La Iglesia Metodista de Chile se desmarcó del llamado del Consejo Nacional de Obispos y Pastores Evangélicos (que instaron a votar «rechazo» en el plebiscito de abril) y se comprometió a «promover y participar activamente» en el proceso de una nueva Constitución para al país.
Tras cinco días de reuniones, la Asamblea General de la organización evangélica Metodista difundió una declaración pública en la que pidió perdón «por no haber sido una Iglesia que haya develado el pecado de la injusticia, en todas sus esferas, con mayor prontitud y vehemencia», y abordó temas que van desde la sociedad patriarcal y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios hasta la crisis ambiental.
En la carta, firmada por su máxima autoridad eclesiástica, el obispo Jorge Merino, y el secretario de la asamblea, Felipe Rojas, la Iglesia Metodista se mostró «horrorizada» por la «violencia destructiva» por parte de los agentes del Estado durante las protestas y se comprometió a la defensa irrestricta de los Derechos Humanos.
«Como cristianos evangélicos reconocemos que ningún ser humano está exento de cometer errores, pero, asimismo reconocemos que hay una gran diferencia cuando esos errores se convierten en horrores», afirman los líderes metodistas.
A juicio de la Iglesia Metodista, el estallido social del 18 de octubre «hizo emerger y visibilizar una crisis profunda, la que es reflejo de una sociedad hedonista, individualista y materialista», cuyas consecuencias son, entre otros, «un sistema de salud deficitario, una educación cada vez más mercantilista, una previsión social que deja en la pobreza y la orfandad a miles de hombres y mujeres que han dado su vida por esta nación, es decir, la falta y ausencia de la vida digna que anuncia el evangelio».
En ese sentido, manifiesta que aunque «los índices de la macroeconomía muestran resultados de mejoras sorprendentes», éstos «no se reflejan en la vida real de todas y todos los ciudadanos de manera justa y equitativa».
«Los frutos de los indicadores no se distribuyen de manera equitativa a los trabajadores y trabajadoras; artífices de esta prosperidad y de la sociedad en general», señala la carta.
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Paula Corina Hernández