La científica antofagastina y exconvencional, Cristina Dorador, se refirió en duros términos a la iniciativa impulsada por el presidente José Antonio Kast.

«Hacen malos proyectos, se los rechazan y más encima ¿hay que pagarles con plata del Estado por las molestias? Es una desfachatez sin nombre», afirmó la académica a través de sus redes sociales.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez advirtió que este tipo de normativas «no existe en ninguna parte del mundo», lo que habría sido reconocido por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

«Es en realidad solo un ‘seguro’ para los privados, sin pago de prima, sin contraprestación. Una verguenza que quieren que aprobemos», señaló el legislador.

Cabe señalar que a pesar de estas objeciones, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó por mayoría la madrugada de este miércoles la polémica propuesta. En la oportunidad los senadores Ricardo Celis (PPD) y Alfonso De Urresti (PS) se retiraron de la sesión y anunciaron reserva de constitucionalidad, a lo que se sumó el senador Diego Ibáñez (FA).

Se trata de una protesta estudiantil a nivel nacional para manifestar el rechazo del mundo educativo a la Mega Reforma del presidente José Antonio Kast que, entre otras medidas, propone la rebaja del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%. Además, estos beneficios para los grandes grupos económicos quedarían «amarrados» por 25 años.

Al llamado también se sumó el Colegio de Profesores y otras organizaciones sociales, en una jornada que ha estado marcada por masivas marchas en Santiago, Valparaíso y otras ciudades, con escenas de represión policial que han copado las redes sociales en las últimas horas.

Estas expresiones se dan en un contexto de recortes presupuestarios anunciados por Jorge Quiroz, ministro de Hacienda de Kast, los que han afectado a diversas carteras, especialmente a Educación, Salud, Vivienda y Cultura.

«Como estudiantes entendemos que estos proyectos responden a una misma lógica: beneficiar a los sectores económicos más poderosos, mientras se fortalecen mecanismos de control y persecución sobre el pueblo y la juventud», expresaron desde la CONFECH.

Este lunes, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó oficialmente el proyecto de ley que busca reajustar el sueldo mínimo mensual. La propuesta contempla un incremento de $7.546, lo que elevaría el salario de los actuales $539.000 a un total de $546.546 mensuales.

El texto legal establece que el aumento regirá «a contar del 01 de mayo de 2026» para trabajadores entre 18 y 65 años de edad. Además, el proyecto estipula que para el 1 de enero de 2027, se aplicará un nuevo reajuste basado exclusivamente en la variación acumulada del IPC informada por el INE entre abril y diciembre de 2026.

Este anuncio marca un giro radical en la política salarial del país. El monto propuesto por la administración de Kast es significativamente menor a los incrementos alcanzados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, donde se impulsaron alzas históricas:

• 2022: El salario subió de $350.000 a $380.000 en mayo, llegando a $400.000 en agosto del mismo año.
• 2023: El sueldo mínimo alcanzó los $410.000 en enero.
• 2024-2025: Se concretó el salto a los $500.000 y posteriormente a $529.000 en mayo de 2025.
• Enero 2026: El piso salarial se fijó en $539.000, monto sobre el cual ahora el Gobierno de Kast propone el ajuste de apenas un 1,4%.

La estrechez del reajuste salarial ha generado críticas inmediatas, especialmente al contrastarse con otras prioridades del gobierno y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Mientras los trabajadores recibirían un alza de $7.546, el Ejecutivo tramita en paralelo una rebaja tributaria para las grandes empresas, reduciendo el impuesto de un 27% a un 23%.

Esta disparidad se vuelve aún más compleja al analizar el escenario económico de las familias. A finales de marzo, el país sufrió un fuerte impacto con el alza de las bencinas en $370 por litro y del diésel en $580 por litro.

Para agravar la situación, el ministro Quiroz no ha descartado nuevas alzas de combustible para esta misma semana, escudándose en la incertidumbre internacional y la ley vigente, lo que pone en duda la capacidad adquisitiva real que tendrá este nuevo sueldo mínimo frente a los costos de transporte y alimentación.

