Por manifiestos Anti Yuta y el fin de la violencia

Por Clive Echagüe Alfaro^[1]

Este texto está escrito desde el miedo y la impotencia, desde el afecto que ha evocado este mes de intensa esperanza y alegría, con las imágenes del horror que nos recuerdan el poder soberano del Estado. Un poder de muerte, de mutilación, de violencia. La actual militarización y policiación de la vida cotidiana en Chile tras las semanas de manifestaciones originadas en el movimiento por la evasión al metro, que desembocaron en un cuestionamiento profundo al régimen neoliberal chileno, se ha convertido en uno de los mayores malestares del movimiento y de amplios sectores de la sociedad chilena e internacional. La criminalización de manifestantes y la represión ejercida durante estas semanas de protestas, ha mostrado la política de mutilación que ha puesto en práctica Carabineros de Chile en las calles.

A la fecha, tenemos como resultado que más de 350 manifestantes y transeúntes han perdido la vista total en uno o ambos ojos; cientas de personas torturadas, cerca de 4.000 heridos por balas, perdigones y balines; casi 10.000 detenciones ilegales en las manifestaciones; violaciones y abusos sexuales a mujeres y hombres gays y heterosexuales; allanamientos y ataques con artefactos tóxicos en barrios populares, cientos de niñas, niños y jóvenes heridos o utilizados como escudos por carabineros, detenidos arbitrariamente y pasando la noche en comisarías. Todo esto cometido por carabineros. Además del número de asesinados a manos del Estado por fuerzas armadas y carabineros, ascendió a cerca de 30 personas.

A partir de ello hay una escalada de la violencia, que incluye extraños asesinatos, amenazas, amedrentamientos, que si bien no se pueden atribuir directamente a la policía, casualmente involucra a personas que han estado en tensión o denunciando el abuso policial. Todo esto sin contar la violencia que ha desatado el apoyo civil a carabineros, personas armadas, atropellos múltiples, que no se pueden entender sino como formas de  reproducción de la violencia estructural legitimada por el Estado y el gobierno de Sebastián Piñera.

También se conocen denuncias sobre centros clandestinos de tortura, como la Estación Baquedano o el caso del joven trabajador antofagastino a quien le enterraron agujas en los dedos durante un interrogatorio. Es un hecho: Carabineros de Chile es una de las instituciones más cuestionadas en el último tiempo. Human Rights Watch solicitó la reforma de Carabineros de Chile, y así otros organismos como el CIDH, ONU y varios gobiernos en el mundo han sido categóricos en rechazar y reconocer el desmedido nivel de violencia desatada por el Estado y el gobierno chileno, expresado en las fuerzas de orden público durante el último mes.

El presidente Sebastián Piñera en reiteradas ocasiones estos últimos meses, tras intensas jornadas de protestas, en menos de 5 minutos ha respondido al país con la criminalización del movimiento. Los “incitadores” es la nueva categoría creada por el gobierno para criminalizar y perseguir a quienes sean interpretados como “agitadores” del movimiento. Compartir en redes sociales una convocatoria a marchar, puede ser interpretado como un “incitador”, razón para justificar la persecución política. Un ejemplo de ello, son las querellas presentadas por el gobierno, pero que han resultado inadmisibles, como la denuncia al militante trotskista Dauno Tótoro y la injusta aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra del profesor Roberto Campos.

De esta manera, Piñera ha buscado consensuar “acuerdos” por la “paz social”, pero lo hace en base a la criminalización y represión de la protesta, censurando de forma dictatorial la información y reforzando el aparato policial represivo con armas químicas, altamente dañinas. Entre las últimas medidas anunciadas, el presidente ha concedido dar mayores atribuciones a Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. De esas instituciones, Piñera pretende hacer una fusión con la cual crear un nuevo servicio de inteligencia, además de los que ya existen y que quedaron expuestos tras el hackeo efectuado a Carabineros de Chile la noche del 26 de octubre donde se descubrió que estaban fichados dirigentes sociales y medioambientales como «blancos de interés».

