Más de $91 millones pagados sin respaldo por prestaciones realizadas el 2017 y pagos de $56 millones sobre el monto original de los contratos de 2018, fueron algunas de las principales irregularidades detectadas en convenios de la CMDS con la empresa Integra Servicios Profesionales SpA (que en el año 2018 modificó su nombre de fantasía a Medical Services SpA). Lo anterior, tras una investigación de la Controlaría Regional de Antofagasta luego de una denuncia sobre la materia y que involucra la gestión de la ex alcaldesa Karen Rojo.

El informe del ente fiscalizador ordena a la Corporación Municipal de Desarrollo Social acreditar documentalmente la prestación de los servicios contratados «o en su defecto el reintegro de los montos objetados, dentro del plazo de 30 días hábiles, a contar de la recepción del presente documento».

«Sin perjuicio de lo anterior, este Organismo Fiscalizador remitirá una copia del presente informe final a la Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, para ser tenido en consideración al momento de efectuar la fiscalización de la rendición de la cuenta pública del uso de los recursos de que se trata, de acuerdo con lo preceptuado en la letra b) del artículo 49, de la ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización», indica el informe.

También se constató que la corporación efectuó pagos por sobre lo contratado a la aludida
empresa, durante los años 2017 y 2018, por un total de $40.338.000 y de $ 26.540.000, respectivamente, sin que conste la existencia de algún addendum o una modificación de los acuerdos contractuales que justifiquen dichos montos, denotando una falta de control en los pagos efectuados por la entidad.

En otra de sus conclusiones, Contraloría advirtió que la CMDS no se ajustó a su procedimiento interno establecido en el manual de adquisiciones Nº 1, de 2016, en las contrataciones de las prestaciones médicas en comento, omitiéndose en los contratos suscritos las autorizaciones requeridas, atendida la cuantía de los servicios, por lo que esa corporación municipal deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el
citado manual, de tal forma de que las compras que realice cuenten con las aprobaciones necesarias y que los procesos sean realizados de manera transparente.

«Finalmente, se evidenció una falta de supervisión y control por parte de la CMDS sobre los contratos celebrados con la mentada empresa y sobre los pagos erogados a raíz de las prestaciones del servicio, lo que da cuenta de una falta de revisión y verificación oportuna de la inversión de los recursos del Programa de Integración Escolar, por parte de esa entidad. Al respecto, corresponde que, en lo sucesivo, la corporación municipal implemente procedimientos que le permitan ejercer una supervisión y fiscalización permanente sobre los contratos suscritos, con la finalidad de mantener un control sobre los recursos en comento, de tal forma de asegurar su correcta utilización e inversión, ajustándose a la normativa vigente sobre la materia», concluye el documento.

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