Se habla de una generación más violenta, que falta mano dura, que faltan límites, que se perdió la autoridad y que los jóvenes parecieran no saber resolver sus conflictos de otra manera. Y ciertamente existe un problema que no podemos minimizar. Durante 2025 se registraron 17.076 denuncias vinculadas a convivencia educativa ante la Superintendencia de Educación, equivalentes al 75% de todas las denuncias recibidas por el organismo.

Sin embargo, quizás estamos formulando mal la pregunta.

Antes de preguntarnos qué les pasa a nuestros jóvenes, deberíamos preguntarnos: ¿en qué sociedad están aprendiendo a relacionarse?

Porque resulta cómodo observar una pelea en el patio de un liceo, identificar a quienes participaron, sancionarlos y concluir que el problema está en ellos. Mucho más incómodo resulta reconocer que ningún niño o adolescente se desarrolla en el vacío.

Aprendemos a relacionarnos, relacionándonos.

Aprendemos qué hacer con la rabia observando qué hacen otros con ella. Aprendemos cómo resolver un conflicto a partir de las formas de resolución que hemos experimentado. Aprendemos sobre el poder, el respeto, el cuidado y también sobre la violencia en nuestras familias, barrios, escuelas e instituciones.

Y cuando miramos esos contextos, la discusión cambia.

En Chile, seis de cada diez niños, niñas y adolescentes experimentan violencia física o psicológica en su crianza. La Encuesta Nacional de Polivictimización muestra además que un 39% de los adolescentes entre 12 y 17 años sufrió maltrato por parte de padres o cuidadores durante el último año medido.

Fuera del hogar tampoco necesariamente encuentran un mundo protector. Datos reportados por UNICEF muestran exposición a violencia comunitaria, inseguridad, peleas, tráfico de drogas y balaceras en los entornos donde muchos niños y adolescentes crecen.

Entonces debemos hacernos una pregunta bastante más incómoda:

¿Podemos construir una sociedad atravesada por múltiples formas de violencia y después sorprendernos cuando algunos jóvenes aprenden a relacionarse violentamente?

No planteo esto para justificar una agresión. Comprender una conducta no significa aprobarla.

Un adolescente que golpea, amenaza o humilla a otro debe aprender que sus acciones tienen consecuencias y que existen límites indispensables para vivir junto a otros. Pero responsabilizar no significa descontextualizar.

Existe una diferencia enorme entre decir

“tú eres el problema”.

“lo que hiciste está mal y debes hacerte responsable”

y decir

Cuando convertimos al joven violento en la explicación completa de la violencia, corremos el riesgo de utilizarlo como chivo expiatorio de un fenómeno mucho más amplio. Depositamos en él aquello que como sociedad no queremos mirar: familias desbordadas y muchas veces sin apoyo, abandono, exclusión social, barrios violentados, experiencias tempranas de maltrato e instituciones educativas obligadas a enfrentar problemáticas que exceden ampliamente su función pedagógica.

Incluso la violencia psicológica durante la crianza, como: insultos, gritos y descalificaciones, puede afectar el desarrollo y las relaciones con otras personas, además de transmitir aprendizajes respecto de cómo se enfrentan los conflictos.

Por eso no basta con preguntarnos cómo detener la pelea.

Tenemos que preguntarnos qué ocurrió antes de que esos dos jóvenes llegaran a golpearse.

¿Qué aprendieron sobre el conflicto? ¿Qué experiencias de violencia han vivido? ¿Qué posibilidades han tenido de aprender a reconocer lo que sienten, ponerlo en palabras, tolerar una frustración, pedir ayuda o resolver una diferencia sin destruir al otro?

Y también debemos preguntarnos qué oportunidades reales les entregamos para construir algo diferente.

Porque existe otro peligro: pensar que haber crecido entre violencia condena inevitablemente a reproducirla.

No es así.

Necesitamos límites. Necesitamos responsabilidad. Y frente a hechos graves, necesitaremos también consecuencias.

Pero ninguna sanción reemplaza la prevención.

