Una tajante postura de rechazo manifestó el Comité Regional del Partido Socialista de Antofagasta frente a la Reforma Constitucional de Seguridad Pública ingresada por el Gobierno de José Antonio Kast al Parlamento, advirtiendo que la iniciativa legislativa «atenta contra las bases mismas de la democracia y en particular de las libertades individuales».

Si bien desde la colectividad reconocieron que la seguridad constituye «un elemento central, prioritario e insustituible de la vida democrática», cuestionaron duramente los mecanismos propuestos en el texto legal.

Facultades extraordinarias e intervención de comunicaciones

En el documento, la dirigencia regional detalló los puntos críticos de la propuesta gubernamental, apuntando a la excesiva concentración de atribuciones en la figura del Presidente de la República:

«No es posible que a través de esta reforma constitucional el presidente de la república pueda tener la facultad por 240 días (120 días, prorrogable a 120 días más, 8 meses) de suspender (que es muy distinto a restringir) unilateralmente, sin consulta al parlamento, el derecho a transitar, el derecho a reunirse, el derecho a asociarse y a requisar bienes y a interceptar y abrir todo tipo de documentos (Whatsapp, teléfonos, internet, redes sociales, etc.)», advirtieron.

Asimismo, el PS remarcó que «ninguno de los estados de excepción actuales permite interceptar y abrir documentos y toda clase de comunicaciones», recordando que dicha potestad solo rige bajo el estado de asamblea en caso de guerra exterior y sujeto a ratificación parlamentaria. En ese sentido, acusaron que el proyecto dota al Mandatario de «una facultad extraordinaria con alcances nítidamente autoritarios».

Alteración de poderes y riesgo de persecución

El pronunciamiento enfatiza que la iniciativa quebranta el equilibrio institucional entre el Ejecutivo, el Congreso y los tribunales de justicia:

«La medida pone en riesgo la democracia de nuestro país, porque altera la separación de poderes entre el poder político y el poder legislativo y judicial, porque después de 8 meses de tomada la medida recién se consultará al congreso y porque los tribunales de justicia, para declarar personas o grupos que atenten contra la seguridad pública, no serán considerados», afirmaron.

A su vez, advirtieron que la suspensión de derechos impedirá la organización y movilización ciudadana, con el peligro latente de que la normativa «podrá ser usada como arma de persecución política, no sólo por el actual gobierno, sino que también de los siguientes gobiernos».

Llamado al Senado

Hacia el cierre del comunicado, el presidente regional del PS, Hernán Vargas Canivilo, instó a la Cámara Alta a frenar la tramitación en sus términos actuales: «En consecuencia, el senado debe rechazar esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo debe tener la sabiduría suficiente para legislar en pro de la seguridad pública garantizando las libertades individuales», recalcó.

«Finalmente como sociedad, en nombre de la seguridad pública, no podemos caer en autoritarismos que con medidas excepcionales suspendan las libertades individuales. En democracia la libertad no puede estar supeditada a la seguridad», concluye la declaración.

Hay ideas que creíamos superadas, no porque las sociedades avancen inevitablemente hacia algo mejor, sino porque la historia nos enseñó, a veces de la manera más dolorosa, por qué era necesario construir instituciones capaces de poner límites al poder.

Chile vivió una dictadura y conoció las consecuencias de un Estado que vulneró gravemente los derechos de las personas. Recuperada la democracia, debieron pasar veinte años para que el país contara con una Institución Nacional de Derechos Humanos destinada a promover y proteger los derechos humanos.

Por eso, cuando hoy algunos sectores políticos plantean eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acusándolo de actuar ideológicamente, perseguir a Carabineros o proteger a “delincuentes”, quizás antes de discutir sobre la institución deberíamos volver a una pregunta más elemental: ¿para qué existen los derechos humanos?

Entre otras razones fundamentales, para proteger la dignidad humana y establecer límites al ejercicio del poder estatal. Los derechos humanos no son un premio a la buena conducta: son inherentes a todas las personas.

