Entre las iniciativas afectadas se incluyen la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Subsidio Único Familiar (SUF), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, las inversiones en Jardines Infantiles, el Bono Invierno, el Subsidio Habitacional DS1, entre otros.  

Estas rebajas presupuestarias reveladas por el medio de comunicación se suman a la propuesta de “descontinuar” otros 142 programas, como el de Alimentación Escolar, lo que generó un amplio rechazo, incluso desde la misma derecha.

La lista completa de las propuestas de Hacienda revela que además hay otros 260 programas que sufrirían rebajas. Uno de esos corresponde a la PGU, a pesar de que el presidente José Antonio Kast afirmó durante la campaña presidencial que su gobierno, de ser electo, no iba “a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”.

En declaraciones recogidas por Radio Cooperativa, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió que aplicar una rebaja de este tipo «es un límite, y los derechos sociales que se han ganado se tienen que mantener. Las personas más vulnerables se apoyan en ello».

«Además, recordemos que esto fue un compromiso del Presidente de la República (…) Por lo tanto, en estos derechos sociales no debería haber recortes», enfatizó la legisladora.

La fecha fue instaurada en 2008 por activistas españoles de la FELGTB (Federación LGBTI+), con el objetivo de visibilizar identidades históricamente excluidas y cuestionar la discriminación. En Chile, esta conmemoración convive con el 9 de julio, día que recuerda a Mónica Briones, asesinada en 1984 durante la dictadura, en el primer caso de lesbicidio documentado en el país, lo que configura un enfoque que combina visibilización global y memoria local. 

Discriminación en la vida cotidiana 

Actualmente, la conmemoración adquiere relevancia en un escenario donde la discriminación hacia personas de la diversidad sexual continúa presente. De acuerdo con la Encuesta Web Diversidades del INE (2026), un 85,4% de las personas participantes declaró haber sido discriminadas y un 74,2% sufrió violencia psicológica o verbal, lo que evidencia brechas persistentes en la vida cotidiana. 

Estas dinámicas no solo se expresan en espacios públicos, sino también en entornos cotidianos. Una estudiante de Educación en Antofagasta relató que, por experiencias previas, ha optado por ocultar su orientación sexual y su pareja en espacios formativos por temor a prejuicios y estigmatización, una decisión que, según explicó, responde al impacto de estos contextos en su vida diaria.

“Me da terror que piensen que por ser lesbiana soy una enferma o que puedo hacerle algo a un niño. Por eso prefiero no decirlo”, comentó en conversación con Diario Regionalista, agregando que estas reacciones reflejan aprendizajes sociales presentes desde edades tempranas. 

El valor de la visibilidad 

A partir de estos testimonios, distintas voces coinciden en que la visibilidad cumple un rol clave en los procesos de aceptación y en la construcción de entornos más seguros. Señalan que el acceso a referentes, la presencia en distintos espacios y la posibilidad de reconocerse en otras experiencias contribuyen a disminuir la sensación de aislamiento.

Asimismo, advierten que aún existen prejuicios y desinformación arraigados, incluyendo la hipersexualización de las mujeres lesbianas, lo que refuerza estereotipos, dificultando su reconocimiento en espacios cotidianos. En este sentido, plantean la necesidad de avanzar en mayor educación, además de la normalización de la diversidad para favorecer el respeto y la comprensión social. 

Desde una perspectiva más amplia, la psicóloga, educadora y artista menstrual Gabriela plantea que estas experiencias responden también a una dimensión estructural. “Esta visibilidad constituye un ejercicio del derecho a aparecer y una demanda por una vida que rompa con la biopolítica de la norma. Existe una violencia estructural que opera de manera diferencial sobre quienes habitamos una cuerpa disidente”, afirmó.

En ese sentido, las voces consultadas coinciden en que no se limita a una fecha conmemorativa, sino que se configura como una necesidad permanente de reconocimiento, respeto y condiciones de vida libres de discriminación.

La normativa comenzó con la disminución progresiva de la jornada laboral en abril del año 2024, donde la jornada descendió de 45 a 44 horas. Actualmente, se dio un nuevo paso en su implementación al reducir la jornada laboral de 44 a 42 horas de trabajo máximo por semana, con la meta de llegar a las 40 horas de trabajo para el año 2028.

