Una tajante postura de rechazo manifestó el Comité Regional del Partido Socialista de Antofagasta frente a la Reforma Constitucional de Seguridad Pública ingresada por el Gobierno de José Antonio Kast al Parlamento, advirtiendo que la iniciativa legislativa «atenta contra las bases mismas de la democracia y en particular de las libertades individuales».

Si bien desde la colectividad reconocieron que la seguridad constituye «un elemento central, prioritario e insustituible de la vida democrática», cuestionaron duramente los mecanismos propuestos en el texto legal.

Facultades extraordinarias e intervención de comunicaciones

En el documento, la dirigencia regional detalló los puntos críticos de la propuesta gubernamental, apuntando a la excesiva concentración de atribuciones en la figura del Presidente de la República:

«No es posible que a través de esta reforma constitucional el presidente de la república pueda tener la facultad por 240 días (120 días, prorrogable a 120 días más, 8 meses) de suspender (que es muy distinto a restringir) unilateralmente, sin consulta al parlamento, el derecho a transitar, el derecho a reunirse, el derecho a asociarse y a requisar bienes y a interceptar y abrir todo tipo de documentos (Whatsapp, teléfonos, internet, redes sociales, etc.)», advirtieron.

Asimismo, el PS remarcó que «ninguno de los estados de excepción actuales permite interceptar y abrir documentos y toda clase de comunicaciones», recordando que dicha potestad solo rige bajo el estado de asamblea en caso de guerra exterior y sujeto a ratificación parlamentaria. En ese sentido, acusaron que el proyecto dota al Mandatario de «una facultad extraordinaria con alcances nítidamente autoritarios».

Alteración de poderes y riesgo de persecución

El pronunciamiento enfatiza que la iniciativa quebranta el equilibrio institucional entre el Ejecutivo, el Congreso y los tribunales de justicia:

«La medida pone en riesgo la democracia de nuestro país, porque altera la separación de poderes entre el poder político y el poder legislativo y judicial, porque después de 8 meses de tomada la medida recién se consultará al congreso y porque los tribunales de justicia, para declarar personas o grupos que atenten contra la seguridad pública, no serán considerados», afirmaron.

A su vez, advirtieron que la suspensión de derechos impedirá la organización y movilización ciudadana, con el peligro latente de que la normativa «podrá ser usada como arma de persecución política, no sólo por el actual gobierno, sino que también de los siguientes gobiernos».

Llamado al Senado

Hacia el cierre del comunicado, el presidente regional del PS, Hernán Vargas Canivilo, instó a la Cámara Alta a frenar la tramitación en sus términos actuales: «En consecuencia, el senado debe rechazar esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo debe tener la sabiduría suficiente para legislar en pro de la seguridad pública garantizando las libertades individuales», recalcó.

«Finalmente como sociedad, en nombre de la seguridad pública, no podemos caer en autoritarismos que con medidas excepcionales suspendan las libertades individuales. En democracia la libertad no puede estar supeditada a la seguridad», concluye la declaración.

Desde una perspectiva internacional, organismos como la UNESCO y la OCDE han enfatizado la importancia de la gratuidad educativa como un componente esencial para la equidad social y el desarrollo sostenible. La propuesta chilena, al no abordar esta cuestión con claridad, parece desconectarse de las corrientes globales que reconocen la educación como una herramienta imperante para construir sociedades en las que la educación y el progreso se manifieste como una relación simbiótica.

Históricamente, Chile ha sido testigo de movimientos estudiantiles que han clamado por una educación más justa y accesible. La propuesta actual podría percibirse como una oportunidad perdida para abordar de manera concreta las demandas ciudadanas de igualdad material en el acceso a oportunidades educativas. La omisión de la gratuidad no solo ignora el clamor popular sino que también deja sin respuesta a una preocupación fundamental del mañana.

Contrastando con esta carencia, la Constitución de Uruguay establece con claridad la gratuidad de la enseñanza oficial en todos sus niveles, reconociendo explícitamente su utilidad social —Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares (Constitución de la República Oriental del Uruguay [C.P.] art. 71.)—. Este enfoque trasciende la mera gratuidad para incorporar la idea de que la educación es un bien social que contribuye al desarrollo colectivo.