Del mismo modo, fiscalizar a Carabineros no significa estar contra Carabineros. Las policías cumplen una función esencial para la democracia y, precisamente por ello, el Estado les entrega facultades extraordinarias: detener, restringir temporalmente libertades y, bajo determinadas circunstancias, utilizar la fuerza. Cuanto mayor es el poder que una democracia entrega, mayores deben ser también los mecanismos de control sobre su ejercicio.

Exigir que la fuerza se utilice conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad no debilita a las policías: fortalece su legitimidad democrática. Tampoco proteger a una persona frente a una actuación estatal abusiva significa desconocer los derechos de las víctimas. Una democracia debe garantizar seguridad, justicia y límites al poder estatal simultáneamente. No tenemos que elegir entre seguridad y derechos humanos.

Es precisamente ahí donde cobra sentido una Institución Nacional de Derechos Humanos. No se trata de una extravagancia chilena ni de una ocurrencia ideológica. Estas instituciones existen en numerosos países y los Principios de París de Naciones Unidas establecen estándares para su autonomía, pluralismo e independencia.

Esa última palabra es fundamental: independencia.

Una institución de derechos humanos no fue creada para agradar al gobierno de turno. No debería ser de izquierda cuando gobierna la izquierda ni de derecha cuando gobierna la derecha. Su actuación debe estar guiada por la Constitución, la legislación y los estándares de derechos humanos que obligan al Estado.

Por eso puede resultar incómoda. Y está bien que así sea.

Cuando observa las condiciones de una cárcel, cuestiona una actuación policial o alerta sobre vulneraciones de derechos, no está actuando contra el Estado: está contribuyendo a que este cumpla sus obligaciones. Lo preocupante sería una institución que solo hablara cuando sus conclusiones fueran políticamente convenientes.

¿Puede criticarse al INDH? Por supuesto. Defender la necesidad de una Institución Nacional de Derechos Humanos no significa sostener que sea infalible. Como toda institución pública, su funcionamiento, decisiones, gobernanza, transparencia y eficacia pueden y deben ser objeto de escrutinio.

Pero una cosa es discutir cómo mejorar una institución y otra muy distinta cuestionar su existencia porque incomoda al poder. Cualquier reforma debería preguntarse si fortalece o debilita su capacidad para promover y proteger los derechos humanos con independencia. Si busca fortalecerla, discutámosla. Si pretende que fiscalice menos, incomode menos o dependa más de las mayorías políticas de turno, entonces el problema deja de ser únicamente institucional: es democrático.

Este debate también debería hacernos mirar hacia quienes elaboran nuestras leyes. Resulta preocupante escuchar a representantes elegidos democráticamente hablar de los derechos humanos como si fueran una ideología, una concesión hacia determinados grupos o un obstáculo para enfrentar la delincuencia.

Chile ha ratificado tratados internacionales y asumido obligaciones en esta materia. Quienes legislan también ejercen poder estatal y deben hacerlo dentro de ese marco. No necesitan ser especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero legislar sobre seguridad, infancia, migración, salud, educación, vivienda o medioambiente sin comprender principios básicos de derechos humanos tiene consecuencias.

Por eso, cuando elegimos representantes, quizás no deberíamos preguntar solamente qué piensan sobre economía, seguridad o impuestos. También deberíamos preguntarnos qué entienden por derechos humanos: si comprenden que son universales, que todas las personas son titulares de ellos y que la democracia no consiste únicamente en que una mayoría pueda decidir, sino también en reconocer derechos que deben respetarse incluso cuando hacerlo resulte impopular.

Una mayoría electoral entrega poder para gobernar. No entrega poder para disponer de la dignidad humana.

