El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte oncológica en Chile y el mundo. Según datos preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal, 3.577 personas perdieron la vida por esta enfermedad en nuestro país durante el año 2024, un 1,9% más en comparación con el 2023. Del total de fallecidos, el 60% corresponden a personas de 70 a 89 años.

En esa misma línea, según datos del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en Chile cada año se diagnostican 4.300 nuevos casos de cáncer de pulmón. En los últimos cinco años (2020–2024), cerca de 18 mil personas han fallecido a causa de esta enfermedad, lo que equivale a 3.600 muertes anuales o 10 fallecimientos diarios.

Uno de los principales factores de riesgo de este tipo de cáncer es el tabaquismo. Y es que el humo del cigarro contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son tóxicas y más de 70 son cancerígenas. “8 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón están asociados al consumo de tabaco y 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón fuman”, asegura el Dr. Juan Emilio Cheyre, jefe del equipo de Cirugía de Tórax de Fundación Arturo López Pérez (FALP).

Al igual que la mayoría de los cánceres, la detección temprana puede marcar la diferencia entre un buen o mal pronóstico. Las cifras revelan que 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón podrían sobrevivir si la enfermedad se detecta a tiempo. Sin embargo, 4 de cada 5 casos se diagnostican en etapas avanzadas.

Realidad local

El número de fallecidos por esta enfermedad disminuyó en un 20% en la Región de Antofagasta, pasando de 160 decesos en 2023 a 128 en 2024. Del total de fallecidos, 88 corresponden a hombres y 40 a mujeres, mientras que 77 de los decesos se produjeron en personas entre los 70-89 años, 42 de estos ocurrieron en pacientes entre los 50-69 años.

Diagnóstico oportuno: la clave para cambiar la historia

“La mayor dificultad para la pesquisa temprana del cáncer de pulmón es que, en sus fases iniciales, suele ser totalmente asintomático. Por eso, cuando aparecen los síntomas, en general, ya estamos frente a un cáncer avanzado”, señala el doctor José Miguel Bernucci, director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

El escáner de tórax de baja dosis (TAC) es una herramienta fundamental para detectar lesiones pulmonares antes de que se manifiesten los síntomas. Este examen, no invasivo y de corta duración, se recomienda a personas entre 50 y 80 años con antecedentes de tabaquismo, es decir, que han fumado una o más cajetillas diarias durante al menos 20 años.

Entre las señales de alerta más comunes en etapas avanzadas del cáncer de pulmón se encuentran:

• Tos persistente o con sangre
• Silbido al respirar
• Dolor torácico
• Fatiga
• Pérdida de peso inexplicable

En las personas fumadoras, renunciar al tabaco es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad. Entre sus beneficios se encuentran la mejoría de la capacidad pulmonar y la circulación sanguínea, una menor probabilidad de infartos, la recuperación del gusto y el olfato, y el fortalecimiento de la salud de la piel, los huesos y el cabello.

Campaña preventiva

“Da un respiro a tus pulmones” es una campaña educativa y preventiva que FALP promueve cada año en el mes de noviembre, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos que conlleva el consumo de tabaco y reactivar la Ley del Tabaco que descansa en el Congreso hace más de 10 años. Además, busca incentivar al cese tabáquico como una medida clave para disminuir el desarrollo de varios tipos de cáncer y otras enfermedades.

Más información en https://www.falp.org/landing/cancer-de-pulmon-2024/

En la oportunidad, los ministros escucharon la declaración del testigo experto Yeri Luza Pizarro, Jefe del Subdepartamento de Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Calama. En su testimonio, señaló que en la comuna el material particulado presenta altas concentraciones, con evidencia de estaciones en latencia y saturación, y que el arsénico es un contaminante relevante presente en aire, agua y minerales, cuyas fuentes se asocian al suelo y también a actividades antropogénicas vinculadas a la remoción de tierras y faenas mineras, cuyo transporte se ve influido por los patrones locales de viento.

