En una reciente entrevista en TVN, la senadora por la Región de Antofagasta y actual presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), encendió la polémica al calificar como un «error político» la aprobación en general del proyecto de ley que busca conmutar penas de cárcel para reos de avanzada edad o con enfermedades terminales.

La controversia radica en que, a pesar de sus actuales críticas, la parlamentaria votó a favor de la iniciativa cuando fue presentada en el Senado, antes de asumir la presidencia de la corporación. El proyecto ha sido duramente cuestionado por la opinión pública debido a que su redacción actual permitiría que criminales condenados por delitos atroces, incluidos violadores y asesinos, puedan abandonar los recintos penitenciarios.

¿Falta de prolijidad legislativa?

Al ser consultada por su respaldo inicial a una medida que hoy tilda de errónea, Núñez apuntó directamente a la falta de revisión minuciosa del texto: «Fue un error haberlo votado en ese momento y no haberlo revisado en detalle», confesó la senadora.

Según explicó la parlamentaria, su voto a favor se dio bajo la premisa de la «idea de legislar» con fines humanitarios. Sin embargo, reconoció que el contenido real del proyecto se alejó totalmente de ese objetivo. «Lo que terminó saliendo no puede estar nada más lejos o en las antípodas de lo humanitario, convengamos», señaló, haciendo alusión a que el beneficio alcanza incluso a condenados por violaciones a los derechos humanos en el penal de Punta Peuco, algo que ahora asegura no compartir.

Un proyecto sin futuro

La presidenta del Senado aseguró que el polémico texto no llegará a puerto tal como está redactado. «El proyecto como está no va a ser ley. En eso yo creo que estamos todos resueltos, acordados, en fin», advirtió, dando a entender que existiría un consenso político para frenar o modificar sustancialmente la iniciativa en las etapas que vienen.

No obstante, la admisión de haber legislado sobre la libertad de criminales de alta peligrosidad sin haber estudiado los pormenores de la ley ha generado una ola de críticas, poniendo en entredicho la rigurosidad con la que se están discutiendo temas de seguridad y justicia en la Cámara Alta bajo este nuevo ciclo político.