Las autoridades municipales electas y reelectas, llegan en un momento en que nuestra región enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad, salud, educación, infraestructura y la necesidad de promover un desarrollo sostenible. Por lo anterior, es fundamental trabajar de la mano para abordar dichas problemáticas con un enfoque colaborativo y efectivo.

En un escenario en que la falta de comunicación y coordinación entre las distintas entidades obstaculiza el progreso, es imperativo potenciar el diálogo y la colaboración, para ello se requiere voluntad política.

La magnitud de los recursos gracias a las nuevas fuentes de ingresos como lo es la nueva ley del royalty minero, que el año 2024 implicó una inyección de recursos a las arcas municipales de las 9 comunas con más de 6 mil millones de pesos que se duplicarán en 2025, impone un desafío mayor en la gestión de los organismos del estado para elaborar proyectos que aborden las urgencias de las personas.

Aspectos urgentes como la inversión, recuperación de espacios públicos y los servicios básicos, no pueden seguir a la espera, es momento de implementar estrategias conjuntas que promuevan el crecimiento urbano y un modelo de desarrollo regional que ponga en el centro a las personas. Recursos como el Royalty Minero, que en Antofagasta beneficiará a la totalidad de las comunas, contribuirán como soporte a la implementación de políticas públicas.

Juntos podemos transformar las realidades de nuestras comunidades y que estas respondan a las expectativas de la ciudadanía. Invito a las autoridades a sumarse a este esfuerzo que será el motor de consolidación para el desarrollo de la región.

*Paulina Larrondo Vildósola es Seremi de Gobierno de Antofagasta.

Vivir como producimos, principio que pulsa en el corazón del municipio que Iriarte liderará, no solo viene a establecer un presente portentoso, sino que recupera el sentir más noble de nuestra identidad. Es bramido irrumpiendo desde lo más profundo de nuestras raíces.

Vivir como producimos martilla, retumba, resuena desde la memoria de nuestros abuelos salitreros, desde nuestras abuelas, en el alma de los que con sus manos construyen su presente y en el anhelo eterno de tener la vida que nos merecemos.

Hoy, esas mismas energías resuenan en las propuestas de Pablo, quien busca rescatar ese legado para ponerlo al servicio del presente. Legado que pervive cada día en trabajadoras y trabajadores que mediante su esfuerzo construyen la vida merecida. «Siempre he vivido y viviré en esta tierra que me ha entregado tanto», dice Pablo, demostrando así su anclaje a la historia nuestra, demostrando así su pasión eterna, que es nuestra pasión eterna, para que nuestro hogar rebose en bienestar.

Esfuerzo que no merece que se lo siga llevando el viento, que no merece la omisión, que no merece el olvido. Valioso esfuerzo que merece estar presente, que debe ser valorado y reconocido.

Esfuerzo que merece una ciudad económicamente más justa, en el que el sueldo permita encumbrar vuelo hacia una vida mejor. Esfuerzo de trabajadoras y trabajadores que desean estar en el centro de las preocupaciones, que no quieren más postergación, que desean que sus familias sean verdadera prioridad para el goce en conjunto de una vida placentera.

Iriarte no está solo, cada camino ensanchado guarda en sí la riquísima diversidad existente en nuestro habitar. Impulso colectivo, oleaje incontenible que fluye y arrastra las apáticas sombras que intentan envolvernos, transitando en la senda de un Antofagasta renovado que brilla con fuerza.

«Queremos que Antofagasta siga siendo una ciudad para trabajar, pero que también pueda llegar a ser una ciudad para vivir plenamente». Asunto que es manifestación de un deseo colectivo, un llamado a la acción, un llamado a la hermandad, al diálogo, al entrelazamiento de confianzas, al reencuentro, a la esperanza.

Donde cada una, donde cada uno cuenta. Donde los protagonistas seremos nosotros y nosotras, vecinos y vecinas que cumplirán una tarea trascendental: hacer posible un vivir y convivir sin miedo, justo, feliz, digno y en paz.

Una vida repleta de amor.

Nunca he tenido la complejidad de cuestionar a aquellos que ocuparon la movilización social para delinquir, pues tengo absolutamente claro que la violencia no se combate con violencia, sino con más apertura a procesos democráticos, que permitan solucionar los problemas de fondo.