El llamado “plan de reconstrucción” impulsado por el gobierno de José Antonio Kast generó reacciones en la Región de Antofagasta, con cuestionamientos desde el Frente Amplio por su impacto territorial y municipal, mientras que desde el Partido Republicano destacan su potencial para impulsar la inversión y el empleo.

La iniciativa, anunciada durante los primeros días de la actual administración y oficializada esta semana, contempla más de 40 medidas, entre ellas incentivos a la inversión privada, rebajas de impuestos a las grandes empresas, subsidios al empleo y la agilización de permisos para proyectos.

Críticas desde el Frente Amplio 

En conversación con Diario Regionalista, el presidente regional del Frente Amplio, Camilo Kong, afirmó que el plan “responde a una visión centralista y favorece principalmente a quienes más tienen”, mientras que el dirigente del mismo partido, Piero Chavera, sostuvo que el Ejecutivo estaría utilizando la reconstrucción para impulsar cambios estructurales sin suficiente discusión.

Desde el bloque también advirtieron riesgos en materia ambiental y territorial. Chavera afirmó que una eventual flexibilización de controles podría debilitar la capacidad del Estado para prevenir daños en una región marcada por la actividad minera. Por otro lado, Kong manifestó preocupación por el impacto en municipios, especialmente en su financiamiento y servicios básicos.

Postura del oficialismo 

Desde el Partido Republicano, en tanto, el concejal Claudio Aguirre defendió la iniciativa. A través de una entrevista con Diario Regionalista, puntualizó que el plan no debilita la regulación ambiental y que apunta a fortalecer los procesos, además de contribuir a la planificación urbana e inversiones en Antofagasta.

En esa línea, Aguirre sostuvo que el impacto del plan en Antofagasta dependerá de su implementación, en medio de cuestionamientos desde otros sectores políticos que advierten efectos en el territorio y el uso de recursos naturales en la región.

Por último, el concejal agregó que las medidas buscan mejorar las condiciones de empleo y que un exceso de regulación puede afectar el crecimiento. El avance del plan y su implementación en la región marcarán el rumbo de la discusión en las próximas semanas.

Las exportaciones de bienes y servicios de la Región de Antofagasta sumaron más de US$ 3.960 millones, lo que significa un 4,6% más que el 2024, según el informe del Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas.

Al respecto, la directora regional de ProChile Antofagasta, Marcia Rojas, comentó que “nos alegra mucho ver que nuestras exportaciones han tenido un crecimiento en varios sectores productivos. Desde ProChile realizamos un trabajo muy comprometido con las empresas regionales, para entregarles herramientas que las ayuden en la llegada nuevos mercados y que nos permita también diversificar nuestra matriz exportadora”.

Los principales destinos de los envíos regionales fueron China (US$ 763 millones), Suiza (US$ 530 millones) y Países Bajos (US$ 423 millones).

Las Manufacturas se imponen con envíos por US$ 2.132 millones (+2,2%) y que tienen al Yodo (US$ 1.171 millones, +5,4%) liderando, seguido de los Abonos de origen animal o vegetal (US$ 345 millones, -21,7%) y Nitratos de Potasio (US$ 274 millones, -19,1%). Sus principales destinos fueron China (US$ 616 millones), Países Bajos (US$ 298 millones) y Estados Unidos (US$ 221 millones).

En el caso del sector Minerales, las exportaciones registradas el año 2025 fueron de US$ 1.787 millones (+7,1%). Los principales productos fueron el Molibdeno (US$ 1.098, +5,2%), las Manufacturas de oro (US$ 528 millones, +44,8%) y las Manufacturas de plata (US$ 152 millones, -38,2%).

A su vez, las exportaciones de Pesca y Acuicultura registraron US$ 30 millones (+41,2%), siendo las Harinas de pescado y crustáceo (US$ 26 millones, +70,4%) el principal envío.

“Nuestro trabajo con las empresas busca dar curso a las necesidades de internacionalización y en el caso de los servicios, por ejemplo, hemos realizado una labor de orientación y entrega de herramientas, en las que también nos ha apoyado el Gobierno Regional, para que las soluciones tecnológicas, por ejemplo, estén presentes en ferias especializadas y tengan oportunidad de llegar a nuevos destinos comerciales”, agregó Marcia Rojas.

