Foto: @urquetogro

Por Tomás Eduardo Garay Pérez
Abogado, Magister © en Educación

El viernes 15 de noviembre despertamos con la noticia que varios miembros de la clase política habían suscrito un «Acuerdo por la paz y una nueva constitución» con el cual -se suponía- culminaría la crisis social que vive Chile desde hace un mes. Varios medios de comunicación, además, pusieron énfasis en que algunas fuerzas progresistas y de izquierdas que forman parte de Unidad para el Cambio (PC, PRO y FRVS) y del Frente Amplio (PI, PH, PEV y CS salvo Gabriel Boric que actuó a título personal) no concurrieron a la firma de tal documento, resaltándose -sobre todo- la actitud de los comunistas, a quienes se les cuestionó sus credenciales democráticas por haberse restado de un acuerdo que fue catalogado como «histórico».

Si bien es cierto muchos nos dejamos llevar por las pasiones del momento e inicialmente recibimos con entusiasmo el anuncio, con el pasar de las horas empezó a evidenciarse un grado de malestar que, al término de la jornada, desembocó en nuevas demostraciones de descontentos, sembrándose un manto de dudas sobre la forma y el momento en que fue alcanzado el acuerdo en cuestión.

De ese modo, realizando un análisis en frío y no desde las pulsiones propias del momento, me atrevo a plantear las siguientes ideas que cuestionan las bases del pacto firmado por la clase política:

1.- Condiciones en las que fue adoptado el acuerdo: Varios entendidos en la materia han defendido la idea que, ante la falta de mecanismos jurídicos que permitan elaborar una nueva carta dentro de los márgenes de la legalidad vigente, resulta necesario modificar el Capítulo XV de la Constitución de 1980 para permitir la convocatoria a un plebiscito vinculante, consulta a través de la cual la ciudadanía podrá decidir soberanamente si quiere dotarse o no una nueva constitución y, de ser afirmativa la respuesta, el mecanismo para ello. Entonces, si el acuerdo firmado el 15 de noviembre comprende justamente una medida de ese tipo, algo impensable de implementar hace un mes atrás, ¿por qué continúa el descontento? La razón es simple y, quizás, sobra profundizar en las explicaciones: El acuerdo fue negociado y adoptado de espalda a la ciudadanía que contaba con la mesa de Unidad Social como interlocutor válido para esta instancia. Es decir, vuelve a repetirse el mismo guion al que recurre la élite cada vez que se encuentra acorralada: Prender los fuegos de la vieja cocina en la que se reunirán sus variopintos comensales, quienes prepararán una salida al problema «por arriba», procurando que el resultado tenga una profunda apariencia de cambio, aunque en la práctica no provoque el cambio de nada.

2.- Conformación del órgano redactor de la nueva Constitución: El descontento de la ciudadanía ha puesto en evidencia la falta de legitimación de una clase política que ha sido incapaz de dar respuesta a sus demandas, las que venían expresándose desde hace largo tiempo sin ser plenamente satisfechas. Ante este escenario, lo lógico sería que en el proceso de elección de los miembros que formen parte del órgano encargado de redactar la nueva constitución, puedan participar ciudadanos comunes y corrientes en igualdad de condiciones que los militantes de partidos políticos, abriendo el abanico de posibilidades que permita democratizar efectivamente el espacio de deliberación, reflexión y toma de decisiones. ¿Cuál fue la respuesta de la élite? Acordar que en la conformación de tal órgano fueran aplicadas las mismas reglas de elección del actual congreso a través de un sistema proporcional (método del coeficiente D’Hondt), que abre las puertas a la sobrerrepresentación por arrastre (recordar que existen diputados/as elegidos con 1% de los votos) y que hace prácticamente imposible la elección de independientes o de representantes de organizaciones sociales que no formen parte de alguno de los 3 grandes bloques políticos (Chile Vamos, ex Nueva Mayoría y Frente Amplio), soslayando, además, el establecimiento de cuotas que permitan la paridad de género junto con asegurar la representatividad de los pueblos originarios.

3.- Poder de veto de la minoría: Si bien es cierto la redacción de la constitución parte con una «hoja en blanco», todas las decisiones deberán adoptarse con el voto favorable de 2/3 de sus miembros. Tal situación genera dos consecuencias: En primer lugar, otorga poder de veto a un grupo minoritario al que solo le basta con conseguir la elección de 1/3 de los delegados constituyentes para frenar cualquier intento por implementar transformaciones radicales al modelo imperante y, en segundo lugar, reducirá a tratamiento de ley a todas aquellas materias en las que no se logre consenso, abriendo las puertas para que materias fundamentales, como la nacionalización del agua o de otros recursos básicos, sean sometidas a discusión en el Congreso Nacional (y no la convención constituyente), espacio símbolo de la falta de confianza y legitimidad ciudadana, donde –sabemos de antemano- los poderes económicos influirán para no ver afectados sus negocios.

4.- Salvavidas para la élite política: El proceso de negociación y los resultados de la misma pueden ser percibidos como un acto desesperado de la élite que, ante la posibilidad cierta de perder el poder, actuó más unida que nunca, logrando levantarse cuando estuvo a punto de perder la pelea por knock out. En consecuencia, la clase política (tal como ya lo hemos visto en otras ocasiones) preparó una maravillosa puesta en escena que culminó con la tradicional foto en que representantes de prácticamente todos los sectores celebraron la firma de un acuerdo que traía la «paz» a una guerra que nunca existió, encubriendo los intentos por desmovilizar a la gente que permanece manifestando su rabia en las calles.

Ante el escenario antes descrito, ¿qué alternativas quedan por delante? Me atrevo a plantear que, al no haberse implementando aún el acuerdo por la nueva constitución, se abren dos caminos: exigir la suscripción de un nuevo pacto, pero que esta vez sea de cara a la ciudadanía con la incorporación de la mesa de Unidad Social en la discusión o, en su defecto, aceptar lo ya suscrito y forzar que sea enmendado el rumbo para rectificar todos aquellos aspectos visualizados como críticos, entre ellos el sistema de elección de los delegados constituyentes y el quorum de aprobación. Pero, bajo ningún respecto, creo que debemos renunciar a un proceso constituyente que nosotros mismos hemos iniciado, ya que se ha corrido el cerco de lo posible encontrándonos frente a la oportunidad histórica de dotarnos de una nueva carta fundamental que sea efectivamente democrática. Una actitud contraria, implica un paso gigantesco hacia la irrelevancia.

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