De esos US$4.542 millones, alrededor de US$34,5 millones están directamente vinculados con acciones de empresas de armas como Elbit Systems, empresa internacional de tecnología militar y contratista de defensa con sede en Israel; Lockheed Martin, una compañía multinacional de origen estadounidense de la industria aeroespacial y militar; Leonardo, grupo industrial italiano, especializado en el ámbito aeroespacial; y FANUC, empresa japonesa proveedora de robótica para producción de armamento.

También se ha financiado tecnología de guerra a través de Tecnologías Palantir, quien proporciona servicios de inteligencia y vigilancia a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), incluyendo una forma de vigilancia policial predictiva. En enero de 2024, Palantir acordó una alianza estratégica con las FDI, para apoyar sus «misiones relacionadas con la guerra».

Si bien estas inversiones no son ilegales, han generado cuestionamientos éticos. Estas se realizaron a través de fondos administrados por gigantes financieros como BlackRock, Allianz, Barclays, BNP Paribas, PIMCO y Vanguard, todos mencionados en el informe de la relatora de la ONU Francesca Albanese como actores clave que financian directa o indirectamente el esfuerzo bélico israelí.

Antes del conflicto en Gaza (septiembre de 2023), las AFP chilenas tenían US$1.476 millones en estos fondos. En julio de 2025, esa cifra se triplicó a US$4.542 millones. En total, las AFP chilenas mantienen US$113.800 millones invertidos en el extranjero, el monto más alto de su historia. 

El informe de la ONU señala que varias de estas empresas y bancos ayudan a financiar el déficit fiscal israelí, comprando bonos del tesoro emitidos para cubrir el aumento del gasto militar (que pasó de 4,2% a 8,3% del PIB entre 2022 y 2024). Esto significa que los fondos internacionales, en los cuales participan las AFP chilenas, indirectamente sostienen la economía de guerra israelí.

Las administradoras consultadas (Provida, Capital, PlanVital y Uno) afirmaron que actúan conforme a la regulación vigente y que sus decisiones se basan solo en rentabilidad, seguridad y diversificación. Además, indican que las inversiones en estas compañías son indirectas, a través de fondos que replican índices internacionales (ETF), y no responden a decisiones activas de compra de acciones de empresas de armas.

«Este acuerdo muestra de manera inequívoca el tremendo poder de esta industria que somete a la clase política no solo a permitir que siga existiendo este abuso, sino también a aumentar en un 45% el financiamiento del mercado de capitales, lo que les permitirá capturar anualmente más de seis mil millones de dólares, que se suman a los catorce mil (MDD) que actualmente administran», indicaron mediante una declaración pública.

«El gobierno y partidos oficialistas, celebran un triunfo a lo Pirro. Llegaron prometiendo No+AFP y han cedido a todas las presiones y condiciones que les impuso la derecha y los defensores de las AFP, para así obtener una ‘reforma de pensiones’ que en los hechos no reforma, sino solo establece ajustes y disposiciones que mantienen el modelo», agregaron.

La organización también advirtió que seguirá siendo el Estado el que pondrá mayor financiamiento para las pensiones, recordando que el fisco hoy destina un 88% del total, mientras las AFP solo aportan el 12%.

«La Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No+AFP, continuará impulsando la movilización como el principal camino para lograr el fin de las AFP y establecer un Nuevo Sistema de Pensiones que tenga como base la solidaridad. En tal perspectiva convocamos a trabajadores y trabajadoras, a los pensionados, a las y los jóvenes de Chile, a una gran marcha nacional para el 30 de marzo», concluyeron.

Durante su intervención en la sala, el senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social), reflexionó sobre los alcances del acuerdo entre el oficialismo y Chile Vamos, lo que hizo viable el avance de esta propuesta en el congreso.

«De este acuerdo también se dice que tiene realismo político. Sí, que en ocasiones puede sonar a renuncia de ciertas convicciones. O que a veces huele a un entreguismo ante el poder y parece que es bastante poderoso este sistema. Bueno, en fin, se ha avanzado en lo que se ha podido», indicó.

«Este acuerdo muestra señales esperanzadoras de diálogo, de sensatez. Y como las pensiones de la gran mayoría de lo chilenos son extremadamente bajas y miserables, debemos decirlo, por supuesto que el acuerdo también muestra cifras más dignas», agregó el legislador.

Velásquez también destacó que el acuerdo permite un acercamiento para construir una sociedad fraterna y de justicia social, precisando que se observan «algunas pequeñas y tímidas semillas que buscan compensar las frías desigualdades que padecen grandes segmentos sociales».

