Evelyn Cortés Sepúlveda nació en Antofagasta, pero sus padres son pampinos. Actualmente es presidenta de la Corporación Cultural Crealuz. Aunque el trabajo comenzó a mediados de los 90’s en prevención del VIH, posteriormente se constituyó oficialmente la organización, con el objetivo de intervenir con nuevas estrategias. Dice sentirse muy motivada con su trabajo y el de los voluntarios de la agrupación.

En su mensaje resalta la importancia de generar acciones artísticas y culturales para desarrollar intervenciones preventivas con poblaciones que prefiere llamar «más que de la diversidad sexual, personas que sienten, que viven y se relacionan emocionalmente de formas distintas a las socialmente establecidas».

Evelyn es protagonista del séptimo capítulo del proyecto «Educación Cívica en la Voz de Mujeres de la región», iniciativa impulsada por Regionalista.cl y financiada por el Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y el Consejo Regional (Core).

Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias se rigen por la ley 19.418 que regula la constitución y participación en distintas agrupaciones funcionales o territoriales. Lo anterior está especialmente contemplado en los artículos 7°, 8° y 9° de dicha normativa.

Por su parte, la ley 20.500 sobre participación ciudadana en la gestión pública regula la constitución de otras organizaciones tales como fundaciones y corporaciones, además de recalcar el deber del Estado de promover la asociatividad de las personas (artículo 2°).  Asimismo, la misma normativa contempla la creación de los Consejos de Organizaciones de la sociedad Civil (Cosoc).

Se trata de un mecanismo de participación ciudadana cuyos integrantes representan a organizaciones de la sociedad civil relacionados al quehacer de la institución. Su función es acompañar a la máxima autoridad de cada Ministerio o servicio público en los procesos de toma de decisiones en políticas públicas.

Los consejos de la sociedad civil son de carácter consultivo (no vinculantes), autónomos y están conformados por representantes de la sociedad civil cuya labor esté relacionada con los temas de competencia del órgano de la administración pública. Además es necesario que su composición tenga presente los criterios de: diversidad, pluralidad y representatividad.

Por otro lado, la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, más conocida como «Ley antidiscriminación» o por su nombre no oficial «Ley Zamudio», tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, estableciendo un procedimiento judicial y medidas sancionatorias en caso de comisión de un acto de ese tipo.

Para su aplicación, la ley establece una definición de discriminación arbitraria, en el artículo 2º: «Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes».

Si bien se ha avanzado en establecer nuevos mecanismos de participación y también en sancionar la discriminación, aún hay desafíos pendientes en nuestra sociedad para garantizar una democracia efectiva y el respeto por todas las personas, sin importar su identidad u orientación.

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