Si realmente queremos disminuir la violencia entre nuestros jóvenes, tendremos que hacer algo bastante más difícil que castigarlos cuando finalmente explotan: tendremos que construir contextos menos violentos antes de que eso ocurra.

Y la violencia también nace en un sistema que violenta, en un sistema que no entrega recursos necesarios, donde el precio de la vida es cada vez más alto, donde cada vez tenemos menos tiempo para estar con nuestros hijos, y donde el estrés, la incertidumbre económica, y la desigualdad, ya son el hábitat donde se generan y se configuran las relaciones.

Quizás entonces la próxima vez que veamos una pelea escolar, además de preguntarnos “¿qué les pasa a estos jóvenes?”, tengamos el valor de hacernos otra pregunta:

¿Qué les estamos enseñando los adultos sobre la manera de tratar al otro?

Porque una sociedad no puede producir violencia, permitir que niños y adolescentes crezcan expuestos a ella y luego escandalizarse cuando esa violencia reaparece en sus relaciones.

No se trata de justificar la violencia juvenil. Se trata de dejar de fingir que surge de la nada.

Hay familias en las cuales se trabaja todos los días, no faltan ingresos, pero sí certezas. Donde el sueldo alcanza para sobrevivir, pero no para proyectarse. Y ahí es donde la promesa del trabajo empieza a desdibujarse.

Altas cifras de ocupación, pero con brechas persistentes

Según el Boletín de Empleo Regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2024), la tasa de ocupación en la región de Antofagasta bordea el 60%, posicionándose entre las más altas a nivel nacional. A simple vista, podría leerse como una señal positiva, sin embargo, esa cifra convive con otra realidad menos visible.

De acuerdo con el Boletín Regional: Personas con Discapacidad y Mercado Laboral en Antofagasta, iniciativa impulsada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE, 2023), cerca de un 20% de las personas ocupadas en la localidad se encuentra en condiciones de informalidad. Es decir, miles de trabajadores sin contrato, sin seguridad social y sin una red mínima de protección.

El alto costo de vivir en la región

A esto se suma una tensión cotidiana. Según la encuesta suplementaria de ingresos del INE (2023), los ingresos laborales promedio en la región se ubican entre los más altos del país. Aún así, informes sobre acceso a la vivienda y costo de vida elaborados por la Cámara Chilena de la Construcción (2023-2024) advierten que ciudades como Antofagasta presentan uno de los mercados más caros en arriendos y servicios básicos. El resultado es evidente: ganar más no necesariamente significa vivir mejor.

En este contexto, el Día del Trabajador deja de ser solo una conmemoración. Se transforma en una pregunta incómoda: ¿Qué significa realmente trabajar en Chile hoy? ¿Y para quién está funcionando ese modelo?

Parte de la respuesta se centra en las decisiones económicas recientes. Durante las últimas semanas, el gobierno actual ha impulsado una agenda que combina rebajas tributarias con un ajuste del gasto público. Según el reportaje “Kast busca contener el gasto público…” publicado por “El País” (2026), el ajuste proyectado alcanzaría los 6 mil millones de dólares e impactaría a más de 200 programas públicos, incluyendo áreas sensibles para la población.

El debate no es menor, porque mientras se proyecta dinamizar la economía, también se tensiona la capacidad del Estado para sostener apoyos sociales en un contexto donde el trabajo ya no garantiza estabilidad.

En regiones como Antofagasta, esa contradicción se vuelve aún más evidente. Se produce riqueza a gran escala, pero sus efectos no siempre se traducen en bienestar para quienes la generan.

Por eso, este 1 de mayo no es solo una fecha simbólica, es un recordatorio de que el empleo, por sí solo, no basta. De que las cifras pueden mostrar crecimiento mientras la calidad de vida se estanca y de que detrás de cada indicador hay personas que sostienen el sistema, muchas veces sin garantías.