En un contexto más amplio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) subraya que «la enseñanza superior comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos los niveles» (Comité DESC, Observación General N° 13, El derecho a la educación, CESCR/GC/1999/13, 8 de diciembre de 1999.). Este enfoque integral resalta que la gratuidad no es simplemente un componente adicional, sino un aspecto esencial para la plena realización del derecho a la educación.

La noción de «implantación progresiva de la enseñanza gratuita», como aclara el Comité DESC, implica una obligación para los Estados de avanzar hacia la gratuidad en todos los niveles educativos. El Comité destaca que, aunque los Estados deben priorizar la enseñanza primaria gratuita, también tienen la responsabilidad de adoptar medidas concretas para extender esta gratuidad a la enseñanza secundaria y superior (Comité DESC, 1999: párr. 14). Este principio subraya que la gratuidad educativa no solo es un ideal a largo plazo, sino un compromiso inmediato y progresivo que los Estados deben abordar.

El aspecto económico del que me centré en esta columna es fundamental que no se subestime. La propuesta chilena, al no abordar la gratuidad en la educación superior, podría seguir perpetuando las barreras económicas que limitan el acceso a la educación de la mayoría de estudiantes . La educación gratuita no solo alivia las cargas individuales de las familias, sino que también es un catalizador para la movilidad social y el desarrollo económico.

Uruguay, a través de su Constitución, ha demostrado que la gratuidad no es solo una aspiración idealista, sino una realidad tangible y beneficiosa. La inclusión de becas, bibliotecas populares y la atención al desarrollo moral y cívico de los estudiantes destaca un enfoque integral que va más allá de la simple eliminación de costos educativos.

El contraste entre esta perspectiva internacional y la propuesta chilena revela una brecha significativa. La ausencia de un compromiso claro con la gratuidad en todos los niveles educativos puede interpretarse jurídicamente como un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos humanos. Esta laguna no solo limita el acceso equitativo a la educación, sino que también puede socavar la posición de Chile en la arena internacional en lo que respecta a la protección de los derechos educativos.

En este crucial momento de definiciones para nuestro país, la omisión de la gratuidad educativa en la propuesta constitucional no es simplemente un olvido, sino una afrenta a los cimientos de una sociedad justa y equitativa. Al cerrar los ojos a la importancia de la educación gratuita, se cierran también las puertas a un futuro prometedor y se perpetúan las brechas que tanto nos aquejan. Negar este derecho es negar la oportunidad de construir un Chile más comprometido con la educación. Por tanto, es nuestro deber rechazar rotundamente esta propuesta y exigir un enfoque que abrace con fuerza los valores y aspiraciones que merecemos como sociedad. El camino hacia una nueva Constitución debió trazar las líneas de un horizonte donde la educación fuera el pilar de una nación que busca la prosperidad para todos y no para unos pocos. En este sentido, quiero proclamar de manera inequívoca mi firme posición En Contra de esta propuesta de Constitución.

Aunque confía en un triunfo del «En contra», dice que no hay que dormirse en los laureles y llama a la ciudadanía a concurrir a votar con convicción el próximo 17 de diciembre.

¿Cuál es el motivo de su visita a la región de Antofagasta?

El motivo de la visita es que ya estamos próximos al plebiscito del 17 de diciembre y estamos recorriendo todo Chile. Hemos estado en Iquique, en Arica, en Talca, en Curicó, en Valparaíso, en fin, haciendo campaña por el «En contra». Esa es la idea, poder venir, conversar con nuestro comando, seguir realizando actividades. Hemos hecho una agenda de medios. Estamos bien motivados y con mucha convicción.

¿Cómo evaluaría el avance de la campaña?