Existe, además, una idea peligrosa: creer que los derechos conquistados permanecerán para siempre. La historia demuestra lo contrario. Los retrocesos no siempre comienzan con grandes rupturas institucionales; a veces comienzan en el lenguaje: cuando aceptamos que los derechos humanos son “para algunos”, cuando convertimos a ciertos grupos en menos merecedores de derechos o cuando presentamos los controles al poder como obstáculos para gobernar.

La democracia no se protege únicamente evitando que vuelva una dictadura. También se protege cuidando las instituciones que aprendimos que eran necesarias después de haberla vivido.

El INDH puede modificarse. Incluso podría desaparecer mediante una ley. Las obligaciones del Estado, no. Chile seguiría obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y continuaría sujeto a los compromisos internacionales que ha asumido.

Por eso la pregunta no debería reducirse a si nos gusta o no el INDH. La pregunta es si queremos un Estado con instituciones independientes capaces de observarlo cuando ejerce su poder.

Las necesitamos cuando gobiernan quienes piensan parecido a nosotros y, sobre todo, cuando gobiernan quienes piensan distinto. Esa es la diferencia entre confiar nuestros derechos a la voluntad de quienes ejercen el poder y construir una democracia donde esos derechos tengan garantías.

Chile tardó veinte años desde el retorno a la democracia en crear su Instituto Nacional de Derechos Humanos. Debilitar su independencia, transformar su sentido, no sería simplemente modificar una institución pública, sino poner en cuestión una convicción democrática que costó demasiado construir: que el poder del Estado debe tener límites.

Quizás, entonces, antes de preguntarnos si Chile necesita una Institución Nacional de Derechos Humanos, deberíamos hacernos una pregunta más incómoda:

¿Por qué incomoda tanto que exista una institución capaz de vigilar al poder?

Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. No pertenecen a un gobierno ni al INDH. Nos pertenecen a todas y todos.

Y cuando volvamos a elegir a quienes tendrán el poder de legislar sobre nuestras vidas, quizás convenga preguntarnos si quienes recibirán nuestro voto comprenden también los límites del poder que les estamos entregando.

En los comedores de la educación pública no hay cuchillos ni tenedores, simplemente hay cucharas; para el arroz, para la fruta, para la ensalada, para la carne, para los fideos, para las lentejas, para las croquetas, para el pollo, para el pescado, para la papa… para todo. Menos para la sopa, porque tampoco la hay.

Al no haber respaldo científico ni oficial ante esta medida nacida hace un buen tiempo atrás, uno sospecha que esto se debe a que los estudiantes son comprendidos por el solo hecho de serlos, por el estigma anclado ante los propios espacios de sus vivencias, como sujetos de riesgos, factores de riesgo en sí, para sí y para los otros. Estudiantes que estarían constituidos desde su ADN como sujetos ejecutores de fechorías, violentos, malos, con el alma podrida, quienes claramente utilizarían estos artefactos punzantes para dañar a otros; qué duda cabría en eso. Esta tesis estaría avalada por los delitos cometidos en las comunidades escolares durante el primer semestre. Pero otra cosa es que una medida excepcional, que quién sabe cuándo nació, a raíz de qué, se establezca como permanente, perpetua, reproduciéndose inmediata y acríticamente.

Si bien es cierto que la inexistencia de estos utensilios en los comedores de la educación pública no da inicio estos años recientes, el transcurrir del tiempo no ha permitido construir respaldo alguno que demuestre que el retiro del cuchillo y el tenedor es una medida y decisión pedagógica que ha tenido tal o cual efecto, positivo o negativo. Porque todo lo que se cultiva en el liceo, en la escuela, todo lo que se hace y se deshace, es netamente pedagógico y quien no comprende ello simplemente no debiera estar. Si en el sentido más etimológico pedagogía implica acompañar al niño en el camino, a auxiliar a transitar a un trayecto que le de mayor bienestar, a permitir que sus sueños se estén materializando, el retiro del cuchillo y tenedor ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo?

