El estudio mostró que un 24% está a favor del aborto libre en todos los casos y un 30% considera que debería ser legal en la mayoría de las situaciones. En contraste, un 33% estima que debería mantenerse ilegal en la mayoría o en todos los casos. Ante este escenario, las y los candidatos al Congreso comienzan a delinear sus posturas frente a dos de los debates más sensibles: la eutanasia y el aborto libre.

La diputada del Partido Social Cristiano (PSC) y candidata a la reelección, Yovana Ahumada sostuvo que los temas valóricos no son una prioridad frente a la situación actual del país: “el tema de la seguridad es lo más importante y creo que en esa línea tenemos que enfocarnos, en recuperar la economía de nuestro país y su desarrollo. Creo que eso es hoy lo más importante”.

“Lo dije antes y lo digo ahora, no estoy a favor del aborto. Tenemos esto de las tres causales y hasta ahí sería la conversación. Creo que no hay nada más que decir. Lo dije también respecto, que no podemos utilizar este tipo de temas cuando no son urgencias y, sobre todo, cuando se ha tratado de manipular el aborto libre como un modo anticonceptivo” afirmó la candidata a la reelección.

El Ministerio de Salud (Minsal) indica que la Ley 21.030 en sus 7 años de aplicación, ha sido invocada en 5.370 oportunidades y en el 84,79% de los casos se optó por la interrupción del embarazo. Vale decir, se realizaron 4.553 abortos.

Cabe señalar que la sola invocación de la ley no implica que se interrumpa el embarazo. En promedio casi en un 15% de las ocasiones las madres deciden continuar con la gestación. Pese a lo que anticipaban los grupos conservadores, la tercera causal, de violación, ha sido la menos invocada. Liderada por inviabilidad fetal de carácter letal, con el 46,2%. En segundo lugar, está la causal de peligro de muerte de la madre, con el 30,05%. Mientras que la causal de violación tiene un 23,6%. 

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, para el medio Ciper Chile señaló que se ha ampliado al acceso a la ley debido el “ingreso de las agresiones sexuales agudas al sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), lo que garantiza una atención oportuna, integral y un seguimiento en estos casos, facilitando el acceso por la causal de violación”. 

“Si comparamos el primer semestre de cada año, el periodo inmediatamente posterior a que comenzó a regir el GES 86, se duplicó el acceso, lo que se ha sostenido este primer semestre”, declaró la ministra. 

Desde una postura más moderada, el candidato Fabián Ossandón del Partido de la Gente (PDG) planteó que: “creo que en temas valóricos no hay que imponer dogmas, sino escuchar, empatizar y legislar con respeto. Hay realidades humanas que no caben en un eslogan. Mi postura es de centro, de equilibrio, respeto profundamente la vida, pero también el derecho de las personas a decidir en situaciones límites. Lo que no podemos hacer es seguir mirando hacia el lado ante el sufrimiento o la desigualdad en el acceso a decisiones tan personales.”

Respecto a la eutanasia, Ossandón sostuvo que el Estado debe garantizar un marco regulado y profesional: “Debe existir una regulación clara, con condiciones médicas específicas y acompañamiento profesional, porque no estamos hablando de un tema menor. Pero también creo que el Estado debe reconocer el derecho de cada persona a vivir, y eventualmente morir, con dignidad.”

Por el contrario, la diputada Ahumada declaró: “creo que hoy las prioridades no son la eutanasia, no son el aborto en particular. La seguridad es una urgencia”.

Sobre el aborto, el candidato del PDG reconoció haber modificado su postura en los últimos años: “creo que cambiar también es una forma de crecer. Estoy por mantener las tres causales, pero también por abrir el debate hacia una ley con plazos definidos, que garantice acompañamiento médico, psicológico y social, y que no deje solas a las mujeres. No se trata de promover el aborto, sino de evitar que sea una condena para las más vulnerables.”

Desde una mirada progresista, la candidata Gabriela Carrasco por el Frente Amplio (FA) manifestó su respaldo tanto a la eutanasia como al aborto libre, enfatizando la autonomía de las personas. “En cuanto a la eutanasia y el aborto libre, mi posición parte desde la defensa de la dignidad humana. Creo profundamente en el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su vida, siempre dentro de un marco regulado, informado y ético.” opinó.

Carrasco explicó que su visión está influida por experiencias personales y una mirada centrada en la empatía: “he visto el sufrimiento de personas con enfermedades incurables. Es fundamental que el proceso sea acompañado profesionalmente y que se resguarde su voluntad, asegurando también una evaluación profunda de su salud mental.”