Haciendo memoria honesta, justa y consecuente, creo firmemente en el espíritu de esperanza que se apropió de la gran mayoría del país, quienes, en forma completamente pacífica, tal como en “La Marcha más grande de Chile” y en un sinnúmero de manifestaciones en Antofagasta, fuimos parte de un movimiento cultural histórico, que se cansó de la injusticia social y de la forma en que los grupos de poder manejan a la población común y corriente. Es más, me tocó marchar codo a codo con personas de todos los colores políticos, incluyendo a muchos personajes de la centro derecha que hoy borran con el codo publicaciones, fotos y videos, olvidándose del llamado de la ciudadanía a cuestionar la injusticia.

Los últimos hechos de corrupción, develados en el Caso Audios, no hacen sino volver a confirmar que el Chile desigual, el Chile donde una minoría se apropia del Estado para hacer negocios sin ninguna ética, con nuestra Salud, con nuestras pensiones, con nuestro Medio Ambiente e incluso con nuestra seguridad, ese Chile sigue existiendo. Ese, lamentablemente, es el verdadero Estallido Delictual que algunos tratan de proyectar en el malestar ciudadano.

Sobre ello, fue en agosto de este año que el último informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, reveló que el 57% de la población aún quiere cambios profundos. Pero, realizados en forma gradual. Por esto y más, es importante sacar lecciones sobre lo ocurrido estos cinco años. Hoy no queremos quedarnos en el descontento ni en la rabia. Queremos avanzar en propuestas, y me parece lamentable que quienes siempre han negado los avances necesarios para nuestro país, como las pensiones justas, hoy sean los primeros en obstruir esos avances.

¡Lo mismo sucede en Antofagasta! Queremos una ciudad limpia y ordenada, donde podamos ver todos los recursos que producimos de vuelta en nuestras calles, en nuestros parques, en nuestra salud, en nuestra educación y en todo cuanto nos hace falta. Creemos en el desarrollo económico, en la familia y en reglas claras para vivir en un país justo, donde las personas no tengan que hacer un bingo para enfrentar un problema de salud, ni tampoco tengan que salir asustados a la calle porque los pueden asaltar.

Creo en una ciudad que no sea solo para trabajar, sino donde también podamos vivir en ella.

Una ciudad para Vivir como Producimos. 

Durante la revuelta popular de 2019, se evidenció una desconexión profunda entre las demandas ciudadanas y la capacidad del Estado para canalizarlas. Las personas comunes y corrientes fueron las protagonistas de estas movilizaciones, exigiendo soluciones a problemas históricos que habían sido desatendidos por décadas. La crisis de “inseguridad social”, provocada principalmente por la mercantilización de los derechos fundamentales como la educación, la salud y las pensiones, junto a una extendida sensación de abandono y desprotección estatal, fueron el detonante.

Cinco años después, si bien los problemas originales de la revuelta permanecen sin solución —y muchos de ellos incluso se han agravado—, las preocupaciones en la agenda pública parecen haber cambiado. Hoy, los temas que copan el debate son la seguridad, la migración y el crecimiento económico. Es importante subrayar que, aunque estos son problemas reales que no se pueden ignorar, también han sido aprovechados políticamente desde la postdictadura para reprimir protestas sociales bajo el manto de la “seguridad ciudadana”. La seguridad se ha utilizado no solo para abordar la “delincuencia común”, sino para frenar la oposición al neoliberalismo.

Frente a este escenario, es fundamental que la izquierda no se vea arrinconada ni ceda terreno en estos debates. Si bien es crucial abordar el problema de la seguridad —sin dejar que la derecha lo monopolice—, debemos tener cuidado de no perder de vista el trasfondo de desigualdades que persiste en nuestro país. El énfasis debe estar en distinguir entre los problemas reales y la manipulación política de los mismos. La izquierda no debe limitarse a soluciones reactivas que reproduzcan el discurso hegemónico de seguridad represiva. Debe ofrecer alternativas que, sin traicionar sus principios, respondan tanto a las preocupaciones inmediatas de la gente como a las causas estructurales que originaron la revuelta.

A partir de nuestros propios ideales, la tarea es clara: formular soluciones concretas que vayan más allá de la narrativa simplista y efectista que ha promovido la derecha. Esto implica abordar temas como la seguridad y la migración, pero siempre desde una perspectiva de justicia, igualdad y dignidad. Sin embargo, también es imprescindible no relegar a un segundo plano los problemas históricos que permanecen intactos, como las desigualdades, la continuidad del pinochetismo en la postdictadura y las implicaciones del neoliberalismo en nuestras vidas cotidianas.

