Una nueva polémica involucra al alcalde de Calama, Daniel Augusto (RN), quien en declaraciones a un canal de televisión local afirmó que algunas concejalas actúan con «descontrol» y en un «estado de locura» por las críticas que hacen a su gestión.

Esto ocurrió tras conocerse un informe de Contraloría en relación a la adquisición de una casa con fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, dependiente de la Municipalidad, cuya propiedad sería de una funcionaria municipal, quien además tiene un parentesco con el edil loíno (Ver nota publicada por Regionalista al respecto).

El informe de Contraloría señala, entre otras conclusiones, que al existir un potencial conflicto de interés en el proceso de compra del polémico terreno, lo que podría revestir carácter de delito, se remitirán los antecedentes a la fiscalía local de Antofagasta para su conocimiento y fines pertinentes.

El declaraciones a Calama TV, Augusto afirmó que «queda absolutamente claro que la oposición y ciertas concejalas» actúan con «una suerte de descontrol constante, un estado de locura a veces, por perseguir, por buscar una serie de situaciones que no existen».

Estas declaraciones despertaron duras críticas hacia el edil, a quien exigen disculpas públicas por sus dichos.

«Llama poderosamente la atención la necesidad de un hombre, una alta autoridad, de tener que manifestarse utilizando estereotipos hacia las mujeres. Yo lo llamaría a buscar argumentos de fondo y no necesariamente a denigrar a las mujeres que ejercemos nuestra labor pública. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierten los recursos públicos», comentó la concejala de Calama, Carolina Latorre.

Asimismo, a través de redes sociales, las Consejeras Regionales Sandra Pastenes y Sandra Berna, junto a la ex candidata a alcaldesa Angelique Araya, emitieron un breve comunicado público en donde señalan que no permitirán «ni ampararán agresiones de ningún tipo».

«Pedimos que el alcalde entregue disculpas públicas a las afectadas y analizaremos o nos sumaremos a la posibilidad de acciones legales en su contra por violencia de género», concluyeron.

 

 

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