«Cada uno de nosotros, cuando escucha las reflexiones o comentarios, no puede dejar de recordar lo que pasa en la región y el los territorios que representamos. Porque en el norte se amplifican muchas de estas desigualdades y condiciones de vida difíciles para nuestros adultos mayores. El cobro de arriendos, el precio de los alimentos, vestuario, medicamentos, salud, etcétera. Porque en ciertos territorios del país, como en el norte, nos miden en razón de algunos ingresos y sueldos de la minería», advirtió.

El senador Esteban Velásquez recordó que muchos pensionados, incluyendo mujeres montepiadas y beneficiarios de leyes de reparación, llevaban largos años esperando un aumento de los aportes económicos, los que nunca llegaban.

«¿Qué sucede con esto? Nos parece que hoy día, claramente, no es toda la reforma deseable, pero sí será una reforma honesta y posible. Por eso es que voy a votar a favor, porque después de tanto tiempo se abren puertas. Quizás pequeñas puertas. Y sentimos aire un poco más fresco y renovador», concluyó.

«Esto es un proyecto demasiado complejo como para llegar y votar. No nos podemos equivocar como ocurrió con la ley de isapres, porque el impacto que tendrá esta reforma en los futuros pensionados es enorme», afirmó. 

El legislador aseguró que «confía en el criterio» de los ministros de Hacienda y Trabajo, Mario Marcel y Jeannette Jara, pero que «el diablo siempre está en la letra chica».

«Eso es lo que me preocupa del acuerdo: no conocer ni masticar adecuadamente los detalles (…). Por lo tanto, estoy indeciso», precisó en la entrevista con la emisora.

«Con la información que tenemos, pienso en abstenerme (en la votación) de la iniciativa. Hay muchas dudas en este tema», concluyó el senador.

«Como coordinadora No Más AFP de Antofagasta hacemos un llamado a la comunidad a salir a la calle a manifestar la molestia que significa la nueva reforma de pensiones que se discute en el senado. Esta no nos favorece para nada, ya que profundiza las AFP, inyectando 5 mil millones extras para la especulación financiera, no para crear fuentes de trabajo o infraestructura», indicaron desde la organización.

«Con esto, el aumento de las pensiones será marginal y obligará a la mujer a jubilarse a los 65 años. Además, son 5 mil millones de dólares al año. El compromiso del presidente era terminar con las AFP, no perpetuarlas y sin embargo las fortalece más», advirtieron.

«Le pedimos al presidente que retire el proyecto de la reforma actual e impulse una ley corta que permita entregar pensiones dignas a quienes terminan su vida laboral y que hoy sobreviven en el límite de la indigencia», agregaron.

Entre algunas de las propuestas de la Coordinadora destacan una ley corta para aumentar la PGU a $ 250.000 con cobertura universal, entregar la PGU a las mujeres a partir de los 60 años, compensar la brecha de género, igualando las pensiones de las mujeres con las de los hombres y entregar el beneficio de 0,1 UF por año cotizado sin tope.

La iniciativa apunta a recoger la opinión pública sobre las Administradoras de Fondos de Pensiones, un modelo cuestionado debido a las bajas pensiones que ofrece a sus beneficiarios.

Cabe destacar que esta semana el Gobierno de Gabriel Boric debe presentar las indicaciones a la reforma previsional que se discute en el Senado. Según el acuerdo alcanzado con la oposición, la iniciativa debería ser votada antes de finalizar enero.

Desde el ejecutivo salieron al paso de la propuesta de plebiscito, descartando dicha posibilidad y afirmando que «el gobierno está trabajando en un acuerdo de pensiones que se está tramitando en el Congreso; es un acuerdo que ya lleva 20 años esperando, tres gobiernos discutiendo y nuestro foco está en generar ese acuerdo y en generarlo durante enero».

Así lo aseguró la ministra vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry, quien recalcó que no está en los planes del ejecutivo llevar adelante una consulta a la ciudadanía en esta materia.

“No estamos pensando en plebiscitos como gobierno, sino que estamos enfocados en lograr un acuerdo que pueda tener los votos en un Parlamento que tiene la configuración que tiene hoy, pero tener los votos que nos permitan mejorar las pensiones de los jubilados lo antes posible”, afirmó. 

Sin embargo, en opinión de la organización, «estamos frente a una reforma de pensiones que, de aprobarse, será quizá la peor traición a la ciudadanía que se haya registrado en las últimas décadas».