En ese sentido, explicó que “hemos encontrado arsénico en las muestras que hemos sacado, la mineralización en el suelo y hemos analizado el comportamiento del viento y su dispersión según los horarios del día”.

Añadió que la escasez hídrica estaría fuertemente presionada por el uso de agua de la minería y sostuvo que el Tranque de Talabre -que antes era un salar- presenta altas concentraciones de arsénico, según estudios, además de constituir un depósito de gran escala con vida útil prolongada. Asimismo, mencionó impactos en el oasis, la biodiversidad y el paisaje, y afirmó que las medidas adoptadas han sido insuficientes, con carencias de fiscalización y predominio de medidas provisorias, mientras se elabora un nuevo plan.

El alegato de los demandantes

En su alegato final, el abogado Sergio Chamorro, en representación de diversas organizaciones de Calama, expuso los fundamentos para sostener la necesidad de compensación y reparación del daño ambiental sufrido por la comuna. Enfatizó que la prueba documental y testimonial permitiría tener por acreditado un daño “significativo, continuo, persistente y acumulado”, vinculando su origen al incumplimiento del deber constitucional del Estado desde que Calama fue declarada zona saturada por material particulado en 2009.

En esa línea, criticó la respuesta inicial de la autoridad, señalando: “¿Cuál fue la primera respuesta del Estado frente a esta declaración? Dictar un plan de gestión para la calidad del aire, un instrumento ilegal, una figura informal no reconocida que solo sirvió como efecto mediático para ocultar la inacción”.

Asimismo, sostuvo que la trayectoria institucional posterior profundizó el problema: aludió al traspaso de estaciones de monitoreo, al rol de la ciudadanía en la instalación de una primera estación antes de la red formal y a la falta de un enfoque estructural. Según argumentó, las medidas provisorias y los “parches” habrían terminado consolidando una provisión deficiente del servicio de protección ambiental, perpetuando el deterioro y postergando acciones eficaces para proteger la salud y el ecosistema.

Añadió que el Plan de Descontaminación dictado fue anulado por sentencia firme y que, a su juicio, el Ministerio habría rebajado estándares para aparentar mejoras, recurriendo incluso a mecanismos para dar una apariencia de legalidad a instrumentos sin efectividad comprobada.

Finalmente, el abogado centró su conclusión en la causalidad por omisión, sosteniendo que la ausencia de un plan de descontaminación vigente y eficaz convirtió al Estado en un factor habilitante de la continuidad del daño: “Estamos frente a la causalidad por omisión. Al no dictar el plan de descontaminación, el Estado convirtió en la causa, se convierte el Estado en la causa habilitante de la continuidad del daño”. En apoyo de esa idea, mencionó antecedentes técnicos y sanitarios sobre exposición sostenida a contaminantes, efectos en la salud y la insuficiencia histórica de las medidas adoptadas en la comuna.

Los argumentos de la Municipalidad de Calama

La Municipalidad de Calama, representada por el abogado Diego Bascuñán Loyola, en su alegato de clausura, situó el eje del caso más allá de meros incumplimientos formales, señalando que “no solamente la discusión se centra en plazos que no se cumplieron, disposiciones normativas que también se obviaron”, sino que el punto decisivo es que el Estado, por su negligencia, “creó una situación de sacrificio ambiental en la comuna de Calama”.

Desde esa premisa, describió una afectación amplia y concatenada de componentes ambientales y humanos -suelo, salud, oasis, flora y fauna- y destacó el desplazamiento de personas por la pérdida de capacidad productiva agrícola. En conjunto, sostuvo que estos elementos permitirían calificar a Calama como “una zona de sacrificio cuyo único y principal culpable es la inacción por parte del Estado de Chile”, debido a la falta de medidas oportunas para remediar un problema arrastrado “por lo menos hace 20 años desde que fue declarada zona saturada”.

Luego, su alegato incorporó un marco de justicia ambiental de acuerdo con lo planteado en la doctrina nacional, enfatizando tres dimensiones: distributiva, participativa y ecológica. En clave distributiva, subrayó que las cargas y beneficios ambientales deben repartirse equitativamente y criticó que Calama, pese a ser un polo de riqueza, asuma desproporcionadamente los costos ambientales.

