Un proyecto de ley promovido por varios diputados de la oposición busca entregar indultos y una amnistía para quienes fueron detenidos y encarcelados tras la “revuelta de octubre” y los días posteriores de movilización. Se trata de quienes han sido sindicados como «presos políticos», pues diversas organizaciones acusan irregularidades en sus procesos y sesgos en las investigaciones que lleva adelante la fiscalía.

Junto con esto, se busca la reparación para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado. La diputada Camila Vallejo (PC) declaró que aún existe una deuda con quienes iniciaron el proceso de movilizaciones en octubre del año 2019.

Defensor penal exclusivo

La diputada Marcela Hernando (PR) planteó que es importante verificar la situación de quienes se encuentran presos. “Hay una cantidad importante de estos jóvenes encausados, muchos de ellos que están detenidos y que no deberían estarlo, por lo que hay que clarificar su situación judicial”, indicó.

Desde su punto de vista debe existir un foco importante en la labor de la justicia. “Me parece que la Defensoría Penal Pública no ha cumplido suficientemente su rol. Yo le pediría al gobierno y también al Poder Judicial, un defensor penal público exclusivo que viera todos estos casos”, precisó. Lo anterior, con el fin de que este pueda hacer una separación de casos y lograr un mejor tratamiento de las investigaciones.

Una oportunidad para revisar detenciones

El Diputado oficialista José Miguel Castro (RN), se mostró contrario a esta iniciativa legislativa. “La ley debemos cumplirla todos por igual y no solo eso, las personas detenidas en todo el país fueron por delitos graves y actos de violencia, especialmente en la región de Antofagasta. Por lo tanto no estamos disponibles para indultar a aquellos que cometieron delitos, porque además detrás de ellos hay víctimas”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Renovación Nacional (RN), Guillermo Guerrero, accedió a la posibilidad de revisar vulneraciones estatales. “Estoy de acuerdo en que debe haber una investigación de las violaciones a los Derechos Humanos y si existe un dictamen por parte de la justicia, el cual indique esta situación, debe haber una indemnización por parte del Estado”, indicó. Pese a lo anterior, comentó no estar de acuerdo en que se le aplique algún tipo de indulto a quienes hayan sido culpables de algún desorden o ataque a propiedad pública y privada.

Lila Vergara, presidenta regional del Partido por la Democracia (PPD), explicó que esta instancia legislativa es una excelente oportunidad para revisar las diferentes detenciones. “Me parece que muchas de esas detenciones no tenían una justificación clara, entonces creo que es una oportunidad para verificar los diferentes casos”, aseguró.

“Debería haber un proceso de transparencia, para que efectivamente quede claro quienes no cometieron delitos, estos deben ser reivindicados en todos sus derechos”, agregó, argumentando que lograr una reparación total es muy difícil, ya que la violación a los Derechos Humanos nunca debería ocurrir y cuando sucede, los juicios no logran subsanar del todo la situación.

Reparación y justicia

Otro punto de importancia en este proceso de reparación son los culpables de estas vulneraciones. Es por esto que la presidenta del PPD manifestó que quienes debieran asumir las responsabilidades deben ser las instituciones implicadas. “Acá claramente hay protocolos que debieron ser cumplidos. Obviamente tendrá que haber una investigación interna. Pero también una responsabilidad institucional, ya que estos son los encargados de que las normas y protocolos se cumplan”, sentenció.

Guillermo Guerrero también apoyó que debe existir una reparación y coincidió con la posición de Vergara, en cuanto a que nunca podrá existir una completa reparación para las personas que sufrieron violaciones de sus Derechos Humanos. Pese a lo anterior, Guerrero cree que el Estado debe brindar recursos económicos, subsidiarios y mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido esta situación.

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