«Bajo los argumentos que llaman a ‘mejorar las pensiones’, efectivamente miserables que reciben las y los trabajadores al llegar a la vejez, se busca encubrir un financiamiento extraordinario al mercado de capitales, mantener el negocio privado con las pensiones y aumentar el gasto público (que hoy llega al 88% del gasto previsional), para mantener un sistema de capitalización individual que ha demostrado ampliamente su fracaso en los 44 años que lleva de implementación», afirmaron mediante un comunicado.

«Esta negociación se está realizando en el Senado con una mesa técnica marcadamente pro modelo privado de pensiones y fuera del Congreso, con la incursión en la última semana del grupo Luksic, interesado en cerrar rápidamente una negociación tan favorable, jamás pensada bajo un gobierno que fue votado ampliamente por su programa que prometía terminar con las AFP», agregaron.

Desde la Coordinadora Nacional No+AFP llamaron a la población «la llamamos «a no creer en las falsas promesas» y reafirmaron que «si la reforma mantiene las AFP, es mala; si las fortalece, es aún peor».

«Solo en Chile, los negocios del gran empresariado se financian con el ahorro forzado de las y los trabajadores. Ya basta de tanto abuso. Los llamamos a estar alerta, rechazar y a movilizarse contra este engaño», concluyeron.

Según datos de la Fundación Sol correspondientes al año 2023, las cifras no pueden ser más alarmantes: Del stock total de pensiones pagadas, que corresponde a 1.179.533, el 50 % de las personas recibe una pensión autofinanciada menor o igual a $185.418. En el caso de las mujeres, la mitad de las 538.837 pensionadas por vejez, recibe menos de $151 mil como pensión autofinanciada. La pensión mediana aumenta a $232 mil al considerar los subsidios estatales. ¿Cómo puede alguien mirar estas cifras y seguir defendiendo un modelo que condena a los adultos mayores a la pobreza?

La respuesta está en los intereses creados. Las AFP han construido un negocio multimillonario a costa de los ahorros de los trabajadores. Cada mes, estas entidades recaudan miles de millones de pesos en comisiones, independientemente de si los fondos generan ganancias o pérdidas. Este modelo extractivo cuenta con un sólido respaldo, principalmente de sectores de derecha, que han demostrado estar dispuestos a sacrificar el bienestar de los jubilados para proteger los intereses de grandes grupos económicos.

Lo más indignante es el uso descarado de los recursos de los mismos cotizantes para defender este sistema fallido. Según un informe de Fast Check, las AFP gastaron más de 11 mil millones de pesos en publicidad durante 2024. Estos recursos, provenientes de las comisiones que pagan los trabajadores, se destinaron a campañas mediáticas diseñadas para sembrar miedo y confusión en torno a cualquier reforma que amenace sus privilegios. Es decir, el dinero de los cotizantes no se utiliza para mejorar sus pensiones, sino para perpetuar un modelo que los condena a la pobreza.

La negativa de la derecha a incorporar solidaridad en el sistema de pensiones es el reflejo más claro de su indiferencia hacia la realidad de las mayorías. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, lo expresó claramente esta semana al responder a las críticas de las AFP: “Es inaceptable que un sistema que ha demostrado su fracaso siga siendo defendido con argumentos vacíos que buscan perpetuar la desigualdad”.

Sin embargo, la resistencia de la derecha y de las AFP no cede. Representantes de este sector han argumentado que un componente solidario es una forma de “expropiación” de los ahorros de los trabajadores. Este discurso es no solo engañoso, sino también deshonesto. Incorporar solidaridad no significa quitarle a unos para darle a otros, sino garantizar que ningún chileno quede desamparado en su vejez. Es un acto de justicia social, no de caridad.

La situación actual es insostenible, y el tiempo para actuar es ahora. No podemos permitir que los jubilados sigan cargando con las consecuencias de un sistema injusto. La introducción de un componente solidario en el sistema de pensiones es una medida necesaria, justa y urgente. El discurso de la derecha y las AFP no puede seguir paralizando las reformas que Chile necesita.

Cada día que pasa sin un cambio en el sistema de pensiones es un día más de miseria para los adultos mayores. Es hora de terminar con los privilegios de las AFP y construir un modelo que garantice pensiones dignas para todos. La solidaridad no es una opción, es una obligación moral que debemos asumir como sociedad.

