El procedimiento fue informado por el Jefe de Zona de Carabineros, general Cristian Montre Soto, junto al Fiscal Regional (s) Eduardo Peña, destacando el resultado como un golpe al narcotráfico en la región.

La investigación se inició tras un control vehicular en la Ruta 5 Norte, donde personal de la Tenencia Baquedano detuvo a cuatro personas extranjeras que transportaban marihuana y clorhidrato de cocaína.

Centro de acopio en el desierto

Posteriormente, diligencias del OS7 Antofagasta junto a la Fiscalía SACFI permitieron ubicar un centro de acopio oculto en la pampa, donde se encontraron 41 sacos con droga camuflada en una quebrada.

“Estamos hablando de más de una tonelada de marihuana que estaba oculta en lo que se conoce como ‘entierros’”, afirmó Cristian Montre Soto, Jefe de Zona de Carabineros.

“Vamos a ser implacables contra estas organizaciones. Hemos establecido una estrategia en la macrozona norte porque sabemos que la Región de Antofagasta, por su condición fronteriza, requiere una intervención permanente. Nuestro objetivo es generar una verdadera barrera para impedir que la droga llegue al centro y sur del país”, agregó Cristian Montre Soto, Jefe de Zona de Carabineros.

Durante la investigación también se realizaron allanamientos en tres domicilios en Antofagasta, donde se incautó un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y vehículos vinculados al delito.

Millonario decomiso

En total, se decomisaron 1.079 kilos de marihuana y 50 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a más de 2 millones de dosis, con un avalúo superior a los $2.159 millones.

“Este procedimiento se origina a partir de un control carretero, pero gracias al análisis criminal se logró determinar otros puntos donde se mantenía droga y armamento”, explicó Eduardo Peña, Fiscal Regional (s).

El operativo permitió desarticular una estructura dedicada al tráfico de drogas en la región, evitando la circulación de una importante cantidad de sustancias ilícitas en el país.

La seguridad ha dejado de ser entendida como una simple prerrogativa del orden; hoy es una condición que asegura derechos. Este Ministerio nace en un momento crítico, cuando las amenazas no solo provienen de la delincuencia tradicional, sino también de fenómenos como el crimen organizado transnacional, la violencia en el espacio digital y la complejidad de las redes de narcotráfico. Frente a esto, la ley que da vida a este organismo propone un enfoque integral y moderno, basado en evidencia y sustentado en principios de cooperación interinstitucional y la interoperabilidad entre los distintos organismos que integran el sistema de seguridad pública.

La estructura descentralizada que plantea esta iniciativa no es un detalle menor. Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública y Departamentos Provinciales se convierten en engranajes clave para una gestión territorial que responda a las necesidades específicas de cada región. Esto no es solo una cuestión de eficiencia; es una afirmación de que la seguridad debe ser entendida desde los territorios y para los territorios, sin centralismos que ignoren la diversidad de realidades que conforman nuestro país.

Uno de los grandes aciertos de esta ley es que no pierde de vista el delicado equilibrio entre resguardar la seguridad y garantizar los derechos fundamentales. Lejos de replicar modelos que instrumentalizan la seguridad como un fin en sí mismo, este proyecto consagra principios de respeto y promoción de los derechos humanos como base de todas sus acciones. No es casualidad que en su diseño se haya privilegiado un enfoque que prioriza la prevención del delito y la protección de las víctimas, entendiendo que la violencia no solo se combate, también se desactiva.

El compromiso con la transparencia también merece una mención especial. El acceso público a estadísticas criminales desagregadas y la supervisión estricta de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública son pasos decisivos para fortalecer la confianza ciudadana. La seguridad no puede ser un ámbito opaco; debe estar sujeta a controles que permitan a la ciudadanía evaluar y exigir resultados.

La ley coloca a la prevención del delito en el centro de su acción. Esto es más que un cambio de paradigma; es una declaración de principios que reconoce que las soluciones reales no solo pasan por perseguir delitos, sino también por eliminar las condiciones que los generan.

La Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá el mandato de articular programas que fortalezcan a las comunidades, fomenten la participación ciudadana y reduzcan los factores de riesgo, una tarea que requiere sensibilidad, creatividad y persistencia.

Otra novedad relevante es la creación de Consejos Nacionales, Regionales y Comunales de Seguridad Pública. Estas instancias no solo apuntan a mejorar la coordinación entre actores, sino también a generar espacios de diálogo donde las comunidades puedan expresar sus preocupaciones y contribuir a las soluciones. Estos Consejos son un reconocimiento implícito de que la seguridad no es una tarea exclusiva del Estado; es una construcción colectiva que requiere del compromiso y la participación de todos los sectores.

El camino hacia la implementación de este Ministerio no está exento de retos. La transición desde un modelo disperso hacia uno centralizado demandará un esfuerzo significativo de coordinación y adaptación. La capacitación de funcionarios, la integración tecnológica y la superación de las resistencias internas serán pruebas fundamentales para que esta iniciativa cumpla con sus promesas.

Sin embargo, también es cierto que estamos ante una oportunidad única para redefinir cómo entendemos y gestionamos la seguridad en Chile. La creación del Ministerio de Seguridad Pública es un acto de afirmación del Estado Chileno en un ámbito donde la desconfianza ha sido históricamente una barrera. Es una invitación a reconstruir confianzas y a demostrar que el Estado puede ser eficiente, justo y respetuoso

Al final, lo que está en juego es más que una reforma institucional; es la posibilidad de construir un nuevo pacto social en torno a la seguridad. Este Ministerio tiene el potencial de ser mucho más que una herramienta administrativa; puede convertirse en un símbolo de cómo un Estado moderno responde a los desafíos de su tiempo, equilibrando el resguardo del orden con el respeto a la dignidad humana. Ese es el verdadero desafío y también nuestra mayor oportunidad.