Si la escuela ha elegido contener la violencia, mitigarla, eliminando síntomas pero no enfermedades, significa que ella misma ha renunciado a una de las cosas más valiosas que tiene la educación pública. Porque esto es así, sin medias tintas, categórico, imperativo: o la comunidad escolar elige reproducir la sociedad o la comunidad escolar elige resistir y transformar la sociedad, desde un sentido colectivo y desde un sentir particular, sin más, sin menos.

En la generalidad, todo indica que, desde todas los frentes, desde las políticas públicas, desde las comunidades escolares, reabierto el debate y dispuesta la escuela nuevamente a seleccionar, segregar y excluir, el país ha elegido el camino de la reproducción social, de la reproducción de los males que tanto nos tienen achacados y en shock.

Domingo Faustino Sarmiento, uno de los llamados padres de la educación pública chilena, sentó en la base la fórmula de “civilización vs barbarie”, donde la educación pública era concebida como el espacio predilecto para civilizar a los bárbaros que entraban por sus puertas. Más allá de las aprensiones que esa consigna genera, la escuela pública chilena hoy, contrariando su misión histórica, ha elegido el camino de contener y de paso reproducir la irracionalidad, la violencia y todos los males que hoy impiden el camino de la emancipación de la conciencia, de la emancipación social, de la emancipación económica -yendo más allá de las oportunidades de inserción laboral que logran transformar las condiciones económicas y sociales de algunos estudiantes, cuestión no menor sobre todo en nuestra región donde la minería se hace presente-, de darnos la vida que nos merecemos.

No es simplemente que vuelva la triada de la cuchara, el cuchillo y el tenedor a los comedores de nuestras escuelas, de nuestros liceos -lo que sería un despropósito al considerar los distintos y crecientes hechos de violencia ocurridos durante los últimos años escolares-, sino que el anhelo es que ello sea parte de una planificación educativa que efectivamente nos lleve a transitar hacia el tratamiento de la enfermedad, hacia un mañana en que la paz sea el pilar de la convivencia escolar. Un plan que permita dar conducción y dirección a una escuela pública que pareciera no saber donde ir, no supiera hacia dónde transitar. Donde pareciera que el foco es mantener, reproducir y agudizar el estado actual de las cosas.

Todo esto no es mentira, es rotundamente cierto y merece atención absoluta para el logro urgente de su resolución; pero no es lo único.

Lo poco habitual que emerge en nuestro ecosistema comunicativo y en el imaginario colectivo, es la titánica misión que cumplen los docentes que elijen quedarse en el sistema; de aquellos estudiantes que, frente a todo pronóstico, optan por estudiar pedagogía y mantenerse en el sistema. También existe una falta de valorización a esos profesionales que optaron por ingresar y, frente a todo pronóstico, se quedaron en el sistema educativo cuando fácilmente podrían emigrar a otros trabajos donde ganan más y se desarrollan profesionalmente en ambientes más tranquilos.

Hay ausencia y omisión del destacado trabajo diario del docente, del profesorado, que logra sacar lo mejor del y de los y las estudiantes, que dibujan constantemente sonrisas y que mantienen la chispa viva de la niñez y de la adolescencia. 

Porque el trabajo docente, sobre todo hoy, es nadar a contracorriente de lo que reproduce, produce y persigue la mayoría de nuestras y nuestros compatriotas, mayoría que rechaza todo lo que no es consumo y éxito personal a toda costa. La praxis pedagógica siempre es colectiva, entrando desde ya en contradicción en una nación con predominancia de conciudadanos individualistas.

El magisterio, los docentes, construyen día a día democracia y convivencia democrática, pensamiento crítico y científico, ética, creatividad, inclusión, respeto hacia el otro/a, aceptación y autoaceptación, abrazo al migrante, reparación de infancias quebradas, paciencia… entre otros pensares, haceres, sentires y actuares que van en sentido contrario a lo que está predominando en nuestra sociedad.