Según reportó el medio local Marga Marga TV, el hombre (66 años) ingresó al recinto portando un líquido inflamable, presuntamente bencina, y procedió a rociarse con este mientras expresaba su descontento con el sistema previsional chileno. La rápida acción de la jefa de la sucursal, quien alertó a Carabineros, fue clave para evitar una tragedia. Los uniformados lograron contener al pensionado, que se había encerrado en el baño, antes de que pudiera encender el líquido inflamable.

En el lugar, se encontró una carta escrita por el hombre, donde explicaba las razones de su acto. «Estado y Gobierno y políticos de Chile, como ciudadano chileno exijo una ayuda económica porque mi pensión es muy baja», decía el mensaje. La misiva detallaba que su pensión, junto con el aporte de la Pensión Garantizada Universal (PGU), no le permite llegar a fin de mes, ya que enfrenta descuentos de $80 mil por una desafiliación.

Además, el hombre relató un doloroso episodio personal: «Por culpa de la famosa lista de espera, mi esposa falleció esperando una operación. Ella era pensionada y con su pensión nos ayudábamos los dos». En sus palabras finales, hizo un llamado al Estado a mejorar las condiciones de vida de los pensionados: «Solo pido que el Estado ayude a todos los pensionados de Chile para que no pasen lo que estoy pasando yo».

Tras el operativo, Carabineros trasladó a la persona a un centro asistencial para una evaluación médica.

Regionalista.cl conversó con él durante un encuentro realizado en la capital regional en el que participaron dirigentes de diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, además de numerosos vecinos y vecinas. Esto fue lo que conversamos:

¿Cuál es el motivo de su visita a la región de Antofagasta?

El motivo fundamental es dar a conocer la iniciativa popular de ley que estamos patrocinando a lo largo del país. Hemos dicho en todos los tonos, en todos los foros,  que tenemos una propuesta contundente, viable, que permite mejorar las pensiones ahora de los trabajadores, que es viable financieramente, porque no provoca trastorno a las cuentas fiscales, no destruye el ahorro interno. Es la única propuesta que se hace cargo de los cambios demográficos que Chile va a tener en los próximos treinta años. Es decir, es la única propuesta que responde al drama de cientos de miles de compatriotas  que hoy están viviendo en condiciones indignas.

Además de tener una propuesta contundente, ¿cuáles son los pasos a seguir?

Hemos venido aquí para decirle a la gente que no basta con tener una propuesta buena, no basta con tener la fuerza de la razón, la fuerza de la verdad. Aquí se requiere de mayor empoderamiento de la gente. Necesitamos desarrollar esta iniciativa popular de ley que le restituya a la ciudadanía la capacidad de deliberar, de ejercitar la democracia,  en una política pública tan importante como la seguridad social. Hay que dejar de creer que solamente la democracia es votar cada cuatro años, dejar de creer que la democracia radica solamente en los congresistas. Nada más alejado de la realidad. La democracia en su expresión más etimológica, señala que es la democracia del pueblo y el pueblo es el soberano. Y pueden darse miles de formas de hacer partícipe a la gente, por supuesto el congreso es una de ellas, pero no es la única. Y es por eso que estamos aquí en Antofagasta, una zona importante, para comprometer a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestros amigos y amigas, a que participen activamente. Lo hemos dicho: Esta propuesta no es de izquierda, no es de derecha, no es roja, no es amarilla, es una propuesta de dignificación de la especie humana. Porque lo que están haciendo con nuestros ahorros es convertir nuestros ahorros, nuestra humanidad, en capital para la expansión de los negocios y de las fechorías de estos grandes grupos económicos.

En su exposición usted dijo que acabar con las AFP es una de las batallas más importantes…

Es la madre de todas las batallas, porque implica restituir, recuperar el gigantesco ahorro que hemos generado con nuestra humanidad y que está hoy día prisionero y dispuesto para financiar a los grandes grupos económicos. Esta es la madre de todas las batallas porque se ha construido el modelo de concentración económica, en pocas manos, con nuestros recursos previsionales. Y por eso es que tenemos que acabar con las AFP.

¿El llamado entonces es a multiplicar estos cabildos?

El llamado es a que toda la gente haga cabildos. Los cabildos tienen una metodología, está claramente expresada en nuestra página (https://coordinadoranomasafp.cl/), mínimo ocho personas, máximo quince. Hacer que la gente, la dueña de casa, el poblador, el minero, el pirquinero, el profesional, discuta sobre las perspectivas que le quedan y que le esperan. De no mediar cambios importantes, vamos a seguir un 93% de los chilenos condenados a vivir una vida absolutamente indigna y es por eso que los  invitamos a participar de una gesta casi histórica, noble, épica, estoica.