Por Agrupación por la Memoria Histórica Providencia
Antofagasta

Los archivos judiciales son como un agujero. Mientras documentan para establecer responsabilidades, su escritura se traga el pulso de los hechos. Escribir con archivos es como desapuntalar las palabras para habitar los espacios. Formular preguntas que nos permitan recordar y arremeter contra el lenguaje económico de la violencia.

La orden que tengo en mi computador me la envió un amigo mediante un tercero. Fue dictada en La Serena, el 16 de noviembre de 2017. Consta de nueve hojas, cinco de las cuales consignan declaraciones, informes y oficios remitidos por distintas instituciones del Estado, distribuidos en fojas o carpetas. He leído la orden varias veces. Imagino los hechos de la siguiente manera:

X, y, y z fueron puestos en libertad en Calama por una presunta causa de contrabando días después del Golpe de Estado. Al salir probablemente compraron cigarros. Y según lo habían previsto, se subieron a un taxi manejado por uno de ellos para trasladarse a Antofagasta, y de allí al sur, porque sabían o al menos intuían que debían desaparecer.

Mientras viajaban encendieron la radio. Al escuchar la voz del locutor sus ojos se iban perdiendo en el desierto como si entraran en trance. En llegar a Antofagasta tardarían aproximadamente dos horas y media. Ciento ochenta minutos. Una cantidad muy grande de segundos si se cuenta uno a uno.

Fueron detenidos antes.

Al pasar por la tenencia de Baquedano, Carabineros les ordenó que se bajaran del vehículo. Los bajaron del auto. Los metieron adentro, y de allí, esperar. Esperar mientras se comunican por teléfono. Esperar por horas. Esperar.

Entonces llega una camioneta, y los suben encañonados. Adentro los interrogan. Los golpean varias veces. Los golpean mientras los interrogan, y los golpean sin hacer preguntas, por inercia, hasta quedar exhaustos.

El resto del viaje lo hacen en silencio.

Al llegar a las cercanías de Antofagasta son bajados. Les ordenan que se quiten la ropa. Que se desnuden. Se quitan los calzoncillos a tropezones y tiritando. Es septiembre, de madrugada, en plena quebrada. Les ordenan que caminen. Avanzan unos pasos. Un poco más lejos. Entonces disparan.

Los nombres de los ejecutados son Héctor Marín Álvarez, Benjamín Garzón Morillo, y  José Luque Schurman, de 45, 35, y 33 años respectivamente.

Las balas les destrozaron el corazón, los pulmones y el cráneo. La causa de muerte: anemia aguda.

Razón del homicidio: presunta fuga. Mismo resquicio empleado para varios de los asesinatos cometidos en Antofagasta por agentes del Estado en ese entonces.

Tanto Héctor como Benjamín estaban casados. El primero era trabajador independiente, los demás trabajaban de choferes. Ninguno tenía militancia política.

Hasta aquí el texto abre algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué matarlos si no eran militantes? O incluso, si ya los tenían, ¿por qué soltarlos?

Después del golpe de Estado, la dictadura cívico militar instaló en Chile una forma de gobierno que disponía, de maneras extremas y al margen de todo proceso, de la vida y la muerte de las personas. En él cualquiera podía ser detenido y/o asesinado bajo sospecha. Dicha forma de gobernar hizo que muchos de los crímenes de lesa humanidad cometidos tuvieran como único cálculo infundir terror. Es decir, producir una determinada forma de subjetividad sitiada por la amenaza.

Héctor, Benjamín, y José forman parte de una larga lista de víctimas de la dictadura cuyas muertes, con la vuelta a la democracia, no fueron objeto de reparación. Esto, entre otras cosas, porque las circunstancias de los asesinatos no se ajustan a los parámetros del pacto oficial de la memoria, y porque su señalamiento amenaza, además, con revelar otra cosa. Que la tortura, el asesinato y desaparición de personas no es una práctica que forma parte de un enclave histórico determinado, el del estado de excepción, sino que constituye el sentido mismo de la práctica política: el sometimiento y disciplinamiento de la población.

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-¿Fue parte del SICAR?

-No

-¿Y qué me dice de estas declaraciones?

-Bueno, sí. Pero de forma esporádica.

El 16 de noviembre del 2017 fue emitida en la ciudad de La Serena una orden de detención en contra de los funcionarios en retiro de Carabineros: Ricardo Lillo Morandé y Jaime Rodríguez Quiroga, bajo el delito de homicidio calificado perpetrado contra Héctor, Benjamín y José la madrugada del 23 de septiembre del año 73. Ambos, junto al fallecido y en ese entonces capitán Arturo López Argandoña, fueron parte de la unidad del Servicio de Inteligencia de Carabineros de Antofagasta (SICAR) a cargo de su traslado y ejecución.

Sin embargo, el 12 de noviembre del año siguiente es emitida en la misma ciudad una segunda orden de detención en contra de Eduardo Aguilar Valdés. Esto producto fundamentalmente de las declaraciones prestadas por ambos procesados donde, tras algunas preguntas, y sin mucha demora, señalaron a Aguilar como el capitán y principal responsable de las operaciones del SICAR en Antofagasta los años posteriores al golpe.

Tanto la querella presentada por la hija de Benjamín Garzón Morillo, Patricia Graciela Garzón, con el apoyo de la embajada de Argentina, como la querella interpuesta por Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos, fueron claves en la lucha por el esclarecimiento de los hechos, así como en la determinación de los responsables directos.

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