En los comedores de la educación pública no hay cuchillos ni tenedores, simplemente hay cucharas; para el arroz, para la fruta, para la ensalada, para la carne, para los fideos, para las lentejas, para las croquetas, para el pollo, para el pescado, para la papa… para todo. Menos para la sopa, porque tampoco la hay.

Al no haber respaldo científico ni oficial ante esta medida nacida hace un buen tiempo atrás, uno sospecha que esto se debe a que los estudiantes son comprendidos por el solo hecho de serlos, por el estigma anclado ante los propios espacios de sus vivencias, como sujetos de riesgos, factores de riesgo en sí, para sí y para los otros. Estudiantes que estarían constituidos desde su ADN como sujetos ejecutores de fechorías, violentos, malos, con el alma podrida, quienes claramente utilizarían estos artefactos punzantes para dañar a otros; qué duda cabría en eso. Esta tesis estaría avalada por los delitos cometidos en las comunidades escolares durante el primer semestre. Pero otra cosa es que una medida excepcional, que quién sabe cuándo nació, a raíz de qué, se establezca como permanente, perpetua, reproduciéndose inmediata y acríticamente.

Si bien es cierto que la inexistencia de estos utensilios en los comedores de la educación pública no da inicio estos años recientes, el transcurrir del tiempo no ha permitido construir respaldo alguno que demuestre que el retiro del cuchillo y el tenedor es una medida y decisión pedagógica que ha tenido tal o cual efecto, positivo o negativo. Porque todo lo que se cultiva en el liceo, en la escuela, todo lo que se hace y se deshace, es netamente pedagógico y quien no comprende ello simplemente no debiera estar. Si en el sentido más etimológico pedagogía implica acompañar al niño en el camino, a auxiliar a transitar a un trayecto que le de mayor bienestar, a permitir que sus sueños se estén materializando, el retiro del cuchillo y tenedor ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo?

Si la escuela ha elegido contener la violencia, mitigarla, eliminando síntomas pero no enfermedades, significa que ella misma ha renunciado a una de las cosas más valiosas que tiene la educación pública. Porque esto es así, sin medias tintas, categórico, imperativo: o la comunidad escolar elige reproducir la sociedad o la comunidad escolar elige resistir y transformar la sociedad, desde un sentido colectivo y desde un sentir particular, sin más, sin menos.

En la generalidad, todo indica que, desde todas los frentes, desde las políticas públicas, desde las comunidades escolares, reabierto el debate y dispuesta la escuela nuevamente a seleccionar, segregar y excluir, el país ha elegido el camino de la reproducción social, de la reproducción de los males que tanto nos tienen achacados y en shock.

Domingo Faustino Sarmiento, uno de los llamados padres de la educación pública chilena, sentó en la base la fórmula de “civilización vs barbarie”, donde la educación pública era concebida como el espacio predilecto para civilizar a los bárbaros que entraban por sus puertas. Más allá de las aprensiones que esa consigna genera, la escuela pública chilena hoy, contrariando su misión histórica, ha elegido el camino de contener y de paso reproducir la irracionalidad, la violencia y todos los males que hoy impiden el camino de la emancipación de la conciencia, de la emancipación social, de la emancipación económica -yendo más allá de las oportunidades de inserción laboral que logran transformar las condiciones económicas y sociales de algunos estudiantes, cuestión no menor sobre todo en nuestra región donde la minería se hace presente-, de darnos la vida que nos merecemos.

No es simplemente que vuelva la triada de la cuchara, el cuchillo y el tenedor a los comedores de nuestras escuelas, de nuestros liceos -lo que sería un despropósito al considerar los distintos y crecientes hechos de violencia ocurridos durante los últimos años escolares-, sino que el anhelo es que ello sea parte de una planificación educativa que efectivamente nos lleve a transitar hacia el tratamiento de la enfermedad, hacia un mañana en que la paz sea el pilar de la convivencia escolar. Un plan que permita dar conducción y dirección a una escuela pública que pareciera no saber donde ir, no supiera hacia dónde transitar. Donde pareciera que el foco es mantener, reproducir y agudizar el estado actual de las cosas.

Se trata de una protesta estudiantil a nivel nacional para manifestar el rechazo del mundo educativo a la Mega Reforma del presidente José Antonio Kast que, entre otras medidas, propone la rebaja del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%. Además, estos beneficios para los grandes grupos económicos quedarían «amarrados» por 25 años.

