Parlamentarios buscan responsables políticos ante hechos de violencia ocurridos en el último tiempo.

Fueron 13 partidos de centro izquierda quienes firmaron y presentaron la acusación constitucional en contra del actual ministro del interior, Víctor Pérez, tras un nuevo episodio de violencia policial registrado en el Puente Pio Nono en Santiago. La iniciativa busca indagar las responsabilidades del ejecutivo en la forma de control del orden público, su control jerárquico sobre Carabineros y el accionar del ministro durante el paro de camioneros. Ante esto, las opiniones de las y los parlamentarios de la región han sido diversas.

Ocultamiento de información

La diputada Marcela Hernando (PR) señala que el ministro del Interior ha tratado de encubrir hechos relacionados con atropellos de Carabineros hacia la ciudadanía, además de no ejercer control jerárquico sobre la policía uniformada.

“No es casualidad el silencio de casi un día del ministro del Interior, después de lo que ocurrió en el Puente Pio Nono, pero además de su complacencia con el paro de camioneros de finales de agosto, en donde ni siquiera se aplicaron controles por transgresión a normas COVID 19, y menos se aplicó la ley anti barricadas, promovida por este mismo gobierno. Eso fue francamente vergonzoso e impúdico”, indicó la médico cirujano.

Procedimiento

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado luego de la deliberación del Senado con un quorum de 2/3.

En tanto, el diputado José Miguel Castro se alineó con el gobierno, acusando una desarticulación de la oposición, amenazando en dejar en pausa el libelo a cambio de la destitución del director general director de Carabineros, Mario Rozas. «En el fondo, este hecho habla de que la acusación no está orientada a la persona, si no que hacia un hecho puntual y al gobierno», señaló.

Esta es la novena acusación constitucional impulsada desde la oposición en dos años y medio.

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