Mientras mantengamos un sistema político anclado a un modelo incapaz de adaptarse a las nuevas realidades sociales, después de un intento fallido de cambiar la Constitución, Chile seguirá atrapado en un marco institucional que bloquea las reformas estructurales necesarias para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Mientras tanto, la corrupción y los escándalos políticos continúan, minando la confianza ciudadana y alimentando la indignación que dio origen a la revuelta.

Las demandas de millones de chilenos y chilenas en 2019 siguen sin ser satisfechas. La izquierda no puede permitirse perder de vista este descontento; al contrario, debe convertirlo en el motor de propuestas viables que hagan de Chile un país verdaderamente libre y soberano.

*Felipe Cuevas
Candidato a CORE

El continente que hoy conocemos como América no fue llamado así hasta que el cartógrafo suizo Martin Waldseemüller publicó un mapa (Universalis Cosmographia) en el que aparecía, por primera vez, el nuevo continente separado de Asia. Nombrado aquí como América en honor de Américo Vespucio, por ser éste el primero en darse cuenta de que los suelos en los que andaba eran propios de un continente que no tenían contabilizado –Cristóbal Colón tildó de indios a los taínos (indígenas) que vio por primera vez, puesto que creyó haber llegado a la India-.

En el continente recientemente cartografiado, las relaciones entre los diferentes pueblos indígenas y la dominación de Aztecas e Incas tampoco eran de color rosa. Existía un complejo sistema de alianzas, formas de dominación, conflictos entre pueblos, divisiones, traiciones y todo el culebrón propio de nuestras formas humanas de socialización. Lo que explica que huancas, chancas, cañaris, taínos, totonacas, tlaxcaltecas, huejotzingos, cempoaleses, michoacanos, cañaris, chimúes, chachapoyas, tallanes, yungas, guaraníes, entre otros, se aliaran con los ibéricos para hacer caer a aztecas e incas; el historiador José Carlos Cueto indica que el 95% de conquistadores eran indígenas.

Sumado a esto, existiendo hoy predominancia del pensamiento mágico, pululan revisionistas y negacionistas (decoloniales) encubiertos en teorías que parecieran inocuas y benefactoras con los pueblos indígenas. Teniendo como gran logro la popularización, entre los que dicen querer otro mundo, de la denominación de este territorio como Abya Yala; supuesto nombre con que identificaban los indígenas a este continente, mentira. Abya Yala es, entre varios, uno de los nombres con que el pueblo guna, en lo que hoy es Panamá, daba al territorio por ellos conocidos («Mayab», como ejemplo, fue el nombre dado por los mayas a la península que habitaban). Aba Yala surgió como consenso denominador en la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas celebrada en 1977 en Kiruna, Suecia.

También algunos rebeldes han comenzado a hablar del «día de la resistencia indígena», cuestión falsa y contradictoria. Falsa porque a la llegada de los ibéricos no hubo resistencia, sino más bien ésta, y en un reducido número, solamente se desarrolló durante el proceso colonial. Falsa porque los pueblos indígenas oprimidos por Aztecas e Incas se rebelaron contra estos por medio de alianzas con los ibéricos. Contradictorio porque al agregarle unidad política a la diversidad indígena de la época, echan bajo la alfombra las propias formas de dominación existentes, incurriendo en una justificación de las mismas.

Es sabido que la conmemoración de ciertos hitos responde más a propósitos políticos que a la búsqueda de la comprensión de los procesos históricos, cuestión que no escapa a lo aquí tratado. Por esto, aunque cueste, es necesario escapar de esa categorización moral y ética de los hechos históricos, sobre todo si realmente queremos encaminarnos en el desarrollo del pensamiento científico y, por tanto, democrático.

Debemos hacer lo posible por atenernos a los porfiados hechos: La porfía de los hechos que demuestran que el proceso iniciado por el acontecimiento de 1492 no es de buenos contra malos.

Es cierto que hoy la disciplina histórica corre peligro, pero se hace necesario revalorizarla no solo para evaluar el pasado en toda su complejidad, sino para evaluar críticamente el presente y, desde aquí, construir uno que nos permita dotarnos de alternativas viables. Esto porque, cosa más que demostrada, dependemos del relato y conocimiento del pasado para construirnos en el ahora como sujetos y tener conciencia de todas las potencialidades que guarda el aquí y ahora; la construcción de identidad y la proyección de ella misma depende de la memoria.

