Crece la polémica tras conocerse la contratación de una de las ex parejas del Intendente regional, Marco Díaz (RN), quien asumió funciones en abril pasado en el Servicio de Salud de Antofagasta sin que se realizara un concurso público y con acusaciones que indican que el propio jefe regional dio la orden para que fuera contratada.
La información fue revelada por El Mercurio de Antofagasta, medio que detalló que Asfel Correa fue contratada como profesional de apoyo administrativo en el área jurídica del Servicio de Salud de Antofagasta. Correa tiene un hijo en común con el Intendente Díaz y es de profesión abogada. Actualmente recibe un sueldo mensual bruto de $1.473.376.
En la misma publicación el Intendente Marco Díaz confirmó que hubo un llamado en relación a la contratación de la personera, reconociendo que esta consulta se la realizaron porque se consideró que esta contratación podía verse con malos ojos.
«En abril recibí un contacto del área de recursos humanos del Servicio de Salud consultándome si yo tenía algún inconveniente y mi respuesta fue una y muy clara: No tiene ningún privilegio para el ingreso, pero tampoco puede tener ningún perjuicio por esta situación que nos vincula», aseguró el jefe regional.
Sin embargo, las acusaciones más serias provienen de parte de la Asociación de Profesionales Universitarios de Base del Servicio de Salud de Antofagasta. Myrna Palma, presidenta de la organización, indicó que a ellos se les dijo que la contratación de Correa habría ocurrido por «ordenes de la Intendencia».
«Nosotros en junio planteamos esta situación al jefe de gabinete de SSA, Emir Ávalos, quien nos manifestó que eran órdenes de la intendencia y que al Intendente no se le podía decir que no, según manifestó personalmente Ávalos», recordó Palma en declaraciones recogidas por El Mercurio de Antofagasta.
Finalmente, el Servicio de Salud de Antofagasta confirmó que en la contratación de la profesional no hubo concurso público, lo que aumenta las sospechas de intervencionismo y posible nepotismo en su contratación.
Cabe señalar que la ley es clara en precisar que las autoridades deben velar por el interés general sobre el particular y deben actuar con imparcialidad. Asimismo, existe el principio de abstención cuando se trata de asuntos en los cuales exista un interés propio. De confirmarse que el Intendente Marco Díaz intervino para la contratación de su ex pareja, se podrían configurar una serie de infracciones y el inicio de procedimientos administrativos que podrían complicar a la autoridad regional.
Jorge Ochoa Bugueño