Al llamado también se sumó el Colegio de Profesores y otras organizaciones sociales, en una jornada que ha estado marcada por masivas marchas en Santiago, Valparaíso y otras ciudades, con escenas de represión policial que han copado las redes sociales en las últimas horas.

Estas expresiones se dan en un contexto de recortes presupuestarios anunciados por Jorge Quiroz, ministro de Hacienda de Kast, los que han afectado a diversas carteras, especialmente a Educación, Salud, Vivienda y Cultura.

«Como estudiantes entendemos que estos proyectos responden a una misma lógica: beneficiar a los sectores económicos más poderosos, mientras se fortalecen mecanismos de control y persecución sobre el pueblo y la juventud», expresaron desde la CONFECH.

A pesar de que la Región de Antofagasta se consolida como el principal motor económico de Chile y lidera el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a nivel nacional, la actividad minera suele percibirse muchas veces de forma lejana en la vida cotidiana. Con el fin de derribar esta barrera y conectar la teoría macroeconómica con la realidad social de la zona, se ha organizado un conversatorio para el próximo lunes 1 de junio, a partir de las 9:55 horas, en el Auditorio FACEA de la UCN.

La iniciativa, impulsada por el estudiante de Ingeniería Comercial de la UCN, Matías González, está dirigida principalmente a los estudiantes de las áreas económicas, técnicas y de administración, futuros profesionales que convivirán directamente con los desafíos productivos de la región.

El encuentro se estructurará en torno a una hora y media de debate, con un panel que abordará la Ley de Royalty Minero no como una legislación lejana, sino como una herramienta vigente que inyecta financiamiento directo a las comunas a través de fondos de inversión fiscal.

Los expositores y expositoras serán Aurora Williams, exministra de Minería; la concejala de la Municipalidad de Antofagasta, Karina Guzmán; el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Antofagasta, Pablo Rojas; y la alcaldesa de la comuna de Sierra Gorda, Adriana Rivera.

La metodología del conversatorio contemplará una ronda depreguntas del público al término de cada eje temático, las cuales serán respondidas de inmediato por el o la panelista a cargo.

La cita pretende transformarse en un espacio de discusión regional fundamental, recordando que la riqueza generada por el territorio debe ser entendida, fiscalizada y proyectada por las nuevas generaciones profesionales de Antofagasta.

La eliminación de la glosa de financiamiento estatal para los programas de promoción de talentos académicos encendió las alertas a nivel nacional. Estas iniciativas presentes en distintas universidades del país atienden a estudiantes con altas capacidades y dependen de un modelo mixto de financiamiento, donde el aporte del Ministerio de Educación resulta clave para garantizar el acceso de alumnos del sistema público.

En este escenario, el programa DeLTA UCN enfrenta un impacto directo. Su director, Alejandro Proestakis, advirtió que la eliminación de este aporte, que representa cerca del 50% del presupuesto anual, compromete su funcionamiento. En conversación con Diario Regionalista, señaló que “pondría en riesgo la atención a los estudiantes”, detallando que esto implicaría “reducción de horas, de profesores, menos salidas a terreno y menos recursos”, afectando especialmente a estudiantes de establecimientos municipales.

La situación se replica en otros programas del país, como Penta UC, Semilla UCM o PROENTA UFRO, que también dependen de estas becas para sostener su cobertura. En ese ámbito, Proestakis enfatizó el impacto estructural de la medida: “Influiría directamente en todo el servicio que nosotros realizamos para los estudiantes”, evidenciando que no se trata solo de ajustes administrativos, sino de una afectación al modelo formativo completo.

Frente a este escenario, DeLTA UCN ha comenzado a gestionar alternativas para sostener su operación en 2026, entre ellas, destacan acercamientos con municipalidades como Sierra Gorda y Antofagasta, además del respaldo de actores privados. Según explicó el director, estas gestiones buscan no perjudicar a los estudiantes que participan del programa, mientras se define una solución estructural al financiamiento.

Desde la Universidad Católica del Norte se ha manifestado apoyo institucional a la continuidad del programa, principalmente en términos de gestión. A esto se suma la reacción de la comunidad educativa, familias, estudiantes y docentes, quienes han respondido con respaldo activo, propuestas y difusión. “La respuesta de la comunidad educativa ha sido hermosa”, señaló Proestakis, destacando el compromiso colectivo frente a la incertidumbre.