En la vertiente participativa, reprochó que el plan de gestión de 2009 se haya elaborado “a espalda de la ciudadanía” y que el plan de descontaminación haya terminado anulado, lo que evidenciaría que la participación habría sido “completamente obviada”.

Por último, en justicia ecológica, recalcó el deber de proteger no solo a las personas sino al ecosistema y a las generaciones futuras. Todo esto lo relacionó con la idea de “la ilegalidad del abandono”, apoyada en el informe del excontralor Jorge Bermúdez, incluyendo la afirmación de que “la inactividad del Ministerio de Medio Ambiente limitó la acción de otros órganos, afectando el control ambiental integral”. En su cierre, la Municipalidad enfatizó que no busca privilegios, sino un estándar de igualdad: “Venimos solamente a pedir igualdad. Venimos solamente a pedir dignidad”.

La respuesta del Consejo de Defensa del Estado

El CDE, representado por el abogado Nicolás Escobar Gómez, presentó sus alegatos solicitando “desde ya el rechazo íntegro de la demanda impetrada en autos” y de las pretensiones de los demandantes y terceros coadyuvantes. Para enmarcar su postura, partió precisando el sentido jurídico de la acción, subrayando que “hoy día no estamos acá convocados para determinar la responsabilidad administrativa en la dictación de un plan”, que “no es este tampoco un juicio político” ni se trata de evaluar legislación o pedir la implementación de materias propias de ley.

En esa línea, remarcó que el objeto legal de la acción de daño ambiental es “bastante concreto”: “La declaración del daño ambiental, es decir, la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo” y su reparación material, lo que debe traducirse en un plan de reparación. Desde esa premisa, sostuvo que las pretensiones de las demandantes deben ser coherentes con el daño alegado y probado, y cuestionó la forma en que fue presentada la demanda, indicando que “adolece de un vicio formal” por carecer de “la enunciación precisa y clara de las peticiones concretas”.

En un plano más sustantivo, alegó que durante la audiencia se insistió en demandas vinculadas a salud pública que, aunque legítimas, sobrepasan el marco de la acción ambiental: “Las demandas que han presentado son demandas de toda justicia, pero sin embargo, insisto, exceden el ámbito de lo que está referido como daño ambiental”, el cual está “definido por la ley como la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo conforme a la ley 19300”. Así, concluyó que “carece entonces la presente pretensión, la presente acción, de coherencia entre el objeto y la pretensión que se solicita”.

Respecto de la ausencia de un Plan de Descontaminación vigente, admitió que “no existe un plan de descontaminación vigente aplicable a la comuna de Calama”, pero sostuvo que ello “no implica la existencia de un daño ambiental de forma automática”, recordando que hubo un plan publicado en 2022 que fue anulado en febrero de 2024. Añadió que, aun sin un PDA vigente, el Estado ha implementado instrumentos y medidas desde los años 90, y que la evidencia presentada por sus testigos apuntaría a una “mejora sostenida en la calidad del aire”, destacando que esa mejoría “no es casualidad” y que “se debe justamente a la implementación de diferentes medidas… por parte del fisco de Chile”.

Con todo, reforzó la distinción entre riesgo y daño, insistiendo en que “la mera exposición a un componente ambiental no implica necesariamente que exista un daño” y que, en su visión, lo acreditado sería más bien “una situación de riesgo” mitigada por acciones estatales, por lo que “corresponde en consecuencia el rechazo de la misma”.

Los próximos pasos

Terminada la audiencia de conciliación, prueba y alegatos finales, que se extendió durante los días 4, 5 y 6 de noviembre y 4 de diciembre del presente, corresponde que el tribunal examine los antecedentes para determinar si es necesaria la realización de diligencias probatorias adicionales o si bien la información resulta suficiente para adoptar acuerdo y proceder con la dictación de la sentencia.

