La bancada de Diputados del Frente Amplio confirmó que solicitará formalmente a la Corte Suprema la destitución del fiscal nacional Jorge Abbott tras sus polémicos dichos durante su última cuenta pública, en donde dio a entender que en los casos de corrupción por platas políticas se debe actuar con un criterio distinto al de los casos que involucran a otros ciudadanos.

En la oportunidad, el fiscal nacional sostuvo que los fiscales «debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórum de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen».

«Debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular», argumentó.

Las palabras no fueron bien recibidas por los parlamentarios frenteamplistas y también de otros sectores políticos, quienes vieron en esto un intento del fiscal nacional por proteger a autoridades involucradas en casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política, como los casos Penta y SQM.

La diputada del partido Poder, Claudia Mix, enfatizó en esto asegurando que «no puede ser que a priori se crea que hay ciudadanos con privilegio ante la ley. No estamos disponibles para esto».

El Frente Amplio ya cuenta con el mínimo de 10 firmas que exige la normativa para formular la solicitud. Sin embargo, se busca contar con el apoyo de otros sectores de la oposición y de un amplio espectro político.

La normativa indica que el fiscal nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Cabe recordar que por este criterio que está aplicando el fiscal nacional, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron recientemente al Ministerio Público, argumentando que se busca dejar impunes a los políticos acusados en casos de corrupción, ya que no se está concurriendo a juicio y se les está ofreciendo acuerdos y salidas alternativas que no terminan en condena.

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