¿Qué es el acuerdo de Escazú?: Organizaciones ambientalistas de la región enfatizan importancia de firmarlo

Por Macarena Torres Muñoz Jul 5, 2020

El año 2012, en la reunión de Río + 20, Chile promovió el Acuerdo de Escazú, el único tratado regional relacionado con América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental. Pese a ello, tras la frustrada organización de la COP25 en medio del Estallido Social, hoy el gobierno se niega a firmarlo bajo el argumento de que en Chile se cumplen los planteamientos de éste.

Entre sus principales elementos, se encuentran:

-Certificar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

-Garantizar los derechos de la comunidad a vivir en un medio ambiente sano.

-Derecho de acceso a la información ambiental.

-Derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales.

-Derecho al acceso a la justicia en temas medioambientales.

Chile y Latinoamérica

En Chile existen 116 conflictos socio ambientales (mapa de conflictos socio ambientales INDH), de los cuales el 78% interfiere el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, mientras que el 46% obstruye el derecho a disfrutar de salud física y mental.

Carmen Serrano, activista socio-ambiental de Colibrí Eco-Social de Antofagasta, mencionó lo preocupante que es que Chile no firme este tratado. “Esto deja demostrado que el gobierno de Chile no tiene un real compromiso con la temáticas medioambientales y de Derechos Humanos, como lo han estado señalado en el último tiempo”, indicó.

La esencia del acuerdo considera la protección de la vida y los derechos de la comunidad que defienda la naturaleza, derechos que deben ser amparados para todas y todos quienes a lo largo del país y de América Latina conviven en desigualdad de condiciones. Solo el año 2018 fueron asesinadas 164 personas defensoras del medio ambiente en América, según el reporte Enemigos del Estado de Global Witness, mientras que en Chile se siguen investigando los casos de Macarena Valdés, Alejandro Castro y Juan Pablo Jiménez.

Transparencia

Osvaldo Chávez, coordinador del movimiento Extinction Rebellion de Antofagasta, expresó que en la ciudad se ha luchado durante la última década para que se entregue información a la comunidad acerca de la contaminación de la región, y que esta información ha sido constantemente negada.

“Los gobiernos sistemáticamente han oprimido a las personas que luchan por el medio ambiente y que están destapando los problemas ambientales que hay en la región. Por lo tanto el Estado siempre ha tenido una postura pro empresa, para generar desarrollos económicos de escala masiva con fuga de riqueza, con fuga de capitales hacia otros países que terminan no beneficiando a ninguna de nuestras comunidades”, sentenció.

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