En cuanto al aborto, subrayó la necesidad de avanzar hacia una legislación más amplia: “estoy plenamente de acuerdo en avanzar hacia una ley de aborto libre, regulado bajo plazos definidos por la ciencia médica y con acompañamiento profesional integral. No se trata de promover el aborto, como muchas veces se intenta instalar erróneamente, sino de garantizar que ninguna mujer sea criminalizada por enfrentar una decisión tan difícil”.

El debate sobre el aborto y la eutanasia se instala así como un tema inevitable en la campaña parlamentaria, marcando diferencias entre los candidatos. Mientras algunos, como Ahumada, apelan a la estabilidad y la seguridad como prioridades, otros —como Ossandón y Carrasco— abren espacio para revisar los marcos legales actuales, aunque desde perspectivas distintas.

Diario Regionalista contactó también a la candidata Yantiel Calderón y el candidato a la reelección Sebastián Videla. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Para Hernando, la medida del conglomerado de gobierno se basa en la conformación de votos existente en la institución.

«Como saben que tiene mayoría en el Tribunal Constitucional pueden conseguir algo, pero a mí me parece que es el colmo que quieran pasar a llevar la ley una vez más. Están buscando todos los resquicios legales», indicó la parlamentaria.

El pasado sábado, tras cumplirse un mes desde que Contraloría emitió su pronunciamiento, sin que aún el Ministerio de Salud presente el nuevo protocolo, la diputada Hernando ofició al organismo fiscalizador para solicitar el cumplimiento de la ley y requerir con urgencia al Minsal, la emisión del reglamento de objeción de conciencia para la correcta ejecución de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales.

«A mi juicio, durante este mes hemos estado en un vacío legal lamentablemente y seguiremos así mientras no haya reglamento. Así, lo que he hecho es pedir a Contraloría nuevamente urgencia y que se exija al ministerio cumplir con la ley. No sabemos si efectivamente el ministerio dejó sin efecto el protocolo anterior, desde mi punto de vista si no lo ha hecho por un acto administrativo, hoy lo que correspondería sería aplicar ese protocolo que fue declarado ilegal», indicó Hernando.

Por último, la parlamentaria radical señaló que es grave el dilatarlo más todavía.

«Yo entiendo que el Gobierno ha dicho que va a esperar hasta que esté definida la acusación constitucional, la verdad es que no tiene ninguna relación una cosa con la otra, los dictámenes de Contraloría no se alegan, se aplican», concluyó.

Regionalista.cl conversó con Catalina Cortés, Vocera del comunal Antofagasta del Frente Amplio, quien consideró como un gran logro lo dictaminado por Contraloría.

«Creo que este es un gran logro, una gran ganancia que se ha producido con la resolución de Contraloría, al declarar inadmisible el protocolo de objeción de conciencia», indicó.

«Esto finalmente permite que la ley pueda ser usada como debió haber sido siempre y que los hospitales públicos y todos los doctores y doctoras que trabajen en él, no tengan objeción de conciencia. Y también aquellos lugares privados que reciban financiamiento del estado, no puedan estar en contra del aborto en las tres causales», agregó.

En opinión de la dirigenta, «este es el principio de muchas cosas. Finalmente creo por fin se le dobló un poco la mano a lo que el gobierno quería hacer desde un principio, a someter a las mujeres a un trato indigno y vejatorio».

«Como ocurrió hace ya dos semanas con aquella mujer que finalmente optó por la segunda causal del aborto y tuvo un trato totalmente denigrante en un hospital público de Quilpué, en donde no la quisieron ayudar. Esto no puede seguir pasando, no puede seguir pasando que a las mujeres no se le practiquen los procedimientos médicos», señala Cortés.

«Esto para las mujeres es un gran logro. Finalmente la Contraloría, que es un organismo potente a nivel nacional, valida la ley. Esta es una de tantas luchas que tenemos que seguir dando», concluyó.

La Ministra expresó que «no compartimos la decisión, pero comprometidos con el estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen».

Asimismo, el Gobierno anunció que presentará «a la brevedad» un nuevo reglamento que regule la objeción de conciencia en la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, cumpliendo con las observaciones que hizo el órgano contralor.

«El protocolo que dictó este Gobierno, y también el que dictó el Gobierno anterior, se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo. La Contraloría, con todo, ha señalado que esta materia debe ser regulada no por protocolo, sino que por la vía de reglamento», afirmó.

