Decenas de vecinos y representantes de organizaciones sociales se manifestaron este miércoles 31 de julio al mediodía en la plaza Colón de Antofagasta, para expresar su rechazo al desalojo que ejecutó el gobierno en el campamento Frei Bonn de Calama durante la jornada del martes.

La movilización fue encabezada por la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, desde donde emitieron un comunicado repudiando el que calificaron como «violento e inhumano desalojo» contra los pobladores y pobladoras del asentamiento ubicado en la capital de la provincia El Loa, denunciando que fueron destruidas «alrededor de 300 casas».

«Contrario a lo que manifestaron autoridades ligadas al gobierno, el desalojo se hizo de manera violenta. Los equipos de prensa de medios tradicionales no pudieron acceder al interior de la toma, siendo su trabajo hecho a metros de la toma y por lo tanto los hechos graves al interior de la toma no fueron registrados de manera oficial. Las autoridades presentes en el desalojo, incluyendo la Gobernadora de El Loa y el Alcalde de Calama, nunca ingresaron a la toma para establecer algún diálogo», indica la declaración.

La manifestación avanzó hasta el frontis de la Intendencia, en donde los presentes exigieron la presencia del jefe regional Marco Díaz, a quien emplazaron «frente a estos cobardes hechos», solicitándole que se pronuncie «sobre una serie de abusos e irregularidades en las cuales el gobierno está incurriendo en el proceso de desalojar forzosamente a Frei Bonn». Sin embargo, la primera autoridad regional no se hizo presente.

«El desalojo viola de manera descarada varias normas internacionales que rigen los procesos de desalojos forzosos descritas en convenios a los cuales Chile está suscrito. Tal como lo describe la Circular 19 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que el gobierno actual sospechosamente derogó el 25 de abril del 2018», precisaron.

«Estas normas consideran que para resguardar los Derechos Humanos, el proceso de desalojo debe hacer partícipe a los habitantes del terreno desalojado, informar sobre el desalojo con debida anticipación, incluir boletines informativos para que las personas desalojadas conozcan sus derechos, gestionar al menos dos audiencias públicas antes del desalojo, ofrecer el abandono voluntario del terreno antes de recurrir a la fuerza pública, permitir a las familias desarmar sus viviendas y retirar sus pertenencias, evitar hacer el desalojo durante tiempo inclemente y en días hábiles, entre otras medidas», recalcaron.

Por lo anterior, desde la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa notificaron a la Relatora Especial sobre la Vivienda Adecuada de las Naciones Unidas y al Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre lo ocurrido. Además, recordaron el incumplimiento del Intendente Marco Díaz, quien comprometió una mesa de trabajo tras el incendio que destruyó una parte importante del campamento Frei Bonn. Sin embargo, este compromiso nunca se materializó, a pesar de haberse planteado frente a parlamentarias, organizaciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En relación a la situación vivida por los niños y niñas que habitaban en el campamento, desde la organización indicaron que la situación es «particularmente grave», pues los menores fueron «sujetos a un trato traumático en sus escuelas el día antes del desalojo cuando, según sus propios testimonios, se les preguntó si vivían en la toma, se les dijo que iban a desalojar la toma y pidieron sus datos».

«Al sitiar el campamento la mañana del desalojo, además, Fuerzas Especiales efectivamente impidió que niños y niñas accedieran a la escuela el día del desalojo. Por eso, se quedaron en el campamento y fueron testigos de la forma violenta en que el gobierno desalojó a sus familias, haciendo uso de retroexcavadoras, bombas lacrimógenas y violencia física», agregaron.

«Aparentemente hay un plan del gobierno de albergar a los niños y niñas en un polideportivo de manera separada de sus padres, generando así la separación forzosa y cruel entre niños y niñas de sus padres», denunciaron.

«Tememos que el desalojo de Frei Bonn responde a un oportunismo político que ve en medidas represivas como esta una manera de instrumentalizar la xenofobia y el odio que lamentablemente comparte una parte importante de la población. Rechazamos tajantemente la política represiva para la solución de los problemas habitacionales de la región, puesto que estamos frente a un gobierno que no ha construido ninguna vivienda desde 2018, pero ya tiene a su haber decenas de desalojos y cientos de familias desalojadas», concluyeron.

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