Con el objetivo de exigir reparación moral e impugnar los Consejos de Guerra constituidos en Dictadura, seis ex presos políticos detenidos en Antofagasta, junto al abogado de Derechos Humanos Roberto Ávila, se querellarán contra el estado chileno por las sentencias dictadas por la Justicia Militar en la época.

Además de represión política, tortura, desapariciones forzadas, entre otras violaciones a los Derechos Humanos ejecutadas durante la dictadura militar, los presos políticos fueron sometidos a Consejos de Guerra que abrieron sumarios con diversas acusaciones, muchas de las cuales nunca fueron comprobadas.

“Estos Consejos eran procedimientos ilegales, arbitrarios y prevaricadores, destinados a justificar la represión que desató la dictadura militar”, expresó el abogado Roberto Ávila.

Algunas de las infracciones que dictaban las sentencias comprendían faltas a las leyes de Seguridad Interior del Estado y de Control de Armas, además de cargos por delitos asociados a “actividades políticas”, donde eran catalogados como activistas o peligrosos extremistas. Cabe destacar que en la época, los fiscales militares incluso abrieron sumarios a personas ya ejecutadas o desaparecidas.

Es por esto que los ex presos políticos presentarán un recurso de revisión ante la Corte Suprema para que se anule el Consejo de Guerra, y para que el estado “proceda a reparar material y moralmente los abusos a los que fueron sometidos, y que implicaron largos años de prisión, torturas y un cruel e injustificado exilio con posteridad”, argumentó el abogado.

Cabe destacar que en el año 2015, la Corte Interamericana de DDHH dictó una sentencia que obligaba al estado de Chile a revisar los Consejos de Guerra, la cual fue acogida por la Corte Suprema y el Consejo de Defensa del Estado, por lo que actualmente ya se han anulado dos: el de la FACH y el caso de Humberto Lagos Schuffeneger. Por lo tanto, los ex presos políticos de Antofagasta, concretarán la tercera acción judicial contra dichos Consejos, apelando a un recurso de revisión ante la Corte Suprema.

Los casos involucrados

Pedro Araya fue condenado a 30 años de cárcel por el Consejo de Guerra a principios de 1974. La razón: Ser dirigente del MIR. “Durante el Consejo, el abogado Arcadio Erbetta me dijo que no podía hacer nada porque estaba todo arreglado, la condena estaba acordada y a pesar de exponer los argumentos legales en mi defensa, todo esfuerzo fue en vano”. Después de la condena, estuvo dos años en la Cárcel de Antofagasta, posteriormente fue trasladado a la cárcel Capuchinos en Santiago y finalmente, fue exiliado a Holanda, país donde reside actualmente. “Si fueron los agentes del estado quienes nos torturaron y castigaron de esa forma, lógicamente el estado tiene que responder con la reparación moral”, afirmó Araya.

Waldo Salomón, acusado por el Consejo de Guerra en 1973 por tenencia ilegal de armas y por conspirar contra el gobierno constituido. La condena fue de 18 años de cárcel, sin embargo, gracias al esfuerzo de su abogado pudieron rebajarla a 13 años. Finalmente, se conmuta la pena a través del Decreto Supremo 504. “Ellos jamás pudieron probar nada, mi gran delito fue en definitiva pensar diferente a la dictadura militar que gobernó durante 17 años”, expresó Waldo y agregó que “una reparación moral es lo mínimo que el estado puede hacer”.

Osvaldo Caneo fue detenido cuando era estudiante de la Universidad del Norte, durante el Consejo de Guerra fue condenado a 6 años de cárcel por supuesto espionaje a la Fuerza Aérea. Cuando el abogado Erbetta apeló en su defensa, el Intendente de Antofagasta Joaquín Lagos Osorio aumentó en 4 años más la condena. Como muchos de sus compañeros, por medio del decreto 504 vivió su exilio en Alemania desde 1973 hasta 1989.

Iván Gordillo fue condenado a 20 años de prisión por Consejo de Guerra, acusado como “peligroso extremista” por tenencia ilegal de armas y por su participación en la formación del Cordón Industrial Norte, declarado por militares y estrategas del Golpe como “organizaciones subversivas que atentaban contra el estado y que pretendían asesinar gente”. Posteriormente, el 7 de enero salió del país con destino a Alemania a cumplir su exilio, donde residió hasta 1989.

Juan Carlos García fue militante del MIR en la ciudad de Arica, trasladado a Antofagasta donde fue torturado y encarcelado. El Consejo de Guerra lo sentenció a 5 años y 541 días de cárcel, por asociación ilícita y por diversos delitos que corresponden a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Estuvo 2 años y medio en la Cárcel de Antofagasta, hasta que por virtud del decreto 504, la pena de prisión y relegación fue conmutada por extrañamiento. Finalmente, en 1976 fue exiliado a Francia donde permaneció 18 años hasta que en 1992 regresó a Chile. “Nosotros éramos civiles y fuimos declarados prisioneros de guerra de manera ilegal e injusta, no se trataba de guerra si no de una brutal represión”, expresó García y agregó que “también exigimos una justa reparación por todos esos años de torturas, prisión, exilio y también incluyo el retorno, que fue una etapa muy difícil para muchos de nosotros”.

Jorge Santander era empleado de Cobresal en CODELCO cuando fue detenido en Chañaral y trasladado a Antofagasta. Fue condenado a 10 años de cárcel por un Consejo de Guerra que duró 5 minutos sin derecho a defensa. Estuvo 3 años en la Cárcel de Antofagasta y posteriormente fue exiliado a Estados Unidos, donde reside actualmente.

Con respecto a la situación judicial, los querellantes se muestran “optimistas en cuanto al resultado” y esperando que la Corte Suprema acoja el recurso de revisión como lo ha hecho con anterioridad.

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