Esta reducción de horas de trabajo es una modificación legal obligatoria para los empleadores y rige para todos los trabajadores de empresas que se encuentran bajo el Código del Trabajo. El objetivo es fomentar el descanso, la conciliación familiar de las personas y aumentar la productividad.

Con respecto al proceso de aplicación del cambio, la Dirección del Trabajo indicó que “la implementación de la rebaja de jornada se realizará de mutuo acuerdo entre las partes, debiendo constar este acuerdo por escrito y ajustarse a los márgenes legales”. Además, la institución agregó que, en caso de no existir acuerdo, será el empleador quien deberá realizar la adecuación respetando los límites legales y sin afectar las remuneraciones de los trabajadores.

Desafíos en su aplicación

En este contexto, especialistas en derecho laboral advierten que los primeros meses serán clave para una correcta puesta en marcha de la normativa, especialmente en regiones como Antofagasta, en donde existen sistemas de turnos extensos debido a la minería.

Al respecto, el abogado laboralista Axel Villar conversó con Diario Regionalista y advirtió que “por astucia o ignorancia habrá empleadores que no ejecutarán la implementación de la ley de la forma correcta, lo que traerá consigo complejidades en la relación laboral que pueden significar multas millonarias para dichos empleadores”.

Asimismo, el especialista en derecho laboral enfatizó que uno de los principales desafíos será la capacidad de fiscalización de la Inspección del Trabajo, considerando su baja dotación. Villar también hizo un llamado a los empleadores a asesorarse con profesionales para implementar correctamente la norma y evitar sanciones, e instó a los trabajadores a denunciar eventuales irregularidades cuando la ley sea aplicada de forma errónea, ya sea de manera involuntaria o intencional.

Con este nuevo avance, Chile continúa el camino hacia la reducción total de la jornada laboral a 40 horas, en un proceso gradual que marcará los próximos años del mundo laboral en nuestro país.

“Muestra una falta de coherencia”, afirmó Makarena Salles, presidenta de Trans Arcoíris, quien cuestionó la ausencia de apoyo en esta fecha. “Ignorarlas deja a ciertas comunidades invisibilizadas”, agregó, apuntando a que todas las conmemoraciones relevantes debieran contar con el mismo respaldo.

Salles sostuvo que esta situación no es aislada, sino que responde a un problema estructural. “Creemos que refleja cómo a veces no se le da la prioridad necesaria a estos temas en el país”, indicó.

Pese al escenario, desde las organizaciones recalcan que el trabajo continuará. “Es un desafío, pero también reafirma nuestro compromiso. Seguimos adelante, aunque el apoyo de las instituciones es clave y no debería faltar”, afirmó Salles.

En esa línea, la consigna “resistimos, existimos y florecemos” se posiciona como eje de la comunidad. “Somos mujeres trans, guerreras, luchadoras e históricas en la región. La búsqueda de espacios para florecer y renacer no se va a detener”, señalaron activistas.

Desde las agrupaciones también advierten un contexto más amplio de invisibilización a nivel país, vinculado —según plantean— a cambios en la agenda de diversidad sexual y de género.

Por su parte, Francisco Baeza, presidente de la corporación LGTB+ Libre, destacó el rol de la autogestión en estas instancias. “Sostener estas actividades es algo que hemos hecho todos los años. Aunque el respaldo institucional es importante, siempre hemos sido autónomos”, afirmó.

Baeza agregó que esta situación ha fortalecido el trabajo comunitario. “Cada vez somos más personas, y eso demuestra que podemos generar estos espacios sin depender completamente de las instituciones”, sostuvo.

Desde las organizaciones enfatizan que la visibilidad trans sigue siendo una tarea urgente. “Nuestra visibilidad existe porque existimos. Hemos tenido que luchar por respeto, dignidad y oportunidades, y no vamos a dejar de hacerlo”, señalaron.

El mensaje es claro: en un contexto adverso, la comunidad trans en Antofagasta reafirma su compromiso con la lucha, la memoria y la construcción de espacios donde vivir con dignidad. “La resistencia y la visibilidad trans, ahora y siempre”.

Es el caso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entidad que arremetió contra las autoridades, tras las primeras señales en materia laboral, especialmente luego de la decisión del Ejecutivo de retirar del Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel -conocida como negociación ramal-, impulsado por la administración de Gabriel Boric y valorado por el mundo sindical.