En ese contexto, el tribunal realizará los días 16 y 17 de diciembre una inspección personal en terreno que permitirá recabar mayores antecedentes de la causa.

Aunque la compañía aseguró que no hubo afectación a trabajadores, comunidades cercanas ni al medioambiente, las fotografías y videos difundidos en redes sociales abrieron el debate sobre los verdaderos impactos de este tipo de emanaciones.

Consultado por Diario Regionalista, el Seremi de Medio Ambiente, Rodrigo Jara, explicó que “tras recibir la información del incidente se solicitó a la Superintendencia de Medio Ambiente proceder con la fiscalización correspondiente y, de acuerdo a los plazos, la empresa tiene hasta 24 horas para enviar un reporte de lo ocurrido».

«Desde la Seremi de Medio Ambiente, velaremos por el cumplimiento de los compromisos medioambientales vigentes, resguardando que no exista afectación”, agregó la autoridad.

Cabe recordar que Mejillones concentra un amplio parque industrial -entre plantas químicas, instalaciones portuarias y termoeléctricas-, lo que la expone de manera permanente a diversos impactos ambientales y episodios de contaminación.

En un comunicado, los gremios afirmaron que “si la implementación del SBAP no se ejecuta de manera responsable, equilibrada y promoviendo la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y el fomento productivo, esta podría afectar la inversión, el empleo y la actividad productiva en regiones”.

La declaración hace referencia al listado de 99 Sitios Prioritarios para la Conservación, que abarca cerca del 5% del territorio nacional, elaborado sin que se conozcan, según los gremios, los “criterios técnicos ni validaciones científicas” del proceso.

“Nos preocupa la falta de participación de vecinos, propietarios, municipalidades, gremios y proyectos productivos. Si bien existe una instancia de consulta pública, esta no incluyó la etapa de selección de los 99 sitios prioritarios”, afirmó la SOFOFA.

La red también sostuvo que “esto no se resuelve simplemente ampliando los plazos de consulta, sino construyendo la determinación de los Sitios Prioritarios sobre una base científica sólida”, insistiendo en que el desafío “no es elegir entre desarrollo o conservación, sino hacer bien las cosas”.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, el subsecretario Maximiliano Proaño respondió a las críticas, asegurando que el proceso tiene sustento técnico y no afecta la continuidad de las actividades productivas.“Los sitios prioritarios no son áreas protegidas y, por lo tanto, no tienen muchas de las limitaciones asociadas a ellas. Lo que estamos haciendo ahora es ordenar un proceso que ya existía”, explicó en conversación con Minería Chilena.

El Ministerio de Medio Ambiente detalló que la selección se basó en criterios científicos de representatividad, integridad ecológica y conectividad, considerando además su potencial para funcionar como corredores de biodiversidad y añadió que “la ley no genera ninguna limitación a las actividades productivas que cuenten con resolución de calificación ambiental o que cumplan con la legislación vigente”.

El SBAP, aprobado en 2023 tras más de una década de tramitación, busca fortalecer la protección de ecosistemas amenazados y crear una institucionalidad que permita fiscalizar, conservar y restaurar la biodiversidad del país. Su implementación cobra especial relevancia en regiones como Antofagasta, donde la expansión minera y portuaria continúa presionando los límites ambientales.

A pesar del discurso gremial, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y empresas afiliadas a SOFOFA han respaldado históricamente proyectos de alto impacto ambiental, como Dominga, además de faenas mineras, termoeléctricas y actividades extractivas altamente contaminantes.

De hecho, el propio presidente de la AIA, Marko Razmilic, ha defendido en el pasado la necesidad de “despejar el camino de la permisología”, abogando por un “fast track” para inversiones, incluso cuando estas enfrentan cuestionamientos por daño ambiental.

Mientras los gremios piden “certeza jurídica” y “equilibrio productivo”, la discusión parece revelar una tensión más profunda: el modelo de desarrollo que defienden grandes conglomerados industriales frente a la urgencia ecológica del país.