A los que quieren mantener el mundo para el beneplácito de sus intereses les sirven estas narrativas que se han instalado desde ambos lados, narrativas que solo buscan silenciar, de alguna u otra manera, con distintos propósitos, el conflicto y, de paso, dotarla de una negatividad moral para lograr el rechazo inmediato de cualquiera que pretenda poner en cuestionamiento alguna situación. Narrativas que, por un lado, tratan como salvajes a los indígenas y que, por otro, los dotan de total ingenuidad y rebeldía (hacia los ibéricos). Narrativas que buscan, sin más, anular la diversidad propia de los pueblos y, de paso, anular las alternativas que nos pudieran permitir subvertir el ordenamiento actual. Narrativas solo serviles a conservadores y que perpetúan el orden actual de las cosas, justificado porque este orden proviene desde el ayer. 

Carla Cordua

El reciente anuncio del inminente cierre del Jardín Infantil Taqinki por parte de la Universidad Católica del Norte (UCN), ha causado una profunda preocupación en la comunidad local. Aunque se han señalado motivos económicos como la razón principal de esta decisión, es crucial ir más allá de las cifras y reflexionar sobre el rol social y comunitario que una universidad como la UCN debe desempeñar en su entorno.

Las universidades no solo son centros de formación académica, sino también pilares del desarrollo social y cultural. En este sentido, el Jardín Taqinki representa mucho más que un simple servicio educativo: es un símbolo tangible del compromiso de la universidad con el bienestar de su comunidad. A través de él, se ha fomentado el aprendizaje desde la primera infancia, promoviendo valores y consolidando lazos con las familias y el vecindario.

Lejos de considerar el cierre del jardín como una medida inevitable, la UCN podría transformar esta situación en una oportunidad para reafirmar su compromiso con Antofagasta. La creación de un nuevo jardín infantil dentro del campus Angamos no solo sería un acto de gran visión, sino también un gesto profundamente significativo. Esto permitiría a las familias, tanto de funcionarios, estudiantes como de los vecinos, acceder a un espacio educativo integral, reforzando la imagen de una universidad abierta, inclusiva y comprometida con la educación en todos sus niveles.

Así, Antofagasta vería en la UCN a una institución que no solo se preocupa por la formación académica, sino también por el bienestar de la ciudad, fortaleciendo el lazo entre la universidad y la cuidad, y consolidando un entorno que valora la educación desde la primera infancia hasta la formación profesional.

La UCN tiene hoy la oportunidad de marcar una diferencia crucial y transformar esta crisis en una nueva forma de conexión con su comunidad. Al apostar por la educación infantil en su propio campus, no solo cumpliría con su rol académico, sino también con su responsabilidad social, promoviendo un entorno que favorezca el buen vivir y el desarrollo integral de las personas.

Este llamado lo hago como alguien que se formó en esta casa de estudios y que ahora, como docente, ve de cerca cómo la existencia de un jardín infantil ha permitido a varios estudiantes seguir su formación con la tranquilidad de saber que sus hijos están en un entorno seguro y enriquecedor. También lo hago desde mi experiencia personal como hijo de padres que fueron la primera generación universitaria en nuestra familia. Asistí al jardín infantil de la Universidad del Norte del aquel entonces, y gracias a esa oportunidad, mis padres pudieron terminar sus estudios de manera exitosa, lo que ayudó significativamente a mejorar nuestra calidad de vida familiar.

Es tiempo de que la UCN, fiel a los principios del humanismo cristiano, reitere su compromiso con la comunidad y continúe construyendo un futuro donde todas y todos puedan crecer y aprender en un entorno cercano, seguro y acogedor.

*Felipe Cuevas es trabajador de la educación.

Tras revelarse el estratosférico sueldo de Marcela Cubillos, que asciende a 17 millones de pesos, una serie de manifestaciones se tomaron la Universidad San Sebastián, con consignas como “Hay 17 millones sin trabajar y nosotros sin almorzar”, exponiendo una problemática general en la educación superior: los recursos están, pero no para el estudiantado. Hoy, la situación se repite en la Universidad Católica del Norte (UCN), donde el cierre del jardín infantil Taqinki dejó en evidencia una serie de irregularidades que culminaron en la toma del Campus Angamos de dicha casa de estudios.