A partir de esta situación, también se abre el debate sobre el modelo de financiamiento. Si bien estos programas han funcionado históricamente bajo una lógica público privada, la actual crisis evidencia la necesidad de mayor estabilidad.

“Yo sí creo que esto debería ser una política pública, donde el ministerio muestre un apoyo no solamente anual, sino bianual o cada 10 años, ya que es la única iniciativa que existe para atender a estudiantes de altas capacidades o potencial de talentos”, planteó Proestakis, apuntando a la urgencia de garantizar su continuidad en el tiempo.

La jornada considera una marcha a las 15.00 horas desde la pérgola del Parque Brasil, frente a Clínica Antofagasta, hasta la Plaza Colón, en un escenario marcado por críticas a la respuesta institucional frente a recientes amenazas en recintos educacionales.

En conversación con Diario Regionalista, Nicolás Pizarro, secretario general del Centro de Estudiantes de Periodismo UCN, explicó que la paralización responde a la ausencia de condiciones para retomar la presencialidad. “No existían las garantías de seguridad necesarias”, afirmó, agregando que aún no se identifica a los responsables de las amenazas.

El dirigente también cuestionó la falta de actualización de los protocolos. “Cualquier persona puede ingresar a la UCN y no se contará con registro de eso”, sostuvo, apuntando a una falla en el control de accesos y en la preparación ante emergencias.

Respuestas institucionales y escenario actual

Desde la Universidad de Antofagasta, la movilización se vincula a críticas similares. Según manifestó a Diario Regionalista Gonzalo Chau, integrante del Centro de Estudiantes de Psicología, el detonante fue la ineficiencia de los protocolos ante situaciones de riesgo. “La respuesta fue evacuar y esperar fuera, exponiéndonos a cualquier peligro”, declaró.

El representante estudiantil sostuvo que las medidas actuales no se ajustan a la magnitud de las amenazas. “No contamos con un protocolo eficaz ni verosímil”, señaló, cuestionando la capacidad de reacción institucional.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación de Chile, los establecimientos de educación superior deben contar con protocolos actualizados que resguarden la seguridad de sus comunidades ante situaciones de riesgo, considerando medidas preventivas y de reacción frente a emergencias.

En la UCN, tras reuniones con autoridades, se comprometió la actualización del protocolo de emergencias y la presentación de un plan de seguridad antes del 25 de mayo, que incluiría nuevas medidas de control de acceso. Desde el estudiantado advierten que la información fue tardía y que la discusión se desarrolló en un ambiente de alta tensión.

En paralelo, en la UA se realizaron votaciones para definir la adhesión a la paralización. Los resultados evidenciaron posiciones divididas sobre su continuidad, aunque se aprobó participar en la jornada de este miércoles, priorizando la exigencia de mejores condiciones de seguridad.

Desde el estudiantado advirtieron que, de no existir respuestas concretas, las acciones podrían escalar en los próximos días, manteniendo como eje central la exigencia de garantías básicas de seguridad para toda la comunidad universitaria.

En una audiencia marcada por el horror de los detalles revelados, el Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el estudiantes de 18 años, imputado como autor del fatal ataque ocurrido el pasado viernes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.

El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público, calificando al joven como un peligro para la seguridad de la sociedad tras formalizarlo por un delito de homicidio calificado consumado y cuatro de homicidio calificado frustrado, además de infracciones a la Ley de Armas. El imputado será trasladado al Complejo Penitenciario de Antofagasta y el plazo de investigación se fijó en 180 días.

«Dies Irae»: El manifiesto del odio

El fiscal Eduardo Peña expuso una de las pruebas más perturbadoras de la investigación: un cuaderno incautado por la PDI donde el estudiante detalló su plan, al que denominó “Dies Irae” (Día de Ira). En sus escritos, el joven estableció el 15 de mayo como fecha límite y manifestó motivaciones ligadas al odio y la misantropía.

Según el relato de la Fiscalía, el sujeto actuó buscando generar un alto impacto mediático, sin intenciones de sobrevivir al ataque. Lo más estremecedor fue la selección de sus víctimas: el cuaderno indicaba que su objetivo principal eran niños de primero básico, a quienes consideraba un “blanco fácil” para maximizar la cantidad de bajas en el recinto.

Armas y químicos

El 27 de marzo, a las 10:40 horas, el imputado ingresó al liceo con una mochila que contenía múltiples cuchillos, uno de ellos con una hoja de 50 centímetros, un hacha tipo tomahawk y una luma metálica. También portaba gas pimienta, alcohol isopropílico, diluyente y una jeringa con sustancias desconocidas.

