En marzo se presentará el Informe que contiene las Conclusiones y Propuestas de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Acuerdo entre el Estado representado por CORFO y la privada SQM por el que extiende la extracción del litio. Cabe recordar que este mineral no metálico, según los artículo 7 y 8 del Código de Minería es importante “para la seguridad nacional”, reservando su explotación sólo al “Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”, habiendo su mayor reserva mundial en el Salar de Atacama, en Chile.

El Informe

Finalmente se votó por dos propuestas de Informe, siendo el presentado por el Presidente de la instancia, Esteban Velásquez, el que se impuso en general.

Las conclusiones parten relatando el origen de la relación entre CORFO y SQM, la corrupción de SQM, materias medioambientales, entre otras.

“La celebración del contrato entre CORFO y SQM el año 1993 generó las condiciones para que SQM pudiera explotar, sin mayores límites, el litio chileno hasta el año 2030. Orígenes de las contiendas posteriores están en las decisiones de los años 90”, denunciando más adelante la “negligencia de Corfo” y del Estado “en la fiscalización del litio”, se indica.

La Comisión hace hincapié en que SQM nació como empresa del Estado, siendo privatizada en la dictadura de Augusto Pinochet. “Los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones, corresponden en gran medida a los técnicos que las diseñaron desde la CORFO o que fueron interventores de empresas estatales como Julio Ponce Lerou con el grupo SOQUIMICH”, citando al informe de la Comisión Investigadora de las presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del estado ocurridas con anterioridad a 1990.

Crisis de SQM en 2014

En “las demandas de CORFO del año 2014 destinadas a cobrar la renta de arrendamiento, como asimismo la terminación del contrato en sí mismo (que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado), se pueden apreciar los graves incumplimientos en que había incurrido la empresa, aún sin tener conocimiento de los hechos de corrupción en que se vería involucrada con posterioridad”, se lee en las líneas del extenso informe.

A criterio de los parlamentarios de los distintos sectores que componen la Comisión que preside Velásquez, “pese a que CORFO logró terminar con el control que ejercía Julio Ponce Lerou en SQM, a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa”, que es lo que generó revuelo a nivel nacional al conocerse su calidad de asesor.

Ultrapetita

Otro de los puntos relevantes del informe dice relación con lo que en Derecho se denomina “ultrapetita”, es decir, que se da más de lo que se pide. En este sentido, “la Comisión estima que dado que CORFO optó por llegar a una conciliación con SQM, ésta debió limitarse al objeto de las demandas interpuestas por la entidad estatal. En tal sentido, la Comisión estima que la negociación se amplió a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo, el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM”, más de 350.000 toneladas de litio adicionales.

Valoración del actuar del CDE

La comisión “valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM S.A. y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno”, en el marco del financiamiento ilegal de la política. “El Consejo se opuso a la decisión del Ministerio Público, consistente en acordar con dichas empresas una suspensión condicional del procedimiento, obteniendo finalmente el sobreseimiento definitivo, pese a los graves hechos de corrupción que fundaban la querella”.

Falta de control sobre la explotación del litio

Por otra parte, el documento da cuenta del “inexistente control y trazabilidad del litio por parte de Aduanas, y del Servicio de Impuestos Internos (por lo menos hasta el año 2015, no existía el más mínimo control de lo que exportaba SQM desde el Salar), agregando la “falta de políticas públicas y fiscalización adecuada para salvaguardar la sustentabilidad ambiental del Salar de Atacama, los recursos hídricos en particular, y para reducir los impacto de la producción de litio en las comunidades aledañas”.

Derechos de Agua y Medio Ambiente

Un tema que hoy está sobre la mesa de la opinión pública ha sido la intención del Gobierno de Sebastián Piñera de perpetuar los derechos de aguas a privados. La Comisión denunció que en el caso de la privada SQM la CORFO “no ejerció un debido monitoreo de la situación contractual, permitiendo que SQM inscribiera a su nombre diversos derechos de agua, concesiones y servidumbres mineras, entre otras, que fortalecieron su posición en el Salar de Atacama”.

“Existe un evidente estrés hídrico en el sector sur del salar de Atacama. La demanda de aguas comprometidas (derechos de agua) supera con creces la oferta total, y en ese cálculo se determina que la sobredemanda supera seis veces la oferta”, agrega.

El documento aprobado por los parlamentarios señala que según el informe realizado en 2018 por la consultora internacional Amphos 21 respecto a la hidrogeología del Salar de Atacama, por encargo del Comité de Minería No Metálica, “las salidas de agua desde la cuenca del salar de Atacama sobrepasan las entradas” y añaden que “las comunidades indígenas atacameñas Lickanantay, todos los habitantes de la cuenca del Salar de Atacama y la industria del turismo viven actualmente una crisis hídrica. Específicamente las principales vulnerabilidades del sector corresponden a los sistemas lacustres Soncor, Quelana, Peine, Tebenquiche, Cejar y Chaxa”.