«Aquí se está usando como chivo expiatorio la reconstrucción en el sur para avanzar en una agenda legislativa que solo beneficia a los grandes empresarios y que golpea a las familias trabajadoras en Chile», comentó Eric Campos, secretario general de la CUT.

¿Eliminación de feriados irrenunciables?

A lo anterior se suman las declaraciones de la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien abogó, a nombre del gran empresariado, por la eliminación de los feriados irrenunciables.

“Lo cierto que los feriados irrenunciables generan una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores”, afirmó.

La representante gremial pidió que “se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados, de aquellos que existen y que no se sumen otros nuevos”.

En contraste, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, pidió a las grandes cadenas de retail no abrir el Viernes Santo, alegando que son los más pobres quienes trabajan ese día.

Tras ser consultado por el tema, el presidente kast aseguró que «vamos a ir acogiendo las opiniones, estudiando las distintas posibilidades».

Revisión de ley de 40 horas

Otra controversia dice relación con las “correcciones administrativas” que pretende realizar el gobierno a la ley de 40 horas, uno de los proyectos más emblemáticos de la administración Boric y que podría verse afectado en su implementación.

Uno de los dictámenes de la Dirección del Trabajo que podría ser modificado por el Ejecutivo dice relación con el establecimiento de fórmulas más específicas para distribuir las horas, en caso de que no haya acuerdo entre empleador y trabajadores.

Sobre este punto, la senadora Carol Cariola advirtió que el Gobierno busca vaciar de contenido la norma aprobada, lo que se traducirá en un portazo a la calidad de vida de cientos de familias que han logrado tener más tiempo para compartir con sus familias gracias a la implementación de las 40 horas.

En tanto, desde la CUT, el secretario general, Eric Campos, expresó su preocupación ante eventuales cambios en la aplicación de la ley, adelantando que cualquier modificación podría implicar un retroceso en materia de derechos laborales.

Tras conocerse los primeros detalles, desde la oposición expresaron sus resquemores, advirtiendo que la propuesta conlleva un “grave riesgo de retrocesos sociales” al incluir medidas como la reducción de la gratuidad universitaria y la rebaja de impuestos a las grandes fortunas.

«Kast prometió no tocar los derechos sociales, pero su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE. Esta es la agenda del retroceso social, un portazo a la movilidad social y una cuenta que termina pagando la clase media», advirtió el diputado Daniel Manouchehri (PS).

«Buscan bajar los impuestos a las grandes fortunas y debilitar la protección ambiental. Frente a esto, seremos un muro firme en el Congreso para defender los derechos de la gente», agregó.

Por su parte, el Senador Diego Ibáñez (FA), expresó que «una rebaja de impuestos a las grandes empresas, a los más ricos, y un recorte a la gratuidad en la educación, eso no es reconstrucción, eso es pasar gato por liebre».

«Pararse en Penco y anunciar esto es usar el desastre para implementar una agenda que al parecer beneficia a los que tienen más ingresos y que les pasa la cuenta a los jóvenes», agregó.

Una postura similar planteó el senador Iván Flores (DC), quien pidió al gobierno no hacer «trampas». «No creo que con cargo a la reconstrucción se pueda rebajar la gratuidad a la educación superior o rebajar el impuesto a las grandes empresas. Creo que están metiendo cosas que no corresponden dentro de lo que es genuinamente el afán de reconstruir y entregarle a la gente lo más pronto posible una solución, concluyó.

Consultada por la posibilidad de que estos anuncios provoquen movilizaciones estudiantiles, la vocera de gobierno, Mara Sedini, indicó que «las movilizaciones, dentro de los estándares institucionales, son siempre parte de la manifestación democrática, en orden y en paz».

En el marco del Mes de la Mujer, la Defensoría Regional de Antofagasta realizó una significativa entrega de artículos de higiene personal en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna, beneficiando a cerca de 250 internas.

La actividad marcó el cierre de una campaña solidaria impulsada por la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Defensa (UAGD), que permitió reunir más de 700 unidades de papel higiénico y toallas sanitarias, fruto de aportes realizados por funcionarias y funcionarios de la institución, además de colaboraciones de SernamEG, la Corte de Apelaciones y otras redes de apoyo.

