En octubre, el INDH recibió información de que en la comuna de San Pedro de Atacama había familias enfrentando dificultades en el acceso al agua potable, tanto por la intermitencia del suministro como por la presencia de contaminación. A esto se suma el desborde de piscinas de saneamiento administradas por el Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama, lo que habría afectado incluso a viviendas del sector.

En sus oficios, la sede del INDH solicitó a la Seremi de Salud antecedentes sobre posibles incumplimientos en la calidad, continuidad, cantidad y universalidad del servicio de agua potable y saneamiento. También pidió información sobre denuncias asociadas al desborde de las piscinas, las medidas adoptadas y eventuales sumarios. A la Seremi de Medio Ambiente, en tanto, le consultó por acciones o medidas tomadas frente a estos desbordes.

El INDH ofició igualmente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para conocer si se ha evaluado el funcionamiento de los operadores y administradores en San Pedro de Atacama, identificando posibles falencias en la continuidad o calidad del servicio. Además, preguntó si se concretó la fiscalización anunciada por la SISS para noviembre de 2024, comunicada previamente vía oficio.

A la Superintendencia de Medio Ambiente, el organismo le solicitó información sobre denuncias relacionadas con el desborde de las piscinas de saneamiento y si éstas han sido investigadas, junto con sus eventuales resultados.

La Dirección Regional de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, también recibió un oficio en el que el INDH pidió detalles sobre diagnósticos realizados en San Pedro de Atacama respecto al suministro de agua en sectores rurales, el estado del saneamiento y la detección de factores que afecten la continuidad del servicio.

Estas acciones forman parte de la etapa de recopilación de antecedentes impulsada por la sede regional del INDH, con el propósito de evaluar medidas de acompañamiento para la protección de los derechos de las comunidades o, de ser necesario, la presentación de acciones judiciales.

La Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe consiguió un triunfo judicial importante, luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera su recurso de protección contra la Municipalidad local por el vertimiento irregular de aguas servidas en el Salar de Ollagüe, a menos de 500 metros del poblado.

Según la Dirección General de Aguas (DGA), en los últimos dos años el derrame se ha extendido a casi cinco hectáreas, contaminando aguas superficiales y subterráneas, y generando un foco de insalubridad. La Corte constató que se vulneraron los derechos fundamentales de la comunidad y estableció medidas inmediatas y definitivas para detener la contaminación.

El Tribunal dio al municipio un plazo de 30 días para presentar un plan de mitigación y control de los vertimientos, así como para informar sobre el avance del proyecto de alcantarillado, cuya implementación definitiva podría demorar cerca de cuatro meses.

Ricardo Frez, abogado de ONG Defensa Ambiental y de la Alianza de Humedales Andinos, valoró el fallo y calificó la situación de «sumamente grave y totalmente al margen de la legalidad», recordando que se trata de «un derrame de aguas servidas que se ha convertido en un foco de contaminación e insalubridad que ha crecido en más de un 2.000% en estos últimos dos años».

«Con este fallo esperamos que se empiecen a implementar las medidas para que en un corto plazo se pueda empezar a dar una solución al problema de las aguas servidas de la comuna y se detenga la contaminación en el salar», agregó.

La acción judicial fue presentada por la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, en colaboración con la Alianza de Humedales Andinos, luego de reiteradas denuncias ante la SEREMI de Salud y la DGA que no lograron detener los vertimientos.

Desde la comunidad, se destacó que el fallo simboliza un respaldo a la defensa de la salud y del ecosistema.

“Esto revela un problema estructural dentro de la Municipalidad de Ollagüe. El alcalde debe asumir sus responsabilidades e implementar mecanismos de prevención. Cuentan con maquinaria en Ollagüe, y además, con financiamiento regional para adquirir lo que sea necesario. No hay excusas para no actuar”, expresó Maribel Anza, integrante de la comunidad.

En la misma línea, Víctor Nina, Presidente de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, enfatizó que ahora la atención estará puesta en que el municipio cumpla los plazos.

“Este fallo es una respuesta al irresponsable actuar de la municipalidad y, nos da esperanza de que se ponga fin a los focos de contaminación, como las lagunas artificiales, que afectan nuestras garantías constitucionales. Estaremos vigilantes para asegurar que se cumpla lo ordenado por la Corte”, indicó.

Lo que sigue dependerá de si la municipalidad decide apelar al fallo. De no hacerlo, deberá cumplir estrictamente las medidas ordenadas por la Corte, tanto a corto como a mediano plazo, para garantizar una solución definitiva al problema.

Ante este panorama, la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acusando a la casa edilicia de vulnerar derechos fundamentales como la integridad física y psíquica y el acceso a un medio ambiente libre de contaminación.

El vertimiento de aguas servidas sin tratamiento ha sido persistente desde al menos el año 2023, aunque el municipio reconoció formalmente el problema solo en 2024. Al año 2025, la solución prometida sigue sin materializarse.

“La municipalidad no ha hecho nada para detener esto. Se comprometieron, se habló con la comunidad, tomaron nota, pero siguen las mismas aguas negras saliendo hacia el salar, a pocos metros de nuestras casas”, denunció Víctor Nina Huanca, Presidente de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe.

“Tenemos un hedor permanente, moscas por todas partes, no es digno vivir así”, agregó el dirigente.

