Las aguas siguen agitadas en el gabinete regional. Este miércoles se confirmó la renuncia de la Seremi de Bienes Nacionales, Camila Alonso Klaric, sumando una nueva baja en un equipo golpeado por constantes deserciones o remociones.

La salida de Alonso no es un hecho aislado, ya que se suma a las bulladas «caídas» de las ahora exseremis Anggel Colque (Mujer y Equidad de Género), Karina Trujillo (Justicia) y Lizet Tapia (Desarrollo Social).

La noticia fue ratificada por el propio Ministerio de Bienes Nacionales a través de un escueto comunicado de prensa, donde argumentaron que la decisión de la autoridad regional respondió a «motivos personales».

Con este nuevo alejamiento, ya son cuatro las seremis que dejan sus puestos en la Región de Antofagasta a solo semanas de haber asumido. La situación local es el reflejo de un fenómeno que preocupa a nivel país, donde ya se contabilizan 20 renuncias de secretarios regionales ministeriales, lo que para diversos analistas expone un severo problema de diseño y coordinación política en la interna del oficialismo.

La respuesta política local no se hizo esperar. El diputado por la región, Jaime Araya, manifestó su profunda preocupación y lanzó duras críticas ante esta nueva vacante en el equipo regional, acusando una evidente falta de conducción.

«¿Cuando el presidente Kast va a ordenar su gobierno? No puede ser el desorden y descoordinación que genera su segundo piso y sus asesores más cercanos, con sueldos millonarios, pagados con fondos públicos», cuestionó el parlamentario.

«Debieran ser despedidos por irresponsables, soberbios, inútiles y por entrabar la gestión, que se vaya un seremi es volver a empezar en la región. ¿Dónde estaba la urgencia?», agregó Araya.

Según informó la II Zona de Carabineros Antofagasta, la decisión se adoptó “en el marco de una investigación que actualmente desarrolla el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9, bajo la dirección del Ministerio Público, y en estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la institución”.

En este contexto, se dispuso “la desvinculación de un cabo 1º y dos cabos 2° que, al momento de los hechos, desempeñaban sus labores en la 1ª Comisaría de Calama, perteneciente a la Prefectura El Loa”.

De acuerdo con el comunicado oficial, “la medida adoptada se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, las cuales estarían vinculadas al delito de cohecho, conductas que habrían afectado a empresas mineras y ferroviarias de la región”.

Desde la institución enfatizaron que “Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional”, asegurando que se aplicaron “con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad”.

No obstante, el caso vuelve a instalar cuestionamientos sobre los controles internos y la reiteración de episodios que afectan la credibilidad de la institución, particularmente en territorios estratégicos como El Loa, donde la relación entre seguridad, grandes empresas y fiscalización pública es permanentemente observada por la ciudadanía.

En su declaración, Carabineros sostuvo que “la institución reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la ética y el estricto apego a la ley, colaborando activamente con los organismos competentes y adoptando todas las acciones necesarias para resguardar la confianza de la ciudadanía y de todos los Carabineros”. Además, subrayaron que “este hecho no define a los miles de hombres y mujeres pertenecientes a esta institución, a ellos todo nuestro respaldo y reconocimiento”.

La investigación penal continúa en manos del Ministerio Público, mientras el caso se suma a una serie de episodios que mantienen bajo escrutinio el actuar de Carabineros y reabren el debate sobre probidad, fiscalización y responsabilidades institucionales.