Destaca el aumento de 25,4% del sector Servicios y que registró envíos por US$ 7millones, siendo Reino Unido (US$ 2 millones, +17,4%), Argentina (US$ 2 millones, +39,8%) y Suiza (US$ 2 millones, +84%) sus principales destinos.

En total fueron 213 empresas de la región que exportaron un total de 329 productos a 53 mercados.

Parlamentarios de distintos partidos han advertido que este nombramiento representa una señal preocupante en materia de probidad y protección de los consumidores.

Quiroz, economista de la Universidad de Chile, ha sido parte del círculo económico más cercano a Kast durante toda la campaña presidencial y en el período posterior a su triunfo. Su rol como principal asesor en materias económicas explica, según fuentes del propio Partido Republicano, la decisión del mandatario electo, pese a que por meses se barajaron otras alternativas para liderar la billetera fiscal.

Sin embargo, el nombre de Quiroz no llega libre de cuestionamientos. Durante los procesos judiciales por colusión, el economista elaboró informes técnicos para empresas sancionadas por la Fiscalía Nacional Económica, los cuales fueron utilizados en tribunales como parte de la estrategia de defensa de los conglomerados acusados de afectar gravemente el bolsillo de millones de familias.

El diputado Boris Barrera (PC), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, calificó la designación como “impresentable”, señalando que Quiroz fue “ideólogo y partícipe” de defensas empresariales en casos donde se acreditaron abusos sistemáticos contra los consumidores.

En la misma línea, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) advirtió que el futuro ministro “va a estar caminando por la cornisa”, ya que su historial estará permanentemente bajo escrutinio en cada decisión económica que tome desde el Ejecutivo.

Desde el Socialismo Democrático, también se ha cuestionado la señal política que envía el nuevo gobierno al poner en un cargo clave a una figura asociada al mundo de las grandes empresas. El diputado Daniel Manouchehri (PS) afirmó que se trata de una mirada económica “pensada más desde las grandes fortunas que desde la vida cotidiana de las familias”, agregando que el historial del economista genera legítimas dudas sobre a quiénes priorizará la política fiscal del próximo gobierno.

La controversia se suma a un escenario político complejo para el futuro Ejecutivo, que deberá enfrentar un Congreso sin mayorías claras y una ciudadanía especialmente sensible frente a los abusos empresariales, luego de años de escándalos de colusión.

En ese contexto, la elección de Quiroz no solo anticipa tensiones con la oposición, sino que también instala un debate más profundo sobre el modelo económico que buscará implementar el gobierno de Kast y el rol que jugarán los grandes grupos empresariales en la definición de las políticas públicas.

En un comunicado, los gremios afirmaron que “si la implementación del SBAP no se ejecuta de manera responsable, equilibrada y promoviendo la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y el fomento productivo, esta podría afectar la inversión, el empleo y la actividad productiva en regiones”.

La declaración hace referencia al listado de 99 Sitios Prioritarios para la Conservación, que abarca cerca del 5% del territorio nacional, elaborado sin que se conozcan, según los gremios, los “criterios técnicos ni validaciones científicas” del proceso.

“Nos preocupa la falta de participación de vecinos, propietarios, municipalidades, gremios y proyectos productivos. Si bien existe una instancia de consulta pública, esta no incluyó la etapa de selección de los 99 sitios prioritarios”, afirmó la SOFOFA.

La red también sostuvo que “esto no se resuelve simplemente ampliando los plazos de consulta, sino construyendo la determinación de los Sitios Prioritarios sobre una base científica sólida”, insistiendo en que el desafío “no es elegir entre desarrollo o conservación, sino hacer bien las cosas”.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, el subsecretario Maximiliano Proaño respondió a las críticas, asegurando que el proceso tiene sustento técnico y no afecta la continuidad de las actividades productivas.“Los sitios prioritarios no son áreas protegidas y, por lo tanto, no tienen muchas de las limitaciones asociadas a ellas. Lo que estamos haciendo ahora es ordenar un proceso que ya existía”, explicó en conversación con Minería Chilena.

