La diputada por la región de Antofagasta y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, señaló que le parece impresentable que continúen existiendo relaciones incompatibles entre la política y el dinero, en relación a las revelaciones del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que dan cuenta de la participación directa de la empresa SQM en la redacción de leyes ambientales.
«Algunos legisladores prefieren que las indicaciones les lleguen por correo electrónico en vez de legislar de cara a la ciudadanía”, afirmó la legisladora, reaccionando duramente tras la denuncia publicada por Ciper.
El reportaje da cuenta de cómo a partir del año 2007, mediante correos electrónicos directos a parlamentarios de derecha y de la ex concertación, la empresa SQM habría intervenido directamente en la reformulación de al menos nueve artículos de la normativa que creó el Ministerio del Medio Ambiente. Estos correos posteriormente se vieron reflejados en las indicaciones al proyecto.
En relación a esta denuncia, Pérez enfatizó que “este caso es particularmente grave, pues involucraría el tráfico de influencias en la configuración del nuevo diseño de la institucionalidad ambiental y desde esa perspectiva, considero que es un tema que no podemos dejar pasar».
«Necesitamos respuestas claras de la Ministra ante una situación tan grave como esta, además en el marco de la presentación de una agenda de sostenibilidad que justamente va en la línea de favorecer y asesorar a las empresas a la hora de someterse a los sistemas de evaluación de impacto ambiental”, agregó la legisladora.
De acuerdo a CIPER, el lobby desplegado por los ejecutivos de SQM, con Ponce Lerou a la cabeza de la ofensiva, incluyó reuniones y mensajes enviados a distintos parlamentarios.
CIPER agrega que “la minera tuvo éxito: al menos nueve de sus indicaciones fueron recogidas por alguna autoridad y se presentaron para ser votadas por los parlamentarios. En paralelo, la empresa pagaba por su influencia a través de millonarias boletas a dirigentes políticos de la derecha y de la entonces Concertación”.
Un ejemplo claro de ello sería “la indicación que SQM envió a sus parlamentarios afines para quitarle a la nueva superintendencia la facultad de interpretar las normas sobre emisiones y planes de prevención y descontaminación».
«El objetivo de la minera se cumplió: se le quitó la facultad de interpretación a la superintendencia, entregándoselas al Ministerio del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental. Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara”, relata el reportaje.
Por lo anterior, la diputada del Frente Amplio dijo que “hay que ser claros en estas materias», afirmando que «hay que esclarecer cómo se gestó la tramitación de la ley en torno a la nueva institucionalidad ambiental y también hay que ser claros sobre a qué intereses algunos legisladores y el ejecutivo están respondiendo actualmente».
«Nosotros esperamos que al menos la Ministra dé explicaciones porque lamentablemente, en estas condiciones, no podemos seguir sosteniendo una relación de confianza que nos permita continuar avanzando en temas relevantes que forman parte de esta institucionalidad donde han sido puestos en cuestión los intereses privados, versus el interés público de protección del Medio Ambiente”, agregó la diputada.
De acuerdo a CIPER, “cinco indicaciones se presentaron tal cual las envió SQM y otras cuatro fueron incorporadas a la discusión redactadas de tal forma que tenían el mismo efecto buscado por la minera. Algunas de ellas fueron aprobadas y modificaron el proyecto original en beneficio de los intereses de SQM”.
Todo esto, habría sido posible “gracias a la sintonía que hubo entre el gobierno y los parlamentarios de derecha que integraban la comisión. Así, el Ejecutivo presentó dos indicaciones junto a los entonces diputados Francisco Chahuán (RN), Marcela Cubillos (UDI, actual ministra del Medio Ambiente), Eugenio Bauer (UDI, ya no es diputado), Alejandro García Huidobro (UDI, actual senador) y Roberto Sepúlveda (RN, ya no es diputado)”, acotó el medio.
En relación a este caso es que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente emplazó a la Ministra Cubillos y al Ejecutivo: “Hoy los parlamentarios del Frente Amplio y yo en particular, buscamos responder a la ciudadanía y a los movimientos sociales legislando de cara a la gente y mi pregunta a la Ministra y al Ejecutivo es: ¿De cara a quién están legislando? Los intereses empresariales ya han sido objeto de leyes terribles y esperamos que este no vuelva a ser el caso, así es que estamos a la espera de explicaciones y que estás sean contundentes”.
Paula Corina Hernández