En sus 200 años de historia, Chile no ha tenido tantos episodios de quiebres profundos y lamentables como otros países. Sin embargo, hubo un acontecimiento que marcó un antes y un después en la política y en la sociedad chilena. Un suceso en que miles de personas sufrieron de diferentes maneras: El Golpe Cívico Militar del 11 de septiembre de 1973.

Persecuciones, secuestros, prisión política, abuso sexual, torturas y matanzas, son solo algunos de los hechos, a grandes rasgos, cometidos durante el período, los que se dieron a conocer en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio Valech.

Aquella documentación relata los testimonios de personas que fueron presas políticas y torturadas durante su permanencia en los centros de detención a los que fueron llevados al momento de su captura. La Comisión recogió las declaraciones de 35.865 personas con residencia en Chile y en el extranjero, de las cuales 28 mil fueron validadas. En agosto de 2011 Sebastián Piñera recibió una ampliación del informe, reconociendo finalmente cerca de 40 mil casos.

La violencia como arma de represión y control hacia la sociedad

El informe corrobora que el 94% de las personas que fueron detenidas afirmaron sufrir torturas durante su encierro y que, además, la mayoría de las mujeres que prestaron su testimonio (3.400) aseguraron ser objeto de violencia sexual.

La violencia ejercida operó desde el primer día hasta el fin de la dictadura, con torturas sistemáticas, privación de libertad arbitraria y represión política hacia los militantes opositores a la dictadura. Así lo recuerda Teresa Monardes, quien estuvo presa por su militancia política durante el 1981 en la ex Iglesia Divina de Providencia en Antofagasta, a los 20 años de edad.

Monardes recapitula entre sus recuerdos lecturas y conversaciones con otros compañeros, sobre la libertad de expresión que existía antes del 73, y en donde nota un quiebre abismal en las imágenes de las mujeres después del golpe de Estado. Asegura que antes las mujeres vestían con mini faldas, fumaban; los hombres con pelo largo, y luego del quiebre institucional, las faldas se alargaron 20 centímetros. «A los hombres les cortaban el pelo con lo que fuese y a las mujeres que usaban pantalones se los cortaban hasta la rodilla», relató, dando cuenta de la represión y conservadurismo que se vivía en esos años.

El informe Valech afirma que durante el periodo del régimen militar hubo distintas fases de intensidad con la que se ejercía la violencia. Sin embargo, el año donde más detenciones y actos de alevosía hubo fue 1973. El 61% corresponde a los apresamientos durante el primer año de posicionamiento del poder, que fueron efectuados en su mayoría por Carabineros (43%) y personal del Ejército (30%).

Las mujeres y su condición sexual como arma política en dictadura

Durante la fase más represiva (1973) se cometieron todo tipo de abusos, en especial los sexuales, tanto a hombres como a mujeres, para quienes la opresión fue más cruda por su condición sexual. Según recuerda Teresa, después del golpe se instaló una violencia que se expresó en ensañamiento contra las mujeres de manera misógina, que iba desde los actos públicos de cortar los pantalones, hasta de violencia sexual en la reclusión, como lo vivieron aquellas mujeres que cayeron en la Venda Sexy, un centro de detención y torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), utilizado para cometer delitos sexuales de la más alta connotación contra las detenidas.

Desde los cimientos de nuestra historia la mujer ha tenido un rol doméstico y de progenitora en la sociedad, por lo que si tenían alguna participación política o salían a las calles con un papel activista se les proporcionaba un doble castigo. «Por un lado éramos castigadas por ser militantes opositoras a la dictadura, pero también éramos castigadas por ser mujeres que desobedecíamos a nuestro mandato natural”, asegura la ex presa política.

Asimismo, la violencia sexual se vivía dentro de las universidades, según cuenta Monardes, donde profesores aprovechaban su poder en condición de docentes para abusar de las alumnas en una especie de trato para evitar reprobar materias. Y así sucedió durante aquel periodo en la entonces Universidad del Norte.

Teresa asegura que afortunadamente no sufrió violación durante su detención, pero sí abusos y amedrentamiento con perros. Aun así, en la ex Iglesia Divina Providencia, que fue un centro clandestino de prisión política y tortura, donde estuvo retenida, se registraron distintos tipos de tormentos, tanto físicos como psicológicos, a las y los prisioneros, según Camila Vargas, presidenta de la agrupación Providencia.

Abuso sexual a menores de edad durante dictadura

El informe Valech asegura que las mujeres que sufrieron violencia sexual durante el régimen militar fueron detenidas por sus ideales, corriente política o vínculo con opositores al sistema de la época. Así le sucedió a Sandra Gahona, quien no tenía militancia política, pero era llamada «la hermana de los extremistas», siendo detenida con su hijo de un mes en sus brazos, un 5 de diciembre de 1973.

Sandra tenía 17 años de edad cuando fue capturada en la Fiscalía Militar, esperando por un documento que apelaría a la rebaja de condena del mayor de sus hermanos, Osvaldo Antivilo, quien fue detenido por ser opositor al golpe militar, para posteriormente ser trasladada por agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) al Grupo de Instrucción de la institución en Antofagasta.

La pérdida de noción del tiempo era común en los prisioneros, pero Sandra pudo contabilizar algunos días que llevaba dentro haciendo rayas en la pared, 45 días en total duró su calvario. «Al día siguiente empezaron. Era en turno, a pesar de estar encapuchada sabía diferenciar sus voces», relata. El estar vendada o inhabilitada de visión, que era habitual en los detenidos, hizo que agudizara su sentido de la audición. «Me senté y puse harta atención, escuché una campana, un tren y después sentí un relinche, ya sé dónde estoy», recuerda.

A raíz de los golpes que recibía, Sandra tuvo una hemorragia que la derivó a la sala de enfermería del Grupo de Instrucción de Carabineros, donde recibió maltrato psicológico por parte de un Ginecólogo, hoy reconocido por su acción gremial en Antofagasta, a quien con el tiempo pudo identificar. Más tarde volvería a la celda, significando que el martirio seguiría.

«Con el tiempo dejé de poner rayas, ya no sabía si era de noche o de día. A veces sabía porque me daban un té o un pan», relata. Un día llegó a su celda un joven, según Sandra, aparentemente haciendo el servicio militar, con instrucciones de llevarla a una oficina. Contó 25 pasos hasta aquel lugar, en donde la hicieron entrar a una pieza angosta, sin saber que sufriría de reiteradas violaciones por parte de Héctor Ovando, quien al día de hoy se encuentra fallecido. A Sandra sólo le quedaba pensar en su familia, en su hijo y en su pueblo, María Elena, para poder resistir las sesiones de abuso contra su persona.

Han pasado 46 años de aquel oscuro momento de la historia que ha marcado profundamente no solo a sus víctimas, sino también, a familiares, amigos y compañeros. Teresa Actualmente es representante de la Agrupación Providencia de Antofagasta en Santiago, desempeñándose como coordinadora de la red de Sitios de Memoria a nivel nacional. Sandra, por su parte, ha ayudado a generar espacios de memoria en la región, como lo es el Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutado Políticos, ubicado en la Vega Central de la ciudad, actuando además como coordinadora de la Semana de la Memoria que se lleva a cabo habitualmente en la Biblioteca Regional.

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