Finalmente, la ministra Pérez declaró que «a la brevedad prepararemos un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo».

La vocera de Gobierno se negó a realizar declaraciones a la prensa apostada en el Parlamento y no respondió sobre el futuro del Ministro de Salud, quien queda gravemente cuestionado tras esta decisión de Contraloría.

Catalina Pérez (RD), diputada por nuestra región, valoró la señal que dio Contraloría.

«Hoy se ha dado una señal potente desde la Contraloría, declarando la ilegalidad del protocolo de regulación del Aborto en Tres Causales. Creemos que esta es la demostración de que la tesis que veníamos sosteniendo desde la oposición respecto de la ilegalidad de los actos del ejecutivo que, vía decreto, buscaban impedir el derecho de las mujeres de acceder a las causales que hoy día el aborto contempla por ley, está siendo corroborado por Contraloría», señaló la representante del Frente Amplio.

«Vamos a estudiar las acciones a seguir. Hemos anunciado ya que una acusación constitucional a propósito de este acto ilegal del Ministro, es de hecho una causal que contempla nuestra constitución, por lo tanto vamos a evaluar su procedencia. Pero creemos que un paso sensato sería que desde el ejecutivo, el Ministro dé un paso al costado», añadió la legisladora.

«Creemos que es importante dar una señal de responsabilidad a la ciudadanía en este tema, responsabilidad que no ha tenido el gobierno. Y estamos a la espera de que sea el ministro quien se decida a dar ese paso. En caso contrario, la solicitud de acusación constitucional va a seguir su curso», concluyó Pérez.

La Diputada Marcela Hernando (PR) también expresó su punto de vista tras la decisión de Contraloría.

«La verdad es que para mí es muy gratificante leer el fallo completo. Porque desde principio quedó claro que cada una de las preguntas que le hicimos al ministro de Salud y que no contestó, están reflejadas allí. Ahora ustedes van a poder tener claro que este es un protocolo ilegal, que pasaba a llevar la ley. Lo dice con todas sus letras el Contralor. A través de una norma administrativa menor -textual- se pasa a llevar una ley. Y eso es anticonstitucional», indicó la parlamentaria.

«Espero que hoy día ustedes puedan preguntarle al Ministro y que ojalá tengamos la explicación de él, las razones por las que lo hizo. Nosotros todos pensamos que obedecieron a presiones de intereses que no eran los de las mujeres, si no los intereses de las empresas privadas o de las instituciones que se querían declarar objetoras», añadió.

«El país entero ahora tiene claro que aquí se cometió una ilegalidad. Contraloría le dice que su protocolo no es válido, que tiene que anularlo entero. Yo no tengo interés en destituirlo a él. Se ha cumplido el objetivo que es anular el protocolo. Tiene que restablecerse el derecho. El Ministro tiene responsabilidades administrativas que su jefe debe juzgar. Los méritos existen para una acusación constitucional. Pero es una decisión del Presidente que depositó su confianza en él y tendrá que decidir», concluyó Hernando.

Por su parte, la ex gobernadora provincial de Antofagasta e integrante de la organización «Acción Mujer Antofagasta», también celebró lo resuelto por el órgano contralor.

«En primer término, agradecer el actuar pronto y justo de las parlamentarias y parlamentarios que recurrieron a la Contraloría para defender los derechos de las mujeres. Y luego, indicar que lo que reclamábamos los movimientos de mujeres era justo y además legal. El Gobierno de Piñera con su protocolo, pretendía ir más allá de la ley, desconociendo nuestros derechos y borrando arbitrariamente la discusión y debate democrático de la comunidad y del Congreso», indicó Rivero.

La Consejera Regional (Core) de la Provincia de Tocopilla, María Ramírez, también expresó su opinión tras confirmarse el dictamen de Contraloría.

«Contenta porque la Contraloría dice que el protocolo no se ajusta a derecho, esto marca un antes y un después. Es una decisión justa, a favor de la mujeres y niñas que han sufrido en su vida un ataque, un abuso sexual, un atropello a su dignidad. El aborto en 3 causales es un derecho ya adquirido de las mujeres, en la administración de la Presidenta Bachelet se otorgó y la derecha de Piñera le quería poner candado y llaves a miles de mujeres en Chile. Nosotras exigimos libertad de elección, es un derecho de todas, no un negocio para algunos cómo pretendía el Ministro de Salud», indicó Ramírez.

El dictamen señala que «los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador».

