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En la Región de Antofagasta, los diputados que votaron a favor del proyecto fueron Esteban Velásquez, Catalina Pérez y Marcela Hernando.

El pasado jueves la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Royalty Minero, que apunta a establecer una compensación a favor del Estado por la explotación de sus riquezas naturales. Ante esto, la moción impulsada en 2018 por el diputado Esteban Velásquez (FRVS), avanzará a su segundo trámite legislativo en el Senado, lo que ha generado debates y críticas entre algunos sectores políticos y gremiales, quienes han cuestionado la iniciativa calificándola como “inconstitucional”, dejando bastantes dudas.

Actualmente existe un impuesto específico a la minería, que fundamentalmente es aplicado a las utilidades y no a las ventas, lo que no ha tenido ningún efecto notable en el Producto Interno Bruto (PIB). Es por esto que el actual proyecto de royalty minero contempla un impuesto adicional y progresivo para las compañías extractoras de cobre y litio, el cual es equivalente al 3% del valor de venta para exportadores que extraigan sobre 12 mil toneladas de cobre fino o 50 mil toneladas de litio.

Minería estatal v/s minería privada

En Chile la exportación de cobre corresponde al 48,2%, es decir, que del total de los envíos que se realizan al extranjero, prácticamente la mitad es de metal rojo, lo que refleja el peso que tiene este mineral en la economía del país. Sin embargo, el negocio del cobre es desigual y sus contribuciones también lo son. En la minería estatal, Codelco representa un 30% de la extracción, con una contribución de 59% en impuestos, mientras que la Gran Minería Privada extrae el 70% del cobre, con una carga de impuestos cercana al 41%, cifra que debiese ser de un 70% si se hace una relación lineal a su extracción.

El diputado y autor del proyecto, Esteban Velásquez, indicó que el royalty minero es necesario para reconocer el derecho que tiene el Estado sobre los recursos naturales que las empresas extranjeras extraen. “El derecho que se reconoce es a percibir un 3% del valor del mineral. Luego si hay precios por libra superiores a 2 dólares se va aumentando la tasa de lo que está entre esos 2 dólares. Pero es conocido por todos, incluso lo han dicho los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que las mineras buscan formas de pagar menos impuestos, y además aumentar sus utilidades”, expresó.

Reindustrialización

En esta misma línea, la diputada y presidenta de la Comisión de Minería, Marcela Hernando (PR), señaló que con este proyecto se va a favorecer la reindustrialización del país, refiriéndose además a una indicación que presentó satisfactoriamente. “Esta indicación lo que hace es conceder algunas rebajas con el fin de estimular a las empresas que exporten cobre con valor agregado, de tal manera que aquel que exporte cobre en concentrado, tendrá que pagar el máximo de los impuestos”, indicó.

De ser aprobado la iniciativa en el Senado, un 25% de la compensación se destinará a un Fondo de Convergencia Regional, integrado por las comunas de regiones mineras para realizar proyectos de desarrollo regional. El otro 75% estará destinado a comunas mineras, financiará proyectos de mitigación, reparación o compensación de daños ambientales, como también la inversión en obras de infraestructura o programas de investigación de universidades estatales.

“Las riquezas del cobre están en las líneas del metro, en las Condes, Vitacura, allá están invertidas, donde viven los dueños del país, o al menos algunas de las familias. Creo que es justo que de una vez por todas, una parte de los recursos económicos de la minería chilena quede en las regiones y comunas mineras, como nuestra región de Antofagasta”, manifestó Velásquez.

Patricio Rojas, presidente del PPD Antofagasta señaló que no es posible ni entendible mantener la escala de impuestos actuales, “tal como lo refleja el impuesto específico a la minería, mal denominado ‘royalty’, gravamen que ha sido prácticamente insignificante, y que como se demuestra entre 2009 y 2017, nunca superó más de un 0,3% del PIB, debido entre otras, a las argucias legales que utilizan las empresas”.

¿Inconstitucional?

Varias son las opiniones encontradas con respecto al royalty minero. Parte del sector privado y el gobierno han cuestionado esta iniciativa, calificándola como “inconstitucional”.

A raíz de esto, Velásquez indica que estamos hablando del reconocimiento legal de un derecho, «que en la Constitución está casi a modo testimonial, esto de que el Estado es el dueño absoluto, imprescriptible, inalienable, de todas las minas; en la práctica son las empresas extranjeras las que extraen, benefician, venden el mineral chileno y no pagan un peso por el mineral».

«En nuestro país aquellos que se oponen a reconocer un derecho a las chilenas y chilenos no se les puede sino llamar anti patriotas. Ya estamos cansados de los abusos y de los robos, porque se sabe que en Chile no hay sequía, hay saqueo, pero no sólo de agua, sino también de nuestros minerales», recalcó el parlamentario.

A esto se le suma Patricio Rojas, quien señala que vetar esta iniciativa significará otro golpe similar al que tuvo el gobierno con el tercer retiro. “Creo que los tiempos no están para eludir el tema con este tipo de argumentos, que por legalistas, no responden necesariamente al sentimiento masivo de avanzar hacia mayores grados de igualdad en todos los planos, y este es, por cierto, uno muy anhelado. El ejecutivo debe sumarse a la discusión, y generar el escenario para lograr un consenso sobre la materia, que dé cuenta real de lo pedido por la sociedad, y no termine como el ‘royalty’ actual, que todos sabemos que más bien es un saludo a la bandera”, concluyó.

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