Un nuevo caso que pone en entredicho al sistema de AFP se suma tras el recurso presentado por la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda. Se trata de una enfermera de la región de Magallanes que recurrió en contra de su AFP, lo que motivó un requerimiento de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que solicitará al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre la materia.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya declaró admisible el requerimiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que busca declarar inconstitucional el decreto ley 3.500 que dio origen a las AFP. Lo anterior, tras el recurso de protección presentado por la profesora jubilada María Ojeda, quien busca retirar sus ahorros y considera que se vulnera su derecho a la propiedad al no permitir la libre disposición de sus fondos.

El recurso, impulsado por la Coordinadora No Más AFP y con el patrocinio de la abogada Nina López, fue presentado en julio pasado y recientemente la Corte emitió un fallo en donde cuestiona a las administradoras de fondos al considerar que vulneran el derecho a propiedad y a la seguridad social.

A esto se suma este reciente fallo, que se encuentra en redacción en Punta Arenas y que vuelve a cuestionar el sistema de AFP, lo que he generado un arduo debate sobre las jubilaciones en nuestro país.

Este último casi dice relación con el recurso presentado por una enfermera de iniciales B.V.F. y de 60 años, quien lleva cerca de 40 años de afiliada al sistema de AFP. La mujer explica que tiene dos hijos mayores de edad y que a la fecha sigue un tratamiento, ya que es hipertensa. Además, arrienda una propiedad donde vive con su hija -quien se encuentra cursando una carrera- y nieta, y que mantiene dos deudas que juntas superan los $400 mensuales.

«Así las cosas, el día 18 de Junio del 2019, envié una carta a AFP HABITAT en donde realicé una solicitud de dinero de retiro de mis fondos de pensiones, con el objeto de solicitar el monto total de mis ahorros por concepto de fondos previsionales que administra la AFP recurrida «, señala.

Y agrega: «Las necesidades que tengo son poder solventar mis gastos porque si bien me he dedicado cerca de 40 años en mi vida al trabajo, si pensiono no me alcanzaría para vivir y mantener mi nivel de vida que tengo, teniendo que posiblemente después de largos años de trabajo endeudarme o dejar de salir de mi casa, rebajar mis gastos en consumo, buscar otro arriendo y en fin un sinnúmero de problemas que no deberían ser problemáticos para una persona de tercera edad».

De esta manera, ya son dos los requerimientos al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el decreto ley 3.500 que creó a las AFP, lo que pone en entredicho al sistema privado de pensiones de nuestro país, el que se encuentra seriamente cuestionado al no otorgar jubilaciones dignas a los adultos mayores.

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