Sin embargo, una sociedad se mide también por la forma en que ejerce la fuerza pública y por la capacidad que tiene de proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos: nuestros hermanos menores.

Lo ocurrido el lunes 25 de mayo durante un procedimiento de desalojo en Antofagasta, abre una pregunta que no puede ser ignorada. Mientras maquinaria pesada avanzaba sobre el terreno, organizaciones animalistas y voluntarios debieron desplegar esfuerzos de emergencia para rescatar a decenas de animales. Más de cincuenta felinos fueron retirados del lugar, mientras otros murieron aplastados o resultaron gravemente heridos. Hasta hoy, siguen los rescates.

Aquí no estamos discutiendo si el desalojo debía realizarse o no. La discusión es otra: ¿existió la coordinación necesaria para resguardar la vida de los animales presentes en el sector? ¿Se adoptaron medidas preventivas suficientes? ¿Hubo planificación adecuada entre los distintos organismos involucrados? Esto es algo que manda el ordenamiento jurídico principalmente a la Municipalidad, no es algo nuevo.

Cuando en un procedimiento de esta magnitud terminan muriendo animales indefensos, resulta legítimo preguntarse si existieron fallas de gestión y coordinación institucional. No basta con ejecutar una orden; también es indispensable prever sus consecuencias y minimizar los daños evitables.

Las municipalidades, los servicios públicos y los organismos que participan en estas operaciones tienen responsabilidades que van más allá de la mera ejecución material del desalojo. La protección animal forma parte de las obligaciones que el propio Estado ha ido reconociendo en nuestra legislación y en las políticas públicas desarrolladas durante los últimos años. Hemos evolucionado en aquello.

Por lo mismo, es necesario que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades administrativas que puedan existir. Corresponderá a la Contraloría General de la República, a través de los sumarios e investigaciones respectivas, establecer si hubo omisiones, falta de coordinación o incumplimiento de deberes por parte de las autoridades competentes.

Lo peor que podríamos hacer es transformar esta situación en una discusión ideológica entre quienes apoyan o rechazan los desalojos. Ese no es el punto. Se puede estar a favor del cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, exigir que el Estado actúe con planificación, humanidad y respeto por la vida animal. En el fondo, que el cumplimiento del ordenamiento jurídico sea íntegro y no a medias.

Porque el verdadero estándar de una sociedad civilizada no consiste solamente en recuperar terrenos ocupados ilegalmente. También consiste en asegurar que, al hacerlo, no dejemos atrás a quienes dependen completamente de nuestra protección.

Los animales no eligieron vivir allí. No participaron de decisiones políticas ni judiciales. Eran seres vivos bajo la responsabilidad indirecta de todos nosotros. Y cuando más de cincuenta deben ser rescatados de emergencia y otros terminan muertos bajo maquinaria pesada, la pregunta sobre las responsabilidades ya no es opcional: es una obligación moral y pública que debe ser respondida.

Lo que debió ser el proyecto inmobiliario «SOHO» —un caso del cual Diario Regionalista ya había informado recientemente tras las denuncias de la comunidad— lleva más de cinco años convertido en una profunda excavación abandonada con aguas estancadas, transformándose en un criadero permanente de roedores, zancudos y vectores.

Los vecinos acusan un riesgo epidemiológico crítico, agravado por la Alerta Sanitaria tras el reciente hallazgo en la región del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue y el Zika.

El abogado Ignacio Barrientos Pardo, quien representa a los vecinos en la acción judicial, enfatizó que esta no es una situación nueva. «La comunidad ha agotado las instancias administrativas, sosteniendo reuniones con autoridades desde enero de 2023 y presentando solicitudes formales en marzo de 2026, sin obtener respuesta ni acciones concretas hasta la fecha», explicó.

«La omisión de actividad administrativa es evidente y permanente. Estamos ante una amenaza concreta al derecho a la vida y a la integridad física de cientos de familias que viven en un estado de angustia sanitaria constante», agregó.

La Corte de Apelaciones ya acogió a trámite el recurso, ordenando a la municipalidad, la SEREMI de Salud y, adicionalmente, la Superintendencia de Salud, informes detallados sobre la inacción denunciada.

Los vecinos afectados lamentaron tener que llegar a estas instancias, debido a la falta de respuesta de las autoridades competentes. En el recurso presentado, la comunidad exige a la municipalidad de Antofagasta declarar la propiedad como abandonada y ejecutar el cierre perimetral, vaciado y relleno de la excavación en un plazo de 5 días. Mientras que a la Seremi de Salud se solicita ordenar el tratamiento químico inmediato de las aguas y realizar inspecciones entomológicas en el sector.

La muestra forma parte de FOTO ANTOFAGASTA 2025, una iniciativa cultural impulsada por Balmaceda Arte Joven (BAJ), que busca promover el arte fotográfico y la reflexión crítica en la región. Este proyecto cuenta con el valioso apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

A través de una serie de fotografías en blanco y negro, la exposición revela la compleja relación entre la costa, la ciudad y el desierto, alejándose de la mirada turística, exponiendo la tensión entre la arquitectura erosionada y la inmutable presencia del océano, un contraste que no solo evidencia la fragilidad de lo construido frente a la naturaleza, sino también la desconexión con el pasado, cuando el mar era concebido como un espacio de vida más que como un límite geográfico.

“Con esta propuesta fotográfica, me interesa dar a conocer el cómo nos hemos relacionado con el espacio urbano y cómo lo hemos intervenido, ya sea de manera individual, colectiva o por medio de las grandes empresas. Hemos sido parte de la alteración del borde costero, un territorio en el que el mar estuvo antes que nosotros y permanecerá después, desplazando todo lo que hemos instalado y modificando nuestra propia presencia”, señaló la artista Fernanda Sánchez.

Jorge Wittwer, director regional de Balmaceda Arte Joven, destaca que “Foto Antofagasta 2025 se encuentra bajo la consigna de identidad y diversidad regional, y la propuesta de Fernanda aborda una temática tan relevante como lo es el borde costero de nuestra ciudad, invitándonos a reflexionar sobre este espacio, sus paisajes, el vínculo que hemos generado con él, y las amenazas que lo rodean”.

Por su parte, el Seremi (s) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Antofagasta, Kenny Aranibar Orrego, destacó el inicio de una nueva versión de Foto Antofagasta, “una iniciativa que ya es tradición en la región y ciudad y que cada año nos invita a ser parte de diversas actividades e instancias formativas, bajo una temática en común relacionada con la identidad cultural local, que permite a creadores y participantes entregar su mirada desde un área artística muy importante, como lo es la fotografía, lo que valoramos y apoyamos como Ministerio mediante Fondart Regional”.

La exhibición fotográfica estará disponible hasta el 16 de abril en la galería de BAJ Antofagasta, ubicada en Arturo Prat #712, cuarto piso. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas. Para conocer más sobre “Sedimento”, el trabajo de la artista Fernanda Sánchez, los invitamos a visitar las redes sociales de @fotoantofagasta.baj, @baj_antofagasta y en la web de baj.cl donde encontrarán la galería virtual.