Ya finalizando noviembre Piñera anunció un proyecto con un Decreto Fuerza de Ley para eximir de responsabilidad penal a las fuerzas de orden público y que obliga a los militares a reforzar la labor de Carabineros y PDI. Esa medida además incluyó la graduación anticipada de efectivos de PDI y Carabineros y la solicitud de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo de 38 mil 445 millones 600 mil pesos chilenos para seguridad pública, en un proyecto que busca la modernización del aparato policial y cuyo costo estaremos pagando todos los chilenos. Ni en salud, pensiones o educación se ha solicitado tal cantidad de dinero, aun cuando las personas llevamos más de una década en las calles exigiendo reformas a esos sistemas. En este sentido, el gobierno solo ha buscado endurecer y fortalecer los aparatos de inteligencia y la criminalización de manifestantes, en definitiva ofrece a cambio de que la gente deje de protestar en las calles más violencia.

Si bien la represión ejercida en estos últimos meses surge como algo contextual, como una reacción del gobierno y los poderes del Estado ante el estallido social, no debemos olvidar los grupos históricamente perseguidos por el Estado, los pueblos indígenas que reclaman autonomía como los Mapuche y los Atacameños, las personas inmigrantes, y a lo largo de la historia de este país las mujeres, les manifestantes, estudiantes, trabajadoras sexuales y clases obreras, también han sido un blanco para las policías y el Estado. No debemos olvidar tampoco que la policía es responsable de la imposición normativa del género en las calles. Es necesario que empecemos a pensar en la historia de la represión y un futuro sin ella, pensar en la posibilidad de un futuro sin cárceles y policías. Sea cual sea el color político, ese poder del Estado va a caer sobre manifestantes. Ya vimos cómo  Ricardo Lagos y José Miguel Insulza justifican y apoyan las medidas represivas de Piñera. Por lo mismo debemos pensar seriamente en la abolición de la policía como una posibilidad, como un agregado a cualquier programa político decente que busque la justicia social y acabar con la inequidad y la desigualdad, pero sobretodo a cualquier programa político que busque el fin de la violencia. No puede ser significado de «defender la democracia», repletar las calles con carabineros y armas.

Esta posibilidad, la podemos encontrar en un programa que si bien no es hegemónico, se ha ido construyendo en torno a diversos activismos y que ocupa una agenda central en el movimiento negro estadounidense, el feminismo negro interseccional y en el pensamiento negro radical. El abolicionismo de la policía y las prisiones no es un movimiento nuevo, en Estados Unidos quienes han sido víctimas históricamente de la violencia policial: personas no-hetero y trans, personas racializadas y el inmenso pueblo negro y pobre de Estados Unidos, han levantado este proyecto. Entienden que tanto la policía como las cárceles se fundan, en palabras de Angela Davis o Andrea Ritchie, como instituciones patriarcales, clasistas, racistas y  coloniales. La policía es parte de algo que podemos llamar, siguiendo la lectura de Davis, “un complejo industrial”, que en nuestro contexto podemos contar desde quienes fabrican los perdigones, las bombas lacrimógenas, hasta el mismo trabajo in situ de carabineros. A ese complejo industrial lo podemos llamar como “complejo de la violencia”. Existe un parque industrial de la violencia ejercida en el nombre del Estado y la gobernabilidad, tiene un mecanismo productivo y emerge como todo un medio de producción, que mueve miles de millones de pesos y dólares. Por ejemplo, hay antecedentes del gasto del Estado en Lacrimógenas, que asciende a 2.300 millones de pesos en 8 años^[2]. Grupos económicos que se enriquecen a propósito de lo mismo, existe un gran negocio en el mundo llamado seguridad y que deja millonarias ganancias. Por lo tanto acabar con la policía es también, acabar con el complejo industrial violento del Estado, es querer acabar con la máquina de la violencia que ha fabricado el Estado para la mantención de la sociedad colonial, masculina, heterosexual y burguesa.

¿Es Carabineros de Chile una institución civil?

Existen diversos debates en torno al abolicionismo de la policía y las cárceles desde posiciones más radicales a posiciones más moderadas. De modo personal creo que en esta misión no es necesario jerarquizar entre las acciones más radicales y las acciones más moderadas. Si creo que es necesario discutir las posiciones en torno a un reformismo y a un abolicionismo. El reformismo, plantea una reforma o una refundación de la policía bajo otros principios y con una serie de regulaciones. Esa posición aún primitiva, pero cada vez más popular en nuestro país, sería el llamado a refundar la institución de carabineros de Chile o bien de la creación de una nueva policía.

