La diputada Marcela Hernando (PR) presentó una moción que regula los procedimientos por los cuales son entregadas las casas fiscales para los empleados públicos. En la iniciativa se advierte que se necesitan modificar los requerimientos para que los funcionarios públicos puedan acceder al beneficio de las viviendas fiscales.

Al respecto, la diputada Hernando declaró que «hoy en día los criterios son de jerarquía y por lo tanto, el que tiene la primera prioridad es el director de ese servicio, nosotros estamos cambiándolo para que se tomen en cuenta los criterios de vulnerabilidad».

El proyecto especifica que por el uso de la vivienda, el funcionario «pagará una renta equivalente al diez por ciento de la remuneración total líquida asignada al cargo, suma que le será descontada mensualmente». Esto debido a que existen sueldos que terminan siendo mucho más altos de los concedidos en conceptos de sueldo base.

La diputada se refirió al periodo de tiempo en que se podrá hacer uso de estas viviendas he indicó que «hemos establecido un tope de 5 años y que esto puede ser renovado pero que no se preste para abuso y que las personas vivan ahí por décadas», situación que ya se ha dado en donde funcionarios con alto cargos, en específico en la Región de Antofagasta, que fueron beneficiados con viviendas fiscales, llevan más de 20 años utilizando estas casas.

Para finalizar la congresista afirmó que «lo importante es que exista una renovación que pueda servir como un estímulo o una ayuda al funcionario mientras pueda estabilizarse», agregando que «la idea es que el proyecto sirva como un incentivo para atraer algunos funcionarios a que trabajen en localidades que están más apartadas».

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