El VIH no es un problema lejano ni contenido, está presente y tiene un impacto concreto. En Chile, cerca del 70% de los nuevos casos se concentra en personas entre 29 y 39 años, según datos del Ministerio de Salud. Se trata de población joven, en plena edad productiva, que en muchos casos recibe el diagnóstico en etapas avanzadas, lo que evidencia fallas persistentes en la detección oportuna y, por extensión, en las estrategias de prevención.

Pero el VIH no ocurre en el vacío, está profundamente vinculado a las condiciones sociales en las que viven las personas. En la región de Antofagasta, esa relación se vuelve evidente. De acuerdo con la encuesta CASEN, la pobreza por ingresos alcanza un 16,4%, mientras que la pobreza multidimensional llega al 17,3%. Detrás de esos porcentajes hay más de cien mil personas que enfrentan dificultades de acceso a salud, educación y condiciones básicas de bienestar. En ese contexto, la prevención deja de ser un complemento y pasa a ser una herramienta esencial.

La discusión sobre recortes suele instalarse en términos de eficiencia, priorización y responsabilidad fiscal. Son conceptos válidos, pero incompletos si no se consideran sus efectos en áreas sensibles. La prevención del VIH no es un gasto accesorio: es una de las principales barreras frente al contagio, especialmente para quienes no cuentan con acceso oportuno a información, testeo o atención continua. Reducir su alcance no elimina el problema, sino que lo desplaza y lo agrava.

A esto se suma que el VIH implica un tratamiento de por vida, con costos sostenidos para el sistema de salud. Desde esa perspectiva, la prevención no solo es más efectiva en términos sanitarios, sino también más eficiente en términos económicos. Sin embargo, el problema no es únicamente financiero. En regiones como Antofagasta, la vulnerabilidad no se limita a quienes están bajo la línea de pobreza. Existe una amplia población de clase media que depende, en distintos grados, de políticas públicas para sostener su estabilidad. Basta una crisis o una barrera de acceso para que esa estabilidad se vea comprometida.

En ese escenario, las políticas públicas no operan en abstracto. Su alcance -o debilitamiento- tiene efectos concretos sobre la vida de las personas. Por eso, la discusión de fondo no debería centrarse únicamente en cuánto se ajusta, sino en dónde se decide hacerlo y con qué consecuencias. Reducir la prevención en una región con alta incidencia de VIH no es solo una contradicción técnica, sino una decisión que tensiona el sentido mismo de las políticas sanitarias.

El costo, en ese contexto, no se mide únicamente en cifras presupuestarias, sino en aquello que se deja de prevenir y en las consecuencias que, tarde o temprano, terminan por aparecer.

Por Rosario Sardi Aguilera

Las autoridades municipales electas y reelectas, llegan en un momento en que nuestra región enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad, salud, educación, infraestructura y la necesidad de promover un desarrollo sostenible. Por lo anterior, es fundamental trabajar de la mano para abordar dichas problemáticas con un enfoque colaborativo y efectivo.

En un escenario en que la falta de comunicación y coordinación entre las distintas entidades obstaculiza el progreso, es imperativo potenciar el diálogo y la colaboración, para ello se requiere voluntad política.

La magnitud de los recursos gracias a las nuevas fuentes de ingresos como lo es la nueva ley del royalty minero, que el año 2024 implicó una inyección de recursos a las arcas municipales de las 9 comunas con más de 6 mil millones de pesos que se duplicarán en 2025, impone un desafío mayor en la gestión de los organismos del estado para elaborar proyectos que aborden las urgencias de las personas.

Aspectos urgentes como la inversión, recuperación de espacios públicos y los servicios básicos, no pueden seguir a la espera, es momento de implementar estrategias conjuntas que promuevan el crecimiento urbano y un modelo de desarrollo regional que ponga en el centro a las personas. Recursos como el Royalty Minero, que en Antofagasta beneficiará a la totalidad de las comunas, contribuirán como soporte a la implementación de políticas públicas.

Juntos podemos transformar las realidades de nuestras comunidades y que estas respondan a las expectativas de la ciudadanía. Invito a las autoridades a sumarse a este esfuerzo que será el motor de consolidación para el desarrollo de la región.