La jornada fue encabezada por la Defensora Regional Karina Reyes Gálvez, quien valoró el compromiso de quienes participaron en la campaña y destacó el sello institucional que da sentido a este tipo de gestos. “Reforzar la dignidad de mujeres que, aun en contexto de encierro, siguen siendo titulares de derechos fundamentales, es el propósito que nos inspira”, señaló.

La actividad también contó con la participación de la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Gabriela Araya Seguel, quien destacó la permanente preocupación por los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. “El compromiso del Estado es seguir generando oportunidades que fortalezcan el bienestar de las mujeres privadas de libertad y amplíen sus posibilidades de desarrollo en todos los ámbitos de su vida”, afirmó.

A su vez, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Vianney Sierralta Aracena, presentó el trabajo del servicio dentro del sistema penitenciario, subrayando la importancia de garantizar inclusión e igualdad. “La discapacidad no puede ser un factor de exclusión, dentro ni fuera de la cárcel. Nuestra labor busca justamente asegurar que los derechos se ejerzan en igualdad de condiciones”, señaló.

Desde Gendarmería de Chile, la encargada regional de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Malú Guerrero Silva, valoró la incorporación del enfoque de género en la gestión penitenciaria. “Garantizar salud integral y maternidad digna es una prioridad. Además, estamos avanzando en la adecuación de la infraestructura penal para eliminar brechas, prevenir el maltrato y fortalecer una reinserción efectiva y con estándares internacionales”, explicó.

En este contexto, la jefa del CPF, mayor Jennifer Urrutia Toro, agradeció la colaboración y destacó el impacto directo de la iniciativa. “Este tipo de acciones tiene un efecto real en la vida cotidiana de las mujeres del centro. La cooperación interinstitucional es clave para fortalecer su bienestar y acompañar sus procesos de reinserción”, remarcó.

Finalmente, desde la Defensoría Regional enfatizaron que la entrega forma parte de un trabajo permanente orientado a promover los derechos de las mujeres privadas de libertad, labor que adquiere especial relevancia durante marzo, cuando se refuerzan las acciones de visibilización e igualdad. La UAGD (Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa) subrayó que estos aportes reflejan el compromiso institucional con la dignidad y el respeto que deben resguardarse en todo contexto.

Todo comenzó con la huelga de los trabajadores del ferrocarril, quienes exigían algo tan elemental como media hora legal para colación. La demanda buscaba evitar los descuentos salariales que sufrían a diario debido a la distancia de sus hogares y a los retrasos inevitables en una jornada marcada por la precariedad.

El 29 de enero de 1906, la huelga fue formalizada y rápidamente sumó la adhesión de ferroviarios, trabajadores salitreros, marítimos y diversos gremios. Al día siguiente, Antofagasta amaneció prácticamente paralizada. La ciudad se detuvo. Pero el diálogo nunca llegó. Los empresarios se mantuvieron intransigentes, negándose incluso a considerar una mejora mínima en las condiciones de vida de sus trabajadores.

Frente al crecimiento del movimiento obrero, el intendente de la época, Daniel Santelices, autorizó la creación de un cuerpo armado conocido como la “Guardia del Orden”, integrado por comerciantes, empresarios, ciudadanos españoles y miembros de la élite local. A ello se sumó la solicitud de apoyo militar: un piquete de marineros de la fragata blindada Blanco Encalada. El mensaje era claro: la protesta sería sofocada por la fuerza.

La tarde del 6 de febrero, entre 2.000 y 3.000 huelguistas se reunieron en la Plaza Colón para realizar un mitin y visibilizar sus demandas. Eran cerca de las 17:00 horas cuando la Guardia del Orden irrumpió en el lugar. Tras un breve intercambio de consignas, abrieron fuego de manera indiscriminada contra la multitud desarmada.

El pánico se apoderó de la plaza. Los trabajadores intentaron escapar por las calles Washington y Balmaceda, buscando refugio. Allí los esperaba otro cerco represivo: efectivos de la marinería continuaron el ataque, cerrando cualquier vía de huida.

La matanza habría durado apenas tres minutos. Tres minutos bastaron para segar la vida de decenas —quizás cientos— de hombres y mujeres cuyo único “delito” fue exigir dignidad. Las cifras oficiales de la época hablaron de 50 a 60 muertos, pero múltiples testimonios y fuentes posteriores sostienen que las víctimas podrían haber superado las 300 personas.

