Siguen las repercusiones tras los despidos realizados en el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional y que en Antofagasta afectó a dos trabajadoras que fueron desvinculadas por la Seremi María Fernanda Alcayaga.
Cabe recordar que este viernes fueron desvinculadas dos trabajadoras a honorarios en Antofagasta, ambas con más de 3 años de servicio en distintos programas sociales y con evaluaciones positivas.
Una de las trabajadoras es psicóloga y cumplía funciones como Supervisora Regional del Registro Social de Hogares, con 3 años y 4 meses desempeñándose. Entre sus funciones le correspondía supervisar las 9 comunas de la región, además de realizar visitas a terreno, entre otras labores.
La otra trabajadora es asistente social. Es especialista en grupos vulnerables del programa de adulto mayor Vínculos y encargada regional de género. Además está encargada de cooperación publico-privada (proyectos). Lleva 3 años y 9 meses desempeñándose en el Ministerio y entre sus funciones le correspondía supervisar programas de grupos vulnerables de la región.
Esta última trabajadora, además, es vocera regional del sindicato de honorarios del Ministerio de Desarrollo Social y una conocida activista feminista.
Quienes se refirieron a estos despidos fueron las parlamentarias por la Región de Antofagasta, Marcela Hernando (PR) y Catalina Pérez (RD).
Para Marcela Hernando, en este caso claramente «se están utilizando subterfugios para despedir personas que han demostrado que técnicamente son buenas».
«Aquí tenemos a dos funcionarias de la Secretaría de Desarrollo Social que están calificadas con altas notas. Una de ellas tiene 9,7 de 10 puntos. Por lo tanto, no se puede decir que es por mal desempeño. Además de eso, uno ha visto la trayectoria de las funcionarias públicas y tal vez su único pecado sea el reivindicar los derechos de los funcionarios a honorarios», indicó.
«Y a mí eso me parece que no corresponde a ningún gobierno. Yo soy de las que se opone a que vengan razias cada vez que cambia el gobierno. Y por eso es que cualquier cosa que signifique ir en contra de los derechos, además de mujeres que muchas veces son jefas de hogar, creo que no corresponde», concluyó Hernando.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD) expresó su solidaridad con las trabajadoras despedidas y también «con las más de 100 personas que han sufrido de despidos injustificados desde organismos públicos».
«Este hecho deja nuevamente de manifiesto la precariedad en que se desempeñan los trabajadores a honorarios. No podemos comprender cómo dos trabajadoras bien calificadas en sus cargos son removidas, en especial considerando que se trata de una Seremi con una escasa cantidad de profesionales para atender temas que son urgentes y prioritarios para la ciudad y para este Gobierno», indicó Pérez.
«La Seremi María Fernanda Alcayaga debe dar respuestas concretas que justifiquen estos despidos de dos mujeres comprometidas con sus actividades sindicales y causas populares y que, además, se desempeñaban correctamente en sus funciones en esta repartición», concluyó la legisladora.