El cierre del jardín Taqinki

La entidad universitaria anunció la no renovación de las matrículas del próximo año debido al cierre del jardín, decisión que no se comunicó hasta octubre, al filo del cierre de las postulaciones a los jardines infantiles, a pesar del complejo panorama de las listas de esperas en la región. Si bien la razón del cierre según la institución de educación superior es que “la continuidad de Taquinki requiere de inversiones y mantenciones que la universidad no está en condiciones de solventar en el corto y mediano plazo”, esto no se ajusta a lo que observa la comunidad universitaria.

Inicialmente, frente a la negativa de la comunidad estudiantil y de las principales afectadas, las madres que quedarán sin educación para sus hijos, la respuesta de las autoridades fue ofrecer un bono de 50 mil pesos. Esta medida se suma a la restricción de varios beneficios, consecuencia de la crisis económica que atraviesa la universidad.

En verano de este año la institución de educación superior desvinculó a cerca de 50 funcionarios con la excusa de que la casa de estudios se encontraba en un déficit financiero. Ya en septiembre del año pasado la Federación de Estudiantes de la UCN (FEUCN) denunciaba el gasto injustificado de 7 millones de pesos, mientras que la Dirección General Estudiantil (DGE) respondió que “ratones se comieron el comprobante”. La situación generó una paralización que la universidad no escuchó, pues arrastra el problema de la falta de transparencia hasta hoy. 

A pesar de que los aranceles de la universidad están constantemente subiendo, cada vez se observa un mayor detrimento en los beneficios estudiantiles, en la infraestructura, la seguridad y el bienestar físico y psicológico de las y los estudiantes. Camilo Neira Chancay, presidente del Sindicato de trabajadores N°1 de la UCN, declaró que la universidad recibe alrededor de 75 mil millones al año en recursos, dinero que nadie sabe cómo se invierte, debido a que la casa de estudios no publica sus Balances de Gestión Anual desde 2019. Mientras tanto, estudiantes y funcionarios no académicos se ven obligados a enfrentar las carencias de una universidad que se jacta de su “excelencia”.

Actualmente la universidad carece de protocolos de emergencia o personal capacitado para realizar primeros auxilios en caso de ocurrir una emergencia médica, lo que podría afectar tanto a estudiantes como funcionarios. En julio de este año en la Universidad de Concepción falleció una alumna de derecho dentro de las dependencias debido a esta problemática.

Otro ejemplo es la precariedad de los hogares universitarios. David Núñez, tesorero del Hogar Rubén Bustos Lynch, declaró: “sentimos cierto abandono del hogar”, añadiendo que las instalaciones están en muy mal estado, expresando que “la gente misma nos dice que pareciera un edificio abandonado”. Por otro lado, Ignacio Aguilera, vicepresidente del mismo hogar, comentó que “el principal miedo es que si ya se están cortando beneficios de forma generalizada en la universidad, que pueda ocurrir que los hogares sean cerrados”. A esto se añade también la falta de inversión en equipamientos, bibliotecas actualizadas y softwares exigido a los estudiantes, aún cuando muchos de estos ofrecen tarifas económicas para que las instituciones puedan ofrecer los programas a los alumnos.

Es en este contexto que en el Senado se presentó un proyecto que busca obligar a las universidades y Centros de Formación Técnica (CFT) a transparentar sus gastos y contrataciones. Proyecto que tuvo un apoyo transversal en el espectro político, recibiendo respaldo desde el Partido Comunista (PC) hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI). Sin embargo, llama la atención la poca disposición de la universidad de efectivamente transparentar, por voluntad propia, cómo es que se están invirtiendo los recursos que recibe tanto del Estado como de estudiantes que cada vez deben pagar más por menos.

La verdad, la responsabilidad social, la excelencia y el humanismo cristiano suponen bases fundamentales de lo que la UCN espera de los estudiantes egresados. Sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad social de la universidad? ¿Dónde está su excelencia y humanismo cristiano? Y, en definitiva, ¿dónde está la plata?

Al finalizar la jornada, alrededor de cincuenta colegas – algunos a pocos años de jubilarse, otras con una vida entera dedicada a la institución, otros con funciones vitales para el funcionamiento de la universidad – recibían el temido sobre azul. Tuvieron unas pocas horas para guardar sus cosas en una caja de cartón, tragarse las lágrimas y apurar algunas despedidas.