¡La docencia también está cansada porque resiste, tensiona, lidera y transforma! ¡La docencia también está agotada porque imprime democracia, humanidad, justicia, dignidad, felicidad y paz! ¡La pedagogía también está fatigada por la magna misión civilizatoria que se niega a abandonar!

José Antonio Kast, el abanderado de ultraderecha, escogió un lugar insólito para el lanzamiento de su campaña: un sector aislado, a la salida de Antofagasta, cerca del kilómetro 12 de la carretera que une la ciudad con Calama. En un acto que pareció más una reunión privada que un evento de campaña, se instaló un escenario y se «acarreó» a personas en vehículos. A pesar de estos esfuerzos, la convocatoria fue discreta, y la imagen que dejó el representante del Partido Republicano fue la de un candidato que prefiere hablarle a un público selecto y controlado, lejos de la ciudad y de sus habitantes.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, optó por una fórmula similar. Su acto principal en el salón de un hotel fue un evento cerrado y con invitados seleccionados. No hubo espacio para la espontaneidad ni para el encuentro amplio con la ciudadanía. La imagen proyectada fue la de una candidata que se siente más cómoda en un entorno protegido, lejos de las preguntas incómodas y del contacto directo con la gente.

En contraste, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, demostró un enfoque totalmente diferente. Su visita a la región fue una gira cara a cara con la comunidad. En Antofagasta, realizó un diálogo abierto en una sede social, seguido de un masivo banderazo en pleno Paseo Prat, una de las arterias más concurridas de la ciudad. Con pasacalles y batucada, saludó a la gente, se tomó fotos y culminó con un acto público en la intersección de Prat con Matta. Su estrategia se repitió en Calama y Mejillones, donde también realizó eventos abiertos y masivos.

La diferencia es clara: mientras las principales actividades de Kast y Matthei fueron actos privados y en lugares apartados, Jara se expuso al escrutinio público en la calle, el lugar donde la democracia se vive de forma concreta. La elección de estos espacios habla mucho sobre la manera en que los candidatos conciben la política y su relación con la ciudadanía. Mientras unos prefieren el control y la distancia, otros apuestan por la cercanía y el contacto directo. En un contexto político de creciente desconfianza, la transparencia y la cercanía son valores que cada vez cobran más importancia.

Este jueves 15 de mayo se aprobó en la cámara de diputados el Informe CEI-57 que, entre otras cosas, pone en riesgo a las infancias trans y no binarias, recomienda terminar con el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y atenta contra la identidad de la comunidad en espacios educativos.

Se trata de políticas impulsadas por una narrativa que la derecha ha instalado tanto a nivel nacional como internacional. La desinformación de estos caudillos ha buscado responsabilizarnos de cuanto problema hay en el mundo. Que protegen a las infancias, que despilfarramos los recursos de la nación y que los síntomas de un modelo en crisis son nuestra culpa. ¿Por qué?

En un momento casi caricaturesco, Donald Trump se presentaba frente al congreso como un salvador, afirmando que junto a Elon Musk habían descubierto que el gobierno estadounidense gastó al menos 8 millones de dólares en “crear ratones trans”. Bulo que el Instituto Nacional de la Salud aclaró rápidamente, exponiendo los alcances reales del estudio que buscaba, entre otras cosas, explorar los efectos de terapias hormonales –que no son exclusivas de la comunidad trans y como observaremos más adelante, de escaso acceso– en distintos ámbitos de la salud como la recuperación de heridas, VIH y fertilidad. Pero la ola de manipulación y mentiras no se detiene en el norte del continente y se replica en Chile.

Un estudio realizado por Ipsos en 2023 estima que la población trans en Chile corresponde nada más que al 3%. Mientras que en la Encuesta de las Juventudes del Injuv, realizada el 2022, sólo el 1,7% se identificó como transgénero. En ese contexto, la Encuesta de Identidades del Movilh indicó que el 58,64% lo sabía antes de los diez años y el 19,17% antes de los cinco. Además, de esta pequeña comunidad el 68% no ha recibido tratamiento hormonal y el 15% lo hizo a través del sector privado. Por otro lado, el 29,7% no sabe dónde recibir tratamiento y el 28,2% no puede pagarlo, remarcando la importancia de los programas de acompañamiento y el deber del sector público con las personas trans.