A esto se suma un artefacto explosivo artesanal simulado (hecho con un termo, cables y temporizador) con el que pretendía generar una distracción para facilitar sus crímenes.

El fatal desenlace y el heroísmo de los alumnos

Tras prepararse en un baño, el imputado salió con la intención de dirigirse al sector de los alumnos más pequeños. Fue interceptado por una funcionaria del plantel, a quien atacó con gas pimienta y luego propinó una estocada mortal por la espalda.

Posteriormente, agredió a otra paradocente y a tres estudiantes de 15 años, dejándolos con lesiones potencialmente fatales. La tragedia no fue mayor gracias a la intervención de otros alumnos del Instituto Lezaeta, quienes, en un acto de valentía, lograron reducir y retener al atacante hasta la llegada de Carabineros.

Tras conocerse los primeros detalles, desde la oposición expresaron sus resquemores, advirtiendo que la propuesta conlleva un “grave riesgo de retrocesos sociales” al incluir medidas como la reducción de la gratuidad universitaria y la rebaja de impuestos a las grandes fortunas.

«Kast prometió no tocar los derechos sociales, pero su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE. Esta es la agenda del retroceso social, un portazo a la movilidad social y una cuenta que termina pagando la clase media», advirtió el diputado Daniel Manouchehri (PS).

«Buscan bajar los impuestos a las grandes fortunas y debilitar la protección ambiental. Frente a esto, seremos un muro firme en el Congreso para defender los derechos de la gente», agregó.

Por su parte, el Senador Diego Ibáñez (FA), expresó que «una rebaja de impuestos a las grandes empresas, a los más ricos, y un recorte a la gratuidad en la educación, eso no es reconstrucción, eso es pasar gato por liebre».

«Pararse en Penco y anunciar esto es usar el desastre para implementar una agenda que al parecer beneficia a los que tienen más ingresos y que les pasa la cuenta a los jóvenes», agregó.

Una postura similar planteó el senador Iván Flores (DC), quien pidió al gobierno no hacer «trampas». «No creo que con cargo a la reconstrucción se pueda rebajar la gratuidad a la educación superior o rebajar el impuesto a las grandes empresas. Creo que están metiendo cosas que no corresponden dentro de lo que es genuinamente el afán de reconstruir y entregarle a la gente lo más pronto posible una solución, concluyó.

Consultada por la posibilidad de que estos anuncios provoquen movilizaciones estudiantiles, la vocera de gobierno, Mara Sedini, indicó que «las movilizaciones, dentro de los estándares institucionales, son siempre parte de la manifestación democrática, en orden y en paz».

Hoy miércoles 4 de marzo se concretó el ingreso de la totalidad de los establecimientos educativos, registrándose un aumento en la circulación vehicular, por lo que Carabineros reforzó su presencia preventiva en distintos puntos de la zona.

En relación a la capital regional, el comandante Néstor Romo, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Antofagasta, explicó los principales efectos de este día en el ámbito vial, señalando que no se registraron mayores problemas, pero «sí hubo un aumento de la congestión y del flujo vehicular en lo que es nuestra costanera principalmente”.

Respecto a situaciones registradas durante la mañana, el comandante indicó que alrededor de las 7:20 a 7:30 horas se produjo un atropello en avenida Argentina concurriendo al lugar personal del SAMU y de Carabineros. El hecho involucró a una persona adulta que resultó con lesiones leves, adoptándose el procedimiento de rigor y dando cuenta al juzgado correspondiente.

En cuanto a los horarios de mayor congestión, Romo explicó que el aumento del flujo comenzó a evidenciarse a partir de las 7:00 horas, concentrándose especialmente cerca de las 8 am en los accesos a establecimientos educacionales y principales arterias de la ciudad.

Asimismo y como parte del despliegue de estos servicios se monitoreó el estado del flujo vehicular junto a personal de la UOCT de Antofagasta.

Finalmente el oficial reitero el llamado de Carabineros a la conducción responsable, planificar los desplazamientos con anticipación y respetar la normativa de tránsito, especialmente en zonas escolares, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la integridad de estudiantes y peatones en este retorno a clases.

El programa busca desarrollar nuevos talentos y potenciar sus conocimientos en los distintos procesos operativos de la mayor productora de cobre del mundo.