El abolicionismo busca la desaparición parcial, gradual o total de las instituciones y los diversos artefactos y sistemas que componen el complejo industrial de la seguridad, el aparato policial. Un ejemplo de ello en Chile serían las iniciativas que están levantando grupos de pobladores para eliminar el uso de las bombas lacrimógenas, los carros lanza gases y lanza aguas como los guanacos o los zorrillos. Creo que la tensión en torno al fin de las policías y las cárceles, estaría más cercano al debate entre el abolicionismo y el reformismo. En este texto yo asumo una posición abolicionista, que plantea a través de diversos medios, la regulación y la desaparición de la policía. Con métodos combinados y creo que tomando en cuenta todas las medidas que emerjan desde el movimiento social para lograr un horizonte de ese tipo en nuestras sociedades, deben ser consideradas, amplificadas, difundidas y apropiadas en programas políticos, que permitan un ejercicio y un movimiento consciente anti policial.

Es necesario subrayar que quienes han planteado de forma más seria la desaparición de la policía en nuestro país es el pensamiento anarquista, pero también debemos reconocer que ese deseo debe traspasar a todes quienes buscamos la justicia social y la desaparición total o parcial del Estado como estructura violenta. También debemos considerar el fin de las policías como un problema y una causa global. No existe policía en el mundo que no ejecute la violencia, que su trabajo no sea el del uso de la fuerza y esté legalmente apto para portar armas y disparar a cualquier sujeto que sea interpretado como un “enemigo”.

En el caso chileno según Carlos Maldonado, Carabineros si bien nace como una institución de carácter civil, emerge rápidamente como una policía militarizada. La militarización de carabineros sería una tendencia histórica. El nacimiento de la policía en Chile tiene sus antecedentes en el marcaje soberano y territorial por una parte, pero por otra, convertirse en la fuerza pública correctiva del comportamiento civil.

Si bien en Santiago, las primeras instituciones a partir de ello dependían del Estado, en regiones las policías emergen como una necesidad de los terratenientes, empresarios y esclavistas, y funcionaban de forma autónoma para la protección de la propiedad privada. Evidentemente la regulación y corrección del comportamiento civil tiene una génesis racista, encargada de pensar la sociedad desde el higienismo social, donde los principales sujetos de control eran las clases trabajadoras, las trabajadoras sexuales y sectores de la sociedad que vivían en disidencia a las normas de la sociedad burguesa.

La consolidación de la regulación violenta del comportamiento como la imposición violenta de “lo normal” y la protección de la propiedad privada, se solidifican con el Decreto con fuerza de Ley N° 2484 del 27 de abril de 1927 que fusionó los servicios policiales y Carabineros con el nombre de Carabineros de Chile. Desde ese entonces, carabineros de Chile se ha dedicado a ser el brazo armado de los gobiernos para frenar los cuestionamientos al orden burgués, hetero-patriarcal y colonial del Estado chileno. Y si bien son autónomos del Estado, Carabineros de Chile pone en práctica nociones militares y burguesas de orden civil basadas en el higienismo social, el fascismo, el racismo, el clasismo, el machismo y el heterosexismo, resguardando “lo normal” desde el Estado. No es posible bajo ningún argumento sólido señalar a Carabineros como una policía con carácter civil, está construida en la militarización.