Según el mismo estudio, el 76,1% fue víctima de discriminación en su vida y el 45,9% decide no comentar su identidad en los servicios públicos por miedo a agresiones, amenazas o acoso. El 52,1% se ha hecho daño -el 46,7% empezó entre los once y los quince años- y el 35% ha intentado suicidarse. Poner en riesgo los avances del colectivo implica un acto represivo y violento contra las niñeces y juventudes trans, empujándoles a la marginalidad, la autolesión, el suicidio y la deshumanización de sus experiencias, mentes y cuerpos.

Makarena Salles, presidenta de agrupación Arcoíris y representante de La Macrozona Norte en Red Trans Chile, afirma que los discursos promovidos por diputados en la cámara fomentan el odio, el estigma, la criminalización hacia nuestras niñeces y juventudes trans. Además, estos actos atentan contra los compromisos internacionales que sostiene Chile en materia de Derechos Humanos. En un comunicado publicado por Red Trans Chile, se exige el cese inmediato de las campañas de desinformación que ponen en riesgo a las infancias y adolescencias trans. También se solicita que el congreso actúe conforme a criterios técnicos, éticos y científicos y, finalmente, que se respete el rol del MINSAL como institución garante del derecho a la salud integral.

Ser trans es la enunciación identitaria más radical. Es afirmarse en tu diferencia. Pero también una tremenda vulnerabilidad y alienación creada por la sociedad, los modelos sociales, políticos, económicos, culturales; y los sistemas públicos y privados. El costo de proteger a esta pequeña comunidad es mínimo, a diferencia de como quieren hacer creer las narrativas que buscan instalar los populistas del binarismo.

De esta manera, en Chile como en Estados Unidos, desde Kayser hasta Trump y todos sus derivados, engañan a la opinión pública, creando un enemigo ficticio y no haciéndose cargo de los problemas que en verdad aquejan a Chile y el mundo. El único resultado de estas políticas es que las infancias que tanto dicen “proteger” se conviertan en estadísticas de depresión, autolesión y suicidio por no poder vivir y experimentar su identidad libremente.

En consecuencia, la resistencia de las personas trans no basta por sí sola: Se vuelve igualmente imprescindible la empatía, la autoeducación y la protección activa por parte de quienes no pertenecen al colectivo cuando se ponen en riesgo nuestras vidas, identidades y derechos.

La Escuela de Liderazgo Democrático Más para Chile recibió más de 2.000 postulaciones a nivel nacional, y Gabriela fue una de las seleccionadas tras un proceso de revisión riguroso, enfocado en identificar perfiles con vocación pública, sensibilidad social y proyección en la construcción de una democracia más representativa.

“Postulé con mucha humildad, sabiendo que era una convocatoria amplia y de gran nivel. Quedar seleccionada me emocionó bastante. Para mí, esta es una oportunidad para seguir formándome, fortalecer mis convicciones y adquirir herramientas que me permitan desempeñar mis funciones de manera tal que las personas vean sus necesidades satisfechas y derechos resguardados”, expresó Gabriela.

Desde su rol actual como directora regional de obras hidráulicas, y con una trayectoria vinculada al fortalecimiento de lo público desde el territorio, Gabriela ha impulsado iniciativas en torno al derecho al agua, la justicia hídrica y la gestión pública eficiente con enfoque ciudadano.

Para Gabriela, formar parte de esta escuela es una manera de contribuir a la reconstrucción de confianzas en lo público, en un contexto nacional marcado por el avance de discursos extremos, la desinformación y la desafección política.