El Ministerio de Medio Ambiente detalló que la selección se basó en criterios científicos de representatividad, integridad ecológica y conectividad, considerando además su potencial para funcionar como corredores de biodiversidad y añadió que “la ley no genera ninguna limitación a las actividades productivas que cuenten con resolución de calificación ambiental o que cumplan con la legislación vigente”.

El SBAP, aprobado en 2023 tras más de una década de tramitación, busca fortalecer la protección de ecosistemas amenazados y crear una institucionalidad que permita fiscalizar, conservar y restaurar la biodiversidad del país. Su implementación cobra especial relevancia en regiones como Antofagasta, donde la expansión minera y portuaria continúa presionando los límites ambientales.

A pesar del discurso gremial, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y empresas afiliadas a SOFOFA han respaldado históricamente proyectos de alto impacto ambiental, como Dominga, además de faenas mineras, termoeléctricas y actividades extractivas altamente contaminantes.

De hecho, el propio presidente de la AIA, Marko Razmilic, ha defendido en el pasado la necesidad de “despejar el camino de la permisología”, abogando por un “fast track” para inversiones, incluso cuando estas enfrentan cuestionamientos por daño ambiental.

Mientras los gremios piden “certeza jurídica” y “equilibrio productivo”, la discusión parece revelar una tensión más profunda: el modelo de desarrollo que defienden grandes conglomerados industriales frente a la urgencia ecológica del país.

• Exabogado procurador del Consejo de Defensa del Estado señaló que la causa no prescribiría, producto de una querella presentada en su minuto.

• Alberto Ayala, fiscal regional en el momento en que el ministerio público recibió la citada denuncia, no respondió a los llamados y mensajes, pese a nuestra insistencia. Consultas apuntaban a las potenciales diligencias u omisiones que hubieran prevalecido durante su mandato. Años atrás, este mismo persecutor estuvo en el ojo del huracán por el caso SQM y declaraciones desafortunadas, en el contexto de un caso de abuso sexual.

• Cabe destacar que, en 2024, cuatro años después de la denuncia, el ministerio público instruyó la incautación del teléfono del exintendente, Edgar Blanco (RN). Experto señaló que el tiempo transcurrido para encargar dicha acción fue “un exceso”.

5 años y sin formalizados, así llegó a agosto de 2025 el llamado caso “Empresas Exprés”, denuncia que los entonces concejales, Gonzalo Santolaya y Roberto Soto, plasmaron el año 2020 en el ministerio público regional, por los eventuales delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, en las compras realizadas por parte del Gobierno Regional a empresas de reciente creación, con fondos destinados a la pandemia.

“La investigación se encuentra actualmente vigente y con diligencias encargadas a secciones especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile, principalmente vinculadas al área contable y revisión de dispositivos y documentos. La causa se encuentra desformalizada”, manifestaron desde la fiscalía regional.

Recordemos que la presentación realizada solicitaba citar a declarar a diferentes autoridades del gobierno de Piñera en la región durante la época, como quien fuera Intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, el Jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Antofagasta, Mauricio Muñoz, el director del Servicio de Salud de Antofagasta, Héctor Vallejos, además del empresario Pablo Ormeño y los representantes de dos de las compañías cuestionadas.

“Nos hemos enterado por la prensa regional y nacional, que la empresa Limpieza Industrial Chile SpA., creada solo días antes, y mediante cuatro contratos diferentes firmados todos el mismo día, convino con el Servicio de Salud Antofagasta la compra de 200.000 (doscientas mil) mascarillas quirúrgicas por un total de $ 166.362.000.- (ciento sesenta y seis millones trescientos sesenta y dos mil pesos), valor por cierto si la información de prensa es correcta, tendrían un precio unitario de $831,81, monto muy superior al mercado“, indica una parte de la denuncia presentada por Soto y Santolaya.

