”, agregando que fue la propia minera la que confirmó la designación de Montt como ministro de Minería del gobierno de Kast.

En la misma línea, la diputada Ericka Ñanco también criticó el episodio, afirmando que “los nombres de los futuros ministros se anuncian primero desde los grupos económicos y no desde La Moneda”, poniendo en duda la autonomía del futuro gabinete y reforzando las alertas sobre una eventual captura del Estado por intereses privados.

El caso de Santiago Montt abre así un debate mayor sobre probidad, conflictos de interés y la delgada línea entre el sector público y el privado en áreas clave de la economía nacional. Especialmente en un país donde la minería cumple un rol central en el desarrollo y en la recaudación fiscal, la designación de un alto ejecutivo minero como ministro del ramo instala cuestionamientos políticos y éticos que acompañarán al gobierno entrante desde su primer día.

En primer lugar, es crucial destacar que el gobierno está en una posición en la que debe recuperar la confianza pública. Las recientes controversias relacionadas con el Caso Convenios entre fundaciones y las irregularidades del Estado han creado un clima de desconfianza que necesitaba ser abordado. En este contexto, la decisión de realizar ajustes en el gabinete demuestra un compromiso con la transparencia y la integridad.

A esto se suma la dinámica interna de la coalición AD-SD. Los gobiernos de coalición son, por naturaleza, un equilibrio delicado de poderes y representaciones. En un mundo ideal, estas coaliciones trabajarían armónicamente todo el tiempo, pero la realidad es que las tensiones y los desacuerdos son inevitables. La reconfiguración en la influencia de partidos como RD y PC muestra una adaptabilidad a estas tensiones internas y un reconocimiento de la necesidad de ajustar el equilibrio para mantener la estabilidad del gobierno.

Además, los cambios no solo trataron de apaciguar a las fuerzas internas. Algunas de las decisiones tomadas, como la salida de ciertos ministros debido a evaluaciones de gestión insatisfactorias, son indicativos de un compromiso con la eficacia. Un gobierno, para ser efectivo y responder a las necesidades de su pueblo, debe estar dispuesto a realizar autoevaluaciones críticas y actuar en consecuencia.

Por supuesto, la relación con la oposición también juega un papel clave. Si bien es esencial mantener una postura firme y coherente, también es crucial mantener canales abiertos de comunicación y negociación. En este sentido, algunos de los cambios pueden verse como un esfuerzo por mantener una relación funcional con la oposición, facilitando el diálogo y garantizando que el trabajo legislativo pueda avanzar.

Además de estas dimensiones, es importante mencionar el aspecto estratégico que un cambio de gabinete puede tener en la percepción pública. La sociedad a menudo interpreta las modificaciones en el equipo de gobierno como un indicador de la voluntad de adaptarse a las circunstancias cambiantes y de buscar soluciones efectivas. La imagen de un liderazgo dispuesto a hacer ajustes y tomar decisiones difíciles puede inspirar confianza en los ciudadanos y fortalecer la legitimidad del gobierno.

En cuanto al Partido Comunista (PC), su creciente influencia dentro del gobierno es un aspecto a considerar en este cambio de gabinete. La asunción de ministros comunistas en carteras clave, como Educación y Segegob, no solo marca un hito histórico, sino que también refleja un equilibrio político más amplio. El PC, al ejercer un mayor peso en la toma de decisiones, puede contribuir a una gobernanza más inclusiva y a políticas que representen una variedad de perspectivas dentro de la coalición.

Por último, cabe resaltar el papel del ministro Carlos Montes en este contexto. Su retención en el gabinete, a pesar de las controversias que rodean los traspasos irregulares a fundaciones, envía un mensaje de confianza en su capacidad para manejar y resolver la crisis. Esto no solo refleja el deseo de mantener la estabilidad en medio de la adversidad, sino también la importancia de la experiencia y el liderazgo en tiempos de desafíos significativos.

Como se ejemplificó, en el ajedrez político, donde cada movimiento es analizado bajo la lupa pública, el reciente cambio de gabinete del gobierno de Gabriel Boric revela una comprensión profunda de las dinámicas de poder y conocimiento en juego.

Como Foucault exploró en su obra, las estructuras de poder son intrínsecas en todas las esferas de la sociedad, incluida la política. Al reconsiderar la definición tradicional de política como el arte de lo posible, Foucault nos insta a examinar cómo las decisiones de gobierno reflejan la intersección entre el conocimiento, la verdad y el ejercicio del poder. En este cambio de gabinete, vemos un intento de moldear no solo lo que es posible, sino lo que es necesario para abordar los desafíos actuales y recuperar la confianza pública. Al adoptar esta perspectiva foucaultiana, el gobierno demuestra un compromiso no solo con la adaptabilidad, sino también con la reconfiguración de las estructuras de poder para hacer posible lo esencial en el complejo tablero de la política contemporánea.