Hoy, a días del Halloween, la misma rectoría de la UCN avisó a padres y apoderados de la sala cuna y jardín Taqinki la imposición de otra macabra celebración. “Se cierra el jardín a partir del primero de febrero del próximo año”, decía la invitación. Son 56 párvulos entre bebés, niñas y niños, todas ellas cuidadas por nueve tías funcionarias de la UCN, una auxiliar de aseo y dos manipuladoras de alimentos.

“Es de todos”, significa la palabra Taqinki en Aymara. “En realidad, es nuestro”, dice la rectoría de la UCN, cuando ordena su cierre bajo las nebulosas medidas de austeridad que implementa. Sin embargo, la UCN se equivoca. Si bien el jardín nace como iniciativa de las y los estudiantes de la universidad para sus hijas e hijos, este rápidamente creció para también incorporar a otros niños y niñas de la ciudad.

Considerando el espeluznante contexto de largas listas de espera para sala cunas y jardines infantiles en la ciudad y el país, Taqinki juega un rol social fundamental en garantizar el derecho a la protección y el cuidado de quienes más lo necesitan. Cómo no espantarse ante este cierre, entonces, cuando además consideramos que la mensualidad promedio de las salas cunas y jardines infantiles promedian casi $500.000 pesos en la Región de Antofagasta[1], donde la mitad de sus trabajadores ganan hasta $700.000 pesos[2].

Como no angustiarse, cuando también se considera el impacto emocional de cambiar a un niño/a a otro jardín, terminando abruptamente con sus relaciones de amistad y el cariño de sus tías. Como no agobiarse cuando se escuchan padres y madres preocuparse de sus niñas/os dentro del trastorno de espectro autista, al imaginar el terremoto psicológico que implica un brusco cambio de rutina y de zonas de confort. Cómo no horrorizarse cuando, además de lo anterior, la misma UCN se vanagloria de ofrecer las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia con Mención en Desarrollo Emocional y Cognitivo en su Facultad de Educación[3].

Simplemente no se puede. No se puede evitar espantarse, angustiarse, agobiarse, horrorizarse ante tamaño horror. El horror de traspasar los costos de una gestión cuestionada en su administración del negocio universitario, primero a las y los trabajadores, y ahora a las y los niños y bebés, no puede ser aceptable. Menos en una universidad con el humanismo cristiano como su centro. Menos cuando la misma JUNJI ofrece salvavidas y las y los apoderados proponen múltiples soluciones.

Este no es el Halloween que nuestras niñas y niños merecen, pero es el único que la rectoría de la UCN parece estar dispuesta a organizar.

*Martín Arias-Loyola es dirigente sindical del Sindicato N°4 de la UCN.

[1] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2024/01/18/1119049/valores-promedios-salas-cunas-chile.html

[2] https://fundacionsol.cl/blog/estudios-2/post/los-verdaderos-sueldos-de-chile-2024-7530

[3] https://admision.ucn.cl/carreras/pedagogias/pedagogia-en-educacion-parvularia-con-mencion-en-desarrollo-emocional-y-cognitivo/

El debate sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado una profunda división en la esfera política y mediática. Los detractores de esta medida, en su mayoría representantes de la derecha, han calificado la condonación como «inmoral», una postura que exige una fundamentación racional y ética que aún no ha sido articulada de manera convincente en el debate público. Quienes defendemos esta medida podríamos devolver el calificativo, señalando que es «inmoral» no condonar una deuda que arrastra a miles de familias hacia la precariedad.

Desde el año 2010, Chile ha vivido diversas manifestaciones que han puesto en evidencia la crisis de financiamiento de la educación superior. Entre las más destacadas figuran la “Revolución Pingüina” de 2011, las protestas durante el primer mandato de Michelle Bachelet en 2014 y las movilizaciones en el segundo mandato de Sebastián Piñera. La condonación del CAE ha sido un tema recurrente en cada espacio de discusión política, hasta siendo objeto de debate en los dos últimos procesos constituyentes. En septiembre de 2024, el presidente Gabriel Boric anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca condonar el CAE y establecer un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior en Chile.