Los concejales en su oportunidad también hicieron alusión al caso de Servicios e Inversiones Fülle SPA, empresa que se creó solo dos días antes de que ingresara a la licitación y cinco días después de formada terminó firmando su primer contrato por $ 190.000.000 (ciento noventa millones de pesos). También se menciona a la empresa Ingeniería EDS JCM SpA, la cual amplió su giro el 3 de mayo de 2020, un día antes de que la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Antofagasta la invitara a participar –junto a otras tres empresas- de una licitación para comprar 40 mil canastas familiares, proceso que terminó adjudicándose por un valor de $1.665.524.000.

Los ediles además mencionaron el caso de la Empresa Need Solutions SpA, sociedad que se dedica a asesoría financiera, reestructuración de pasivos, refinanciamiento de deudas, la cual incluyó a su giro el día 4 de mayo de 2020 la “venta al por mayor de confites, huevos, lácteos, abarrotes y otros alimentos”, mismo día en que se le solicitó una cotización.

El teléfono de Blanco: 4 años después

El caso no ha pasado desapercibido en la opinión pública y recién el año pasado, por instrucción de la fiscalía regional, se incautó el teléfono de quien fuera el intendente de Antofagasta, Edgar Blanco.

“Los plazos de una investigación están regulados por ley y, en este caso concreto, la pesquisa se encuentra dentro de los plazos que la ley permite. Ahora, es importante señalar también que los plazos en que se desarrolla una investigación dependen de varios factores, como la complejidad del delito que se investiga, la existencia y disponibilidad de unidades policiales especializadas, las cargas de las mismas, la necesidad o no de diligencias o peritajes especiales, etc., por lo que no es posible comparar el tiempo que toma una, versus el que toma otra”, afirmaron desde la institución que hoy lidera Juan Castro Bekios.

En este sentido, desde el ministerio público resaltaron las diligencias encargadas por el actual jefe regional. “Al asumir en el cargo, el actual Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, instruyó la realización de un análisis para identificar aquellas investigaciones relacionadas con eventual corrupción que tenían tiempos de investigación más prolongados, y fue en ese contexto que esta investigación, y varias otras, por cierto, surgió como una de las que requería mayor atención. En esa línea, en septiembre del año pasado se realizaron diligencias de entrada, registro e incautación en oficinas públicas y domicilios particulares en Antofagasta y Santiago, lo que permitió recuperar elementos que actualmente se encuentran en análisis”, precisaron.

¿Prescripción?

Respecto a una potencial prescripción del caso, el exabogado procurador del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla, afirmó que “hay una querella del Consejo con diligencias pendientes, por lo que no prescribe”.

Frente a este mismo punto, la fiscalía regional aseguró que el plazo de prescripción es de 10 años “por tratarse de un delito con pena de crimen”.

Experto

Para Carlos Gajardo, exfiscal y autor del libro “Somos tontos hasta las 12”, la incautación de un teléfono, después de 4 años, en el contexto de una denuncia de este tipo es “un exceso”.

Asimismo, el profesional indicó que “por supuesto una investigación compleja por un eventual delito de fraude al fisco exige que se hagan declaraciones, se tomen las declaraciones que correspondan, que se hagan incautaciones, allanamientos, en fin, en tiempo, ¿no? En el derecho penal se ocupa el aforismo que ‘cuando el tiempo pasa es la verdad la que huye’ y, por lo tanto, lo que uno esperaría ante una denuncia seria respecto de un delito grave es que las diligencias se hagan cuanto antes”.

Ayala, el ausente

Intentamos en reiteradas ocasiones obtener comunicación con Alberto Ayala, quien fuera fiscal regional de Antofagasta en el momento en que se recibió la citada denuncia.

Nuestras consultas apuntaban a las potenciales diligencias que hubiese encargado en aquella época y a saber ¿por qué, por ejemplo, no se instruyó el mismo año (2020) de la presentación de los antecedentes, la incautación del teléfono de Edgar Blanco?

Cabe destacar que años anteriores, Ayala ya se ha encontrado en el ojo del huracán. En 2015, el persecutor estuvo como imputado por la filtración de antecedentes del caso SQM, lo que habría beneficiado a políticos que eran investigados por corrupción. Específicamente, la filtración de antecedentes habría surgido desde el fiscal hacia La Moneda. Sin embargo, de manera poco transparente fue investigado por otro fiscal, quien decidió solicitar el sobreseimiento de la causa.