Con el paso del tiempo, Carabineros de Chile en los distintos gobiernos ha cumplido un rol represivo. Tanto en gobiernos anteriores a la dictadura militar de Pinochet como en los posteriores gobiernos pseudo democráticos, todas las fuerzas armadas se fortalecieron, tanto legal y económicamente, como en torno al blindaje de armas y tecnologización de los artefactos represivos. El uso de la fuerza entonces comenzó a necesitar de otras prótesis: el guanaco, el zorrillo, las bombas lacrimógenas, carros blindados, y la tecnologización de un cuerpo especial de funcionarios para las situaciones altamente “conflictivas” como es Fuerzas Especiales. Carabineros es estructuralmente una institución encargada de violentar a la población civil para corregir su comportamiento o a fines de imponer una estructura estructurante del comportamiento “civil”, desde la cual se entiende la demostración del descontento o la protesta social como un comportamiento “incivil”. Incluso más recientemente, hemos todos sido testigos de cómo Carabineros de Chile incita y provoca a los manifestantes, e incluso utiliza métodos para que las protestas sean condenadas por la opinión pública. Han llegado al punto de fabricar situaciones, montajes y a generar ambientes que dan cuenta de la construcción de un laboratorio social para la represión.

Si bien la soberanía y lo nacional emergen como una ficción, el poder y la fuerza policial son el poder físico del Estado, constituyen una física de la violencia. Las fuerzas armadas y policías son instituciones que están articuladas sobre la base del “trabajo violental” o “el trabajo de la violencia” que describe Micol Seigel (2018). Tanto las armas como el blindaje y excepcionalidad del crimen en dichos grupos, pueden leerse como esa física de la violencia. Frente a perspectivas no tan materialistas que niegan lo que hace la policía como un trabajo, recordemos que no podemos sacralizar una categoría que es residual de la economía colonial. Lo que hacen las fuerzas armadas es ejecutar, articular, pensar estratégicamente la violencia, practicarla, son agentes activos de ello. Hacen un trabajo violental, son los agentes activos que ponen en práctica la física de la violencia y del poder del Estado.

En dichos términos, la presencia de un sujeto facultado por el Estado para portar armas y apuntar a cualquier ciudadano que sea imaginado o interpretado como un peligro, establece un régimen basado en la violencia, el castigo y el miedo. Las imágenes que circulan hacen recordar al actuar más repugnante de las agencias de inteligencia y las policías durante la dictadura militar de Pinochet. La triada entre violaciones, tortura y asesinatos, no se puede leer sino como la institucionalización de la violencia de Estado en la vida cotidiana, la institucionalización del horror como normalidad.

Con el nivel de represión ejercida, condenada globalmente, se suman los “Paco-Gate” que indican cómo la institución de Carabineros, como otras Fuerzas Armadas, ha llegado a ese punto de corrupción, los miles y miles de millones de pesos que circulan en dicha institución, capitales que pueden ser invertidos en otros bienes sociales, son mal utilizados por los altos mandos para enriquecerse a sí mismos. Es una institución corrupta y no existe evidencia en el mundo, ni siquiera en la psicología de que la represión, la violencia, el castigo y el encierro, puedan ofrecerse como posibilidades de cambio y desarrollo vital y social de las personas: al contrario, son motivo de múltiples traumas, tormento y malestar psicológico y físico.

Horizontes abolicionistas

Carabineros de Chile, es una institución que recién cumplirá un siglo de funcionamiento, para muchos eso es harto, pero yo sigo pensando que es poco respecto a los milenios de humanidad que llevamos, porque nos invita a pensar libremente de que no siempre fue necesaria la policía, nos invita a imaginar que es posible vivir un futuro sin Carabineros. Hay mucho trabajo que hace Carabineros que puede ser hecho por otras personas,  debemos imaginar otras maneras de pensar la seguridad de la población que no involucren el uso de la violencia, la vigilancia y la corrección coercitiva. Cuestiones e iniciativas que ya existen, como por ejemplo la autodefensa y la seguridad comunitaria, han demostrado que no es necesaria la presencia amenazante de la policía en la comunidad. Es necesario potenciar redes locales comunitarias que permitan a las personas apropiarse del territorio, organizarse, al contrario de aplaudir la presencia policial.

Entre lo poco que he podido revisar dentro del amplio programa y teoría abolicionista de la policía y las cárceles, se encuentran diversas alternativas como:

–Desarmar a la policía: Son demandas que se han levantado para poner fin a la violencia, eliminando el uso de las armas, como un aspecto clave para el fin de la violencia. También se pueden entender dentro de esta categoría las iniciativas recientes para eliminar el uso del gas pimienta, las bombas lacrimógenas, y balines.

