Directora regional SJM tras expulsiones masivas de migrantes: «Exigimos que detengan esta verdadera campaña de vuelos del terror»

Por Denisse Gómez Vergara Jun 12, 2021

Agrupaciones Migrantes y Promigrantes se manifestaron respecto a las expulsiones masivas de personas de ciudadanía extranjera, llamando a las cortes a sesionar regularmente los fines de semana.

Respecto a la última expulsión colectivas de 56 ciudadanos venezolanos durante el pasado fin de semana, donde 37 personas fueron deportadas por faltas administrativas y 19 por casos judiciales pendientes, diversos organismos se han manifestado en contra estas medidas, puesto que consideran que están fuera del marco legal.

En conversación con Regionalista, Lizza Aravena Briceño, directora regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), y Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), dieron su opinión respecto al tema y comentaron las faltas legales realizadas por las autoridades gubernamentales durante el proceso de deportación que afecta a cientos de migrantes.

Según los datos solicitados y analizados por el SJM, en los últimos años la cantidad de expulsiones decretadas ha aumentado considerablemente. Entre 2018 y 2020 se decretaron 18.725 órdenes de expulsión, lo que concentra el 45% de las expulsiones decretadas desde 2010. Por su parte, el año con más órdenes de expulsión fue 2019, cuando se superaron las 8 mil.

Asimismo, las órdenes de expulsión a personas venezolanas han crecido exponencialmente desde 2019 en adelante. Así pasaron de sólo 43 en 2018, a superar las 2 mil durante 2019 y 2020. La mayoría de las 5.185 expulsiones decretadas en 2020 fueron a venezolanos/as (43%), llegando a las 2.231, de las cuales el 97% fue de índole administrativa.

Al expulsar a migrantes de forma masiva, ¿se ha visto vulnerado el derecho de una evaluación individual de sus casos?

Lizza Aravena: Por cuarta vez consecutiva, el Gobierno de Chile está deteniendo sorpresivamente a personas para expulsarlas colectivamente del país, sin respetar el debido proceso, que incluye la revisión individual de cada caso -para establecer observaciones, como por ejemplo si las personas son susceptibles de solicitar refugio o tienen arraigo o hijos en Chile-, y a poder quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria.

Lorena Zambrano: Sí, se vulneran porque a la final ellos no se han podido defender. Al menos aquí en nuestra región en el norte, hace poquito no más se unió un grupo de abogados para esta defensa, porque no contamos con un apoyo, así como, por ejemplo, en el sur, que está la universidad Andrés Bello. No contamos con ese apoyo, por tanto es más complicado y claro, se ve vulnerado, porque hay muchos de ellos que están subsistiendo de alguna u otra forma para ayudar a su familia.

¿Creen que las autoridades chilenas se han saltado los debidos procesos de expulsión de migrantes? ¿Lo consideran un hecho ilegal?

Lizza Aravena: Desde el SJM y junto a otras organizaciones migrantes, hemos llamado al Gobierno de Chile a detener las expulsiones colectivas de personas migrantes, ya que son arbitrarias e ilegales, por lo que explicamos anteriormente. Exigimos a todas las instancias que detengan esta verdadera campaña de vuelos del terror, de persecuciones y detenciones de personas migrantes, y sobre todo de indocumentados con mayor vulnerabilidad.

La ONU la semana pasada ya emplazó al Gobierno para que detuviera de inmediato los procesos de expulsiones colectivas por carecer de apego a los Derechos Humanos.  Asimismo, el fin de semana pasado los obispos católicos de Antofagasta, Iquique, Arica y Calama también manifestaron su preocupación y molestia por el hostigamiento a las personas migrantes.

Lorena Zambrano: Sí, claro, hay que recordar que el Gobierno dio 180 días para que los migrantes salgan, por pasos habilitados, siendo que las fronteras están cerradas para que se puedan ir, entonces también se han saltado el mismo protocolo que ellos mismos han puesto, las mismas leyes que ellos han impuesto. Todo está siendo prácticamente una pantomima, los siguen notificando los días que saben que no se van a poder defender. En sí los procesos han sido muy irregulares.

¿Cuál es su postura como organización frente a estos hechos?

Lizza Aravena: Como ya lo manifestamos en conjunto con la Asociación Venezolana en Chile (ASOVEN), la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile y la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales, exigimos a la autoridad que frene las expulsiones y que las Cortes sesionen los domingos para que revisen todos los recursos de amparo presentados en favor de las personas migrantes por nosotros y otras organizaciones como el INDH. Creemos en el debido proceso, garantías a las familias y condiciones para familias refugiadas.

Lorena Zambrano: La postura que nosotros tenemos es del derecho a legítima defensa. Toda persona tiene derecho a defenderse, toda persona tiene derecho a ser escuchada; tiene derecho a poder pedir un abogado, independiente de su situación migratoria. Nosotros denunciamos enfáticamente, que no se puede hacer un proceso de expulsión colectiva, insistimos, sin derecho a la legitima defensa. Las organizaciones hoy día nos hemos consolidado a nivel nacional, para exigir que se respete con dignidad a las personas, y además estamos en proceso de pandemia. O sea, imagínense todo lo que ellos pasan para que más encima el Estado, que es el llamado a velar por los intereses de las personas, incluidas las familias migrantes, no lo esté haciendo.

¿Por qué creen que estos procedimientos se han realizado los fines de semana?

Lizza Aravena: Lamentablemente esta es una práctica que se ha instalado, ya que nuestros tribunales no abren de manera regular los fines de semana, lo que dificulta el acceso a la justicia de las personas migrantes.

Lorena Zambrano: Se realizan los fines de semana porque saben que la Corte esos días no atiende, entonces por eso le ponen premura. Ellos ya vienen maquinando donde se les llama a firmar para el proceso normal y la gente va a firmar creyendo que así se va a poder regularizar, porque muchos de los funcionarios así se lo dicen y no. Los llaman, los detienen, los encierran, no les permiten hacer una llamada. Uno se entera porque amigos los han visto que van a firmar, o sea, no se les está respetando el derecho de legítima defensa. Entendemos y somos claros de que no todos se van a quedar, pero sí creemos que todos tienen derecho a defenderse de la misma manera.

¿Cree que la normativa interna vigente en Chile que regula la expulsión de inmigrantes “se contradice con la normativa internacional”?

Lizza Aravena: Reiteramos el llamado al Gobierno chileno a cumplir y honrar los tratados en materia de DDHH y personas migrantes y refugiadas que ha suscrito. La normativa internacional promueve una migración segura, se trabaja con los países de la región y se generan condiciones de salida desde el país de origen y de ingreso. Adicionalmente, se tienen en cuenta las crisis humanitarias y políticas del país de origen a la hora de tomar resoluciones. En el caso de las personas de nacionalidad venezolana además se requiere protección internacional, no que se le devuelva a un país donde no hay condiciones para una vida digna ni seguridad.

Lorena Zambrano: Claro, se contradice con la normativa internacional, o sea, incluso sobrepasa más allá. Yo creo que Chile hoy en día quiere convertirse como una imitación mal hecha de Estados Unidos, donde vemos procesos muy tortuosos, donde vemos que las familias se desintegran y esto causa daños psicológicos irreparables.

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