Entre los testigos se encuentra el senador Esteban Velásquez, quien durante su testimonio como ciudadano recordó los años en que, siendo alcalde de Calama, se negó a firmar el Plan de Gestión de la Calidad del Aire impulsado por el Gobierno, argumentando que aquel documento no respondía a las verdaderas necesidades de la ciudad y que sus medidas eran “insuficientes y reiterativas”, pues muchas de ellas ya estaban siendo ejecutadas por el propio municipio con recursos locales.

“En ese momento dijimos con claridad que Calama necesitaba soluciones de fondo, no protocolos simbólicos. La contaminación del aire, la escasez de agua y la pérdida del Río Loa no eran fenómenos nuevos; eran la consecuencia directa de décadas de explotación minera sin una acción estatal proporcional al daño”, señaló el parlamentario.

Velásquez recordó además que la decisión de trasladar el campamento de Chuquicamata hacia la ciudad de Calama, sin un estudio de impacto ambiental, agravó los problemas urbanos y sanitarios. “Se superpuso una ciudad sobre otra, sin planificación, aumentando la carga vehicular y la presión sobre un ecosistema ya colapsado”, expresó el legislador.

La demanda, presentada por 20 organizaciones sociales de Calama, busca establecer la responsabilidad del Estado por la exposición prolongada de la población a material particulado respirable (MP10), luego de que en 2009 la comuna fuera declarada zona saturada por contaminación atmosférica mediante el Decreto Supremo N°57 del Ministerio del Medio Ambiente.

De acuerdo con los antecedentes aportados, el cáncer es hoy la principal causa de muerte en la comuna, mientras los centros de salud registran un colapso sostenido por el aumento de enfermedades físicas y mentales asociadas al deterioro ambiental.

“El Estado tiene que responder. No se trata de una pelea contra una empresa, sino de una exigencia de justicia ambiental frente a un modelo que ha privilegiado la producción sobre la vida. Calama no puede seguir siendo una zona de sacrificio”, enfatizó Velásquez.

El Plan de Descontaminación Atmosférica de Calama, aún sin implementarse, identifica a Codelco como una de las principales fuentes emisoras de material particulado, principalmente por sus divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y el tranque Talabre.

Para Velásquez, este juicio “es una oportunidad histórica para que el Estado reconozca su omisión prolongada y adopte medidas de reparación ambiental y social efectivas, que incluyan la restauración de la calidad del aire, la recuperación del Río Loa y la protección de la salud de la población”.

“Hace años advertimos este abandono, y hoy la justicia tiene la posibilidad de corregirlo”, concluyó el senador.

Jara es magíster en Innovación Tecnológica y Emprendimiento por la Universidad Técnica Federico Santa María, y cuenta con diplomados en Innovación Corporativa y en Gestión de Cooperativas y Economía Social. Su llegada al cargo se da en un contexto complejo, donde la región enfrenta desafíos estructurales en materia de contaminación, residuos, zonas de sacrificio y falta de fiscalización ambiental.

Según la Delegación Presidencial, el nuevo seremi asumirá la tarea de fortalecer la coordinación intersectorial y dar continuidad a los compromisos ambientales del gobierno en una de las zonas más afectadas por la actividad industrial del país.

Pese a la expectativa institucional, organizaciones socioambientales expresaron su inquietud frente al perfil del nuevo seremi de la región. Actualmente Antofagasta enfrenta altos índices de contaminación del aire, la persistencia de microbasurales, y pasivos ambientales derivados de la minería y la industria portuaria. 

Carmen Serrano, presidenta de la Agrupación Socioambiental Raíces Endémicas, manifestó que “preocupa que nuevamente se haya designado a una persona cuya trayectoria no refleja un enfoque claramente socioambiental para el ejercicio de sus relevantes funciones para una de las regiones más contaminadas del país”.

“Durante la gestión anterior, encabezada por Gustavo Riveros, se percibió una limitada presencia y compromiso con la materia, lo que dejó importantes desafíos pendientes”, señaló la dirigenta. Desde Calama, las organizaciones también reaccionaron con escepticismo. 