Otro lamentable episodio que involucra al Alberto Ayala ocurrió en junio de 2017 y dice relación con sus dichos sobre un caso de abuso sexual reiterado contra un menor de edad. Se trata de una docente de 27 años que mantuvo relaciones con su alumno de 13 años.

En la oportunidad, Ayala comparó el caso con el del Presidente de Francia, Emmanuel Macron y su esposa que es 24 años mayor que él.

“Cuando leí la historia del presidente Macron, fue algo que gatilló, en parte, la decisión final que tomé y le comenté a través de un WhatsApp al fiscal a cargo que reestudiara por instrucción particular mía la posibilidad de un procedimiento abreviado, porque eventualmente podíamos tener privada de libertad a la próxima primera dama del país. Se lo dije tal cual”, fueron los dichos del entonces fiscal regional.

Tras esto, el fiscal nacional de la época, Jorge Abbott, ordenó a Ayala pedir disculpas públicas por los lamentables dichos donde relativiza un abuso sexual reiterado hacia un menor de edad.

Así las cosas, llama la atención la lentitud en el avance de esta denuncia que podría constituir delitos como fraude al fisco y negociación incompatible, causa con diligencias tardías, para algunos expertos, y que podrían diluir la verdad.

Escenario que contrasta con otros casos de alta connotación pública, en los que se ha actuado de manera rápida y efectiva, lo que, sin duda, contribuye a la verdad y justicia, pero donde se exige una mayor equidad en el tratamiento de las denuncias, especialmente si se trata de esclarecer el buen uso de los recursos que pertenecen a todas y todos los ciudadanos.

*Este material periodístico fue reporteado en alianza entre Diario Regionalista y Resonancia Diario.

Puerto Antofagasta concretó este viernes 22 de agosto la inauguración de la primera etapa de la Zona de Desarrollo Logístico La Negra. A la ceremonia asistieron el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; la Presidenta del Consejo Directivo del SEP, Paulina Soriano; el Gobernador Regional, Ricardo Díaz; el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic; la Presidenta del Directorio de Puerto Antofagasta, Myriam Fliman; el Gerente General de Puerto Antofagasta, Carlos Escobar; además de autoridades regionales, representantes del mundo empresarial y civil, Fuerzas Armadas y trabajadoras y trabajadores.

Ubicada a 20 kilómetros al suroriente del centro de Antofagasta, La Negra es una plataforma clave para el reordenamiento logístico de la ciudad y la región. Su impacto alcanza la operación portuaria, la eficiencia del transporte y el comercio exterior, consolidando el rol de Antofagasta en el Corredor Bioceánico Vial.

La iniciativa considera 50 hectáreas en total; en esta primera etapa se urbanizaron 30 hectáreas con pavimentación de vialidades internas, redes de servicios básicos e iluminación, dejando el terreno habilitado para la instalación de empresas logísticas, industriales y de servicios estratégicos. La conectividad proyectada contempla vínculo con la Ruta 5 y la Red Ferroviaria.

«Estamos inaugurando una zona de desarrollo logístico que integra carretera y ferrocarril, agrega valor a la carga y ofrece condiciones dignas de descanso a los transportistas. Felicito la visión de Puerto Antofagasta al mirar más allá del recinto portuario y agradezco a Bienes Nacionales por disponer estos terrenos: hoy ya contamos con loteo y servicios básicos para que nuevas empresas se instalen. Es un paso concreto hacia una logística más moderna y eficiente para Antofagasta y para Chile», señaló Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

«Es muy relevante que Antofagasta se consolide como un centro logístico que habilite el Corredor Bioceánico, recibiendo la carga que llega desde Brasil, Paraguay y Argentina. Este avance es una señal de confianza para los inversionistas, que podrán instalar industria y generar valor agregado en nuestra región. Antofagasta mantiene su vocación minera, pero al mismo tiempo comienza a diversificarse hacia una vocación logística portuaria y de nuevas alternativas de desarrollo», indicó el Gobernador Regional, Ricardo Díaz.