Esa misma noche, los cuerpos fueron retirados con rapidez y llevados al cementerio. El silencio se impuso desde las autoridades y la prensa oficial, que minimizaron los hechos y ocultaron la verdadera dimensión de la tragedia. Hasta hoy, el número exacto de víctimas sigue siendo desconocido.

A 120 años de la Matanza de la Plaza Colón, Antofagasta sigue cargando con esta deuda histórica. Recordar no es solo un acto de memoria: es un gesto de justicia. Porque la historia de la ciudad también está escrita con la sangre de quienes lucharon por derechos laborales que hoy damos por sentados, pero que costaron vidas.

La Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta convocó a una velatón e intervención artística para conmemorar esta fecha a partir de las 19:00 horas de hoy viernes 6 de febrero en la Plaza Colón, frente a la Delegación Presidencial Regional.

Con el objetivo de facilitar el traslado de las y los votantes a sus locales de sufragio, el transporte público urbano operará con un refuerzo especial de máquinas durante este feriado irrenunciable. En la capital regional, los servicios comenzarán a funcionar desde las 06:00 horas, mientras que en Calama y Tocopilla lo harán a partir de las 07:00 horas.

Al respecto, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Enrique Viveros, comentó que se contará con 450 máquinas en Antofagasta, 117 en Calama y 8 en Tocopilla. «Adicionalmente, habrá 34 servicios en las zonas aisladas y rurales. Esto incluye todo lo que es el sector de Alto Loa, Atacama La Grande, las caletas de Tocopilla y Paposo. Todos estos servicios regularizados en la zona a través del subsidio, serán gratuitos el día domingo para que las personas puedan ir a sufragar», detalló.

En cuanto al comercio, la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés, recalcó que este domingo 14 es un feriado obligatorio e irrenunciable para centros comerciales y strip centers. ‘’Deben permanecer cerrados desde las 21:00 horas del sábado hasta las 6:00 de la mañana del lunes 15 de diciembre. El resto del comercio que no funcione bajo las condiciones de un mall, puede permanecer abierto, respetando el derecho que le asiste a todos los trabajadores, de un permiso de tres horas para ir a votar o excusarse en las comisarías de Carabineros», explicó.

«En el caso de la minería, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen el año 2024 que indica que en el caso de los trabajadores que están en faenas lejos del radio urbano, deben contar con más de las tres horas que indica la normativa y que las empresas deben otorgar las facilidades para ejercer el derecho a votar o a excusarse”, agregó.

Desde la misma cartera, la Dirección del Trabajo tiene habilitado a nivel nacional un plan y programa de fiscalización. La Directora Regional del Trabajo, Margarita López, señaló que este consta de ‘’recorridos y visitas por los distintos lugares de las provincias de la región, donde podremos verificar el cumplimiento de la normativa. Esto es, si se les otorgan los permisos a los trabajadores. Aquellos lugares que la normativa ha señalado que deben estar cerrados, se encuentran cerrados. Para aquello, vamos a estar desplegados con los equipos de fiscalizadores en todos los rincones de la Región de Antofagasta’’.

La Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, destacó la coordinación de ambos servicios y señaló que ‘’es importante conocer los derechos de los trabajadores, trabajadoras y los comercios que pueden atender a la ciudadanía en estas elecciones del domingo 14 de diciembre y también, como gobierno, garantizar el derecho universal a sufragar en esta votación obligatoria’’.

También agregó que ‘’el desafío es tener una elección rápida, que todo el mundo concurra a sus locales de votación, ojalá constituir lo más rápido cada una de las mesas y romper el récord de la elección pasada, cuando tuvimos el 100% de las mesas constituidas en toda la región a las 9:56 horas. Eso va a permitir un rápido recuento de votos, ya que los resultados de esta elección tienen a toda la ciudadanía expectante, pero eso depende de nosotros, de constituir las mesas temprano e ir a votar temprano”.

Quienes la lanzan creen que con ella pueden clausurar la conversación, enterrar las preguntas incómodas y blindar privilegios que se heredaron como si fueran derechos divinos. A cualquiera que osó cuestionar ese orden lo llamaron comunista. A los líderes sindicales. A los profesores. A los campesinos. A las mujeres que exigieron ser tratadas como personas. A los trabajadores que pidieron humanidad. A todos ellos les colgaron la etiqueta para despojarlos de legitimidad antes de escucharlos.