En tanto, desde la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y Patha Hoiri afirmaron que las expectativas frente a la nueva autoridad son bajas. “No tenemos mayores expectativas, ya que llevamos años dialogando infructuosamente con todas las instituciones locales, regionales y nacionales, sin obtener resultados positivos y por ende este nuevo seremi no cambiará la aguja hacia Calama en el tema medioambiental. Tenemos el antecedente que su predecesor no logró desarrollar una gestión adecuada y por ello ahora estamos en el proceso de esta demanda ciudadana«, advirtieron.

El desafío de Rodrigo Jara será equilibrar la gestión administrativa con una visión territorial que incorpore la participación ciudadana y las urgencias socioambientales históricamente desatendidas en la región.

La acción judicial, impulsada por 20 organizaciones sociales, busca establecer la responsabilidad del Estado por la exposición prolongada de la población a material particulado respirable (MP10), luego de que en 2009 Calama fuera declarada zona saturada por contaminación atmosférica mediante el Decreto Supremo N°57 del Ministerio del Medio Ambiente. 

Según explicó Sergio Chamorro, abogado y vocero de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile, “la población de Calama ha soportado, por más de una década, una exposición permanente a material particulado grueso, respirando polvo y alimentándose, literalmente, de la tierra”. Chamorro agrega que el cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte en la comuna, mientras que los centros de salud enfrentan un colapso sostenido ante el aumento de enfermedades físicas y mentales.

El dirigente detalló que este daño ambiental “se encarna en la respiración cotidiana, en los patios cubiertos de polvo y en la piel reseca de quienes habitan esta tierra”, y que las autoridades no han respondido de manera oportuna, pese a los reiterados llamados de la comunidad.

El Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Calama, aún sin implementarse, identifica a Codelco como responsable de gran parte de las emisiones de material particulado en la zona, provenientes principalmente de las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y el tranque Talabre. Entre las medidas incluidas están el control de polvo en caminos, la pavimentación de vías, la fiscalización de faenas mineras y la creación de un Banco de Compensación de Emisiones.

Sin embargo, los vecinos sostienen que las políticas públicas han sido tardías e insuficientes. “Esta audiencia no es un espacio para transar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La ciudadanía no va a conciliar lo inconciliable”, enfatizó Chamorro, quien señaló que se han presentado más de 250 documentos probatorios y 13 testigos que acreditan la situación de riesgo sanitario y ambiental en la zona.

La demanda, interpuesta ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, busca que el Estado sea condenado y se establezcan medidas concretas de reparación ambiental. Entre los objetivos se encuentra la restauración de la calidad del aire, la recuperación de los ecosistemas degradados y el fortalecimiento de la vigilancia ambiental.

Finalmente, Chamorro hizo un llamado a la unidad territorial: “Esta causa es por justicia socioambiental. Nos hemos cansado de ver cómo otros territorios prosperan mientras el nuestro enferma. Exigimos que la riqueza generada en estas tierras no siga edificándose sobre el sacrificio y la enfermedad del pueblo loíno”.

La audiencia, considerada un hito histórico en la lucha por la justicia ambiental en el norte de Chile, marcará el inicio formal de un proceso judicial que podría sentar un precedente en materia de responsabilidad estatal por daño ambiental prolongado.

El documental principal, “Transición Injusta” (Chile, 35 min), escrito y dirigido por Ladislao Palma, con Lucas Zañartu como co-guionista, es un viaje inmersivo guiado por un avatar de inteligencia artificial que personifica a la energía, dándole voz para narrar la desigual transición energética en Chile.

La obra contrasta las realidades de Huasco, donde las termoeléctricas a carbón siguen activas sin compromisos de cierre, y Tocopilla, donde se concretó el cierre de las seis unidades carboneras que allí operaban, pero aún persisten pasivos ambientales sin remediación y altos índices de enfermedades. La cinta, que utiliza valioso material, revela una verdad incómoda: la transición energética es una batalla ideológica que define el futuro de las comunidades y del planeta, cuestionando si este proceso se está realizando de manera verdaderamente justa.