–Reemplazar el trabajo de la policía: Esta demanda propone la sustitución de funciones realizadas por policías. Busca por una parte, des-empoderar a la policía, al mismo tiempo  que se invierten esos recursos en producir nuevos puestos de trabajo y aprovechar de mejor manera los recursos económicos destinados a ello. Por ejemplo, lo que respecta a las denuncias por maltrato familiar, no debiese ser carabineros de Chile la primera entrada para poner la denuncia, sino otro tipo de organización. Es sabido que a lo largo del país existen experiencias de redes de apoyo mutuo entre mujeres .

–Reemplazar y transformar las nociones de seguridad pública y social existentes: Es necesario que se desestabilice de forma subjetiva y objetiva los significados que existen sobre la seguridad. La “inseguridad”, bajo el argumento de la delincuencia, tiene una base social en la desigualdad y es un problema global.

–Desarmar las unidades militarizadas y especializadas en represión y tortura de la policía. Esta demanda por ejemplo, en nuestro país se puede.

–Aportar a la construcción de comunidades organizadas que desarrollen formas de autodefensa y autorregulación de sus miembros.

-Eliminar los controles de identidad.

-La observación y denuncia constante al abuso policial.

Ya son muchas las personas y organizaciones que con diversas iniciativas articulan proyectos abolicionistas. Existen cientas de organizaciones a lo largo del mundo que también plantean esta alternativa. Recordarla e invitar a que se conozcan para que del grito “el que no salta es paco” se organicen intenciones serias y responsables sobre cómo podemos hacer y luchar para que la violencia burguesa instrumentalizada en el Estado no exista y no deban existir sus agentes que la hacen posible. Tenemos la necesidad de que se escriban esos manifiestos anti-yuta, que se organicen, que piensen en alternativas a la violencia directa para poner fin a su violencia.

Nos debe movilizar a pensar esta necesidad, a sentir este llamado, a escucharlo, ya que ese es uno de los sentidos que nos conecta con aquellos que perdieron sus ojos. A quienes les arrancaron la vida o una parte del cuerpo. Un llamado, porque lo último que vieron esos ojos fue ese carabinero apuntando, riendo, enajenado en el uniforme como lo han relatado algunas de las personas afectadas. Tenemos el derecho de indignarnos frente al horror y la brutalidad que ha significado el último mes. El pueblo exige vidas vivibles en las calles y lo que han recibido son solo muertos, castigos, golpes, insultos, matonaje, gas pimienta, gases tóxicos, golpes, torturas, violaciones, allanamientos, encarcelamientos. ¡O sea, más injusticia! O migajas. Se pueden pedir miles de millones de dólares para desarrollar aún más a aquellos que son los responsables y ejecutores directos de la violencia, a quienes hacen todo lo que mencioné arriba. ¿Por qué ese dinero mejor no se utiliza en cambiar las desigualdades e injusticias? Cada día que pasa hay miles de personas más conscientes de cómo funciona el sistema y desean(mos) un futuro y vidas vivibles en el presente. La vida siempre es una intensa espera para la mayoría, quienes no somos parte de las élites de este país.

Finalmente, siempre será bueno preguntarse y cuestionarse: ¿Debemos aceptar la policiación y militarización de la vida cotidiana? ¿A acostumbrarnos a ver armas, cascos, cuerpos blindados y taparnos la nariz por los residuos de lacrimógena mientras caminamos por las calles? ¿En qué términos el empoderamiento legal de las fuerzas armadas aplica el Estado de excepción como normalización de la violencia y convierte el estado de excepción en lo habitual? ¿De qué maneras el Estado ejerce su violencia? ¿Cómo imaginamos el mundo sin policías?

^[1] Psicólogo y Magíster en Psicología Social, Universidad Católica del Norte. Seleccionado 2018 Beca de Igualdad de Oportunidades para estudios de doctorado en Estados Unidos 2021 (Fulbright-CONICYT). Docente, Investigador y Psicólogo del Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial de la Escuela de Psicología, UCN. Integrante Agrupación por la Memoria Histórica Providencia. Este texto solo representa la opinión del autor.

^[2] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/olor-gas-carabineros-ha-gastado-2-300-millones-bombas-lacrimogenas-8-anos/592556/