Las implicancias del fallo que ordena a AFP devolver los fondos a cotizante

Por Redacción Mar 12, 2020

La Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de protección presentado contra Provida y le ordenó a la AFP restituir a uno de sus afiliados la totalidad de sus fondos previsionales, en un plazo máximo de 30 días.

Se trata de un fallo inédito emitido por la Primera Sala del tribunal de alzada que estableció que había un «actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, al negar la restitución íntegra de los fondos, infringiendo el derecho de propiedad, garantizado por la Constitución».

El fallo estableció además que «frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse -seguridad social y propiedad-, debe tenerse en consideración que el primero aparece como un derecho futuro y eventual, que además es financiada por el propio cotizante».

«En tanto, el segundo, se trata de un ejercicio inmediato y que guarda relación directa con su calidad y condiciones de vida del recurrente, la libertad en las capacidades de ejercicio y de goce de sus derechos, entre ellos, el de propiedad, sin que pueda obligarse a un control, sea del Estado o de alguna entidad privada, como la recurrida, para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. La seguridad social es por definición un derecho, más no una obligación para las personas», agrega.

Todo parece indican que AFP Provida apelará a esta decisión, por lo que el caso llegería hasta la Corte Suprema, abriendo una serie de posibilidades que una vez más ponen en entredicho el sistema de pensiones.

Cabe recordar que el año pasado la profesora antofagastina María Angélica Ojeda también llegó hasta la justicia para pedir sus fondos de pensiones. Tras enviar un requerimiento al Tribunal Constitucional que fue descartado finalmente, se espera un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

De esta manera, en medio de las movilizaciones sociales que comenzaron tras el estallido social de octubre de 2019, las AFP nuevamente están en el centro de las críticas y el debate, reafirmándose que son instituciones privadas que entregan pensiones miserables a los jubilados y jubiladas.

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