“Pese al creciente ingreso de energías renovables y el cierre de 11 centrales termoeléctricas a carbón, la transición energética en Chile continúa reproduciendo afectaciones negativas sobre comunidades y territorios. Las centrales termoeléctricas están cerrando sin implementar acciones de desmantelamiento ni remediación, las energías renovables se están masificando sin ningún tipo de ordenamiento, y las decisiones energéticas se llevan a cabo sin la inclusión de las comunidades locales que sufren directamente estos impactos; lo que limita las posibilidades de avanzar hacia una transición energética verdaderamente justa”, señaló Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable.

En el caso de Huasco, operan cinco termoeléctricas a carbón de Guacolda Energía que durante décadas han generado graves impactos en la salud de la población, debido a la emisión de contaminantes como material particulado, dióxido de azufre y metales pesados, asociados a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. En lugar de avanzar hacia su cierre, la empresa ha propuesto reconvertir sus unidades mediante la co-combustión de carbón y amoníaco, una tecnología piloto que no elimina el uso de carbón, sino que perpetúa su quema.

Esta alternativa, incluida por el gobierno en el Plan de Descarbonización, ha sido presentada como una vía de transición, aunque en la práctica constituye una falsa solución: mantiene los contaminantes locales que afectan a la población, incrementa la emisión de óxidos de nitrógeno que dañan la salud respiratoria y eleva el costo de la generación eléctrica por el alto precio del amoníaco. Con ello, lejos de descarbonizar, se asegura la continuidad del carbón en la matriz energética, postergando los compromisos climáticos y la urgencia de proteger la salud pública.

“En esta relación asimétrica que se construye entre capital y estado, finalmente queda una lista de buenos deseos, pero no implica instancias de reparación con la ciudad”, advierte el académico e investigador Damir Galaz.

En contraste, Tocopilla se convirtió en 2024 en la primera ciudad de Chile en cerrar todas sus centrales a carbón: cuatro de la empresa ENGIE y dos de AES, que operaron por más de tres décadas en la comuna. Este hito puso fin a la exposición directa de la población a la contaminación del aire, suelo y agua derivada de estas instalaciones. Sin embargo, el cierre se realizó sin un plan ambiental aprobado por la autoridad, por lo que hasta hoy no existen medidas de remediación ni limpieza de pasivos ambientales, manteniéndose la afectación sobre el territorio, las zonas costeras y la salud de las personas.

“El plan no es un plan, sino que es un documento, un documento que te puede servir para generar lineamientos y explicar qué es una transición o qué es la transición socioecológica justa. Es algo que al cambiar el gobierno, perfectamente es una política que se puede echar abajo”, señala en el documental la Politóloga, Magíster en sociología, experta en políticas públicas en materia medioambiental, Pamela Poo.

Propuestas para una transición energética justa

Las obras audiovisuales expuestas abordan los desafíos y caminos para avanzar hacia políticas que sienten las bases de una transición energética justa en Chile. Su objetivo es acelerar la salida del carbón y avanzar hacia un sistema eléctrico limpio y sostenible.

Entre sus propuestas destacan: adelantar el cierre total de las termoeléctricas antes del 2035 e idealmente el 2030; establecer planes de remediación ambiental y reparación social en las zonas más afectadas (Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel); y fortalecer la planificación territorial para prevenir nuevos conflictos socioambientales.

Asimismo, promueve proyectos de energía comunitaria y de autoconsumo, una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, el rechazo a reconversiones que prolonguen la quema de carbón, la implementación efectiva de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, el impulso a energías renovables con tecnologías complementarias y el aumento del impuesto verde a las emisiones. Todo ello, con el fin de garantizar una transición justa, descentralizada, participativa y resiliente.

El documental “Transición Injusta” ya está disponible de manera gratuita en el canal de youtube https://www.youtube.com/watch?v=gUiDY-OZbds 

Foto: Tocopilla © Lucas Zañartu.