Y sin embargo, ahí estuvieron. Los comunistas. Los porfiados. Los que insistieron, contra toda adversidad, en que Chile podía y debía ser un país menos despiadado. Los que se jugaron la vida para conquistar derechos que hoy parecen tan básicos que cuesta recordar que antes fueron considerados una amenaza. Los que no aceptaron que la desigualdad fuera destino ni que la dignidad fuera un lujo.

La historia les cobró ese atrevimiento con una brutalidad solo comparable al miedo de quienes se sintieron amenazados por la justicia.

Cuando los obreros del salitre marcharon a la Escuela Santa María de Iquique, los fusilaron sin misericordia. Cuando el norte despertó en la Plaza Colón, clamando humanidad, la respuesta fue una lluvia de balas. Cuando militantes comunistas defendieron a los desposeídos frente a los poderosos, no encontraron debate ni diálogo. Encontraron tortura. Persecución. Desaparición. Muerte.

El mensaje era claro: en Chile, soñar igualdad era un acto subversivo. Y por subversivo, imperdonable.

Un siglo después, la misma historia volvió a gritar. En 2019, Chile entero explotó harto de abusos, harto de colusiones obscenas, harto de un modelo que se alimenta de regiones que producen la riqueza del país, pero reciben a cambio contaminación, precios inflados y abandono. Antofagasta lo sabe mejor que nadie. Produce para todos. Se queda con los costos.

La respuesta del poder fue impecable en forma y vacía en fondo. Prometieron una nueva Constitución como si esa concesión simbólica fuera suficiente para calmar el clamor de millones. Hoy, años más tarde, nada esencial ha cambiado. Las mismas desigualdades persisten. El abuso quedó intacto. Y el país entendió una verdad amarga: quienes dominan la matriz económica nunca estuvieron dispuestos a ceder ni un ápice de su control.

Lo más grotesco es que durante décadas repitieron que los comunistas frenaban el desarrollo. Pero los datos cuentan otra historia. Según la OCDE, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, y esa desigualdad no solo causa sufrimiento profundo, sino que además estanca el crecimiento económico. Existe consenso internacional: un país injusto es un país que se sabotea a sí mismo.

Entonces, ¿quién ha frenado realmente el progreso?

¿El que pedía justicia o el que temía perder un privilegio?

Aquí, justo en este punto donde la historia duele, es imposible no hablar desde mi propia sangre. Porque mi voz no nace de la ideología ni del resentimiento, sino de un cruce humano que explica a Chile mejor que cualquier tratado político.

Soy sobrino nieto de Elías Lafertte, senador, líder obrero y primer candidato presidencial del Partido Comunista de Chile.

Soy nieto de Teodoro Toledo, campesino comunista que conoció la desigualdad no como concepto, sino como herida diaria, y cuya lucha incluía algo tan básico como impedir que los dueños de fundos violaran a las hijas y esposas de sus trabajadores.

Y también soy nieto de Desiderio Flores, pinochetista y miembro de las Fuerzas Armadas, hombre de orden férreo, que incluso llegó a venderle a la familia Kast su local de Cecinas Babaria en Calama.

Ese cruce vive en mi familia como vive en Chile. La tensión. La contradicción. La fractura. Pero también la posibilidad de encuentro.

Mi mirada no nace de las circunstancias, sino del análisis de los hechos y de la convicción de que el futuro solo será posible si dejamos de confundir el privilegio con progreso. El verdadero encuentro entre todos los chilenos llegará cuando entendamos que el progreso debe ser colectivo, no un botín reservado para una minoría que levanta su miedo como si fuera una verdad inevitable.

Por eso esta columna no es un homenaje al Partido Comunista ni una reivindicación sentimental. Es una invitación. A pensar. A mirar de frente la historia. A reconocer que detrás del insulto a los comunistas lo que siempre se escondió fue el pánico de los poderosos a perder su comodidad, y también la dignidad de quienes se atrevieron a desafiarla.

Porque, aunque les hayan gritado, perseguido, torturado o matado, los comunistas siguen ahí. Llevando sobre los hombros una idea que provoca terror en quienes gobiernan desde el privilegio: un mejor país no es una amenaza, es una deuda.