Programa de Antofagasta por una Nueva Constitución abordó la postura de los pueblos indígenas en torno a enmiendas a la reforma que se encuentra hoy en la Cámara Alta.
La visión de representantes de pueblos originarios sobre el conflicto entre la Nación Mapuche y el Estado chileno abordó el programa Hacia la Constituyente, de Antofagasta por una Nueva Constitución. Los participantes conversaron además sobre la discusión que se lleva a cabo en la Comisión de Constitución del Senado, a propósito de la fórmula para viabilizar la reforma que establece la participación de pueblos originarios en el proceso constituyente.
La iniciativa, transmitida por Facebook a través de las plataformas Antofagasta por una Nueva Constitución y sus medios aliados AM Canal y Regionalista, contó con la participación de Gabriela Calderón Álvarez, abogada diaguita, miembro de la Red Nacional Diaguita y de la Red de Abogadas Indígenas en Chile, además de Cristian Varela Liendro, vicepresidente de la Comunidad Lickan Antai de Toconao y consejero del Consejo de Pueblos Atacameños.
Los representantes reprobaron al unísono la actuación violenta del gobierno y grupos abiertamente racistas para con el pueblo Mapuche en la comuna de Curacautín, en un nuevo capítulo de su lucha por la autodeterminación y la disputa de sus territorios ancestrales.
Institucionalidad y conflicto
“El estado no ha tenido la visión de poder trabajar con todos y se ha negado a cumplir con los tratados internacionales, de promover el respeto y garantías hacia los pueblos originarios, tomando decisiones sin consultar”, indicó Calderón, subrayando la enorme deuda que tiene el Estado con los pueblos originarios. “CONADI no está haciendo su trabajo. Acá en la tercera, cuarta y quinta región, que es donde están nuestras comunidades, dependemos territorialmente de Santiago, y nosotros pasamos prácticamente desapercibidos. Nuestra zona está marginada de las políticas públicas”, añadió.
La opinión fue secundada por Varela, quien se refirió a los conflictos que involucran a las comunidades indígenas con los grandes proyectos mineros al interior de la Provincia del Loa, así como su reivindicación territorial, proceso detallado en la Ley Indígena, cuya coordinación por parte de CONADI es duramente criticada. “Desde un principio la demanda completa del pueblo Lickan Antai era de alrededor de tres millones de hectáreas, detallado en un informe que extrañamente se perdió. Y después aparece una consultora de nombre Datura para hacer otro levantamiento que calcula un millón de hectáreas. El Estado no ha cumplido”, acusó el representante.
Pueblos originarios y nueva Constitución
Los dirigentes analizaron la discusión de la fórmula para viabilizar la participación de pueblos originarios en una eventual convención constitucional, una vez aprobado el plebiscito de entrada para el proceso constituyente, discusión que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Al respecto, coincidieron en la necesidad de contar con escaños reservados para los pueblos indígenas, con criterio de paridad y escogidos por pueblo y no por población territorial, en orden a evitar la sobrerrepresentación de un grupo originario en razón de su cantidad total de individuos.
Además, rechazaron que la población originaria nacional sea calculada en base a los datos que maneja CONADI, prefiriendo buscar alternativas como la última medición del Censo 2017 -que consigna un 13% de población reconocida como indígena- o generar un nuevo procedimiento para inscripción. De considerarse este último porcentaje, la Convención Constitucional incluiría 23 escaños para pueblos originarios, mientras que una eventual Convención Constitucional Mixta contemplaría 25 cupos de representación indígena.
“Nosotros no transamos lo que es un Estado Plurinacional. Ese es uno de los ejes del reconocimiento constitucional de los pueblos para poder comenzar a conversar. No es posible que se pretenda asimilar a todos la lógica de un Estado Unitario cuando hay pueblos indígenas que buscamos la autodeterminación”, enfatizó Calderón.
Jorge Ochoa Bugueño