*Paulina Larrondo Vildósola es Seremi de Gobierno de Antofagasta.

Vivir como producimos, principio que pulsa en el corazón del municipio que Iriarte liderará, no solo viene a establecer un presente portentoso, sino que recupera el sentir más noble de nuestra identidad. Es bramido irrumpiendo desde lo más profundo de nuestras raíces.

Vivir como producimos martilla, retumba, resuena desde la memoria de nuestros abuelos salitreros, desde nuestras abuelas, en el alma de los que con sus manos construyen su presente y en el anhelo eterno de tener la vida que nos merecemos.

Hoy, esas mismas energías resuenan en las propuestas de Pablo, quien busca rescatar ese legado para ponerlo al servicio del presente. Legado que pervive cada día en trabajadoras y trabajadores que mediante su esfuerzo construyen la vida merecida. «Siempre he vivido y viviré en esta tierra que me ha entregado tanto», dice Pablo, demostrando así su anclaje a la historia nuestra, demostrando así su pasión eterna, que es nuestra pasión eterna, para que nuestro hogar rebose en bienestar.

Esfuerzo que no merece que se lo siga llevando el viento, que no merece la omisión, que no merece el olvido. Valioso esfuerzo que merece estar presente, que debe ser valorado y reconocido.

Esfuerzo que merece una ciudad económicamente más justa, en el que el sueldo permita encumbrar vuelo hacia una vida mejor. Esfuerzo de trabajadoras y trabajadores que desean estar en el centro de las preocupaciones, que no quieren más postergación, que desean que sus familias sean verdadera prioridad para el goce en conjunto de una vida placentera.

Iriarte no está solo, cada camino ensanchado guarda en sí la riquísima diversidad existente en nuestro habitar. Impulso colectivo, oleaje incontenible que fluye y arrastra las apáticas sombras que intentan envolvernos, transitando en la senda de un Antofagasta renovado que brilla con fuerza.

«Queremos que Antofagasta siga siendo una ciudad para trabajar, pero que también pueda llegar a ser una ciudad para vivir plenamente». Asunto que es manifestación de un deseo colectivo, un llamado a la acción, un llamado a la hermandad, al diálogo, al entrelazamiento de confianzas, al reencuentro, a la esperanza.

Donde cada una, donde cada uno cuenta. Donde los protagonistas seremos nosotros y nosotras, vecinos y vecinas que cumplirán una tarea trascendental: hacer posible un vivir y convivir sin miedo, justo, feliz, digno y en paz.

Una vida repleta de amor.

Nunca he tenido la complejidad de cuestionar a aquellos que ocuparon la movilización social para delinquir, pues tengo absolutamente claro que la violencia no se combate con violencia, sino con más apertura a procesos democráticos, que permitan solucionar los problemas de fondo.

Haciendo memoria honesta, justa y consecuente, creo firmemente en el espíritu de esperanza que se apropió de la gran mayoría del país, quienes, en forma completamente pacífica, tal como en “La Marcha más grande de Chile” y en un sinnúmero de manifestaciones en Antofagasta, fuimos parte de un movimiento cultural histórico, que se cansó de la injusticia social y de la forma en que los grupos de poder manejan a la población común y corriente. Es más, me tocó marchar codo a codo con personas de todos los colores políticos, incluyendo a muchos personajes de la centro derecha que hoy borran con el codo publicaciones, fotos y videos, olvidándose del llamado de la ciudadanía a cuestionar la injusticia.

Los últimos hechos de corrupción, develados en el Caso Audios, no hacen sino volver a confirmar que el Chile desigual, el Chile donde una minoría se apropia del Estado para hacer negocios sin ninguna ética, con nuestra Salud, con nuestras pensiones, con nuestro Medio Ambiente e incluso con nuestra seguridad, ese Chile sigue existiendo. Ese, lamentablemente, es el verdadero Estallido Delictual que algunos tratan de proyectar en el malestar ciudadano.