Según detallaron en la acción judicial, el incidente habría involucrado material contaminante que llegó directamente al océano, ante lo cual los querellantes acusan efectos sobre diversas especies marinas, lo que a su juicio pone en riesgo la continuidad de la pesca artesanal, especialmente en el sector sur de la ciudad.

Los trabajadores del mar acusan que este hecho representa una grave vulneración de sus derechos laborales y ambientales y exigen que la empresa se haga responsable por los daños ocasionados.

Desde Escondida | BHP emitieron un comunicado donde reconocen que «en junio de este año se produjo un rebase de agua de proceso desde una piscina de emergencia, en el sector de Roca Roja». Según la declaración de la compañía, tras estos hechos se activó un plan de contención en coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente, la Gobernación Marítima y la Dirección de Vialidad.

La empresa recalcó que el plan de contención «a la fecha ha sido completamente ejecutado», junto a diversas acciones correctivas.

«Los avances de este plan y el cumplimiento de las medidas fueron reportados tanto a las autoridades correspondientes como a la comunidad de Caleta Coloso, en el marco de las instancias formales de relacionamiento», agregaron.

«Escondida | BHP está comprometida con el cumplimiento de la normativa vigente y con desarrollar sus operaciones con los más altos estándares de la industria. En este sentido, la compañía reafirma su disposición para colaborar con la autoridad y proporcionar los antecedentes que sean requeridos», concluyeron.

La Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe consiguió un triunfo judicial importante, luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera su recurso de protección contra la Municipalidad local por el vertimiento irregular de aguas servidas en el Salar de Ollagüe, a menos de 500 metros del poblado.

Según la Dirección General de Aguas (DGA), en los últimos dos años el derrame se ha extendido a casi cinco hectáreas, contaminando aguas superficiales y subterráneas, y generando un foco de insalubridad. La Corte constató que se vulneraron los derechos fundamentales de la comunidad y estableció medidas inmediatas y definitivas para detener la contaminación.

El Tribunal dio al municipio un plazo de 30 días para presentar un plan de mitigación y control de los vertimientos, así como para informar sobre el avance del proyecto de alcantarillado, cuya implementación definitiva podría demorar cerca de cuatro meses.

Ricardo Frez, abogado de ONG Defensa Ambiental y de la Alianza de Humedales Andinos, valoró el fallo y calificó la situación de «sumamente grave y totalmente al margen de la legalidad», recordando que se trata de «un derrame de aguas servidas que se ha convertido en un foco de contaminación e insalubridad que ha crecido en más de un 2.000% en estos últimos dos años».

«Con este fallo esperamos que se empiecen a implementar las medidas para que en un corto plazo se pueda empezar a dar una solución al problema de las aguas servidas de la comuna y se detenga la contaminación en el salar», agregó.

La acción judicial fue presentada por la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, en colaboración con la Alianza de Humedales Andinos, luego de reiteradas denuncias ante la SEREMI de Salud y la DGA que no lograron detener los vertimientos.

Desde la comunidad, se destacó que el fallo simboliza un respaldo a la defensa de la salud y del ecosistema.

“Esto revela un problema estructural dentro de la Municipalidad de Ollagüe. El alcalde debe asumir sus responsabilidades e implementar mecanismos de prevención. Cuentan con maquinaria en Ollagüe, y además, con financiamiento regional para adquirir lo que sea necesario. No hay excusas para no actuar”, expresó Maribel Anza, integrante de la comunidad.

En la misma línea, Víctor Nina, Presidente de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, enfatizó que ahora la atención estará puesta en que el municipio cumpla los plazos.

“Este fallo es una respuesta al irresponsable actuar de la municipalidad y, nos da esperanza de que se ponga fin a los focos de contaminación, como las lagunas artificiales, que afectan nuestras garantías constitucionales. Estaremos vigilantes para asegurar que se cumpla lo ordenado por la Corte”, indicó.

Lo que sigue dependerá de si la municipalidad decide apelar al fallo. De no hacerlo, deberá cumplir estrictamente las medidas ordenadas por la Corte, tanto a corto como a mediano plazo, para garantizar una solución definitiva al problema.