«Este esfuerzo visionario del Puerto de Antofagasta, junto a Bienes Nacionales, abre terreno disponible para pymes, empresas logísticas y nuevas industrias que podrán instalarse en la ciudad. Con servicios básicos como agua potable y alcantarillado, se crea un espacio habilitado que antes no existía y que permitirá atraer inversiones, diversificar la economía y generar más trabajo para los antofagastinos», destacó el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic.

«Esta es la primera etapa de un plan de inversiones cercano a los 100 millones de dólares, que estamos desarrollando junto al Gobierno Regional. Lo que inauguramos hoy abre un espacio que los puertos no tienen dentro de la ciudad y genera condiciones para que se instalen empresas grandes y pymes de la logística, con servicios complementarios y oportunidades de crecimiento. Aquí hay 33 paños para pymes, una futura caletera, una zona de descanso de camiones y un strip center, que en conjunto configuran un polo de desarrollo estratégico para la región, integrado al Corredor Bioceánico y al Plan Maestro de Puerto Antofagasta», señaló Carlos Escobar, Gerente General de Puerto Antofagasta.

La hoja de ruta contempla la habilitación progresiva del total de las 50 hectáreas. Las siguientes fases consideran la llegada de nuevas empresas operadoras, una zona primaria de control, la caletera de conexión directa con la Ruta 5, una zona de descanso de camiones y espacios para pymes, además de servicios como strip center, hotel y estación de servicios, junto a un edificio tecnológico orientado a gestión digital e innovación logística. Todo ello refuerza el papel de La Negra en el Corredor Bioceánico y su contribución al empleo y al desarrollo productivo regional. 

Plan Maestro

El Plan Maestro de Puerto Antofagasta integra esta infraestructura con iniciativas ya en ejecución, como el Antepuerto Portezuelo, y con la ampliación del molo de abrigo en proceso de licitación. En conjunto, estas acciones permitirán duplicar la capacidad operativa del puerto, fortalecer la competitividad regional y afirmar el rol del terminal como motor de desarrollo territorial y plataforma de integración internacional.

Puerto Antofagasta reafirma así su compromiso con el desarrollo logístico del país, la descentralización efectiva y la proyección estratégica de la región como eje de conectividad, comercio e integración sudamericana.

Sebastián González, un joven nadador oriundo de Antofagasta, se ha propuesto completar el canal de la Mancha, una de las travesías más emblemáticas y exigentes del mundo de la natación en aguas abiertas y así conseguir la triple corona.

Previamente completó el canal de Catalina y la isla Manhattan y este sería el último desafío por lograr. “Siempre se necesita más. De hecho, yo aún con el apoyo obtenido, tuve que hacer rifas para juntar todo el dinero, porque cada nado es muy costoso”, relató.

A pesar de todos estos logros, el camino para Sebastián no ha sido fácil, ya que la falta de recursos económicos ha frenado muchas de sus participaciones en diferentes competencias.

“Desde Nueva York he estado con apoyo de algunas empresas que me ayudan a financiar esto, que es la empresa ATI, InterSea, Transportes Collarte, pastelería La Palmera, SKM, Casinos River, Empema. Todos ellos me han aportado para realizar estos primeros nados”, comentó Sebastián González, en conversación con Diario Regionalista.  

Según datos de Channel Swimming & Piloting Federation (CS&PF) el total a pagar para participar en alguna de estas competencias ronda las 425 libras, que traducidas a pesos chilenos corresponden a alrededor de 534.818. Esto, contando solo la competencia, sin sumar el viaje y el hospedaje del deportista.

Sebastián confirmó que “para el canal de la Mancha ya tengo a Antofagasta Minerals, la empresa ATI, InterSea, SKM, Transportes Collarte, Empema, la empresa R&R Mining y ELECMINE que se sumó ahora, que están apoyando”.

El joven antofagastino es uno de los numerosos deportistas individuales a quienes les resulta difícil conseguir auspiciadores, pero gracias a su perseverancia y amor por la natación, sigue luchando día y noche para demostrar a su ciudad y al país que no se necesita nada más que talento y disciplina para ser reconocido por todos.