Negocio redondo

En cuanto a las rentas, los parlamentarios denuncian que lo que se ha señalado como un buen negocio para Chile, en realidad las mayores rentas pactadas en el contrato no son comparables atendidos los ingresos de la empresa: “rentas percibidas por CORFO período enero a septiembre 2018 (con las modificaciones en régimen) ascienden a cerca de USD $100.000.000.- (cien millones de dólares) mientras que SQM Salar S.A., percibió ganancias por cerca de USD$243.000.000.- (doscientos cuarenta y tres millones de dólares) en el mismo período”, es decir que SQM habría recaudado más de USD$340.000.000.- (trescientos cuarenta millones de dólares) sólo entre enero y septiembre de 2018, lo que serían unos $226.882.000.000.- (doscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y dos millones de pesos).

Ausencia de política nacional del litio

El informe acusa que “los Gobiernos respectivos no han tomado una decisión en torno a ejecutar la política nacional del litio, favoreciendo un modelo privatizador en desmedro de la creación de una empresa pública que explote y comercialice el litio chileno”. Agrega que el Gobierno de Sebastián Piñera cerró “el Comité de Minería No Metálica, el cual tenía por objeto adoptar una mirada coordinadora y omnicomprensiva respecto a todos los elementos presentes en la explotación del litio, incluida especialmente la sustentabilidad y gobernanza de los salares. Su cierre afecta la capacidad de incidencia que tiene el Estado en el desarrollo del contrato».

Por lo demás, “la Comisión constata una falta de visión de Estado estratégica respecto al litio, y la ausencia de un proyecto específico para explotar directamente las pertenencias mineras de CORFO al año 2030, fecha en que termina el contrato con SQM”, es decir 11 años más.

Empresa Nacional del Litio (ENALI)

Los congresistas son tajantes en señalar que el “Estado cuenta con los recursos para impulsar una empresa pública que permita la industrialización del litio”, sin embargo, respecto al valor agregado del litio señalan que “las nuevas cláusulas -del acuerdo- no aseguran que sea el Estado el que sea quien desarrolle el proceso de valor agregado”, limitando al Estado únicamente a la posibilidad de extracción.

Responsabilidad de CORFO

La Comisión “reprocha a CORFO suscribir una conciliación, teniendo en consideración que la empresa fue objeto de graves imputaciones relacionadas con el financiamiento ilegal de la política, sancionada por prácticas antisindicales y con procedimientos sancionatorios medioambientales pendientes, entre otros incumplimientos. A ello se agregan los conflictos judiciales derivados de las acciones de sus socios (particularmente, las denominadas sociedades ‘Cascadas’)”. Se concluye que “los antecedentes de la empresa, requerían establecer una reforzada fiscalización de cada cláusula del contrato, y de todas las condiciones fijadas por los organismos sectoriales (Superintendencia del Medio Ambiente, CCHEN, entre otras), cuestión que no se produjo”.

Responsabilidad del Gobierno de turno

“Quisiera hacer un llamado al Gobierno a poner su voluntad y disposición en atender este asunto de vital importancia para nuestro País. Cuando asumió el Presidente Piñera se retiraron cerca de 250 decretos del Gobierno anterior, en su legítimo derecho, pero se persistió respecto del acuerdo entre CORFO y SQM, y más tarde se elimina el Comité de Minería No Metálica que era el único organismo fiscalizador y coordinador de política nacional del litio. Entonces se deja entrever una intencionalidad del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de desarticular toda política pública del litio y de entregarlo en bandeja a empresas corruptas y en perjuicio de todos los chilenos y chilenas. Hoy SQM saca litio y lo vende, pero el Estado no tiene idea de cuánto litio saca”, sentenció el Presidente de la Comisión, Esteban Velásquez Núñez, diputado por la Región de Antofagasta, zona donde se encuentra la mayor reserva natural de litio en el mundo.

Agregó que “es por todas las chilenas y chilenos conocidos, y gracias a la labor de los medios de prensa, los actos de corrupción de SQM, financiando de forma irregular a innumerables políticos de distintos sectores, lo que ocasionó una serie de problemas además con CORFO en representación del Estado de Chile, pero todo esto concluye en un acuerdo que termina beneficiando a SQM en vez de sancionarlo. Es decir, SQM se portó mal con Chile y terminó siendo premiado por haber financiado irregularmente a algunos políticos. Es una cuestión que no resiste análisis y en la región de Antofagasta donde la minería extrae todo y no deja un solo peso, estamos cansados de esta situación. Cada día más se encarece la vida y las condiciones son deficientes. En Santiago con el recurso que la región de Antofagasta le aporta al País, se construyen líneas de metros, se anuncio hasta la línea diez, se anuncian máquinas eléctricas, amigables con el medio ambiente, y nuestras ciudades en la región vemos máquinas antiguas, contaminantes, con mal servicio y caro”.

Consultado sobre soluciones a estos asuntos que detectó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el parlamentario nortino indicó que “junto con las conclusiones presentamos propuestas que atienden a las graves deficiencias que se detectaron, en cuanto al contrato, a la legislación del litio y los organismos fiscalizadores, y a la situación medioambiental de los salares. Son propuestas al alcance de la mano del Gobierno y que esperamos acojan para dar una señal a todos los chilenos de que el Presidente Piñera va a defender el litio para Chile y no para el mundo privado que es de donde él viene”, finalizó.

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