Este miércoles 4 de julio por la mañana, el juez Daniel Aravena del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, excluyó al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la fundación Ciudadano Inteligente y a los representantes del Partido Socialista como querellantes del llamado caso Penta y solo dio legitimidad activa al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Con esta decisión, los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del exsubsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, podrán acogerse oficialmente a un proceso abreviado, siendo enjuiciados solo por delitos tributarios, a excepción de la exautoridad, a quien se le sumó la acusación de enriquecimiento ilícito.

Pese a que Aravena resolvió aceptar la solicitud del Ministerio Público y de las defensas en la audiencia de este miércoles, el CDE reiteró su postura y puntualizó que solicitaría la nulidad de la decisión judicial.

En marzo, la Fiscalía había pedido 10 años de cárcel para los imputados por cohecho, delitos tributarios y lavado de activos, pero la situación cambió durante la jornada del martes en una audiencia de reformalización de cargos.

En esta instancia, lamentablemente la fiscalía eliminó el delito de cohecho en contra de Wagner y lo reemplazó por el de apoyo económico indebido, acción con la cual Délano y Lavín se vieron beneficiados de manera directa: Al no estar acusado Wagner de haber recibido coimas, entonces los controladores de Penta no pueden ser imputados de haberlas pagado.

Entre el 30 de junio de 2010 y septiembre de 2012, empresas Penta hizo 14 pagos por un total de 42 millones de pesos a Wagner, lo que, en específico, constituye el “apoyo económico indebido” que acusa la Fiscalía.

De esta manera, y al no figurar el delito de cohecho en la causa, se puede pedir menos de 5 años de presidio, pena que puede cumplirse con beneficios como lo es la libertad vigilada. En línea con lo anterior, el fiscal a cargo de la causa, Manuel Guerra, solicitó 4 años de presidio menor en su grado máximo.

En total, y con esta salida alternativa, ambos controladores devolverán al Fisco $1.700 millones, dineros que se sumarán a las otras multas que han pagado, totalizando pagos por cerca de $10.000 millones.

Tras esta decisión, han surgido duras críticas desde diversos sectores. El ex fiscal, Carlos Cajardo, tuvo duras palabras con el desarrollo de la causa.

“Evidentemente, acá hay una actitud por parte de la Fiscalía que no se condice con su rol de persecutor”, señaló en la radio ADN.

Gajardo manifestó que “las penas son muy bajas para el soborno y el cohecho”, lo que no se justifica ya que “no hay ningún antecedente nuevo”.

“El fiscal Guerra ha tomado una decisión unilateral que no ha sido avalada por argumentos técnicos”, manifestó, al mismo tiempo que consideró que “esto es algo que sensatamente el Consejo de Defensa del Estado ha calificado como ilegal”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here