Las empresas SQM, minera Zaldívar (del grupo Luksic), minera Escondida (BHP) y Albemarle, protagonizan un enfrentamiento directo y un cruce de palabras, en relación a la polémica por la sobrexplotación de las reservas de agua en el Salar de Atacama.

Cabe recordar que actualmente existe un déficit hídrico en la cuenca del salar de Atacama, lo que preocupa a las comunidades y pone en riesgo la conservación del balance de esta zona. Esto ha encendido las alertas y ha puesto el foco sobre estas 4 empresas que extraen agua subterránea y salmuera en dicha zona, justo en momentos en que dos de ellas gestionan en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la posibilidad de extender sus permisos para la extracción del recurso vital.

Ya el Consejo Regional (Core) se pronunció sobre estas solicitudes de las mineras Escondida y Zaldívar, expresando su rechazo debido a la sobrexplotación de las reservas de agua en el sector.

En este contexto, las diferentes empresas se han criticado mutuamente en el proceso de participación y análisis que lleva el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En el caso del proyecto de Escondida, Albemarle criticó 14 puntos, mencionando que existe un equivocado planteamiento del proyecto, una deficiente definición del área de influencia y deficiencias en la caracterización de la línea base. Por su parte, la minera de los Luksic, presentó un escrito de 38 páginas con observaciones respecto de la evaluación de los impactos, frente al plan de alerta temprana y sobre los compromisos ambientales voluntarios del proyecto de Escondida.

En relación a la iniciativa de Zaldívar, también presentaron sus opiniones Escondida, Albemarle. Esta última planteó dudas sobre el contenido que permite evaluar el impacto ambiental, acusando que el plan de alerta temprana presentado no es preventivo; que las herramientas de evaluación de impactos presentan incertidumbres y no poseen fundamentos técnicos. Además, sostuvo que la iniciativa puede afectar los compromisos de terceros que también extraen recursos del salar.

Por su lado, Escondida, en una presentación de 17 páginas, señaló que el proyecto de la Zaldívar, considera condiciones de línea base distintas a la que ella presentó en su iniciativa y también la acusó de omitir acompañar antecedentes que resultan necesarios para la comprensión tanto de la línea base del proyecto, como de los impactos que éste genera en el medio ambiente.

Mientras las empresas se pelean entre sí, la comunidad ha expresado su opinión a través del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que recientemente expuso ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, resaltando la problemática hídrica de la cuenca del Salar de Atacama.

«Dejamos en evidencia ante las autoridades la zona de sacrificio hídrico en que nos encontramos”, afirmaron.

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