Por Osvaldo Chávez
Arquitecto e Integrante del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta.

El proyecto Dominga vivirá una nueva etapa esta semana en el Tribunal Ambiental de Antofagasta cuando se lleve a cabo una audiencia para un acuerdo de “conciliación” entre la empresa Andes Iron y el Servicio de Evaluación Ambiental el próximo 14 de marzo. El acuerdo de conciliación propuesto por el Tribunal Ambiental
de Antofagasta es un invento jurídico que pasa por encima de los principios que fundamentan la ley, quebrando sistemáticamente los principios rectores de la legislación ambiental en Chile.

El principio de gradualismo en la legislación ambiental chilena nos propone la idea de “construir efectivamente un proceso de regulación ambiental” para el país. La aplicación de este principio puede apreciarse en la disposición de los plazos de vigencia con que se establecen las normas ambientales. La decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta está fuera de este principio rector de la legislación, y en este caso, la aplicación antojadiza del Código de Procedimiento Civil realizada por el Tribunal para fundamentar la conciliación no califica como “parte del proceso gradual” de fijación de las normas y no forma parte de lo que el legislador previó para crear el marco regulatorio de la legislación ambiental del país.

Una conciliación que busca poner de acuerdo a una empresa con el Estado, excluye la participación de la ciudadanía en el proceso y deja fuera a quienes son efectivamente los principales afectados de un proceso que puede terminar en un proyecto con un potencial impacto negativo en el medio ambiente. El Estado no es representante de los afectados sino más bien es quien administra las estructuras que permiten analizar y revisar las actividades propuestas de una empresa que puede causar daños en el patrimonio natural, social, paisajístico y cultural de una comunidad.

La propuesta de conciliación finalmente distorsiona el principio de participación, trastocando la identidad y los derechos de los actores en pugna, enfocándose en beneficiar a la empresa y excluir a la comunidad, reemplazándola por el Estado.

La decisión de rechazar el proyecto Dominga de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, refrendada por el Comité de Ministros, fue un decisión fundada en el principio preventivo de la legislación ambiental que pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales.

Lo que hace el Tribunal Ambiental de Antofagasta con la propuesta de conciliación del proyecto Dominga es desechar el principio preventivo de la legislación ambiental del país, ignorando todo el proceso de cuestionamientos y desaprobaciones de las instituciones al proyecto, que sientan las bases que pueden servir para prever un potencial daño ambiental por un proyecto que no cumple con requisitos mínimos que dé garantías de que su impacto no genera efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

A las irregularidades del proceso institucional que ha vivido el proyecto, se suma la operación política que el actual gobierno está realizando en el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo, específicamente con la renuncia forzada del actual director de ese órgano público.

La institucionalidad ambiental, en especial el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, no deben ser espacios de operación política, sino organismos de corte técnico, científico y jurídico. Cualquier manipulación política de esos servicios es derechamente corrupción.

Finalmente, el proyecto minero Dominga, obtiene una última bocanada de oxígeno para seguir existiendo de la mano del Tribunal Ambiental de Antofagasta que, lamentablemente, se funda en un invento jurídico difuso, que trastoca hasta los mismísimos cimientos de la legislación ambiental en Chile. Esta decisión tomada por sobre lo jurídico, busca una salida salomónica a un conflicto político empresarial.

No deja de llamar la atención el contexto de este proyecto: el proyecto minero Dominga estuvo ligado al “family office” del actual mandatario del país, quien sin incluir estas inversiones en su anterior fideicomiso ciego, fue uno de las principales accionistas de la Minera Andes Iron, de la que hoy su principal accionista es Carlos Délano, quien financió de manera irregular la política y cuyo accionar se conoció con el bullado Caso Penta.

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