Sobre ello, fue en agosto de este año que el último informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, reveló que el 57% de la población aún quiere cambios profundos. Pero, realizados en forma gradual. Por esto y más, es importante sacar lecciones sobre lo ocurrido estos cinco años. Hoy no queremos quedarnos en el descontento ni en la rabia. Queremos avanzar en propuestas, y me parece lamentable que quienes siempre han negado los avances necesarios para nuestro país, como las pensiones justas, hoy sean los primeros en obstruir esos avances.

¡Lo mismo sucede en Antofagasta! Queremos una ciudad limpia y ordenada, donde podamos ver todos los recursos que producimos de vuelta en nuestras calles, en nuestros parques, en nuestra salud, en nuestra educación y en todo cuanto nos hace falta. Creemos en el desarrollo económico, en la familia y en reglas claras para vivir en un país justo, donde las personas no tengan que hacer un bingo para enfrentar un problema de salud, ni tampoco tengan que salir asustados a la calle porque los pueden asaltar.

Creo en una ciudad que no sea solo para trabajar, sino donde también podamos vivir en ella.

Una ciudad para Vivir como Producimos. 

Durante la revuelta popular de 2019, se evidenció una desconexión profunda entre las demandas ciudadanas y la capacidad del Estado para canalizarlas. Las personas comunes y corrientes fueron las protagonistas de estas movilizaciones, exigiendo soluciones a problemas históricos que habían sido desatendidos por décadas. La crisis de “inseguridad social”, provocada principalmente por la mercantilización de los derechos fundamentales como la educación, la salud y las pensiones, junto a una extendida sensación de abandono y desprotección estatal, fueron el detonante.

Cinco años después, si bien los problemas originales de la revuelta permanecen sin solución —y muchos de ellos incluso se han agravado—, las preocupaciones en la agenda pública parecen haber cambiado. Hoy, los temas que copan el debate son la seguridad, la migración y el crecimiento económico. Es importante subrayar que, aunque estos son problemas reales que no se pueden ignorar, también han sido aprovechados políticamente desde la postdictadura para reprimir protestas sociales bajo el manto de la “seguridad ciudadana”. La seguridad se ha utilizado no solo para abordar la “delincuencia común”, sino para frenar la oposición al neoliberalismo.

Frente a este escenario, es fundamental que la izquierda no se vea arrinconada ni ceda terreno en estos debates. Si bien es crucial abordar el problema de la seguridad —sin dejar que la derecha lo monopolice—, debemos tener cuidado de no perder de vista el trasfondo de desigualdades que persiste en nuestro país. El énfasis debe estar en distinguir entre los problemas reales y la manipulación política de los mismos. La izquierda no debe limitarse a soluciones reactivas que reproduzcan el discurso hegemónico de seguridad represiva. Debe ofrecer alternativas que, sin traicionar sus principios, respondan tanto a las preocupaciones inmediatas de la gente como a las causas estructurales que originaron la revuelta.

A partir de nuestros propios ideales, la tarea es clara: formular soluciones concretas que vayan más allá de la narrativa simplista y efectista que ha promovido la derecha. Esto implica abordar temas como la seguridad y la migración, pero siempre desde una perspectiva de justicia, igualdad y dignidad. Sin embargo, también es imprescindible no relegar a un segundo plano los problemas históricos que permanecen intactos, como las desigualdades, la continuidad del pinochetismo en la postdictadura y las implicaciones del neoliberalismo en nuestras vidas cotidianas.

Mientras mantengamos un sistema político anclado a un modelo incapaz de adaptarse a las nuevas realidades sociales, después de un intento fallido de cambiar la Constitución, Chile seguirá atrapado en un marco institucional que bloquea las reformas estructurales necesarias para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Mientras tanto, la corrupción y los escándalos políticos continúan, minando la confianza ciudadana y alimentando la indignación que dio origen a la revuelta.

Las demandas de millones de chilenos y chilenas en 2019 siguen sin ser satisfechas. La izquierda no puede permitirse perder de vista este descontento; al contrario, debe convertirlo en el motor de propuestas viables que hagan de Chile un país verdaderamente libre y soberano.

