La decisión del Intendente Edgard Blanco (RN), quien anunció a fines de diciembre que se prohibirían las marchas y que solo se permitirían las movilizaciones autorizadas por escrito, ha generado un amplio debate en la región.

Sin embargo, esa «decisión» -que surgió luego de un Comité Policial-, esconde una estrategia que busca criminalizar la protesta social, mediante una manipulación constante de la información, de la que es parte Carabineros y para la que «se prestan» diversos medios de comunicación tradicionales de la región.

¿Cómo se explica que Carabineros no actúe ante saqueos o hechos de violencia, pero sí responda rápidamente para reprimir una concentración o una marcha pacífica? ¿Por qué el 12 de noviembre Carabineros se replegó, tras lo cual hubo diversos incendios, incluyendo uno en el primer piso de la Intendencia?

Ejemplos de lo anterior hay muchos, a los que se suma lo ocurrido este viernes 3 de enero cuando fueron los propios manifestantes y jóvenes de la llamada «Primera Línea» quienes detuvieron un saqueo en calle Baquedano de Antofagasta, ante la ausencia de la policía. Sin embargo, este hecho no tuvo repercusión en los medios oficiales.

Lo que tampoco tuvo repercusión en la mayoría de los medios oficiales de la región es lo ocurrido el 30 de diciembre pasado cuando un Carabinero de civil resultó herido tras haber intentado arrollar a un grupo de manifestantes, según diversos testigos consultados por Regionalista.

Los medios solo replicaron la versión oficial de Carabineros, omitiendo que fueron los propios manifestantes quienes impidieron que un grupo de personas que se encontraban más exaltadas (tras el intento de atropello) pudieran provocar mayores heridas al funcionario policial.

Desde que comenzó el estallido social hemos sido testigos no solo de violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado, sino también de montajes comunicacionales a los que Carabineros y el Gobierno están acostumbrados. Para ello solo basta recordar la «Operación Huracán» o el encubrimiento del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

El Estado viola los Derechos Humanos, manipula información, miente y criminaliza las movilizaciones sociales. Sin embargo, hasta ahora no ha tocado a las AFP, a las Isapres y a los grandes grupos económicos que siguen cómodos con sus privilegios y cometiendo abusos impunemente.

Por estos motivos la gente sigue alzando la voz y movilizándose, a pesar de la represión, las detenciones ilegales, las torturas, abusos constantes y la criminalización de la protesta social.

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