A raíz de lo ocurrido en Osorno, el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), abrió la puerta a la discusión sobre la desprivatización de ciertos bienes que hoy se encuentran en manos de empresas privadas.

“Lo que ha ocurrido en Osorno con las empresas tiene un trasfondo y consecuencia de una relación nociva y dañina, de política y dinero. En general las empresas, y en particular las sanitarias, han participado de este financiamiento de la política, usando procedimientos ilegales, con boletas falsas y otras formas. Claro, después de eso los poderes políticos, entre esos el Parlamento, no legisló como correspondía, no fiscalizó, y por lo tanto hoy nos encontramos con estas situaciones inaceptables e increíbles”, sostuvo el calameño.

Agregó que “a nuestro juicio el sistema privado no da garantías de excelencia en sus servicios ni atención adecuada al usuario, y cuando tiene problemas, como ahora, el Estado corre a solucionar lo que una empresa privada deja como descalabro. Esto no puede ser, debe cambiar el modelo de concesiones, el rol de las distintas superintendencias cuyas funciones hoy son prácticamente mínimas, y las distintas regulaciones”.

Las privatizaciones de la dictadura

En 1991 en la Cámara de Diputados se creó una Comisión Especial Investigadora “de la Anterior Administración de la CORFO y la Privatización de sus empresas filiales”, instancia que alcanzó a concluir que entre 1985 y 1987 se privatizaron 32 empresas de CORFO con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares, asumiendo el Estado además las deudas de estas empresas en un 131% en relación a 1984.

En particular, la comisión dio a conocer que la privatización de CAP, que representó 1/3 del patrimonio estatal en comento, no se justificaba porque era “una empresa rentable y de gran potencialidad (…) y el Estado de Chile tenía el 95,96% de sus acciones”, las que ascendían a 811,49 millones de dólares, pero se vendió en apenas 105,05 millones de dólares, lo que se tradujo en una pérdida para Chile 706,44 millones de dólares. El trabajo de la comisión fue interrumpido por presiones militares, siendo Comandante en Jefe del Ejército, el otrora dictador Augusto Pinochet.

Posteriormente, en 2004 la Cámara de Diputados retomó los estudios sobre la privatización para profundizar los avances de la comisión de 1991, ahora sin presiones militares y a pesar de la dificultad en obtener información completa y fidedigna, culminó con un contundente informe. El documento advierte que entre 1973 y 1990 en Chile una revolución capitalista radical transformó la sociedad chilena, rompiendo la raíz con la historia republicana y la tradición democrática que hasta 1973 la habían caracterizado, siendo la privatización uno de los pilares en el ámbito económico del cambio estructural nacional, lo que favoreció a personas y grupos vinculados a la dictadura militar.

Al respecto, Velásquez comentó que “este modelo instaurado a la fuerza perjudicó al país no solo en aquel entonces sino que sus efectos los sufrimos también hoy, por varias razones, entre ellas porque los servicios públicos tienen un costo, pero privatizados tienen un costo aún mayor y, como vemos, no hay garantía alguna de la satisfacción de las necesidades que estos servicios deben satisfacer, es cosa de mirar lo que ocurrió en Calama en Febrero y lo que ocurre por estos días y hace más de una semana en Osorno”.

El parlamentario además apuntó a la corrupción en la política y la relación con estas empresas, señalando que “por otro lado, está la corrupción, porque muchas de estas empresas a modo de regalías a ciertos personajes financiaron de forma irregular sus campañas políticas, porque en esas relaciones tóxicas los favores se pagan, y así entra en la duda cómo el Presidente Piñera no cancela la concesión a la empresa ante esta gravísima situación, una sanción contemplada por nuestra legislación y que la empresa sabe que arriesga. Si esto no amerita la cancelación de la concesión a juicio del Presidente Piñera, entonces no sabemos qué, y algo comienza a molestar el olfato”.

1 Comentario

  1. Bravo Esteban: Muy cierto y solo le falto precisar algunos aspectos. Todas las empresas concesionadas tienen asegurados sus mercados (clientes) y su rentabilidad por ley, la cual es muy superior a la que obtienen los supuestos especialistas como las AFP’s y se meten las utilidades al bolsillo y se las llevan al extranjero. Cual es el verdadero interes de estas empresas para estar en Chile? No estoy seguro que el Estado pudiese administrarlas mejor (aunque no hay razon de fondo) salvo lo segundo que señala y es la nefasta y nosciva relacion entre los dueños de grandes capitales y los politicos o autoridades publicas de turno. Corrupcion, elusion y todos falso, igual que las boletas ideologicamente falsas. Somos los reyes del eufemismo y cobardes pues no nos unimos para acabar con todo esto de una vez por todas. Con los recursos que tenemos acumulados en AFP’s podemos comprar todas estas empresas y otras que tambien tienen enormes utilidades y mercado asegurado por ley como las mismas AFP’s (todas extranjeras menos una) y crear un sistema de administracion autonomo, privado, transparente, auditable y unico, de manera que las utilidades sean repartidas en las cuentas de ahorro de las personas. El beneficio para Chile y los Chilenos seria incalculable e inmediato. El 70% de los fondos con que opera la universidad de Harvard, provienen de la inversion y administracion de sus fondos, los que rentan mucho mas que las AFP’s chilenas y nadie se lleva millonarios sueldos o dietas por administrarlo, por el contrario, es un honor hacerlo. Seremos capaces de unirnos y reformar este obscuro mercado del dinero y la politica? Si tuviesemos corage, en pocos meses podriamos hacer cambiar la historia usando las mismas «reglas del mercado» que nos han sido impuestas. Recuperemos lo nuestro, recuperemos lo que nos ha sido «usurpado» y trabajemos para Chile y los Chilenos.

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