Las razones para implementar un sistema de condonación del CAE están ancladas en problemas estructurales del sistema educativo chileno y en los vicios de origen de este tipo de endeudamiento. Para empezar, las tasas de interés del CAE son usureras, lo que obliga a los estudiantes a pagar mucho más de lo solicitado. Además, la falta de información clara para los deudores y las condiciones gravosas del crédito afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Estas familias, muchas de bajos ingresos, se ven condenadas a una deuda intergeneracional que obstaculiza su progreso y limita las oportunidades para las futuras generaciones.

El sistema de financiamiento de la educación superior ha mostrado bajos índices de eficiencia, generando una crisis que afecta tanto a los estudiantes como al Estado. Aunque el foco mediático ha estado en las masivas movilizaciones estudiantiles, los efectos más profundos se sienten en los miles de jóvenes que arrastran deudas millonarias, muchas veces por carreras de dudosa calidad. La mercantilización de la educación ha transformado a los estudiantes en clientes y a las universidades en proveedores de servicios, distorsionando profundamente la esencia del derecho a la educación. Este fenómeno ha dejado claro que el sistema actual no solo es insostenible, sino que perpetúa las desigualdades sociales.

Desde una perspectiva económica, la condonación del CAE no es solo una política factible, sino también una inversión social que podría liberar recursos para otros sectores. Un alivio de la deuda permitiría a los egresados mejorar su calidad de vida, invertir en proyectos personales o simplemente aliviar la carga financiera que han arrastrado durante años. ¿Es realmente inmoral permitir que miles de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida lo hagan sin el peso de una deuda injusta?

Mirando el panorama internacional, la condonación de la deuda estudiantil ha demostrado ser una política viable y necesaria en muchas sociedades contemporáneas. Gobiernos como el de Canadá no solo reconocen el impacto financiero directo en los deudores, sino que también entienden que reducir esta carga permite a las personas invertir en su futuro: adquirir vivienda, iniciar emprendimientos o simplemente mejorar su calidad de vida.

La propuesta de condonar el CAE no es perfecta, pero merece ser discutida de manera seria y técnica, sin caer en juicios morales apresurados. Lo que está en juego no es solo la deuda de miles de personas, sino el modelo educativo y social que queremos para el futuro de Chile. Un sistema que endeuda a sus estudiantes para acceder a la educación superior es un sistema que debe cambiar. Y ese cambio, más que una cuestión de moralidad es una cuestión de justicia.

La verdadera cuestión moral no debería centrarse en si es «justo» condonar las deudas, sino en cómo construir un sistema que permita a las personas acceder a la educación sin endeudarse de por vida. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la educación sea accesible, no solo como un derecho, sino como un vehículo de movilidad social que permita a todos avanzar. La deuda estudiantil en Chile ha demostrado ser un obstáculo insalvable para muchos, y su condonación sería un acto de justicia, no de indulgencia.

Criticar la medida sin presentar alternativas viables es simplemente perpetuar un sistema que ha fallado a una generación completa. La educación debería ser un derecho y no una mercancía que se pague con décadas de sacrificio. En lugar de descalificar moralmente una política que busca reparar las injusticias del pasado, deberíamos estar discutiendo cómo implementar una reforma que evite que futuros estudiantes caigan en la misma trampa del endeudamiento excesivo.

Con el reciente anuncio del presidente Boric sobre un proyecto de ley que condonará el CAE, muchos ven una luz al final del túnel. Sin embargo, los recuerdos de promesas incumplidas en gobiernos anteriores persisten. La posibilidad de crear un nuevo sistema de financiamiento, más equitativo y menos dependiente del endeudamiento, es una propuesta ambiciosa. Aun así, queda la duda de si este nuevo proyecto podrá superar los intereses creados por años de mercantilización o si será otra reforma atrapada en el vaivén político.

Además, esto no es solo una cuestión política o económica, sino que encuentra su fundamento en los principios consagrados en el Derecho Internacional (DD.II), específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Chile en 1972. Este instrumento, en su artículo 13, establece que los Estados deben avanzar hacia la gratuidad de la educación secundaria y superior. En este sentido, el Estado chileno, al haber suscrito el PIDESC, asume la obligación de avanzar hacia un sistema de educación superior en el que los obstáculos económicos no sean barreras.

Mantener el CAE sin reformas profundas contraviene este marco jurídico internacional. Perpetuar un sistema de endeudamiento estructural para acceder a la educación superior va en contra del principio de progresividad exigido por el PIDESC. Este principio obliga a los Estados a mejorar el acceso a los derechos sociales, prohibiendo cualquier retroceso en las condiciones ya alcanzadas.

