Por Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

El 17 de septiembre de 1973, hace casi 47 años, el diario El Mercurio de Antofagasta lanzaba una portada titulada: “Activista muerto en la Intendencia”. La noticia se refería a la ejecución de Joaquín Espinosa Ojeda, un trabajador portuario de 36 años, acusado de volcar un vehículo militar en las proximidades del Trocadero y de agredir al oficial militar que lo interrogaba durante su detención. Pero, hoy sabemos que la historia no ocurrió así. Muchos de los crímenes de la dictadura se erigieron sobre esta misma mentira: la supuesta peligrosidad de ciertos sujetos/as, en cuyo artificio comunicacional se cimentó la práctica del terrorismo de Estado.

Desde un punto de vista discursivo, lo que le sucedió a Joaquín Espinoza es ahora un conjunto de escrituras fragmentarias repartidas en causas judiciales, entrevistas, textos periodísticos y administrativos. En el año 1991 su nombre apareció consignado en el tercer tomo del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en el listado de ejecutados/as
políticos/as. El año pasado, su nombre volvió a pronunciarse, públicamente, durante la marcha conmemorativa del 11 de septiembre. Y también en una entrevista realizada por el diario Regionalista a su hija, María Espinoza, quien declaró: «Mi padre fue asesinado en la Intendencia». No fue una muerte, sino un asesinato. En este caso, la sutileza es importante. A 46 años de su muerte, un medio de comunicación corregía la mentira negacionista del diario más pinochetista de Chile.

Los hechos ocurridos a Joaquín Espinoza Ojeda fueron establecidos judicialmente en noviembre del 2017, cuando se reconoció la verdad de lo sucedido. Espinoza Ojeda se vio involucrado en el accidente de tránsito de un vehículo militar que se volcó por exceso de velocidad, hecho por el cual fue responsabilizado, detenido y trasladado al segundo piso de
la Intendencia. Allí fue interrogado, torturado y asesinado por Patricio Ferrer Ducaud, Jefe del Departamento II de Inteligencia Militar de la Sexta División de Ejército. Según consigna la causa judicial asociada al caso, Ferrer Ducaud ejecutó a su víctima propinándole tres disparos con un arma de fuego, motivo por el cual fue condenado, 46 años después, como autor del delito de homicidio calificado. Sin embargo, cuando esto ocurrió, Ferrer Ducaud se encontraba cumpliendo condena en el penal Punta Peuco por su vinculación con los crímenes de la llamada Caravana de la muerte.

Según la versión oficial de la época, Joaquín Espinoza Ojeda fue un activista del partido socialista que provocó el volcamiento del vehículo militar con la intención de asesinar a los militares que viajaban en él. Horas más tarde, cuando se encontraba detenido en el segundo piso de la Intendencia habría atacado al oficial que lo interrogaba, motivo por el cual fue ejecutado. Al respecto, la Comisión de Verdad y Reconciliación consignó en su informe lo poco coherente que resultan estas versiones, puesto que no parece probable que Espinoza Ojeda haya atacado él solo un vehículo militar a plena luz del día; o que haya atacado al oficial que lo interrogaba encontrándose desarmado y custodiado por militares. Y aun cuando hubiese sido cierto, nada de eso amerita ejecutar a una persona para reducirla.

Hasta donde sabemos, la ejecución de Joaquín Espinoza Ojeda es la única de la cual tenemos certeza que haya ocurrido en el edificio del gobierno regional. Sin embargo, su caso se suma a otros episodios de detención ocurridos en el inmueble, como los sucedidos con Elizabeth Cabrera, Nenad Teodorovic y Luis Muñoz, militantes del MIR torturados/as en el subterráneo del edificio y ejecutados el día 15 de septiembre de 1973 camino a la Base Aérea Cerro Moreno.

Con base en estos antecedentes, además del reconocimiento del inmueble como centro de detención y torturas realizado por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura del 2004, es que el 11 de septiembre del año pasado presentamos una carta al Consejo de Monumentos Nacionales, solicitando la declaratoria de la Intendencia como sitio de memoria. Consideramos este reconocimiento como una iniciativa indispensable en los procesos de verdad y reparación de las víctimas de la violencia de estado. Y, al mismo tiempo, una arremetida en contra del negacionismo y la situación de ocultamiento e invisibilidad que cubre a muchos de los ex centros de detención y torturas de la dictadura. La Agrupación exige la reparación moral y simbólica que produce este asesinato en la familia y en la sociedad antofagastina, a través de la colocación de una placa en la Intendencia Regional de Antofagasta. Que su presencia sea un acto de reflexión permanente, para las nuevas generaciones, sobre el terrorismo de Estado

Sobre Joaquín Espinoza Ojeda, su hija recuerda haber estado con él durante el almuerzo del 15 de septiembre de 1973, luego de lo cual habría partido a trasladar unas gallinas al sector norte de la ciudad. Esa fue la última conversación que tuvieron. Según su relato, su padre no militaba en ningún partido político. Esto concuerda con la información disponible sobre él en la sección Interactivos del Museo de la memoria. Si escribimos su nombre en el buscador podemos leer una parte de su historia. Pero la ficha no tiene ninguna fotografía. Por eso la publicamos hoy, para iluminar su rostro en medio del silencio que trata de oscurecerlo.

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