Ad portas del cierre del plazo oficial para la inscripción de las candidaturas al Consejo Constitucional que se elegirá el próximo 7 de mayo, los distintos partidos políticos y conglomerados comienzan a definir los nombres que encabezarán las diferentes listas que competirán.
En el caso de los partidos de centro izquierda, pese a los esfuerzos de Apruebo Dignidad y el Partido Socialista, finalmente el PPD optó por llevar una lista aparte junto a la DC y el Partido Radical (PR), desechando el llamado a la unidad.
En el caso de la región de Antofagasta, según un artículo del Diario La Tercera, el Partido Radical optaría por Marcelo Encina como candidato al Consejo Constitucional, nombre que encendió las alertas en el sector, debido a las graves acusaciones que pesan en su contra y que incluso complicaron su nombramiento como asesor jurídico del ex alcalde suplente de Antofagasta, Ignacio Pozo (PR), a fines de 2020.
Las denuncias
Según publicaciones de El Mercurio de Antofagasta y Timeline en agosto de 2020, sobre Marcelo Encina pesan graves acusaciones relacionadas con su empresa “Servicios Jurídicos Marcelo Ricardo Encina Muñoz y/o Esperanza del Norte E.I.R.L.”.
Según las denuncias periodísticas, tras adjudicarse una licitación con la Defensoría Penal Pública, Encina enfrentó una serie de demandas laborales por parte de varios ex empleados, quienes denuncian que del sueldo pagado se les descontaba más de la mitad del monto, dinero que era “devuelto” a través de depósitos o, incluso, en dinero en efectivo que era girado en cajeros automáticos y entregado al propio Encina.
El medio Timeline recogió el testimonio de Marcela Fuentes Montero, una de las ex empleadas, quien denunció que María Francisca González Werner, pareja de Encina, le había indicado que “mis liquidaciones se harán por un monto superior al que yo voy a recibir, básicamente porque como son una empresa licitada los montos de las remuneraciones de los abogados se ‘inflan’ con el objeto de adjudicarse las licitaciones, pero no es eso lo que gana un defensor penal”.
Otro testimonio recogido por el medio en esa oportunidad es el de la abogada Nicol Palma Moscoso, quien narró en la demanda que era el propio Marcelo Encina quien la acompañaba a un cajero automático para girar la “diferencia” en efectivo y entregársela personalmente, situación que habría ocurrido entre febrero y mayo del 2019.
Según fuentes allegadas al ámbito jurídico, estos graves hechos podrían constituir delito, pues se trata de fondos públicos obtenidos mediante licitación de la Defensoría Penal Pública, misma institución que tras una investigación de los hechos decidió poner fin a los servicios de la empresa ligada a Marcelo Encina.
Por su parte, el aludido, en declaraciones a diversos medios durante el año 2020, bajó el perfil a lo ocurrido, asegurando que el tema se encontraba zanjado, tras una conciliación judicial que puso término a las demandas laborales.
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Paula Corina Hernández