Los efectos sanitarios también han sido advertidos por expertos: “El contacto con aguas servidas sin tratamiento expone a la población a bacterias como E. coli y Salmonella, virus como la hepatitis A y parásitos intestinales. Estas aguas estancadas también facilitan la reproducción de vectores como mosquitos, moscas y roedores», alertó Cynthia Escáres, miembro del equipo técnico-científico de ONG Defensa Ambiental. 

«En Ollagüe se podrían reportar cuadros respiratorios y gastrointestinales persistentes, que pueden afectar especialmente a niños y personas mayores», añadió la experta.

Los gases liberados por la descomposición de materia orgánica, tales como el sulfuro de hidrógeno o amoníaco, son de peligro inminente. “Hay días que en Ollagüe no se puede respirar, dependemos de los vientos que haya en la zona. Es un caos el tema de las aguas servidas”, denunció Víctor Nina Huanca.

La ONG Defensa Ambiental calificó el actuar municipal como negligente y omisivo. “No es solo un problema técnico, sino también un descuido profundo hacia la vida del pueblo y sus ecosistemas”, sostuvo Ricardo Frez, abogado de la organización.

Ahora la última palabra la tendrán los tribunales de justicia.

La licitación, impulsada por ECONSSA -empresa estatal encargada de los servicios sanitarios-, fue resuelta en tiempo récord: menos de cinco días corridos, incluyendo un fin de semana y un feriado.

Este acuerdo le permitirá a Sacyr operar el tratamiento, reúso y comercialización de una parte significativa de las aguas servidas de Antofagasta por los próximos 35 años, con plazo de concesión hasta el año 2060.

Con ello, la empresa suma un nuevo proyecto a su ya abultado portafolio de concesiones en el norte de Chile, que incluye los aeropuertos de Antofagasta, Calama y Copiapó, diversas rutas viales y el polémico caso del Hospital Regional.

La adjudicación ha generado fuertes críticas debido al historial de deficiencias en la gestión del Hospital Regional, donde se han reportado filtraciones, fallas en el sistema de climatización, infraestructura deficiente e incluso un incendio que obligó a evacuar el recinto, afectando gravemente la atención médica.

El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (bancada PPD), expresó su indignación y consideró que esta decisión «es una falta de respeto para Antofagasta».

«Hemos sido majaderos en mostrar y denunciar los incumplimientos de la concesionaria Sacyr respecto de la operación y funcionamiento del Hospital Regional de Antofagasta. Nos parece insólito. Esto es francamente una locura y una falta de respeto para Antofagasta que este proceso se adjudicara en tiempo récord. La pregunta es: ¿Quién es el padrino de Sacyr que permite este tipo de actuaciones?», concluyó.

La proliferación de insectos, los malos olores y los riesgos sanitarios han afectado directamente a los habitantes, sin que hasta ahora las autoridades hayan brindado respuestas efectivas. Así lo confirma Víctor Nina Huanca, integrante del directorio de la comunidad Quechua de Ollagüe.

“Hay bombas que han fallado desde hace mucho tiempo y no hay mantención hace más de medio año. Todas las aguas están llegando al Salar de Ollagüe, sobre la misma superficie de este preciado ecosistema, al lado de la cancha de fútbol. Dependiendo de los vientos, en Ollagüe a veces ni se puede respirar”, comentó el dirigente.

Este caso pone en tela de juicio la Estrategia Nacional del Litio del gobierno. En mayo de 2024, el Estado anunció con orgullo la creación de una Red de Salares Protegidos, que busca conservar el 30% de los salares y lagunas del altiplano para proteger su biodiversidad, recursos hídricos y capacidad de secuestrar carbono. Sin embargo, el Salar de Ollagüe, por su condición binacional, quedó excluido de esta red y fue destinado a la explotación privada.

El origen del problema

El problema comenzó cuando la motobomba encargada de extraer las aguas residuales falló, generando un vertido continuo en el salar. Aunque inicialmente los camiones aljibes transportaban las aguas negras a Calama, el volumen superó la capacidad de extracción, dejando el excedente fluyendo directamente hacia el ecosistema.

“No estamos pidiendo que Ollagüe sea un pueblo de lujo, pero al menos que exista un respeto a nuestras vidas y a nuestros derechos humanos, como el acceso a servicios básicos. La luz se corta y sufrimos con la captura de agua cada temporada de lluvia”, afirma Víctor Nina Huanca.

“La autoridad local se ha comprometido a una planta provisoria mientras se implementa una definitiva. Se necesitan camiones que saquen esas aguas negras, estamos realmente muy molestos todos los vecinos, se ha creado un humedal artificial con estas aguas”, recalca Maribel Anza, integrante del directorio de la comunidad Quechua de Ollagüe.

El impacto de esta contaminación es devastador. A pocos metros de las casas, las aguas negras han creado una vega artificial que, además de producir un hedor insoportable, ha provocado la proliferación de moscas y otros vectores de enfermedades, afectando directamente la salud y calidad de vida de los habitantes. La comunidad quechua de Ollagüe ha intentado movilizarse para denunciar esta situación, pero hasta ahora no ha habido respuestas efectivas por parte de las autoridades locales o nacionales.

*Imágenes: Darío Alejandro Cuellar Arellano.