*Felipe Cuevas
Candidato a CORE

El continente que hoy conocemos como América no fue llamado así hasta que el cartógrafo suizo Martin Waldseemüller publicó un mapa (Universalis Cosmographia) en el que aparecía, por primera vez, el nuevo continente separado de Asia. Nombrado aquí como América en honor de Américo Vespucio, por ser éste el primero en darse cuenta de que los suelos en los que andaba eran propios de un continente que no tenían contabilizado –Cristóbal Colón tildó de indios a los taínos (indígenas) que vio por primera vez, puesto que creyó haber llegado a la India-.

En el continente recientemente cartografiado, las relaciones entre los diferentes pueblos indígenas y la dominación de Aztecas e Incas tampoco eran de color rosa. Existía un complejo sistema de alianzas, formas de dominación, conflictos entre pueblos, divisiones, traiciones y todo el culebrón propio de nuestras formas humanas de socialización. Lo que explica que huancas, chancas, cañaris, taínos, totonacas, tlaxcaltecas, huejotzingos, cempoaleses, michoacanos, cañaris, chimúes, chachapoyas, tallanes, yungas, guaraníes, entre otros, se aliaran con los ibéricos para hacer caer a aztecas e incas; el historiador José Carlos Cueto indica que el 95% de conquistadores eran indígenas.

Sumado a esto, existiendo hoy predominancia del pensamiento mágico, pululan revisionistas y negacionistas (decoloniales) encubiertos en teorías que parecieran inocuas y benefactoras con los pueblos indígenas. Teniendo como gran logro la popularización, entre los que dicen querer otro mundo, de la denominación de este territorio como Abya Yala; supuesto nombre con que identificaban los indígenas a este continente, mentira. Abya Yala es, entre varios, uno de los nombres con que el pueblo guna, en lo que hoy es Panamá, daba al territorio por ellos conocidos («Mayab», como ejemplo, fue el nombre dado por los mayas a la península que habitaban). Aba Yala surgió como consenso denominador en la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas celebrada en 1977 en Kiruna, Suecia.

También algunos rebeldes han comenzado a hablar del «día de la resistencia indígena», cuestión falsa y contradictoria. Falsa porque a la llegada de los ibéricos no hubo resistencia, sino más bien ésta, y en un reducido número, solamente se desarrolló durante el proceso colonial. Falsa porque los pueblos indígenas oprimidos por Aztecas e Incas se rebelaron contra estos por medio de alianzas con los ibéricos. Contradictorio porque al agregarle unidad política a la diversidad indígena de la época, echan bajo la alfombra las propias formas de dominación existentes, incurriendo en una justificación de las mismas.

Es sabido que la conmemoración de ciertos hitos responde más a propósitos políticos que a la búsqueda de la comprensión de los procesos históricos, cuestión que no escapa a lo aquí tratado. Por esto, aunque cueste, es necesario escapar de esa categorización moral y ética de los hechos históricos, sobre todo si realmente queremos encaminarnos en el desarrollo del pensamiento científico y, por tanto, democrático.

Debemos hacer lo posible por atenernos a los porfiados hechos: La porfía de los hechos que demuestran que el proceso iniciado por el acontecimiento de 1492 no es de buenos contra malos.

Es cierto que hoy la disciplina histórica corre peligro, pero se hace necesario revalorizarla no solo para evaluar el pasado en toda su complejidad, sino para evaluar críticamente el presente y, desde aquí, construir uno que nos permita dotarnos de alternativas viables. Esto porque, cosa más que demostrada, dependemos del relato y conocimiento del pasado para construirnos en el ahora como sujetos y tener conciencia de todas las potencialidades que guarda el aquí y ahora; la construcción de identidad y la proyección de ella misma depende de la memoria.