«Este programa busca volver a poner en el centro valores que hemos ido perdiendo como sociedad: el respeto democrático, el pensamiento analítico que debe acompañar el pensamiento crítico y el diálogo desde las diferencias. Creo profundamente que debemos prepararnos para liderar con conciencia, sin arrogancia, pero con claridad”, destacó.

La Escuela de Liderazgo Democrático contempla jornadas formativas con docentes y referentes del mundo académico, político y social, además de espacios de diálogo interregional y trabajo colaborativo.

Gabriela finalizó su mensaje con un agradecimiento sincero: “Voy con mucha alegría y emoción, con ganas de aprender y con el compromiso de seguir trabajando por un país donde liderar no sea sinónimo de dominar, sino de servir con raíz, identidad y sentido colectivo”, concluyó.

Es el caso del senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, quien calificó como «inaceptable que la candidata a la presidencia justifique el golpe de Estado en Chile, que provocó tanto dolor y terror. Matthei dijo: ‘No había otra alternativa al golpe de Estado’. Ninguna Dictadura puede ser justificada, eso relativiza violación de los Derechos Humanos y atropella la dignidad humana».

Por su parte, la Consejera Regional Andrea Merino (PS) manifestó que «en una democracia sana, dichos como los de Matthei la inhabilitarían para dirigir el país. Los Tribunales han ido condenando a quienes cometieron esos asesinatos, torturas y desapariciones a altas penas por crímenes de lesa humanidad».

«Me impacta, pienso en los familiares de los asesinados en nuestra región y en otras, el año 1973 por la Caravana de la Muerte. ¿Ella lo avala? Además como socialista, he compartido año a año con los familiares de nuestras compañeras y compañeros asesinados, y los sobrevivientes. Las y los mejores de los nuestros. La candidata de Chile Vamos, que parecía más razonable que Kast y Kaiser, ha cometido una aberración de proporciones», agregó Merino.

La exconcejala del PTR por Antofagasta, Natalia Sánchez, también tuvo duras críticas para referirse a los dichos de la exalcaldesa de Providencia, afirmando que se trata de un hecho «escandaloso».

«Evelyn Matthei afirma que ‘el golpe era necesario y las muertes inevitables’ el 73. La derecha avanza justificando la violencia y represión, porque las replicaría. Pero ella habla impunemente, porque el gobierno de Boric se dispuso a conciliar con estos pinochetistas», indicó.

«El golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990», afirmó el mandatario.

«Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83,85, o el año que sea. Democracia siempre», cerró Boric.

Cabe recordar que en una polémica entrevista en Radio Agricultura, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), afirmó que el golpe de Estado «era necesario», asegurando que «no había otra alternativa» y que al comienzo de la dictadura cívico-militar, «en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos».

Las reacciones no se han hecho esperar y desde diversos sectores han cuestionado duramente las palabras de Matthei, criticando su justificación del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet.

Axel Kaiser quiere que creamos que la libertad está siendo devorada por «parásitos mentales», esas ideologías colectivistas que, según él, infectan las mentes y destruyen sociedades. Pero, ¿y si el verdadero parásito fuera su propio discurso? En su cruzada contra todo lo que huela a justicia social o intervención estatal, Kaiser no solo simplifica, sino que ignora por completo las luchas cotidianas de las personas reales: las que no pueden pagar una renta digna, las que hacen malabares con trabajos precarios o las que se ven aplastadas por un sistema que no da tregua.

Es fácil pintar al «colectivismo» como el gran villano de la historia. Kaiser lo hace con pinceladas gruesas, sin detenerse a mirar los matices. Pero los países nórdicos, esos que él despreciaría por sus altos impuestos y su gasto social, demuestran lo contrario: son líderes en calidad de vida, innovación y libertad. Noruega, Suecia, Dinamarca… ¿Dónde está la destrucción de la sociedad que tanto teme? En lugar de hundirse, estas naciones han encontrado un equilibrio que da tranquilidad a sus ciudadanos y espacio para que prosperen.

