El diario La Tercera, en su edición PM, reveló que el ex ministro de justicia, Jaime Campos, habría boicoteado una de las medidas de la ex presidenta Bachelet que más expectativa había generado en los últimos días de su mandato: el cierre de Punta Peuco.

Según el medio, la tarde del viernes 9 de marzo y en reserva, la Presidenta Michelle Bachelet se preparaba para concretar el cierre de Punta Peuco, mediante el traslado a la cárcel Colina I de los presos más simbólicos recluidos por violaciones a los Derechos Humanos.

La idea era transformar Punta Peuco en un recinto de carácter humanitario: presidarios en situaciones especiales, como enfermos terminales o mujeres embarazadas.

Pero el boicot a su última medida simbólica vendría desde el interior del gobierno. Específicamente desde el Ministerio de Justicia. Esa mañana, según relata La Tercera, el titular Jaime Campos se habría negado a firmar el decreto que ya llevaba la rúbrica de la Presidenta. Campos -en una actitud en apariencia inexplicable- entró en estado de rebeldía con la decisión presidencial, lo que ha sido calificado por algunos sectores incluso como una «traición».

No sería primera vez que el Ministro Campos desobedecía una instrucción, pero en este caso torpedeaba una medida simbólica de Bachelet con la que la mandataria pretendía cerrar su gobierno dando una señal política clave.

Según la publicación, la presidenta llevaba varios años preparando esta operación, para lo cual se hicieron inversiones en la cárcel Colina I y se instruyeron medidas a gendarmería.

Estas revelaciones explicarían el hermetismo y los rumores que corrieron en el país durante el fin de semana, lo que fue ampliamente debatido en redes sociales y en medios de comunicación.

En las últimas horas, se sumó un nuevo antecedente:

Según la periodista Mónica Rincón, la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes le confirmó que “el decreto de Punta Peuco fue firmado por la Presidenta Bachelet. No lo cerraba, lo redestinaba para los presos no autovalentes o en situación de discapacidad”.

De este modo, el debate en torno al fallido cierre del penal para ex militares violadores de Derechos Humanos está lejos de cerrarse. En cuanto a la posición del nuevo gobierno, los ministros y el propio presidente Piñera han sido claros en señalar que no lo cerrarán y que consideran que es una cárcel que cumple con las condiciones para seguir funcionando.

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