Escondida | BHP comenzó su programa de Prácticas y Memorias 2026 con un fuerte énfasis en el talento de la Región de Antofagasta, contando con 35 estudiantes, de los cuales más del 80% es de la región, un hito para la mayor productora de cobre del mundo.

Entre los seleccionados, un grupo proviene de las universidades de Antofagasta y Católica del Norte, participantes en iniciativas del Consorcio Heuma, programa de la compañía que prepara a los jóvenes para su futura etapa profesional.

Otros egresaron del Colegio Técnico “Don Bosco”, Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Liceo “La Portada” de Antofagasta y del Liceo “Juan José Latorre” de Mejillones, establecimientos que forman parte del programa Código Futuro de Escondida y Fundación Minera Escondida, orientado al desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes. A ellos se suman también practicantes y memoristas provenientes de diversas casas de estudio del país.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, Pablo Pisani, destacó que “este año, por primera vez, recibimos a estudiantes de liceos técnico-profesionales de Antofagasta y Mejillones que forman parte de nuestro programa de habilidades tecnológicas, Código Futuro. Es un logro que queremos resaltar y celebrar, porque estamos fortaleciendo los conocimientos de las nuevas generaciones de mineros y mineras. Felicitamos a cada uno de los estudiantes por este paso tan importante, que amplía sus oportunidades de desarrollo académico y los acerca tempranamente a la industria”.

Los estudiantes se integrarán a las Gerencias Generales de Concentradoras, Cátodos, Operaciones Mina, Infraestructuras y Servicios y Operaciones Integradas, como también a las áreas funcionales de Tecnología, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en las que aprenderán sobre los procesos y la cultura de trabajo de la compañía.

Sobre su ingreso, la estudiante del Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Sofía Gallegos, expresó que “cuando supe que fui seleccionada fue increíble, no me lo creía. Me siento muy feliz por esta oportunidad, porque me esforcé mucho para poder aplicar mis conocimientos y que sea en la mayor productora de cobre del mundo es mucho más significativo aún”.

En tanto, el estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Antofagasta, Felipe Guerra, expresó que “estoy muy feliz y motivado de conocer a los equipos y de los procesos que son parte de esta operación. Es muy valorable que se estén entregando oportunidades a más jóvenes de la Región de Antofagasta, porque estamos preparados para ser parte de la industria”.

Con este programa, la compañía impulsa el desarrollo de talento regional, generando oportunidades de aprendizaje y formación para nuevas generaciones vinculadas a la minería.

El compromiso presidencial de Jeannette Jara de impulsar una Universidad Pública para Calama es un gesto político cargado de sentido territorial y justicia social. En el Plan de Futuro para Antofagasta, la apertura de una sede universitaria es presentada como una prioridad estratégica del Norte Grande; y en Un Chile que Cumple, la descentralización del acceso a derechos —entre ellos la educación— aparece como pilar para reconstruir la confianza entre ciudadanía y Estado. La educación superior pública en Calama pasa así de ser un anhelo comunitario a un proyecto país.

Porque hablar de una universidad en Calama es hablar de potenciar el talento local, de formar capital humano para la transición energética, la minería del futuro, el litio y la innovación aplicada al desierto. Es permitir que las jóvenes loínas, que hoy enfrentan barreras económicas y geográficas, proyecten su vida desde su propio territorio. Es, también, abrir espacio a carreras pertinentes: minería avanzada, energías renovables, geología, astronomía, salud, agricultura y ganadería del desierto, pedagogías interculturales. Una universidad no solo forma profesionales; transforma identidades y ancla desarrollo.

Para la gente de Antofagasta —crítica, exigente y consciente del aporte que la región hace al país— la propuesta de Jara representa algo más profundo: por fin se reconoce que el Norte Grande no es solo zona de extracción, sino una región llamada a liderar la industria del mañana. Una universidad pública en Calama, reduce brechas y consolida un nuevo pacto territorial donde el conocimiento, la investigación, la innovación y el valor agregado se producen desde el desierto y para el mundo.

Porque esta vez no hablamos de sueños lejanos, sino de una realidad que comienza a tomar forma. En nuestra región nacerán las ideas, la innovación y el talento que moverán al país en las próximas décadas. Lo que antes parecía improbable hoy se vuelve posible. Y cuando la esperanza se vuelve política pública, el futuro deja de ser promesa y comienza a ser destino.

Ariel Aguirre Flores
Presidente Colegio de Profesores y Profesoras de Calama
Comando Jeannette Jara