Kaiser nos vende la libertad individual como una panacea, un ideal casi sagrado. Pero, ¿qué pasa cuando esa libertad se convierte en excusa para dejar a la gente a la deriva? En Estados Unidos, cuna del mercado libre y modelo de sus fantasías, millones viven atrapados en ciclos de pobreza mientras unos pocos acumulan fortunas obscenas. ¿Eso es libertad? ¿O es un sistema donde la libertad de unos se construye sobre la miseria de otros?

Lo peor no es solo lo que Kaiser dice, sino cómo lo dice. Su metáfora de los «parásitos mentales» no es solo exagerada; es deshonesta. Reduce problemas reales a caricaturas diseñadas para escandalizar. Lo que él llama “emocionalismo ideológico” en sus adversarios es exactamente lo que usa para apuntalar su cruzada. ¿No es emocional su obsesión por demonizar al Estado? ¿No es una reacción visceral su rechazo a cualquier política que busque corregir desigualdades?

Incluso su ataque al «políticamente correcto» es un ejemplo de lo desconectado que está de la realidad. Kaiser asegura que estas prácticas amenazan la libertad, pero ignora que el respeto hacia las minorías no es un capricho; es una deuda histórica. Países como Canadá o Finlandia, donde el respeto a los derechos de todos es ley, no solo son referentes en inclusión, sino también en libertad de expresión y calidad de vida. Pretender que proteger a los vulnerables es un ataque a la libertad dice más de sus miedos que de la verdad.

Kaiser defiende el liberalismo clásico como la única solución, pero su romanticismo choca de frente con la realidad. El capitalismo desregulado, esa utopía que él promueve, ha dejado cicatrices profundas: desde las jornadas laborales inhumanas del siglo XIX hasta las crisis financieras que devastaron a millones en el siglo XXI. No es un sistema que «libera»; es uno que, sin control, oprime y aplasta.

Los ejemplos sobran, y algunos son tan sangrientos como estremecedores. Las matanzas en el norte de Chile, como las de Plaza Colón en Antofagasta o la masacre en la Escuela Santa María de Iquique, son recordatorios dolorosos de las consecuencias de un sistema implacable. En esos episodios, una clase trabajadora sometida a condiciones esclavizantes y salarios miserables por parte de capitalistas foráneos se atrevió a exigir derechos básicos. Entre sus demandas estaba algo que hoy nos parecería impensado por su simplicidad: tener al menos 30 minutos para comer.

Estas tragedias no solo exponen la crudeza de un sistema sin regulación, sino también la desconexión de quienes lo idealizan.

Mientras Kaiser se pierde en teorías, las personas lidian con problemas concretos. No quieren oír sobre el «peligro del colectivismo»; quieren saber cómo llegar a fin de mes, cómo asegurar el futuro de sus hijos, cómo vivir sin miedo a enfermarse porque no pueden pagar un médico. Las soluciones no están en discursos dogmáticos, sino en políticas que entiendan estas necesidades y busquen resolverlas.

El verdadero desafío no es combatir las ideas que Kaiser llama «parásitos mentales», sino enfrentar los problemas que su liberalismo clásico prefiere ignorar. Las sociedades no se construyen desde la nostalgia por un mercado libre idealizado, sino desde el equilibrio entre libertad y justicia, entre mercado y solidaridad.

Quizás el mayor parásito mental sea la idea de que la libertad solo puede sobrevivir en un modelo que excluye a tantos para beneficiar a tan pocos. Kaiser no está defendiendo la libertad; está protegiendo un privilegio. Y si algo hemos aprendido, es que las soluciones simplistas, por más seductoras que parezcan, no resisten el peso de las realidades que enfrentan las personas todos los días. Es hora de dejar atrás discursos que dividen y apostar por ideas que unan, construyan y, sobre todo, respondan a las necesidades de todos, no solo de los que ya están cómodos.

*Escrita por Felipe Flores Toledo (Administrador Público)