A nivel comparativo, otros países han implementado políticas de condonación de deuda estudiantil —como nos referimos anteriormente con Canadá— o sistemas de financiamiento que eliminan las barreras económicas al acceso educativo. Los sistemas de financiamiento que sobrecargan a los sectores más vulnerables son contrarios a las normas de DD.II que Chile ha suscrito.

Condonar el CAE no es solo una decisión económica o política; es una declaración de principios sobre el país que queremos ser. Un país que entiende que la educación no es una mercancía, sino la base de la dignidad y el progreso. Es hora de liberar a miles de chilenos de una deuda injusta que los mantiene atrapados y dar un paso firme hacia un sistema que ofrezca oportunidades reales. Porque en el fondo, la condonación del CAE es más que una solución; es la llave que abre la puerta a un Chile más justo, más solidario, y verdaderamente comprometido con su gente y su futuro.

Piero Chavera Rojas es militante FA y Frente Amplio Estudiantil (FAE) – Titular Tribunal Regional
Antofagasta FA.

Diego Rodríguez Cárdenas es militante FA — Encargado Político del Frente Amplio Estudiantil Antofagasta.

A lo largo de este periodo, hemos avanzado en áreas claves como la Autonomía Económica, la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como en Derechos Sexuales y Reproductivos. Se ha destacado profundamente el trabajo que realizamos desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, porque sabemos que mejorar la calidad de vida de las mujeres es un derecho fundamental.

En primer lugar, la Ley de Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos ha permitido el pago de más de 318 mil millones de pesos en pensiones adeudadas, combatiendo la violencia económica que enfrentan muchas mujeres. Esta ley no sólo asegura justicia, sino que ataca de frente una de las formas más dolorosas de violencia económica que sufren las mujeres.

A su vez, hoy contamos también con la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio, las que son muestras de nuestro compromiso para erradicar la violencia en todas sus formas y reparar los daños sufridos por las víctimas. Sabemos que la violencia hacia las mujeres es uno de los problemas más urgentes que debemos abordar, y estas leyes son pasos importantes hacia una sociedad más justa y equitativa.

A esto le podemos sumar que, en octubre de 2022, a través del Minsal, ingresamos las agresiones sexuales al sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), lo que ha permitido atender a 2.168 personas, la mayoría de ellas usuarias de Fonasa (2.122) y más de 800 menores de edad.

En materia laboral, representamos un avance fundamental en la prevención y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. La Ley Karin, que entró en vigencia el pasado 1 de agosto, obliga a empresas y organismos estatales a implementar protocolos preventivos, abordando situaciones que durante años fueron invisibilizadas. Esto no sólo protege a las mujeres trabajadoras, sino que también refuerza un enfoque preventivo ausente en nuestra legislación, generando entornos laborales más seguros.

Por otra parte, es importante señalar que nuestra agenda «Chile para Todas» también tiene un foco en los cuidados. A través del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, reconocemos formalmente a quienes realizan esta labor no remunerada, mayoritariamente mujeres. Además, estamos construyendo 100 Centros Comunitarios de Cuidados, un espacio que no sólo responde a las necesidades de quienes requieren atención, sino también de quienes cuidan.

Respecto de las acciones que nos encontramos en espera de que pronto puedan aprobarse, tenemos la Agenda Sala Cuna para Chile, que busca garantizar el bienestar de los niños y promover la corresponsabilidad parental, asegurando que madres y padres accedan a salas cuna sin discriminación; el Proyecto de Equidad Salarial, que busca eliminar las brechas salariales por motivos de género. A través de esta propuesta, se promueve la justicia salarial en trabajos tradicionalmente feminizados, que han sido históricamente subvalorados, contribuyendo a cerrar la brecha que aún afecta al 25,5% de las trabajadoras. También la Ley de Violencia digital, que busca llenar un vacío en nuestra legislación penal, porque actualmente no se sancionan el ciberacoso, la violencia digital y el hostigamiento.

Cada una de estas acciones refleja el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de construir un Chile para Todas, un país donde las mujeres no sólo tengan igualdad de oportunidades, sino también la seguridad y dignidad que merecen. Seguiremos trabajando para fortalecer estos avances, con una mirada intersectorial que nos permita avanzar hacia un país más justo y equitativo.

Hanna Goldener Callejas es Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Antofagasta.