En términos generales, esta es una campaña bien atípica. Primero, porque es muy corta y por otro lado, estamos en un tiempo del año donde hay navidad. No hay un clima electoral, para ser muy honesto, estés en la posición que estés. Y nosotros, desde el punto de vista del «En contra», hemos ido de menos a más. Hay una sensación ambiente de que se gana, que se obtiene una mayoría importante en Chile por el «En contra». Pero la soberbia y el dormirse en los laureles nunca ha sido mi actitud ni en la vida ni en la política. Yo creo que nosotros tenemos que seguir hasta el último día de campaña para lograr un triunfo contundente del «En contra».

¿Qué le diría a las personas de la región que están indecisas?

Primero, la gente algunas veces recibe un papel y dice que no quiere votar por ningún candidato. Acá no hay que votar por ningún candidato. Segundo, la votación es obligatoria. Tercero: Aquí la situación es bien de blanco y negro. ¿Usted quiere que sigan las Isapres, que sigan las AFP? Si es que quiere que sigan las Isapres y sigan las AFP, vote «A favor». Si no quiere que sigan, vote «En contra». O está la situación de las contribuciones. Acá hay un estudio de una universidad que señala que se perderían 57 mil millones de pesos. Si usted quiere eso, vote «A favor». Si no quiere aquello, como yo, vote «En contra».

Una Constitución debe ser un texto que convoque y una…

Lo que necesitamos es construir no un programa de gobierno como han hecho los republicanos con este pseudo texto constitucional. Lo que necesitamos es poder construir una Constitución y una Constitución son marcos por los cuales poder transitar. Y eso aquí no está. Si es que quiere que se acabe la gratuidad, si es que quiere que las mujeres pierdan el aborto en 3 causales, bueno, vote «A favor». Nosotros estamos «En contra». ¿Y por qué estamos en contra? Porque este texto no asegura igualdad y equidad entre todas y todos los chilenos. Así de simple. Y para eso vaya tranquilamente, humildemente, con convicción y fuerza el 17 de diciembre. Hay que votar obligadamente, pero sobre todo con convicción. Este texto no garantiza el Chile del futuro.

Así lo han advertido diversas organizaciones sociales y políticas, quienes apuntan a la responsabilidad del Partido Republicano, tienda política que lidera el actual proceso, al contar con una contundente mayoría en el órgano.

En su columna del día Domingo, el reconocido periodista Daniel Matamala señalaba que la derecha está «usando la nueva Constitución como un caballo de troya para pasar subrepticiamente», una serie de normas «que atentan contra las libertades individuales».

La periodista Mayron Sills, en un artículo en El Mostrador, también advertía que Chile escribe una Constitución con predominio ultraderechista «y un discurso marcadamente ‘negacionista’ y ‘antimujeres’ que enciende la alarma sobre todo en un grupo social que participó de manera activa en el proceso anterior».

Y es que con la aprobación de una norma que establece «la protección de la vida de quién está por nacer» queda en entredicho la ley de aborto en tres causales, normativa que podría ser derogada, poniendo en riesgo un avance mínimo en los derechos de las mujeres.

A esto se suma la aprobación de una norma de «exención del pago de contribuciones de la vivienda principal», lo que beneficiaría a los más ricos del país, al tiempo que pone en riesgo el financiamiento de los municipios de Chile.

Datos del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, indican que solo el 12,3% de las viviendas paga contribuciones, recaudando $1,1 billones para el Fisco en el primer semestre del año 2023.

Un tercio de esta cifra fue aportada por las municipalidades de mayores ingresos: Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura y Providencia.

Tal es la aplanadora de los republicanos, con el apoyo de amplios sectores de Chile Vamos, que incluso representantes de derecha como la alcaldesa Evelyn Mathei, han formulado duras críticas.

«En este Consejo lo que se ha ido instalando es que esta es la Convención del rodeo y del no aborto», indicó la jefa comunal de Providencia, agregando que «más parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución».

«Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución», concluyó.

La última palabra la tendrán los chilenos y chilenas en el plebiscito a celebrarse el domingo 17 de diciembre de 2023, donde deberán optar entre las opciones «A favor» o «En contra» de la nueva Constitución.