A los que quieren mantener el mundo para el beneplácito de sus intereses les sirven estas narrativas que se han instalado desde ambos lados, narrativas que solo buscan silenciar, de alguna u otra manera, con distintos propósitos, el conflicto y, de paso, dotarla de una negatividad moral para lograr el rechazo inmediato de cualquiera que pretenda poner en cuestionamiento alguna situación. Narrativas que, por un lado, tratan como salvajes a los indígenas y que, por otro, los dotan de total ingenuidad y rebeldía (hacia los ibéricos). Narrativas que buscan, sin más, anular la diversidad propia de los pueblos y, de paso, anular las alternativas que nos pudieran permitir subvertir el ordenamiento actual. Narrativas solo serviles a conservadores y que perpetúan el orden actual de las cosas, justificado porque este orden proviene desde el ayer. 

Carla Cordua

El reciente anuncio del inminente cierre del Jardín Infantil Taqinki por parte de la Universidad Católica del Norte (UCN), ha causado una profunda preocupación en la comunidad local. Aunque se han señalado motivos económicos como la razón principal de esta decisión, es crucial ir más allá de las cifras y reflexionar sobre el rol social y comunitario que una universidad como la UCN debe desempeñar en su entorno.

Las universidades no solo son centros de formación académica, sino también pilares del desarrollo social y cultural. En este sentido, el Jardín Taqinki representa mucho más que un simple servicio educativo: es un símbolo tangible del compromiso de la universidad con el bienestar de su comunidad. A través de él, se ha fomentado el aprendizaje desde la primera infancia, promoviendo valores y consolidando lazos con las familias y el vecindario.

Lejos de considerar el cierre del jardín como una medida inevitable, la UCN podría transformar esta situación en una oportunidad para reafirmar su compromiso con Antofagasta. La creación de un nuevo jardín infantil dentro del campus Angamos no solo sería un acto de gran visión, sino también un gesto profundamente significativo. Esto permitiría a las familias, tanto de funcionarios, estudiantes como de los vecinos, acceder a un espacio educativo integral, reforzando la imagen de una universidad abierta, inclusiva y comprometida con la educación en todos sus niveles.

Así, Antofagasta vería en la UCN a una institución que no solo se preocupa por la formación académica, sino también por el bienestar de la ciudad, fortaleciendo el lazo entre la universidad y la cuidad, y consolidando un entorno que valora la educación desde la primera infancia hasta la formación profesional.

La UCN tiene hoy la oportunidad de marcar una diferencia crucial y transformar esta crisis en una nueva forma de conexión con su comunidad. Al apostar por la educación infantil en su propio campus, no solo cumpliría con su rol académico, sino también con su responsabilidad social, promoviendo un entorno que favorezca el buen vivir y el desarrollo integral de las personas.

Este llamado lo hago como alguien que se formó en esta casa de estudios y que ahora, como docente, ve de cerca cómo la existencia de un jardín infantil ha permitido a varios estudiantes seguir su formación con la tranquilidad de saber que sus hijos están en un entorno seguro y enriquecedor. También lo hago desde mi experiencia personal como hijo de padres que fueron la primera generación universitaria en nuestra familia. Asistí al jardín infantil de la Universidad del Norte del aquel entonces, y gracias a esa oportunidad, mis padres pudieron terminar sus estudios de manera exitosa, lo que ayudó significativamente a mejorar nuestra calidad de vida familiar.

Es tiempo de que la UCN, fiel a los principios del humanismo cristiano, reitere su compromiso con la comunidad y continúe construyendo un futuro donde todas y todos puedan crecer y aprender en un entorno cercano, seguro y acogedor.

*Felipe Cuevas es trabajador de la educación.

Tras revelarse el estratosférico sueldo de Marcela Cubillos, que asciende a 17 millones de pesos, una serie de manifestaciones se tomaron la Universidad San Sebastián, con consignas como “Hay 17 millones sin trabajar y nosotros sin almorzar”, exponiendo una problemática general en la educación superior: los recursos están, pero no para el estudiantado. Hoy, la situación se repite en la Universidad Católica del Norte (UCN), donde el cierre del jardín infantil Taqinki dejó en evidencia una serie de irregularidades que culminaron en la toma del Campus Angamos de dicha casa de estudios.