«Las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la Objeción de Conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los Servicios de Salud, y que forman parte de la Red Pública de Salud», agrega el documento.

Se añade que “considerando, por una parte, que las entidades que celebran convenios en el marco del decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, sustituyen a los Servicios de Salud en la ejecución de las respectivas acciones de salud, cumpliendo una función pública con recursos del mismo carácter y, por otra, que el Estado se encuentra en el deber de garantizar la ejecución de las acciones de salud, sólo cabe concluir que
las mencionadas entidades contratantes, en el cumplimiento del respectivo convenio, no pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a que se encuentra obligado el Estado”.

Cabe recordar que el 2017 fue promulgada la Ley de Aborto en tres causales, la que se puede invocar en caso de que esté en peligro la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación.

Este dictamen constituye un duro revés para el Gobierno de Piñera y su Ministro de Salud, quienes se empeñaron en permitir que las instituciones privadas que reciben fondos del estado pudieran declararse objetoras de conciencia, negándose a aplicar las causales del aborto aprobadas por ley, en lo que fue calificado como un intento por proteger los intereses de las clínicas privadas.

El pasado 23 de Marzo se publica la resolución exenta N° 432 en que el MINSAL (Ministerio de Salud) realiza cambios al protocolo de Objeción de Conciencia de la Ley de Aborto en 3 causales. Estos cambios permiten que instituciones privadas que reciben recursos del estado para atención obstétrica y ginecológica de pacientes FONASA, puedan ser objetores institucionales, esto a través de la eliminación del DFL-36.

Al respecto, planteo las siguientes problemáticas: El traspaso continuo de recursos públicos al sector privado, el rol antidemocrático que tiene el Tribunal Constitucional y la más importante, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos.

La salud, al igual que la educación, se encuentra mercantilizada en Chile, lo que es fácilmente observable a través de la dicotomía del sistema de cotizaciones (FONASA vs ISAPRE) y el constante traspaso de recursos estatales al sistema privado, perpetuando el círculo de endeudamiento del sistema de salud pública; la colusión de los precios en las farmacias y la clara diferencia de acceso y calidad en salud en relación al ingreso económico de cada persona. El problema de fondo es que no se percibe la salud como un derecho que debe ser garantizado por el estado, sino como un bien de mercado con el que se puede lucrar.

En relación a lo anterior, la interrupción voluntaria del embarazo es una problemática de salud pública, por lo tanto, debe ser garantizada y protegida por el estado. El derecho a decidir si ser madres o no, es una deuda histórica que tiene Chile con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que luego de décadas de lucha logra ser mínimamente saldada con la despenalización del aborto en 3 causales.

Sin embargo, frente a los alegatos de la derecha, el Tribunal Constitucional (TC) aprueba la Objeción de Conciencia Institucional, entregando la decisión a los administradores de cada establecimiento. Ahora con las modificaciones del Protocolo de Objeción de Conciencia se amplía esta facultad a instituciones de carácter privado que reciben fondos estatales. Por un lado, el TC, constituido por ministros designados, desconoce una lucha histórica discutida en el parlamento electo por representación popular y por otro se profundiza el lucro en la salud y se genera una sobrecarga al sistema público, por ende se genera más precarización. Y más preocupante aún: se reduce la discusión de fondo respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a una índole administrativa e institucional.

La decisión de abortar es única y exclusiva de la mujer, no del médico, no de los administradores de instituciones de salud y no del estado. Estas figuras nos dejan fuera de toda discusión cuando somos nosotras quienes debemos protagonizar cualquier modificación y/o regularización.  Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen los y las médicos? Involucrarse para garantizar salud.

Como sociedad cometemos una serie de negligencias: falta de educación sexual, acceso a anticoncepción gratuita y de calidad y nula protección del derecho a decidir si ser madre o no. En Chile el aborto es una realidad y no podemos invisibilizarlo con discusiones morales, sino que debe tratarse como una problemática de salud. Como garantes debemos hacernos cargo de las deficiencias del sistema. Las mujeres seguirán abortando y la discusión central es si dejamos que suceda de madera clandestina e insalubre o si entregamos las herramientas para que ocurra en un ambiente seguro.

Como médico y como mujer, que se desenvuelve en una sociedad patriarcal que decide sobre la autonomía de nuestros cuerpos y en un sistema que lucra con la salud de las personas, veo las modificaciones al Protocolo de Objeción de Conciencia como un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres, y un perjuicio en el avance de la concepción de la salud como un derecho.