El cierre del jardín Taqinki

La entidad universitaria anunció la no renovación de las matrículas del próximo año debido al cierre del jardín, decisión que no se comunicó hasta octubre, al filo del cierre de las postulaciones a los jardines infantiles, a pesar del complejo panorama de las listas de esperas en la región. Si bien la razón del cierre según la institución de educación superior es que “la continuidad de Taquinki requiere de inversiones y mantenciones que la universidad no está en condiciones de solventar en el corto y mediano plazo”, esto no se ajusta a lo que observa la comunidad universitaria.

Inicialmente, frente a la negativa de la comunidad estudiantil y de las principales afectadas, las madres que quedarán sin educación para sus hijos, la respuesta de las autoridades fue ofrecer un bono de 50 mil pesos. Esta medida se suma a la restricción de varios beneficios, consecuencia de la crisis económica que atraviesa la universidad.

En verano de este año la institución de educación superior desvinculó a cerca de 50 funcionarios con la excusa de que la casa de estudios se encontraba en un déficit financiero. Ya en septiembre del año pasado la Federación de Estudiantes de la UCN (FEUCN) denunciaba el gasto injustificado de 7 millones de pesos, mientras que la Dirección General Estudiantil (DGE) respondió que “ratones se comieron el comprobante”. La situación generó una paralización que la universidad no escuchó, pues arrastra el problema de la falta de transparencia hasta hoy. 

A pesar de que los aranceles de la universidad están constantemente subiendo, cada vez se observa un mayor detrimento en los beneficios estudiantiles, en la infraestructura, la seguridad y el bienestar físico y psicológico de las y los estudiantes. Camilo Neira Chancay, presidente del Sindicato de trabajadores N°1 de la UCN, declaró que la universidad recibe alrededor de 75 mil millones al año en recursos, dinero que nadie sabe cómo se invierte, debido a que la casa de estudios no publica sus Balances de Gestión Anual desde 2019. Mientras tanto, estudiantes y funcionarios no académicos se ven obligados a enfrentar las carencias de una universidad que se jacta de su “excelencia”.

Actualmente la universidad carece de protocolos de emergencia o personal capacitado para realizar primeros auxilios en caso de ocurrir una emergencia médica, lo que podría afectar tanto a estudiantes como funcionarios. En julio de este año en la Universidad de Concepción falleció una alumna de derecho dentro de las dependencias debido a esta problemática.

Otro ejemplo es la precariedad de los hogares universitarios. David Núñez, tesorero del Hogar Rubén Bustos Lynch, declaró: “sentimos cierto abandono del hogar”, añadiendo que las instalaciones están en muy mal estado, expresando que “la gente misma nos dice que pareciera un edificio abandonado”. Por otro lado, Ignacio Aguilera, vicepresidente del mismo hogar, comentó que “el principal miedo es que si ya se están cortando beneficios de forma generalizada en la universidad, que pueda ocurrir que los hogares sean cerrados”. A esto se añade también la falta de inversión en equipamientos, bibliotecas actualizadas y softwares exigido a los estudiantes, aún cuando muchos de estos ofrecen tarifas económicas para que las instituciones puedan ofrecer los programas a los alumnos.

Es en este contexto que en el Senado se presentó un proyecto que busca obligar a las universidades y Centros de Formación Técnica (CFT) a transparentar sus gastos y contrataciones. Proyecto que tuvo un apoyo transversal en el espectro político, recibiendo respaldo desde el Partido Comunista (PC) hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI). Sin embargo, llama la atención la poca disposición de la universidad de efectivamente transparentar, por voluntad propia, cómo es que se están invirtiendo los recursos que recibe tanto del Estado como de estudiantes que cada vez deben pagar más por menos.

La verdad, la responsabilidad social, la excelencia y el humanismo cristiano suponen bases fundamentales de lo que la UCN espera de los estudiantes egresados. Sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad social de la universidad? ¿Dónde está su excelencia y humanismo cristiano? Y, en definitiva, ¿dónde está la plata?